Alejandro CabreraEl Gobierno acaba de encontrarse con un problema que amenaza con complicar una negociación que hasta hace pocos días parecía encaminada. Mientras Diego Santilli recorría despachos y recibía gobernadores para conseguir respaldo al Presupuesto 2027, varios de esos mismos mandatarios empezaron a advertir que hay artículos que, en las condiciones actuales, no están dispuestos a votar. El principal foco de conflicto está en el capítulo referido a discapacidad, aunque también genera rechazo la propuesta para eliminar la actualización automática de la AUH y de las asignaciones familiares. La señal política es importante porque no proviene solamente de bloques opositores duros: también incluye a gobernadores que acompañaron al Gobierno en distintas votaciones y que ahora condicionan su respaldo presupuestario.
La discusión nació con el Capítulo VI del Presupuesto 2027, que modifica aspectos centrales del sistema vigente de discapacidad. Entre los puntos señalados por la oposición, prestadores y organizaciones aparecen cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el régimen de pensiones no contributivas y en la Ley 24.901, que regula desde 1997 las prestaciones básicas de atención integral. Uno de los artículos más discutidos establece que el nomenclador de prestaciones básicas ya no incluiría valores universales, lo que modificaría el esquema nacional utilizado como referencia para tratamientos, transporte, educación y otros servicios.
El tema del nomenclador es particularmente sensible para las provincias. Actualmente existe una referencia nacional que busca ordenar los valores de las distintas prestaciones. El proyecto plantea modificar ese mecanismo y abre la posibilidad de una mayor diferenciación de valores. Prestadores y organizaciones del sector advierten que, dependiendo de cómo termine reglamentándose el sistema, podría generarse una fragmentación de la cobertura y mayores diferencias entre jurisdicciones. El Gobierno, por ahora, no presentó públicamente un desarrollo detallado que permita saber exactamente cómo funcionaría el reemplazo del esquema actual.
El segundo frente de conflicto está en las pensiones no contributivas. El proyecto propone eliminar la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social creada por la Ley de Emergencia y mantener la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral bajo un régimen de acceso diferente. Según los análisis publicados sobre el proyecto, el Certificado Único de Discapacidad dejaría de ser suficiente para acceder automáticamente a determinadas prestaciones y también se modificarían las condiciones para quienes tengan empleo registrado. Es uno de los puntos que más resistencia genera entre los bloques provinciales y organizaciones vinculadas al área.
Pero la preocupación de los gobernadores va todavía más lejos. Según informó LA NACION, cámaras de prestadores e instituciones educativas transmitieron a distintas provincias que dentro del oficialismo se evalúa que transporte y educación de personas con discapacidad pasen a tener una responsabilidad mucho mayor de las jurisdicciones provinciales. Esa posibilidad encendió alarmas porque trasladaría costos a presupuestos provinciales que ya vienen reclamando fondos por salud, infraestructura y cajas previsionales. Desde distintas gobernaciones resumieron la preocupación con un argumento político bastante sencillo: cuando un servicio deja de funcionar, son las autoridades provinciales las que terminan dando la respuesta directa frente a las familias.
La molestia es aún mayor porque, paralelamente, Diputados venía trabajando en una negociación distinta. Legisladores libertarios y bloques aliados discutían un texto alternativo para ordenar el sistema de discapacidad después de meses de conflicto parlamentario. Sin embargo, el Presupuesto enviado por el Ejecutivo apareció con un capítulo que modifica buena parte de esa estructura y tomó incluso por sorpresa a legisladores oficialistas. Fuentes parlamentarias citadas por Infobae describieron la situación con una frase contundente: “Así como está no sale”. Desde el entorno de Martín Menem admitieron que están dispuestos a negociar cambios para evitar que la oposición consiga rechazar el capítulo completo durante la votación.
