El “negocio del hambre” en los centros del ICE: migrantes denuncian comida insuficiente y gastan miles de dólares para poder alimentarse

La expansión de la política de detenciones migratorias de Estados Unidos abrió una polémica que va mucho más allá de las deportaciones. Testimonios de migrantes, inspecciones del Estado de California, demandas judiciales y organizaciones defensoras de derechos civiles denuncian que en varios centros administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, las raciones son insuficientes o de mala calidad y obligan a los detenidos a recurrir a tiendas internas para conseguir alimentos adicionales. El resultado es un sistema en el que familias que ya enfrentan los costos de tener a uno de sus integrantes detenido pueden terminar gastando cientos de dólares mensuales solamente para que pueda comer.

El caso relatado por El País este sábado 15 de agosto es particularmente gráfico. Carlos, un migrante centroamericano cuyo apellido no fue publicado, entró a un centro de detención de California con un uniforme extragrande que inicialmente le quedaba ajustado. Cuando salió ocho meses después, esa misma ropa le colgaba del cuerpo: había perdido aproximadamente 40 libras, unos 18 kilos. Según su testimonio, sentía hambre todos los días y terminó recurriendo sistemáticamente a la comisaría del centro para completar lo que recibía en el comedor.

Durante esos ocho meses asegura haber gastado alrededor de 2.500 dólares, aproximadamente 400 por mes, financiados mediante depósitos realizados por familiares y compañeros de trabajo. Carlos cuenta que buena parte de los detenidos compraba sopas instantáneas, atún, sardinas, arroz, galletas y otros productos que después compartían entre varios porque quienes no tenían familiares o dinero fuera del centro quedaban en una situación todavía más vulnerable.

El problema adquiere otra dimensión porque actualmente casi 66.000 personas permanecen bajo custodia del ICE, según los datos recopilados por El País, mientras la Administración de Donald Trump pretende aumentar considerablemente la capacidad del sistema de detención migratoria. A medida que crece la cantidad de detenidos, también aumenta el volumen económico alrededor de las empresas que operan centros privados, las compañías proveedoras de alimentos y las firmas encargadas de las tiendas internas.

De la comida gratuita a una tienda que puede costar 150 dólares por semana

Formalmente, los detenidos no deberían necesitar comprar alimentos para cubrir sus necesidades básicas. Las normas nacionales de detención del ICE establecen requisitos sobre alimentación, higiene y seguridad sanitaria, y la propia agencia sostiene que proporciona comidas adecuadas y nutricionalmente supervisadas. La detención migratoria, además, tiene naturaleza civil: jurídicamente está destinada a asegurar la tramitación de los procedimientos migratorios o una eventual expulsión, no a funcionar como un castigo penal.

Sin embargo, una inspección realizada por el Departamento de Justicia de California en los siete centros de detención del ICE del Estado encontró testimonios muy diferentes. Algunos detenidos dijeron gastar hasta 150 dólares semanales en las comisarías porque las porciones entregadas por los establecimientos solamente alcanzaban, según describieron, para sobrevivir. Hubo denuncias de carne con mal olor, arroz extremadamente duro, alimentos todavía congelados en su interior, productos vencidos y episodios de diarrea o dolores estomacales después de las comidas. Algunos compararon lo que recibían con “comida para perros”, expresión que corresponde a los propios testimonios recogidos por los inspectores y no a una descripción oficial de las instalaciones.

Las situaciones variaron entre establecimientos. En Mesa Verde hubo personas que dijeron gastar hasta 150 dólares semanales para complementar una dieta basada principalmente en frijoles y pan. En Golden State Annex algunos detenidos calculaban desembolsos de hasta 100 dólares en fideos instantáneos, sopas y atún. En California City uno de los entrevistados aseguró directamente que pasaría hambre si no pudiera comprar sopas en la tienda interna.

Minerva, una inmigrante mexicana que estuvo detenida varias semanas en California City, relató que en determinadas ocasiones prefería no comer porque la comida le parecía rancia. Otros testimonios recogidos durante las inspecciones describieron situaciones similares en Adelanto, una instalación con capacidad cercana a 2.000 detenidos ubicada en California y administrada por GEO Group.

