ICE

En apenas 48 horas, tres historias diferentes volvieron a colocar la política migratoria estadounidense bajo discusión. Un agente del ICE disparó contra un venezolano durante un operativo en Texas; tres ciudadanos estadounidenses permanecen encarcelados en El Salvador bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele; y empresarios de restaurantes, construcción y cuidados denuncian dificultades para reemplazar trabajadores extranjeros que fueron deportados, perdieron permisos o dejaron de presentarse por temor a las redadas. La Casa Blanca sostiene que su estrategia protege empleos estadounidenses y hace cumplir las leyes migratorias. Los primeros estudios económicos, sin embargo, detectan efectos laborales que exceden ampliamente a las personas detenidas.

Personas detenidas por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos aseguran que reciben raciones pequeñas, alimentos en mal estado o directamente incomibles y que terminan dependiendo de las tiendas internas de los centros, donde productos básicos pueden costar varias veces más que en un supermercado. Un migrante perdió 18 kilos durante ocho meses y gastó unos 2.500 dólares para complementar su alimentación. ICE niega las acusaciones y asegura que proporciona tres comidas diarias supervisadas por nutricionistas. California ya debate una ley para limitar los sobreprecios.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realizó una ofensiva masiva a fines de junio. La cifra equivale a unos 2.000 arrestos por día y marca un salto fuerte en la política de deportaciones del gobierno de Donald Trump.