El conflicto tiene además antecedentes inmediatos. La Libertad Avanza ya sufrió derrotas parlamentarias en materia de discapacidad: el Congreso consiguió reunir las mayorías necesarias para sostener la emergencia frente a los vetos presidenciales. Eso convierte este capítulo presupuestario en un terreno especialmente delicado. Si el Ejecutivo insiste con la versión enviada originalmente y los gobernadores mantienen su postura, podría repetirse una mayoría formada por la oposición tradicional, bloques provinciales y sectores dialoguistas.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue uno de los que expresó públicamente el malestar. Planteó que el equilibrio fiscal defendido por el Gobierno debe ir acompañado de un “equilibrio social” y cuestionó que las políticas vinculadas con discapacidad sean analizadas exclusivamente desde el punto de vista presupuestario. Sáenz también advirtió que la paciencia de los gobernadores aliados se está agotando ante lo que considera una falta de reciprocidad de la Casa Rosada. Es relevante porque Salta no forma parte del núcleo opositor más duro: Sáenz acompañó varias iniciativas de Milei y mantiene canales abiertos de negociación con Santilli.
A eso se suma un segundo problema social dentro del mismo Presupuesto: la propuesta para eliminar la actualización automática de la AUH y de las asignaciones familiares. Hoy esos beneficios se actualizan mediante el régimen de movilidad. El proyecto busca retirar ese mecanismo, lo que permitiría que los futuros incrementos fueran definidos por decisión del Poder Ejecutivo. Gobernadores consultados por LA NACION cuestionaron la modificación y señalaron que la AUH funciona desde hace años como una política de Estado que atraviesa gobiernos de distintos signos políticos. Su planteo es que, si el Ejecutivo considera que puede reemplazar la fórmula vigente por un sistema mejor, debería explicar cuál será ese mecanismo antes de eliminar la actualización automática.
Todo esto complica directamente la estrategia de Santilli. El jefe de Gabinete venía concentrando reuniones con mandatarios provinciales para garantizar respaldo no sólo al Presupuesto, sino también a la reforma política y otros proyectos del Ejecutivo. El problema es que ahora esos gobernadores tienen una herramienta de negociación muy concreta: sus diputados y senadores. Si el Gobierno necesita sus votos para aprobar el Presupuesto, las provincias pueden condicionar ese apoyo a la modificación del capítulo de discapacidad, al mantenimiento del sistema de actualización de la AUH o a otros reclamos fiscales y territoriales.
La discusión será especialmente importante cuando el proyecto llegue formalmente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo prevé comenzar el tratamiento durante las primeras semanas de octubre y convocar a funcionarios del equipo económico. La oposición quiere que comparezcan autoridades de mayor rango y anticipa que discapacidad, universidades, asignaciones sociales y transferencias provinciales estarán entre los puntos centrales del debate.
Lo que aparece detrás de esta pelea es una tensión que atraviesa toda la relación entre Milei y los gobernadores. La Casa Rosada sostiene que el equilibrio fiscal debe seguir siendo el principio ordenador del Presupuesto. Los mandatarios provinciales responden que esa disciplina no puede trasladar automáticamente responsabilidades nacionales a las provincias ni alterar políticas sociales sin un esquema alternativo claro. La discusión, entonces, ya no es únicamente cuánto dinero recibirá cada gobernador: también es qué funciones seguirá financiando la Nación y cuáles podrían terminar en manos provinciales.
Por eso el Presupuesto 2027 puede convertirse en algo más que una votación económica. Los gobernadores están dejando en claro que su acompañamiento no será un cheque en blanco y que determinados capítulos deberán ser renegociados antes de llegar al recinto. Santilli necesita sus votos; los mandatarios saben que los necesita; y discapacidad y AUH se transformaron en las primeras líneas rojas de esa negociación. El oficialismo todavía tiene margen para modificar el texto durante el tratamiento parlamentario. Pero la advertencia ya está planteada: si el Gobierno quiere aprobar el Presupuesto, primero tendrá que resolver el conflicto social que él mismo introdujo dentro del proyecto.