El sistema genera además una desigualdad evidente entre quienes disponen de familiares capaces de enviarles dinero y quienes no tienen ninguna red de apoyo. Los migrantes no pueden manejar efectivo ni utilizar normalmente sus propias tarjetas dentro de los centros. Para comprar deben utilizar las cuentas internas alimentadas mediante depósitos del exterior o recurrir a los programas de trabajo disponibles dentro de las instalaciones. Algunos de esos trabajos, según las denuncias citadas por El País, pagan alrededor de un dólar por día.

Café a 18 dólares, tampones a 21 y una caja de cereal a 13

El segundo componente de la controversia son los precios.

En julio, más de 300 detenidos de California City y Golden State Annex impulsaron un boicot contra las comisarías después de denunciar que un frasco de ocho onzas de café instantáneo Folgers costaba 18 dólares dentro del centro. El mismo producto se vendía entonces por alrededor de nueve dólares en Walmart. Una sopa instantánea Maruchan costaba 75 centavos frente a aproximadamente 50 centavos fuera de la instalación, mientras una caja de 40 tampones se acercaba a los 21 dólares.

El relevamiento citado por El País encontró otros casos todavía más llamativos. Una pequeña caja de cereal llegaba a venderse por unos 13 dólares. Según la oficina del senador estatal demócrata Steve Padilla, determinados productos presentaban recargos mucho mayores respecto del costo pagado al proveedor: aproximadamente 75% en una barra de jabón, 139% en determinados dentífricos y hasta 300% en una lata de atún.

El problema tiene una particularidad en California: los detenidos migratorios del Estado se encuentran en siete establecimientos privados, operados por compañías que trabajan mediante contratos federales. Las comisarías pueden estar administradas por terceros y los defensores de los migrantes sostienen que históricamente existió escaso control sobre los márgenes aplicados a los productos.

De allí surge la expresión utilizada por los activistas: el “negocio del hambre”. La acusación no significa que exista una constatación judicial de que las empresas reduzcan deliberadamente las raciones para vender más productos. Lo que denuncian las organizaciones es una combinación que consideran perversa: detenidos que aseguran que la comida gratuita no alcanza y, simultáneamente, una tienda interna en la que deben pagar precios elevados para complementarla.

GEO Group y CoreCivic: gigantes privados dentro del sistema migratorio

Dos empresas aparecen de manera recurrente en la infraestructura de detención estadounidense: GEO Group y CoreCivic. Ambas administran establecimientos contratados por el Gobierno federal y se beneficiaron económicamente de la expansión del sistema migratorio durante la segunda presidencia de Donald Trump.

Según los resultados empresariales citados por El País, GEO Group y CoreCivic registraron en conjunto aproximadamente 1.400 millones de dólares de ingresos durante el segundo trimestre de 2026, con aumentos interanuales del 15% y 27%, respectivamente. Esa cifra corresponde al conjunto de sus actividades y no exclusivamente a la venta de alimentos o productos dentro de las comisarías.

Precisamente uno de los reclamos de las organizaciones es conocer cuánto dinero genera específicamente el negocio de las tiendas internas. El País solicitó información sobre esos ingresos al ICE, GEO Group, CoreCivic y Trinity Food Services, pero no obtuvo cifras que permitan determinar cuánto representa económicamente la actividad.

CoreCivic sí rechazó la caracterización del sistema como un negocio diseñado para obtener ganancias mediante los detenidos. Su portavoz, Ryan Gustin, sostuvo que las comisarías no tienen fines de lucro y afirmó que comparar directamente sus precios con Walmart u otras grandes cadenas minoristas resulta incorrecto. Según la compañía, cuando detectan productos demasiado costosos intentan renegociar con el proveedor, reducir el margen o retirarlos de la oferta.

La empresa asegura además que los ingresos generados por la comisaría de California City son destinados a un fondo para el bienestar de los propios detenidos y utilizados para adquirir elementos recreativos, educativos y electrónicos. Los activistas cuestionan que no existe suficiente transparencia sobre ese mecanismo y dicen que las personas con las que trabajan desconocen cómo se administra ese dinero.

ICE rechaza las denuncias: “tres comidas al día”

El Gobierno estadounidense niega que exista un problema generalizado de alimentación.

Ante las consultas de El País, el ICE afirmó que proporciona tres comidas por día a las personas bajo su custodia, además de acceso adecuado a agua potable y otras bebidas. Según la agencia, los menús son revisados por dietistas certificados y los estándares de detención aplicados son incluso más exigentes que los existentes en muchas cárceles estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional ya había utilizado argumentos similares frente a otras denuncias. En julio de 2025 sostuvo públicamente que eran falsas las afirmaciones sobre falta generalizada de alimentos en los centros del ICE y aseguró que los detenidos reciben comidas adecuadas.

