Donald Trump convirtió la reducción de la inmigración irregular en una de las políticas centrales de su segundo mandato. La Casa Blanca exhibe como resultados la fuerte caída de la migración neta, cientos de miles de deportaciones, el aumento de agentes del ICE y un endurecimiento general de los requisitos de entrada y permanencia en Estados Unidos. El Gobierno argumenta que se trata de recuperar el control de las fronteras, hacer cumplir la ley y proteger los salarios y empleos de los estadounidenses.

Pero durante este fin de semana aparecieron tres fotografías muy diferentes de las consecuencias de esa política y de la cooperación migratoria que Washington mantiene con otros gobiernos de la región.

En Austin, un agente del ICE disparó contra un inmigrante venezolano. En El Salvador, familias estadounidenses denunciaron que tres ciudadanos de EE.UU. llevan meses o años presos bajo el estado de excepción sin haber llegado a juicio. Y en distintos sectores empresariales estadounidenses comenzó a aparecer otra preocupación: qué ocurre cuando la fuerza laboral migrante desaparece más rápido de lo que puede ser reemplazada.

Las tres historias son diferentes y no deben confundirse. Pero juntas muestran que el endurecimiento migratorio ya no se discute solamente en la frontera: empieza a tener consecuencias policiales, diplomáticas y económicas dentro de Estados Unidos.

Un agente del ICE disparó contra un venezolano en Austin

El primer episodio ocurrió el domingo en Austin, Texas.

Wilber Rafael Garcés Pérez, venezolano de 28 años, recibió un disparo efectuado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un incidente vehicular en el norte de la ciudad.

Un video difundido públicamente muestra un Toyota Corolla que colisiona con otro vehículo y, inmediatamente después, se escuchan disparos. Fotografías posteriores muestran al menos dos impactos de bala sobre el automóvil.

Garcés Pérez recibió el disparo en la zona superior de la espalda, según su abogada. Fue trasladado al Dell Seton Medical Center y posteriormente quedó bajo custodia federal del ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el hombre está estable y sostuvo que había ingresado irregularmente durante la administración de Joe Biden y tenía una orden de deportación vigente.

Todavía falta determinar exactamente qué ocurrió en los segundos previos al disparo.

ICE no había explicado públicamente todos los detalles de la actuación del agente al momento de las primeras informaciones, mientras las autoridades locales pidieron una investigación independiente.

Austin quiere una investigación separada de la federal

El alcalde de Austin, Kirk Watson, expresó públicamente su malestar y aclaró que la policía municipal no participó del operativo.

La Policía de Austin pretende colaborar con los Texas Rangers para realizar una revisión independiente, mientras el FBI y las autoridades federales investigan la actuación del agente.

El congresista demócrata Greg Casar planteó además otro problema: Garcés Pérez continúa bajo custodia migratoria y podría ser deportado.

Casar pidió que permanezca en Estados Unidos mientras se investiga el caso porque, según argumentó, es el principal testigo de un episodio en el que él mismo recibió el disparo. También solicitó preservar cámaras corporales y otras evidencias.

No corresponde concluir todavía que el disparo haya sido ilegal. Eso es precisamente lo que deben determinar las investigaciones.

Pero el caso vuelve a colocar bajo discusión las tácticas utilizadas durante operativos migratorios.

No es el primer tiroteo reciente

El episodio de Austin ocurrió poco más de dos meses después de otro caso particularmente grave en Houston.

Allí, un agente del ICE disparó contra el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió posteriormente. Según el propio DHS, el hombre no era inicialmente la persona buscada durante el operativo. Ese caso continúa bajo investigación.

Durante 2026 también se produjeron otros enfrentamientos con agentes federales en distintas ciudades.

El Gobierno defiende a los agentes argumentando que trabajan en situaciones potencialmente peligrosas y que deben reaccionar cuando consideran que existe una amenaza.

Organizaciones civiles y autoridades locales sostienen, en cambio, que el extraordinario aumento del número de operativos y detenciones está multiplicando las posibilidades de enfrentamientos y errores.

Ese debate se intensifica porque la administración está buscando cantidades récord de arrestos.

