Cinco años de los talibanes en Afganistán: celebran la derrota de Occidente mientras las mujeres desaparecen de la vida pública

Cinco años después de que las imágenes de los últimos aviones estadounidenses abandonando Kabul simbolizaran el final de dos décadas de intervención occidental, los talibanes volvieron este 15 de agosto al escenario donde comenzó su segunda etapa en el poder. Vehículos blindados desfilaron frente a la antigua Embajada de Estados Unidos, las banderas blancas del Emirato Islámico ocuparon la capital y los máximos dirigentes del régimen presentaron la fecha como la celebración de la expulsión definitiva de las potencias extranjeras.

Para los talibanes, el aniversario constituye una demostración de supervivencia política. En agosto de 2021 recuperaron prácticamente todo Afganistán en cuestión de semanas mientras se derrumbaba el gobierno respaldado durante veinte años por Washington y sus aliados. Hoy mantienen un control territorial mucho más sólido que el que tuvieron durante buena parte de la guerra, la intensidad general de los combates disminuyó y el régimen consiguió resistir cinco años sin una amenaza interna capaz de disputar seriamente el poder central. Algunos afganos reconocen, incluso entre fuertes críticas al gobierno, que la seguridad cotidiana mejoró respecto de las décadas de guerra.

Pero esa estabilidad llegó acompañada de una transformación radical de la sociedad, especialmente para las mujeres. Lo que en 2021 los dirigentes talibanes prometían presentar como una versión más moderada de su primer régimen terminó convirtiéndose en uno de los sistemas más restrictivos del mundo para mujeres y niñas. Naciones Unidas sostiene que las autoridades de facto han construido durante estos cinco años un entramado de más de un centenar de decretos y normas que restringen su educación, movilidad, empleo y participación pública.

De la caída de Kabul a cinco años de poder sin reconocimiento internacional

El 15 de agosto de 2021, los combatientes talibanes ingresaron en Kabul prácticamente sin resistencia. El entonces presidente Ashraf Ghani huyó del país y el Estado afgano construido con miles de millones de dólares de asistencia occidental se desplomó a una velocidad que sorprendió incluso a los servicios de inteligencia estadounidenses. Dos semanas después se completó la retirada militar norteamericana y terminó formalmente una guerra iniciada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los talibanes describen aquello como una victoria contra un imperio. El ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, atribuyó este sábado el regreso al poder al valor de sus combatientes y a la ayuda divina, mientras el Gobierno pidió al resto del mundo que respete la soberanía afgana y profundice las relaciones diplomáticas y comerciales con Kabul.

Sin embargo, cinco años después el reconocimiento internacional continúa siendo extraordinariamente limitado. Rusia sigue siendo el único país que reconoce formalmente al gobierno talibán, aunque China, Irán, países de Asia Central y otras potencias mantienen distintos niveles de contacto político y económico con Kabul. Europa también comenzó a explorar canales de diálogo vinculados, entre otros asuntos, a la migración y al retorno de ciudadanos afganos.

Ese acercamiento constituye uno de los mayores triunfos diplomáticos recientes de los talibanes. El régimen no realizó concesiones fundamentales sobre los derechos de las mujeres, pero la necesidad de gestionar migraciones, terrorismo, comercio regional y seguridad está llevando a distintos países a relacionarse con Kabul de manera pragmática.

También aparecieron nuevos problemas. La relación con Pakistán, durante décadas señalado como uno de los principales apoyos externos del movimiento, se deterioró fuertemente porque Islamabad acusa al gobierno afgano de tolerar la presencia de organizaciones armadas que realizan atentados dentro de territorio paquistaní. Al mismo tiempo, Estado Islámico mantiene capacidad para realizar ataques en Afganistán, aunque ya no existe una guerra convencional comparable con la de los años anteriores a 2021.

Las mujeres, las grandes derrotadas del nuevo Afganistán

La diferencia más profunda entre el Afganistán anterior y posterior al regreso talibán está en la situación de las mujeres.

Las adolescentes tienen prohibido continuar la educación secundaria y las mujeres fueron expulsadas de las universidades. Afganistán es actualmente el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido formalmente acceder a la educación después de la escuela primaria. Millones quedaron afectadas por esas restricciones y la ONU advierte que una generación completa está creciendo sin posibilidad de cursar estudios secundarios o universitarios.

Las prohibiciones exceden ampliamente las escuelas. Las mujeres fueron apartadas de numerosos empleos públicos y privados, tienen enormes restricciones para trabajar con organizaciones humanitarias, encuentran limitaciones para desplazarse sin un acompañante masculino y fueron excluidas de numerosos espacios recreativos y públicos.

