Alejandro CabreraEl Reino Unido anunció una profunda modificación de su política migratoria que obligará a numerosos extranjeros a esperar diez años, en lugar de cinco, para solicitar la residencia permanente. La reforma, presentada el 2 de noviembre por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, busca establecer nuevas condiciones para quienes desean vivir y trabajar de manera indefinida en territorio británico.
El Gobierno sostiene que el acceso a la residencia debe depender de la contribución económica y social de cada inmigrante, mientras que organizaciones defensoras de los derechos migratorios cuestionan las consecuencias de modificar las condiciones para personas que ya se encuentran legalmente establecidas en el país.
La medida podría demorar las solicitudes de residencia de más de 500.000 personas y está previsto que comience a aplicarse durante 2027.
El nuevo sistema, denominado Earned Settlement, establece un plazo general de diez años para obtener la residencia permanente, aunque contempla mecanismos que permiten reducir o ampliar ese período según las circunstancias individuales.
Los trabajadores con ingresos anuales superiores a 50.271 libras podrán mantener el plazo de cinco años, al igual que determinados profesionales de la salud y la educación. Quienes superen las 125.000 libras anuales podrían acceder al beneficio después de tres años.
También se establecieron excepciones para trabajadores del sector de cuidados que cumplen determinados requisitos laborales y salariales.
Por otra parte, las personas que hayan incumplido las normas migratorias enfrentarán restricciones adicionales. En el caso de los refugiados que ingresaron por vías irregulares, los períodos de espera podrían extenderse considerablemente.
La reforma responde a una discusión política que se intensificó después del Brexit y del fuerte incremento de la inmigración registrado durante los últimos años.
Aunque la migración neta descendió significativamente desde su máximo de 2023, el tema continúa ocupando un lugar central en la agenda pública británica, especialmente por su relación con el mercado laboral, la vivienda y el acceso a los servicios públicos.
El Gobierno defiende la iniciativa como un mecanismo para garantizar una mayor contribución de quienes solicitan establecerse definitivamente. Sus críticos, en cambio, advierten que el cambio de reglas podría perjudicar a trabajadores que emigraron bajo condiciones diferentes, especialmente si los nuevos requisitos se aplican a personas que ya residen en el país.
La discusión también alcanza a las empresas y los servicios de salud, que dependen de trabajadores extranjeros para cubrir numerosas vacantes.
El anuncio británico se produce en un contexto de debates sobre inmigración en distintos países europeos. Los gobiernos enfrentan demandas para reforzar los controles fronterizos y administrar los flujos migratorios, al mismo tiempo que necesitan trabajadores extranjeros en sectores esenciales de sus economías.
La reforma todavía deberá completar su implementación normativa, pero establece una nueva orientación: el acceso a la residencia permanente estará cada vez más vinculado con los ingresos, la trayectoria laboral y el cumplimiento de requisitos de integración.
El caso británico refleja uno de los principales desafíos de las sociedades europeas: cómo combinar las necesidades económicas y laborales con las demandas políticas de mayor control migratorio.
