Paraguay: Santiago Peña quedó preso y el escándalo de ueno bank se amplía con nuevas pruebas sobre fondos públicos

La Justicia ordenó la prisión preventiva del expresidente paraguayo después de su destitución y la Fiscalía investiga su presunta participación en operaciones financieras que comprometieron recursos estatales y jubilatorios.
07 de noviembre de 2026Alejandro CabreraAlejandro Cabrera

La crisis institucional de Paraguay alcanzó una nueva dimensión este sábado 7 de noviembre, después de que la Justicia ordenara la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña por su presunta participación en irregularidades financieras relacionadas con ueno bank, cuya intervención desencadenó una crisis bancaria y terminó provocando su destitución.

El juez de Garantías Humberto Otazú dispuso que Peña permanezca recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, mientras avanza una investigación por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

La decisión se produjo menos de 24 horas después de que el Senado aprobara su destitución por 44 votos y Pedro Alliana asumiera la Presidencia. Sin embargo, el cambio de gobierno no logró cerrar el escándalo, que ahora involucra investigaciones sobre depósitos de organismos públicos, inversiones previsionales y posibles irregularidades en los controles del Banco Central.

Santiago Peña quedó en prisión preventiva: qué investiga la Fiscalía

La Fiscalía paraguaya presentó este sábado una imputación formal contra Santiago Peña, a quien atribuye una presunta participación en decisiones que habrían favorecido a ueno bank durante su presidencia.

El Ministerio Público sostiene que el exmandatario pudo haber utilizado su influencia para facilitar la colocación y permanencia de grandes cantidades de recursos públicos en una entidad con cuyo grupo empresarial había mantenido relaciones económicas.

Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, cuando se desprendió de su participación. Los investigadores consideran relevante determinar si intervino en decisiones financieras mientras conservaba intereses relacionados con el banco.

El juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva al considerar que existía peligro de fuga, mientras que la Fiscalía también solicitó medidas destinadas a identificar y proteger los bienes y activos financieros del expresidente.

La defensa, encabezada por Ricardo Preda, rechazó las acusaciones y aseguró que Peña no tuvo intervención en las operaciones financieras investigadas. Los abogados evalúan recurrir la decisión judicial.

La imputación no equivale a una condena. Las responsabilidades penales deberán determinarse mediante el proceso judicial y las pruebas que se incorporen a la causa.

Las reuniones con el IPS que ahora están bajo investigación

Una de las revelaciones más importantes de este sábado está relacionada con el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar recursos destinados a jubilaciones y prestaciones sanitarias.

La imputación fiscal menciona dos reuniones mantenidas por Santiago Peña con Jorge Brítez, entonces presidente del organismo previsional, los días 22 y 27 de agosto de 2024.

El 29 de agosto, apenas dos días después del segundo encuentro, el Consejo de Administración del IPS aprobó la adquisición de bonos financieros emitidos por ueno bank por 250.000 millones de guaraníes, con un plazo de siete años.

La Fiscalía investiga si Peña influyó en esa decisión y si la operación pudo haber beneficiado a una entidad en la que todavía tenía participación accionaria.

Sin embargo, la proximidad temporal entre las reuniones y la compra de bonos no constituye por sí misma una prueba de intervención indebida. Los investigadores deberán establecer qué se discutió en esos encuentros, cómo se decidió la inversión y qué responsabilidades correspondieron a cada funcionario.

Durante la administración de Peña, el IPS también acumuló otras inversiones y depósitos en ueno bank, lo que convirtió al organismo previsional en uno de los principales afectados por la crisis.

La incertidumbre sobre esos recursos provoca preocupación entre jubilados y trabajadores, debido a su importancia para el financiamiento del sistema de seguridad social paraguayo.

AllianaPedro Alliana asumió la Presidencia y anunció pagos a los ahorristas

El expresidente del Banco Central también fue imputado

La investigación alcanzó a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay, quien se entregó a las autoridades durante la noche del viernes.

Carvallo había dirigido Financiera Ueno antes de asumir la conducción del organismo regulador en 2023. Su trayectoria previa y las decisiones adoptadas durante su administración forman parte de las cuestiones examinadas por los fiscales.

El Ministerio Público lo imputó por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.

Los investigadores buscan determinar si existieron irregularidades en los mecanismos de supervisión y si determinados informes financieros fueron omitidos, modificados u ocultados.

El caso plantea interrogantes sobre la independencia de los organismos de control, especialmente cuando sus principales autoridades tuvieron vínculos profesionales anteriores con las entidades que debían supervisar.

También se encuentran imputados varios exdirectivos de ueno bank. Algunos cumplen prisión preventiva y otros recibieron medidas de arresto domiciliario, mientras continúan las investigaciones sobre operaciones crediticias con sociedades vinculadas al grupo empresarial.

Itaipú y ANDE denunciaron al banco para recuperar fondos públicos

El escándalo financiero comenzó a extenderse hacia otras instituciones estatales que mantenían recursos depositados en ueno bank.

Este sábado, Itaipú Binacional confirmó la presentación de una denuncia penal contra directivos de la entidad bancaria con el objetivo de investigar posibles irregularidades y recuperar el dinero comprometido.

Al 3 de noviembre, Itaipú mantenía depósitos por aproximadamente 163,8 millones de dólares y 115.200 millones de guaraníes.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) también presentó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó medidas destinadas a resguardar los fondos institucionales depositados en el banco.

La empresa estatal sostuvo que los recursos habían sido colocados mediante procedimientos de selección de tasas de interés, pero reconoció la necesidad de avanzar judicialmente para protegerlos.