Los últimos datos de ONU Mujeres ofrecen una dimensión particularmente gráfica de esa transformación: aproximadamente la mitad de las mujeres consultadas dicen salir de sus casas solamente una o dos veces al mes, mientras casi tres de cada cuatro se sienten inseguras al salir sin un mahram, un familiar masculino. Siete de cada diez calificaron además su estado de salud mental como malo o muy malo.

No se trata solamente de una cuestión de derechos individuales. La exclusión femenina genera un enorme problema estructural para Afganistán. Si las adolescentes no pueden estudiar, el país pierde futuras médicas, enfermeras, docentes, funcionarias y profesionales. Al mismo tiempo, las limitaciones impuestas a las trabajadoras humanitarias dificultan precisamente la atención de otras mujeres en una sociedad donde las normas culturales y religiosas restringen el contacto entre mujeres y hombres que no pertenecen a una misma familia.

Es una contradicción que también afecta al propio régimen. Los talibanes aseguran querer desarrollo económico, inversión internacional y normalización diplomática, pero mantienen fuera de gran parte de la economía y de la educación superior a aproximadamente la mitad de la población.

Menos guerra, pero una enorme crisis humanitaria

La reducción del conflicto armado tampoco significó el final del sufrimiento de la población.

Afganistán entró en 2026 enfrentando simultáneamente pobreza, inseguridad alimentaria, terremotos, sequías, restricciones de derechos, una economía debilitada y enormes movimientos de población. ACNUR considera que más de 570.000 afganos necesitarán reasentamiento internacional durante 2026 y reclama ampliar las vías legales de salida, particularmente para mujeres y niñas.

El regreso forzado de refugiados representa otro problema gigantesco. Irán y Pakistán aceleraron durante los últimos años las deportaciones de ciudadanos afganos, incluyendo personas que habían vivido durante décadas fuera de Afganistán. Solo durante 2025, según datos citados por El País a partir de Naciones Unidas, entre 2,6 y 2,8 millones de afganos fueron deportados desde esos dos países.

Eso produce una paradoja particularmente dramática para las mujeres. Algunas consiguieron escapar del régimen hacia Pakistán o Irán, pero allí viven bajo la amenaza permanente de una expulsión que podría devolverlas precisamente al país del que huyeron.

Y es en ese punto donde aparece España.

Esperar tres o cuatro años para pedir ayuda a España

La segunda cara de este quinto aniversario está a miles de kilómetros de Kabul.

Miles de mujeres afganas intentan conseguir que España autorice su traslado para posteriormente presentar una solicitud de protección internacional. El artículo 38 de la Ley española de Asilo contempla que los embajadores puedan promover el traslado a territorio español cuando una persona se encuentre fuera de España, no sea nacional del país en el que está la embajada y exista peligro para su integridad física.

En teoría, esa herramienta ofrece una salida a mujeres perseguidas que lograron escapar hacia Pakistán o Irán.

En la práctica, varias organizaciones denuncian que el procedimiento se convirtió en una “carrera de obstáculos”.

En la Embajada española en Islamabad, el tiempo medio para obtener una entrevista ronda actualmente los tres años, según las organizaciones que asisten a las solicitantes. Algunas peticiones llevan incluso más tiempo. Un documento de la Abogacía del Estado citado por El País señala que unas 16.000 mujeres afganas solicitaron cita en esa representación diplomática.

Durante esos años muchas permanecen en Pakistán sin seguridad jurídica y con el riesgo de ser deportadas a Afganistán.

Cuando finalmente consiguen la entrevista comienza otro problema: demostrar la persecución.

Las ONG Netwomening, Afghan Women on the Run y Esperanza de Libertad aseguran que las embajadas españolas en Pakistán e Irán están concediendo los traslados con creciente dificultad y denuncian exigencias probatorias que califican de imposibles. Entre los ejemplos aparecen certificados de encarcelamiento expedidos en un país gobernado por quienes presuntamente encarcelaron a la solicitante o informes médicos que demuestren agresiones sexuales cometidas por integrantes del propio régimen.

El caso Zahra: cuatro años esperando y una solicitud rechazada

Uno de los casos relatados por El País resume el problema.

“Zahra” —nombre ficticio para proteger su identidad— tenía 22 años cuando los talibanes recuperaron Kabul. Comenzó a participar en protestas después de que el nuevo gobierno restringiera los derechos de las mujeres. Según su testimonio, fue secuestrada por agentes de inteligencia talibanes en septiembre de 2021, permaneció detenida durante tres días, sufrió torturas y una violación y perdió cuatro dientes como consecuencia de los golpes. Posteriormente escapó hacia Pakistán.

En marzo de 2022 pidió una cita en la Embajada española de Islamabad.

La consiguió cuatro años después, en marzo de 2026.

Presentó fotografías de las lesiones y el testimonio de una persona a quien había relatado la agresión en aquel momento. España rechazó su traslado. Entre las cuestiones mencionadas por la resolución figuraba que Zahra no hubiera acudido a un centro médico después de la agresión, mientras la fotografía en la que aparecía sin cuatro incisivos fue interpretada como compatible con un tratamiento odontológico.

