ANDIS bajo la lupa: una auditoría detectó $158.700 millones de deuda fuera de los registros y suma presión a la causa por presuntas coimas

Hay números que, por sí solos, obligan a detenerse. $158.717.131.557,63. Esa es la diferencia que una auditoría oficial encontró entre dos listados internos de deuda exigible de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad. El relevamiento fue ordenado por el Gobierno después de la intervención del organismo en agosto de 2025, cuando Diego Spagnuolo fue desplazado de la conducción de la ANDIS en medio del escándalo que luego derivó en una investigación judicial por presuntos sobreprecios y coimas. El dato no significa que hayan desaparecido $158.000 millones de las cuentas públicas, ni permite afirmar que esa cifra completa haya sido robada. Lo que muestra es otra irregularidad potencialmente grave: un área de la agencia reconocía obligaciones por un monto considerablemente superior al que aparecía contabilizado formalmente en otra dependencia encargada del control presupuestario.

La auditoría reconstruyó la situación de la ANDIS hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que el Poder Ejecutivo dispuso la intervención del organismo. Los auditores solicitaron información a dos áreas centrales. Por un lado, la Dirección de Presupuesto y Contabilidad, que llevaba el registro formal de las obligaciones del organismo. Por otro, la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, conocida como DNASS, responsable de gestionar buena parte del programa Incluir Salud y de las compras de medicamentos e insumos destinadas a personas con discapacidad. Cuando compararon ambos listados, apareció el agujero administrativo: la DNASS informó una deuda muy superior a la reconocida por el área contable. La diferencia fue exactamente de $158.717 millones.

Ese matiz es central para interpretar correctamente el caso. La auditoría habla de “deuda no registrada” o de diferencias entre listados de deuda exigible, no de una extracción de dinero de una cuenta bancaria. Una fuente con conocimiento del funcionamiento del organismo explicó a LA NACION que parte de estas diferencias puede originarse cuando una dirección autoriza prestaciones o compromete pagos antes de que todos los expedientes terminen su recorrido administrativo y presupuestario. El propio informe también advierte que los números entregados por la DNASS podían contener errores involuntarios de carga realizados por los prestadores. Pero incluso admitiendo esas explicaciones posibles, la magnitud del desfasaje llevó a que la documentación fuera incorporada al material que analiza la Justicia.

El problema es que la DNASS no es un área cualquiera dentro del expediente ANDIS. Durante el período auditado estaba conducida por Daniel Garbellini, uno de los funcionarios alcanzados por la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi. Según la acusación fiscal conocida durante 2026, desde esa dirección se habrían desarrollado procesos de compra con supuestos “sobreprecios sistemáticos”, procedimientos administrativos deficientes y mecanismos que, siempre de acuerdo con la hipótesis judicial, reducían la competencia entre proveedores. Garbellini negó ante la Justicia que hubiera existido un desvío de fondos y rechazó haber formado parte de un esquema de sobreprecios. La investigación continúa y esas acusaciones todavía deben ser probadas judicialmente.

El expediente ya había acumulado antes de esta auditoría elementos que explican por qué el nuevo desfasaje adquiere tanta relevancia. La Fiscalía sostiene que determinados intermediarios habrían utilizado información interna para orientar compulsas, conocer anticipadamente cotizaciones y acelerar pagos a empresas seleccionadas. Uno de los nombres centrales es el de Miguel Ángel Calvete, un empresario y lobista al que Picardi describió como un supuesto engranaje entre funcionarios de ANDIS y proveedores. Según la acusación fiscal, los retornos vinculados a determinadas adjudicaciones habrían oscilado entre el 12% y el 20% del monto facturado. Calvete y las demás personas investigadas conservan su presunción de inocencia y sus defensas cuestionan distintos elementos del expediente.

Uno de los ejemplos incorporados a la investigación permite comprender cómo habría funcionado ese mecanismo. En junio de 2025, la ANDIS emitió dos certificados de pago a favor de Artrobone Ortopedia, uno por $17 millones y otro por $16 millones. Ocho días después, según documentación incorporada a la causa, la titular de esa empresa habría enviado a Calvete una tabla con esas mismas cifras y una anotación de $6,6 millones para “Miguel”, equivalente exactamente al 20% de los $33 millones cobrados. Para la Fiscalía, coincidencias de este tipo respaldan la hipótesis de que determinados intermediarios recibían porcentajes de las adjudicaciones. Las defensas han cuestionado la interpretación fiscal y reclaman que se analice la totalidad del material.