Casi 51.000 detenciones en un mes

En agosto, el Gobierno registró cerca de 51.000 detenciones migratorias, por encima de las 50.208 contabilizadas en julio, según cifras del DHS recogidas por EL PAÍS.

La administración considera esos números una prueba del éxito de su estrategia.

La Casa Blanca afirma además que desde el regreso de Trump fueron deportadas más de 605.000 personas y que otras 1,9 millones habrían abandonado voluntariamente el país. Son cifras oficiales de la administración y algunas de sus categorías y metodologías han sido discutidas por especialistas independientes.

El Congreso también amplió los recursos disponibles: en junio Trump promulgó una ley que financia al Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza e ICE hasta 2029.

Es decir, no estamos frente a una campaña temporal.

Estados Unidos está construyendo una infraestructura migratoria destinada a sostener durante años un nivel de control y deportación considerablemente superior al anterior.

El segundo problema: estadounidenses atrapados en las cárceles de Bukele

A unos 2.000 kilómetros de Texas aparece una paradoja diferente.

Mientras Washington profundiza su cooperación migratoria y de seguridad con el Gobierno de Nayib Bukele, ciudadanos estadounidenses se encuentran detenidos en cárceles salvadoreñas bajo el mismo estado de excepción que transformó la seguridad del país.

EL PAÍS reconstruyó los casos de José Martínez, Nelson Vladimir Hernández Tovar y Walter Josué Huete Alvarado.

Los tres son ciudadanos de Estados Unidos. Los tres viajaron a El Salvador. Y los tres terminaron encarcelados bajo sospechas de vinculación con pandillas.

Sus familias sostienen que las acusaciones se apoyaron en indicios como tatuajes o supuesto nerviosismo frente a policías.

Hasta ahora, según los testimonios recogidos por el periódico, no han tenido un juicio ordinario que determine su responsabilidad.

El Departamento de Estado confirma que no son casos aislados

La cuestión no depende solamente del relato de las familias.

La propia advertencia de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos, actualizada en junio, reconoce explícitamente que ciudadanos estadounidenses han sido detenidos bajo el régimen de excepción salvadoreño y que algunos permanecen presos sin haber enfrentado todavía un juicio.

El documento oficial explica que el régimen permite a las autoridades detener a personas que consideren vinculadas a pandillas y suspende ciertas garantías procesales, entre ellas el acceso habitual a una defensa rápida y determinados plazos judiciales.

Estados Unidos mantiene, paradójicamente, a El Salvador en el nivel 1 de su escala de advertencias de viaje, equivalente a “tomar precauciones normales”, debido principalmente a la enorme reducción de los homicidios y de la actividad de las pandillas.

Las dos realidades conviven.

Bukele consiguió una caída extraordinaria de la violencia criminal.

Pero lo hizo mediante un régimen que permite detenciones masivas con garantías procesales considerablemente reducidas.

Más de 90.000 detenidos

Desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022, más de 90.000 personas fueron arrestadas en El Salvador, según los datos recopilados por EL PAÍS.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que entre ellas existen miles de personas sin vínculos demostrados con pandillas.

El Gobierno salvadoreño argumenta que el modelo permitió desarticular a organizaciones como MS-13 y Barrio 18 y convertir a un país que tenía algunas de las tasas de homicidio más elevadas del planeta en uno considerablemente más seguro.

La discusión está precisamente en el costo institucional de ese resultado.

El Salvador ofrece a Trump un socio considerado eficaz contra las pandillas y la inmigración irregular. Pero ciudadanos estadounidenses también pueden quedar atrapados dentro de ese mismo sistema.

La relación Trump-Bukele vuelve el caso políticamente más incómodo

La situación resulta especialmente sensible porque Trump y Bukele mantienen una relación cercana.

El Salvador recibió migrantes enviados desde Estados Unidos y se convirtió en una pieza importante dentro del esquema estadounidense de deportaciones hacia terceros países.

Washington y San Salvador presentan esa cooperación como una asociación contra el crimen transnacional y las pandillas.