Su recurso administrativo también fue rechazado y el caso se encamina ahora hacia la Audiencia Nacional.

El ejemplo expone un problema central: ¿qué documentación puede exigírsele razonablemente a una mujer que asegura haber sido torturada o violada por los agentes de un régimen del que precisamente está escapando?

Europa ya dijo que ser mujer afgana puede bastar para obtener protección

La discusión adquiere todavía mayor importancia por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre de 2024.

El tribunal europeo analizó el conjunto de medidas aplicadas por los talibanes contra las mujeres y estableció que, dadas las características de esa persecución, las autoridades pueden tener en cuenta únicamente el sexo y la nacionalidad de una mujer afgana al evaluar su derecho al estatuto de refugiada, sin exigir que demuestre adicionalmente una persecución individual específica.

La lógica es trascendente: las restricciones no constituyen episodios aislados contra determinadas activistas. Forman parte de un sistema que afecta a las mujeres precisamente por ser mujeres.

La Audiencia Nacional española dictó posteriormente resoluciones aplicando ese criterio a solicitudes de traslado, pero las organizaciones denuncian que el procedimiento consular sigue imponiendo en determinados expedientes una exigencia probatoria mucho mayor.

El contraste genera además una disputa dentro del propio Estado español. Madrid ha denunciado internacionalmente la persecución de las mujeres afganas e incluso apoyó actuaciones ante el Tribunal Penal Internacional relacionadas con los abusos de los talibanes, mientras la Abogacía del Estado defiende en los tribunales algunas decisiones administrativas que rechazan traslados solicitados por esas mismas mujeres.

España asegura haber protegido a miles de afganos

El Gobierno español rechaza, sin embargo, la idea de que haya abandonado a las víctimas del régimen.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que las embajadas españolas en Pakistán, Irán y Turquía autorizaron el traslado a España de hasta 2.000 personas para solicitar protección internacional. Más de 700 serían juezas, fiscales, periodistas o defensoras de derechos humanos. Desde 2021, España concedió además 2.719 visados a ciudadanos afganos, 1.430 de ellos a mujeres y niñas.

El conflicto, por lo tanto, no consiste en que España no haya evacuado o protegido a ninguna afgana. El cuestionamiento de las organizaciones se concentra en los tiempos, la falta de transparencia sobre cuántas solicitudes son rechazadas y las pruebas que se exigen a mujeres que permanecen durante años en países donde tampoco tienen garantizada su permanencia.

Incluso una victoria judicial no siempre produce una salida rápida. El 2 de junio pasado, la Audiencia Nacional ordenó expedir visados a cuatro hermanas afganas —una periodista, dos futbolistas, una de ellas menor, y una trabajadora vinculada a organizaciones extranjeras— que llevaban solicitando una cita desde 2022. Más de dos meses después, según la ONG que lleva el caso, la resolución todavía no había sido ejecutada.

La victoria talibán y la derrota que Occidente todavía no termina de resolver

Cinco años después, la fotografía afgana contiene dos realidades que parecen contradictorias pero forman parte del mismo proceso.

Los talibanes ganaron la guerra. Estados Unidos y la OTAN se retiraron, el gobierno que habían sostenido colapsó y el movimiento islamista controla Afganistán. No existe hoy una fuerza interna próxima a desalojarlo del poder y, lentamente, distintos países comenzaron a aceptar que necesitan negociar con Kabul aunque no reconozcan formalmente al régimen.

Pero esa victoria militar no convirtió Afganistán en un país normalizado. La economía continúa extremadamente vulnerable, cientos de miles de personas necesitan reasentamiento, millones dependen de asistencia y las restricciones sobre mujeres y niñas siguen bloqueando cualquier normalización plena con buena parte de la comunidad internacional.

Las mujeres encarnan quizá mejor que nadie la contradicción de estos cinco años. Mientras los blindados talibanes desfilaban este sábado frente a la antigua embajada estadounidense celebrando la expulsión de Occidente, millones de afganas continúan sin poder acceder a una secundaria o universidad y muchas apenas pueden abandonar sus hogares.

Y aquellas que intentan escapar descubren que atravesar físicamente la frontera afgana puede ser apenas el comienzo.

Después vienen Pakistán o Irán, el peligro de deportación, años esperando una cita, entrevistas consulares, documentos difíciles o imposibles de obtener y, en algunos casos, tribunales europeos.

Por eso el quinto aniversario permite una conclusión incómoda: Occidente terminó su guerra en Afganistán en 2021, pero para muchas de las personas que quedaron detrás —y especialmente para las mujeres— las consecuencias de aquella retirada siguen completamente abiertas.