Pero la controversia ya llegó a los tribunales. En julio de este año, la jueza federal Sunshine Suzanne Sykes ordenó al Gobierno garantizar agua limpia, comida adecuada, higiene y atención médica a las personas recluidas en Adelanto. La decisión se produjo dentro de una demanda presentada por detenidos que denunciaron falta de alimentos suficientes, problemas con el agua, enfermedades, moho y deficiencias en la atención médica.

La jueza rechazó además el argumento del Departamento de Seguridad Nacional según el cual el Gobierno no debía asumir responsabilidad directa por la gestión cotidiana debido a que el establecimiento está administrado mediante un contrato privado. Su resolución estableció que la tercerización no libera al ICE de sus obligaciones respecto de las personas que mantiene bajo custodia.

Esto no significa que un tribunal haya determinado que todas las instalaciones del ICE presenten las mismas condiciones. Sí demuestra que las denuncias sobre alimentación y servicios básicos trascendieron los testimonios individuales y, al menos en determinados centros, ya generaron intervención judicial.

California intenta limitar el negocio de las comisarías

La presión produjo también una respuesta política.

El Senado de California aprobó en mayo por 38 votos contra cero el proyecto SB 941, presentado por Steve Padilla. La iniciativa pretende extender a los centros privados de detención las mismas restricciones que California ya aplica en otros establecimientos penitenciarios y establece que los artículos vendidos en las comisarías no puedan tener un precio superior al 35% por encima del costo pagado al proveedor.

El proyecto avanzó después hacia la Asamblea estatal. Sus impulsores argumentan que las personas detenidas constituyen un mercado cautivo: no pueden salir, elegir otro comercio ni comparar precios y, cuando consideran insuficiente la alimentación proporcionada por el establecimiento, tampoco pueden simplemente comprar alimentos en un supermercado exterior.

La discusión excede así el precio de un café o una sopa instantánea. Lo que está en debate es hasta dónde puede permitirse que empresas privadas obtengan ingresos adicionales de personas que se encuentran bajo custodia del Estado y no tienen otra alternativa comercial.

El caso de Carlos: perder 18 kilos y gastar 2.500 dólares para comer

La historia de Carlos permite dimensionar lo que esas cifras representan en la práctica.

Según su relato, el desayuno comenzaba alrededor de las cinco de la mañana con cereal, avena, waffles o huevos. El almuerzo llegaba aproximadamente a las once y la cena comenzaba a servirse cerca de las cuatro y media de la tarde. Lo que describe como el peor momento era el almuerzo: recuerda una pasta dura y poco apetecible que inicialmente comió por hambre pero que después comenzó a evitar.

La posibilidad de recibir pollo apenas un par de veces al mes se convertía, según cuenta, en una jornada especial. Algunos detenidos intentaban conseguir una segunda porción para guardarla en los dormitorios y comerla más tarde, una práctica prohibida por las reglas internas y que en ocasiones terminaba en enfrentamientos con los guardias.

Carlos sostiene también algo mucho más difícil de demostrar: que las condiciones alimentarias contribuían a desgastar psicológicamente a los detenidos hasta llevarlos a aceptar su deportación. Se trata de su interpretación personal y no de una política del ICE acreditada mediante documentos. Lo verificable es que perdió alrededor de 18 kilos durante su detención y asegura haber invertido unos 2.500 dólares de dinero enviado desde afuera para comprar alimentos adicionales.

Ese contraste resume la controversia. El ICE sostiene que garantiza tres comidas diarias, agua y supervisión nutricional. Detenidos, organizaciones civiles, inspectores estatales y distintas demandas judiciales describen, en cambio, un sistema en el que algunas personas pasan hambre, pierden peso y terminan comprando alimentos dentro de establecimientos donde no pueden elegir otro proveedor.

La ofensiva migratoria de Donald Trump convirtió nuevamente a las detenciones y deportaciones en uno de los principales debates políticos de Estados Unidos. Pero mientras Washington discute cuántas personas debe arrestar y expulsar, dentro de los centros aparece una pregunta mucho más básica: qué condiciones debe garantizar el Estado a una persona mientras la mantiene privada de su libertad, incluso cuando esa detención es migratoria y no penal.