La auditoría ahora agrega una segunda dimensión al caso: no solamente cómo se compraba, sino cómo se registraba lo que quedaba por pagar. La existencia de $158.700 millones de diferencia entre una dirección operativa y el área contable plantea interrogantes sobre qué controles existían, quién autorizaba compromisos de gasto, en qué momento eran registrados y cuántas obligaciones podían mantenerse fuera del circuito administrativo ordinario durante períodos prolongados. El informe al que accedió LA NACION no discrimina públicamente cada una de las operaciones que integran esa diferencia, por lo que todavía no es posible establecer cuánto corresponde a simples retrasos administrativos, errores de carga o compromisos válidos y cuánto podría estar vinculado con operaciones investigadas por la Justicia.

Otra observación de la auditoría resulta especialmente sensible. El organismo continuaba utilizando la figura del “Legítimo Abono” para pagar bienes o servicios que ya habían sido entregados sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. Esta herramienta existe para evitar que el Estado se beneficie gratuitamente de una prestación efectivamente recibida, pero la propia normativa administrativa la considera excepcional. La auditoría señaló que la ANDIS seguía utilizándola mientras sólo se habían iniciado seis procedimientos de compras para regularizar determinados servicios. La Oficina Nacional de Contrataciones ha advertido históricamente que recurrir a estos mecanismos por fuera de los procedimientos competitivos puede reducir transparencia y dificultar saber si el Estado consiguió las mejores condiciones de precio y calidad.

El volumen de dinero administrado explica la sensibilidad del problema. Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, la auditoría contabilizó $479.504 millones pagados a proveedores de medicamentos e insumos. El principal receptor fue Suizo Argentina, con aproximadamente $108.258 millones concentrados en medicamentos de alto costo y baja incidencia, conocidos como PACBI. La empresa ha rechazado cualquier vinculación con maniobras ilegales y sostiene que desarrolla sus actividades conforme a la normativa. La causa judicial, por el momento, ha puesto especial atención sobre otras droguerías, proveedores de insumos ortopédicos y supuestos intermediarios que habrían tenido acceso privilegiado a información sobre las contrataciones.

Dentro de las compras PACBI aparece uno de los ejemplos más llamativos relevados por los investigadores. El medicamento Macitentan fue adquirido en noviembre de 2024 mediante una compulsa abierta por aproximadamente $411.764, mientras durante ese mismo mes otra adjudicación en una compulsa reducida llegó a casi $8,3 millones. Esa diferencia figura entre los casos utilizados por la investigación para analizar si existieron restricciones deliberadas de oferentes y sobreprecios. Una diferencia extrema de precio, por sí sola, no demuestra automáticamente un delito —pueden existir cantidades, condiciones comerciales, presentación o urgencias diferentes—, pero en este caso fue incorporada por los investigadores dentro de una hipótesis más amplia sobre el funcionamiento de las compras.

El expediente también volvió a colocar a Diego Spagnuolo en el centro de la discusión. El exdirector de ANDIS sostiene, a través de su defensa, que no seleccionaba proveedores, no invitaba empresas a compulsas, no evaluaba cotizaciones, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo al sistema mediante el cual se gestionaban esas contrataciones. Sus abogados argumentan que no puede atribuírsele responsabilidad penal por acciones de subordinados o proveedores sin demostrar una participación personal concreta. La Fiscalía, sin embargo, avanzó durante 2026 con nuevas indagatorias y lo incluyó dentro de la hipótesis investigativa sobre el funcionamiento del organismo.

En paralelo continúa otro frente decisivo: los audios atribuidos a Spagnuolo que desencadenaron el escándalo original. En esas grabaciones se escucha una voz que habla de supuestas coimas dentro de la ANDIS y menciona a figuras del entorno presidencial, incluida Karina Milei. La aparición de esos nombres en una grabación no demuestra que hayan participado de un delito. La autenticidad y origen de los audios siguen bajo discusión judicial. El juez Ariel Lijo ordenó a Gendarmería realizar pericias para establecer si fueron manipulados, mientras la defensa de Spagnuolo pidió suspender ese análisis argumentando que las 58 grabaciones aportadas al expediente no serían exactamente las mismas que circularon inicialmente en los medios.

La causa judicial no depende exclusivamente de esos audios. Ese punto es relevante porque distintas defensas pretenden obtener la nulidad de parte de la investigación cuestionando el origen de las grabaciones. Sin embargo, con el paso de los meses la Fiscalía incorporó documentos administrativos, certificados de pago, mensajes, archivos de proveedores y anotaciones que utiliza para fundamentar su acusación. El nuevo informe de auditoría puede convertirse ahora en otra pieza independiente para reconstruir el funcionamiento interno del organismo y determinar si los circuitos de deuda y pagos permitían realizar operaciones por fuera de los controles ordinarios.