Pero mientras ambos gobiernos profundizan esa relación, las familias de ciudadanos estadounidenses detenidos aseguran que no consiguen respuestas sobre cuándo recuperarán la libertad.

La embajada estadounidense realiza visitas consulares y transmite mensajes entre los presos y sus familias. Pero la ciudadanía estadounidense no otorga inmunidad frente a las leyes de otro país, y el Departamento de Estado recuerda expresamente que sus nacionales están sometidos al sistema jurídico del lugar que visitan.

El tercer frente: “No hay gente para trabajar”

La consecuencia menos espectacular puede terminar siendo económicamente la más importante.

Empresarios de restaurantes, hoteles, agricultura, construcción y cuidado de personas están empezando a advertir que el endurecimiento migratorio produce faltantes de trabajadores en determinados mercados y sectores.

En Texas, el 36% de los restaurantes declaró haber perdido trabajadores como consecuencia de las operaciones migratorias durante 2026, mientras apenas menos de la mitad afirma contar con suficiente personal para operar adecuadamente, según datos de la Texas Restaurant Association citados por EL PAÍS.

Los inmigrantes representan aproximadamente 20% de la fuerza laboral del sector gastronómico, según la coalición empresarial Seat The Table.

La consecuencia no es necesariamente que el restaurante cierre.

A veces ocurre algo menos visible:

• reduce horarios;
• elimina mesas;
• demora servicios;
• paga más horas extras;
• sube salarios para atraer trabajadores;
• aumenta precios;
• o directamente deja capacidad productiva sin utilizar.

El efecto no proviene sólo de las deportaciones

Hay un elemento que empieza a aparecer repetidamente en los estudios: el miedo.

Trabajadores que tienen documentación válida también pueden faltar al trabajo o evitar determinados lugares cuando saben que se están realizando operativos migratorios.

Eso significa que el impacto económico de una redada puede superar ampliamente la cantidad de personas efectivamente arrestadas.

Brookings estudió las ciudades estadounidenses donde los operativos del ICE aumentaron con mayor intensidad durante 2025.

Seis meses después de esos aumentos, el empleo era aproximadamente 0,43% inferior al nivel que los investigadores estiman que habría tenido sin el shock migratorio. En las ciudades para las que ya existen once meses de información, la diferencia alcanzó 0,69%.

El resultado más llamativo es otro.

Por cada aumento equivalente a un trabajador detenido, el estudio encuentra un impacto aproximado equivalente a cuatro empleos menos, debido a efectos indirectos como trabajadores que dejan de acudir, empresas que reducen operaciones y menor consumo local.

Eso incluye también trabajadores nacidos en Estados Unidos.

Pero Estados Unidos no está atravesando un colapso general del empleo

Conviene introducir aquí una corrección importante.

Los problemas relatados por empresarios y detectados por Brookings no significan que todo el mercado laboral estadounidense esté contrayéndose.

En agosto Estados Unidos creó oficialmente 162.000 empleos y el desempleo se mantuvo en 4,1%, según el Bureau of Labor Statistics. Restaurantes y bares incluso sumaron alrededor de 59.000 puestos durante ese mes.

La imagen nacional, por lo tanto, es bastante más compleja.

Hay crecimiento general del empleo, pero simultáneamente determinados territorios y actividades intensivas en mano de obra migrante están experimentando una escasez considerable.

No hay evidencia de un derrumbe nacional provocado por las deportaciones; sí empieza a existir evidencia de impactos locales y sectoriales significativos.

Salud, construcción y agricultura sienten especialmente la presión

El problema no termina en restaurantes.

Entre los trabajadores haitianos en Estados Unidos, por ejemplo, alrededor del 22% trabaja en el sector sanitario, frente a cerca del 10% entre otros inmigrantes, según datos del Migration Policy Institute citados por EL PAÍS. Otro 13% trabaja específicamente en tareas de cuidado personal.

La eliminación o reducción de distintos programas de protección migratoria afecta directamente esa oferta laboral.

Agricultura y construcción enfrentan una dinámica parecida: son sectores históricamente dependientes de trabajadores extranjeros y tienen dificultades para reemplazar rápidamente mano de obra con experiencia.