La situación adquiere una dimensión económica adicional porque parte de esos fondos está relacionada con proyectos de infraestructura y obligaciones de organismos públicos.

La intervención de ueno bank expuso así un problema que excede a los clientes particulares y abrió interrogantes sobre la concentración de depósitos estatales, la evaluación de riesgos financieros y el funcionamiento de los mecanismos de supervisión.

Los montos comprometidos no deben confundirse automáticamente con pérdidas definitivas. Su recuperación dependerá de los activos disponibles, los procedimientos de resolución bancaria y las decisiones judiciales.

Casi 1,2 millones de ahorristas ya recibieron pagos

Mientras avanza la investigación judicial, el nuevo Gobierno intenta reducir las consecuencias económicas del colapso bancario.

El Banco Central del Paraguay informó que 1.196.000 ahorristas recibieron transferencias durante las primeras etapas del proceso de devolución, por un monto aproximado de 996.000 millones de guaraníes, equivalente a unos 160 millones de dólares.

Los pagos se realizaron mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, un mecanismo destinado a proteger a los clientes cuando una entidad financiera deja de operar.

La cobertura legal alcanza hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, aunque las condiciones y los plazos de los adelantos extraordinarios dependen de las medidas establecidas por las autoridades.

Para quienes poseen depósitos superiores a los límites garantizados, la recuperación de los fondos restantes continuará sujeta al procedimiento de resolución del banco.

El avance en los pagos constituye una primera respuesta, pero todavía no representa la solución completa de la crisis, debido a que ueno bank reunía aproximadamente 2,94 millones de clientes.

Por otra parte, las autoridades del IPS anunciaron que los jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos el 17 de noviembre, mientras se trasladan a otros bancos las cuentas de unos 32.000 beneficiarios que utilizaban ueno.

Un documento anónimo y el papel de Horacio Cartes

La crisis también sumó nuevas revelaciones sobre el proceso político que terminó con la caída de Peña.

El vicepresidente Antonio Barrios aseguró que recibió un informe anónimo que advertía sobre presuntas irregularidades en ueno bank, antes de que el escándalo adquiriera dimensión nacional.

Según su relato, después de consultar con especialistas financieros decidió compartir la información con el expresidente Horacio Cartes, principal referente del Partido Colorado.

Barrios sostuvo que Cartes impulsó las gestiones políticas que permitieron solicitar información al Banco Central sobre la situación de la entidad.

Estas declaraciones ofrecen una nueva perspectiva sobre las disputas internas del oficialismo, aunque corresponden a la versión del vicepresidente y deben distinguirse de los hechos que puedan acreditarse documentalmente.

La relación entre Peña y Cartes había sido fundamental para la llegada del primero a la Presidencia en 2023. Sin embargo, durante la crisis bancaria, sectores del oficialismo dejaron de respaldar al mandatario y acompañaron el procedimiento de destitución.

La caída de Peña no significó la salida del Partido Colorado del poder, sino una reorganización de sus principales liderazgos.

Pedro Alliana reorganiza el Gobierno, pero enfrenta nuevas protestas

Tras asumir la Presidencia, Pedro Alliana comenzó a modificar la composición del gabinete con dirigentes vinculados a administraciones anteriores.

Designó a Ariel Martínez como ministro del Interior, trasladó a Juan Carlos Baruja al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y nombró a Rolando de Barros Barreto como secretario general y jefe de Gabinete de la Presidencia.

Los cambios refuerzan la presencia de funcionarios con trayectoria política cercana a Horacio Cartes y muestran una reorganización interna del oficialismo.

Sin embargo, la sucesión presidencial no eliminó el descontento social. Las manifestaciones continuaron después de la destitución y algunos sectores comenzaron a reclamar mayores responsabilidades políticas dentro del nuevo Gobierno.

Organizaciones docentes también anunciaron medidas de protesta para el lunes 9 de noviembre, preocupadas por el futuro de los recursos previsionales comprometidos por la crisis bancaria.

Alliana deberá afrontar además las discusiones presupuestarias, la estabilidad económica y la necesidad de recuperar la confianza de los ahorristas y de los inversores.

Su principal desafío será demostrar que la continuidad institucional puede acompañarse de respuestas concretas a los problemas que provocaron la salida de su antecesor.

Una crisis política que todavía está lejos de terminar

La destitución de Santiago Peña resolvió la continuidad del Poder Ejecutivo, pero dejó abiertas numerosas investigaciones.

La Justicia deberá determinar si existieron decisiones presidenciales destinadas a beneficiar a una entidad financiera privada, si los organismos reguladores actuaron correctamente y qué responsabilidades corresponden a los directivos bancarios y funcionarios investigados.

En paralelo, las autoridades económicas tendrán que recuperar los depósitos afectados y garantizar el funcionamiento de instituciones que administran recursos públicos y jubilatorios.

El escándalo de ueno bank dejó de ser exclusivamente una crisis financiera para transformarse en una investigación sobre las relaciones entre el poder político, los grandes grupos empresariales y los organismos estatales de control.

La prisión preventiva de Peña, las imputaciones contra exfuncionarios y las nuevas revelaciones sobre inversiones públicas colocan a Paraguay ante un proceso judicial e institucional de consecuencias todavía inciertas.

Mientras Pedro Alliana intenta consolidar su gobierno, el resultado de las investigaciones y la recuperación del dinero de los ahorristas serán determinantes para establecer el verdadero alcance de una crisis que ya provocó la destitución de un presidente.

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