La intervención de la agencia había sido ordenada formalmente por Javier Milei mediante el Decreto 601/2025, publicado el 22 de agosto de 2025. El Ejecutivo designó entonces a Alejandro Vilches como interventor y anunció una revisión integral del organismo, argumentando que el objetivo era garantizar eficiencia y transparencia. Seis días después, la propia ANDIS comunicó públicamente el inicio de una auditoría sobre sus procedimientos administrativos. El informe conocido ahora es resultado de aquella revisión iniciada después del desplazamiento de Spagnuolo.

Esto genera una particularidad política: el desfasaje fue descubierto por una auditoría ordenada por el propio Gobierno, pero analiza el funcionamiento de ANDIS durante la misma administración libertaria. El período revisado incluye prácticamente toda la gestión de Spagnuolo hasta su salida. Por eso el informe cumple una doble función. Por un lado, permite al Ejecutivo señalar que fue su propia intervención la que detectó y entregó información a la Justicia. Por otro, documenta debilidades administrativas y diferencias contables ocurridas mientras el organismo estaba conducido por funcionarios designados durante la presidencia de Milei. El Ministerio de Salud afirmó que puso a disposición de la Justicia la totalidad de la información solicitada y que continuará colaborando con la investigación.

El número de $158.700 millones tiene además una importancia que va más allá de su impacto comunicacional. Si una dirección puede reconocer compromisos de semejante magnitud que todavía no aparecen en el registro de deuda exigible del área contable, el problema alcanza al sistema de control interno del Estado. Para determinar responsabilidades será necesario reconstruir expediente por expediente: cuándo se comprometió cada prestación, quién la autorizó, qué documentación existía, cuándo debía registrarse, si el servicio o medicamento fue efectivamente entregado y qué funcionario tenía la obligación de completar el circuito administrativo. Sin ese análisis, no es posible convertir automáticamente una diferencia contable en una acusación penal.

Pero tampoco puede tratarse simplemente como un desorden burocrático menor. La misma dirección que informó la deuda más elevada estaba vinculada con un sistema de adquisiciones que ya se encuentra bajo investigación por posibles sobreprecios y retornos. La auditoría detectó además utilización extendida de mecanismos excepcionales de pago y dificultades para conciliar registros internos. En conjunto, esos elementos explican por qué la Justicia busca determinar si detrás de las deficiencias administrativas existía solamente una gestión desordenada o si esos procedimientos facilitaron un circuito deliberado de direccionamiento de compras y cobro de comisiones.

El caso adquiere todavía mayor sensibilidad porque todo ocurrió dentro del área destinada a garantizar medicamentos, tratamientos e insumos para personas con discapacidad, una población cuya cobertura depende en muchos casos directamente de programas públicos como Incluir Salud. Cada peso comprometido de manera incorrecta no es solamente una cuestión contable: puede traducirse en demoras para medicamentos de alto costo, prótesis, tratamientos o prestaciones. Precisamente por eso las normas de contratación pública exigen competencia, trazabilidad y controles, aun cuando las urgencias sanitarias puedan justificar procedimientos especiales en determinadas circunstancias.

La auditoría no cierra ninguna de las preguntas principales; en realidad, abre otras nuevas. ¿Qué operaciones integran exactamente los $158.717 millones? ¿Cuánto corresponde a obligaciones legítimas pendientes de registrar? ¿Por qué existía semejante distancia entre las dos direcciones? ¿Quién debía controlar esa conciliación? ¿Qué parte de esas deudas está vinculada con proveedores hoy investigados? ¿Y qué relación, si existe alguna, puede demostrarse entre ese desorden administrativo y los presuntos retornos que investiga el fiscal Picardi? Son cuestiones que requieren documentación y prueba judicial antes de formular conclusiones definitivas.

Lo que sí puede afirmarse es que la causa ANDIS acaba de sumar un dato de enorme magnitud. Hasta ahora, el expediente se había concentrado principalmente en cómo se adjudicaban contratos, quién accedía a información privilegiada, qué precios se pagaban y si existía un sistema de retornos de entre 12% y 20%. La auditoría incorpora ahora otra dimensión: durante el mismo período existían $158.700 millones de diferencia entre los registros internos de deuda de las áreas que gestionaban y contabilizaban esos gastos.

En un expediente donde ya aparecen medicamentos adjudicados a valores muy diferentes, intermediarios privados presuntamente conectados con funcionarios, pagos millonarios a proveedores y audios cuya autenticidad todavía se discute, el nuevo informe no demuestra por sí mismo corrupción. Pero ofrece a los investigadores un mapa mucho más amplio de dónde mirar. La pregunta ya no es solamente quién pudo haber cobrado una coima, sino cómo funcionaba un organismo capaz de administrar casi medio billón de pesos en medicamentos e insumos mientras dos de sus áreas centrales no coincidían en más de $158.000 millones sobre cuánto debía. Esa diferencia, ahora, deberá ser explicada expediente por expediente ante la Justicia.