Eso no significa que los puestos nunca puedan ser ocupados por estadounidenses.

La cuestión económica es a qué salario, en cuánto tiempo y con qué impacto sobre los precios.

¿Una “tasa ICE” sobre los precios?

Activistas y legisladores demócratas comenzaron a utilizar la expresión “ICE tax” para describir los aumentos de costos derivados de la escasez de trabajadores.

No es un impuesto oficial ni una categoría económica utilizada por el Gobierno. Es un término político empleado por críticos de la administración.

Algunos productos y servicios vinculados a sectores intensivos en mano de obra registraron aumentos importantes durante el último año, pero atribuir cada subida exclusivamente a la política migratoria sería excesivo: los precios también dependen de energía, clima, salarios, oferta global, tipos de interés y otros factores.

El estudio de Brookings aporta, sin embargo, evidencia más directa de que los operativos pueden reducir empleo y actividad en las ciudades donde se intensifican.

La respuesta de Trump: la inmigración también tiene costos para los estadounidenses

La Casa Blanca ofrece otra lectura.

Trump sostiene que durante décadas el sistema migratorio permitió a empresas acceder a trabajadores extranjeros más baratos, deprimiendo salarios y desplazando trabajadores estadounidenses.

Esa lógica explica no solamente las deportaciones, sino también el endurecimiento de visas legales.

Este viernes, por ejemplo, Trump extendió durante otro año las restricciones sobre determinadas visas H-1B, argumentando que fueron utilizadas por algunas empresas para reemplazar estadounidenses con empleados extranjeros peor remunerados.

La administración sostiene que restringir la oferta extranjera obligará a las compañías a:

• contratar estadounidenses;
• mejorar salarios;
• capacitar trabajadores locales;
• y reducir la dependencia estructural de mano de obra migrante.

Ese argumento tiene una lógica económica clara.

Pero también enfrenta un problema igualmente claro: si no existe suficiente oferta doméstica disponible para ocupar esos puestos rápidamente, el ajuste puede producirse primero mediante menos producción y precios más altos.

Ahí está la disputa.

Una política empieza a mostrar sus costos y beneficios reales

Durante la campaña electoral, la discusión migratoria estadounidense estuvo dominada por conceptos relativamente abstractos: frontera, soberanía, deportaciones, criminalidad y ciudadanía.

En 2026, el debate está entrando en una segunda etapa.

Ahora empiezan a aparecer consecuencias mensurables.

El Gobierno puede exhibir más deportaciones, menos migración irregular y una capacidad de control federal mucho mayor.

Sus críticos pueden señalar operativos violentos, consecuencias sobre familias, caída del empleo en algunas ciudades y dificultades empresariales.

Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Una política migratoria puede reducir la cantidad de inmigrantes irregulares y, simultáneamente, generar costos laborales, empresariales y sociales. La verdadera discusión política es cuánto peso asigna cada sociedad a cada uno de esos resultados.

El episodio de Austin obligará a determinar hasta dónde puede llegar la fuerza utilizada por agentes migratorios.

Los estadounidenses presos en El Salvador plantean hasta dónde debería llegar la alianza de Washington con un sistema de seguridad que reduce el crimen pero restringe garantías procesales.

Y las empresas sin trabajadores plantean una pregunta económica distinta: qué ocurre cuando Estados Unidos expulsa o pierde una parte de la mano de obra sobre la que construyó durante décadas actividades enteras de su economía.

La Casa Blanca sostiene que el proceso terminará beneficiando a los trabajadores estadounidenses.

Los datos nacionales de empleo todavía no permiten afirmar lo contrario: el desempleo continúa en 4,1% y la economía sigue creando puestos.

Pero las primeras investigaciones locales muestran que las redadas pueden reducir la cantidad total de empleos —incluidos puestos ocupados por estadounidenses— y que esos efectos pueden mantenerse durante meses.

Esa será probablemente una de las pruebas más importantes para la política migratoria de Trump durante la segunda mitad de su mandato: demostrar que una reducción histórica de la inmigración puede sostenerse sin convertirse en un problema de trabajadores, producción, precios y derechos civiles dentro del propio Estados Unidos.