Spagnuolo

Una auditoría ordenada por el propio Gobierno encontró una diferencia de $158.717 millones entre dos registros internos de deuda de la ex Agencia Nacional de Discapacidad. El informe no afirma que ese dinero haya desaparecido ni que se trate íntegramente de fondos desviados: detectó obligaciones informadas por el área que gestionaba Incluir Salud que no habían atravesado el circuito contable y de control correspondiente. El hallazgo adquiere otra dimensión porque esa misma dirección es investigada por la Justicia por supuestos sobreprecios, licitaciones direccionadas y retornos de entre 12% y 20%. Entre 2024 y agosto de 2025, la ANDIS pagó $479.504 millones a proveedores de medicamentos e insumos.

La investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un dato clave: nuevas pruebas apuntan a que los intermediarios habrían retenido hasta el 20% del valor de algunas compras realizadas por el organismo. El expediente, que ya tenía procesamientos por presunta asociación ilícita, coimas y sobreprecios, vuelve a golpear al Gobierno en un área especialmente sensible: los fondos destinados a personas con discapacidad.