En apenas 48 horas, tres historias diferentes volvieron a colocar la política migratoria estadounidense bajo discusión. Un agente del ICE disparó contra un venezolano durante un operativo en Texas; tres ciudadanos estadounidenses permanecen encarcelados en El Salvador bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele; y empresarios de restaurantes, construcción y cuidados denuncian dificultades para reemplazar trabajadores extranjeros que fueron deportados, perdieron permisos o dejaron de presentarse por temor a las redadas. La Casa Blanca sostiene que su estrategia protege empleos estadounidenses y hace cumplir las leyes migratorias. Los primeros estudios económicos, sin embargo, detectan efectos laborales que exceden ampliamente a las personas detenidas.
