El máximo tribunal dejó firme la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es la segunda expresidenta condenada a prisión en democracia, tras Isabel Perón.
Política10 de junio de 2025
Alejandro Cabrera
Una decisión histórica que cierra una era
Cristina Fernández de Kirchner ya no tiene margen legal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena por corrupción en la causa Vialidad y rechazó todas las apelaciones presentadas por su defensa. La sentencia del Tribunal Oral Federal 2, que le impuso seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, quedó firme. En consecuencia, la exmandataria no solo irá presa, sino que además no podrá postularse en ninguna elección.
El fallo convierte a Cristina Kirchner en la segunda expresidenta en democracia en enfrentar la cárcel, luego de Isabel Perón. La resolución marca un punto de inflexión en la historia institucional argentina y un cierre simbólico para la era kirchnerista, que dominó la política del país durante más de 15 años.
El caso que desencadenó su caída es el de la obra pública adjudicada a Lázaro Báez en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y luego de la propia Cristina. La justicia probó que hubo direccionamiento sistemático de contratos millonarios y desvío de fondos públicos en favor del empresario amigo de la familia presidencial.
Cristina, inhabilitada y al borde de la detención
Con la condena ratificada, Cristina Kirchner queda automáticamente inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. La posibilidad de encabezar una lista como candidata a diputada provincial, una idea que venía tomando forma en su entorno, quedó descartada. A partir de ahora, ningún fallo judicial podrá revertir su inhabilitación.
El otro capítulo que se abre es el de su detención. La ejecución de la pena queda en manos del Tribunal Oral Federal 2, que deberá emitir una orden para hacer efectiva la prisión. Según trascendió, ese paso podría concretarse en las próximas horas, aunque la edad de la exmandataria (71 años) y sus antecedentes de salud podrían jugar a favor de una modalidad de arresto domiciliario.
En cualquier caso, la ex presidenta pasará a la historia como una dirigente condenada por corrupción en el ejercicio del poder, y el sistema judicial da por cerrado un proceso que se extendió durante más de una década.
“Estar presa es un certificado de dignidad”
Cristina Kirchner intentó anticiparse al fallo con un gesto político. En un acto realizado el lunes en La Matanza, pronunció una frase que hoy cobra otro sentido: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Para el núcleo duro del kirchnerismo, la condena no representa una derrota moral, sino un símbolo de resistencia. Pero la narrativa épica choca ahora con la realidad jurídica.
Los movimientos sociales afines al kirchnerismo ya se movilizan en las calles. Hay cortes de rutas, actos en las plazas y llamados a “resistir” la supuesta “proscripción”. La militancia vuelve a levantar el lema “Cristina proscripta”, mientras que el peronismo institucional debate cómo reordenarse sin su figura más influyente.
Desde el Gobierno nacional, la reacción fue cautelosa. Javier Milei, en medio de su gira por Israel, evitó pronunciamientos directos. En su entorno destacan que el fallo de la Corte es “una señal de que el país empieza a cerrar ciclos de impunidad”. La estrategia libertaria es clara: no interferir, dejar actuar a la justicia y capitalizar el desgaste del adversario.
Un peronismo sin brújula
El impacto en el tablero político es inmediato. Con Cristina fuera de juego, el peronismo pierde a su principal figura electoral. La posibilidad de construir una lista competitiva para las elecciones legislativas de septiembre queda debilitada. Massa no logra consolidarse como referente. Kicillof, aunque gobernador, evita confrontaciones directas. Wado de Pedro y Máximo Kirchner carecen de proyección nacional.
La condena obliga a una reconfiguración profunda. Algunos sectores reclaman una renovación urgente. Otros insisten en sostener el liderazgo de Cristina desde la narrativa del martirio. Pero el escenario es incierto: el kirchnerismo se enfrenta a su mayor crisis de liderazgo desde 2003.
El cronograma electoral suma presión: si la ejecución de la pena se concreta antes del 19 de julio, no habrá margen siquiera para un artilugio legal que permita su candidatura. Si se demora, el kirchnerismo podría inscribirla igual, aunque sin chances reales de asumir.
La Corte y el final de la impunidad
La Corte Suprema selló su fallo sin fisuras. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda coincidieron en que no hay margen para nuevas revisiones. La sentencia del TOF 2 se consideró válida en derecho, fundada en pruebas suficientes y respetuosa del debido proceso. Lorenzetti no participó de la decisión.
En términos institucionales, el fallo representa un acto de reafirmación del Poder Judicial. En medio de ataques, recortes presupuestarios y presiones cruzadas, el máximo tribunal marcó una línea clara: la corrupción, incluso en las más altas esferas del poder, puede y debe ser sancionada.
El mensaje es político, jurídico y simbólico. Cristina Kirchner fue condenada por delitos cometidos mientras presidía la Nación. La Corte confirmó que esos hechos no prescriben ni pueden ser encubiertos por mayorías legislativas o maniobras procesales. Y al hacerlo, envió una señal al resto del sistema: la Justicia no puede ser eternamente rehén del poder.
La Corte orquestó una condena histórica: seis años de prisión domiciliaria y proscripción perpetua. Cristina enfrentará un poder en declive, activará su resistencia política y enfrentará un paisaje interno irreconocible tras la sentencia definitiva.
El abogado Carlos Beraldi cuestionó con dureza la resolución de la Corte Suprema por la causa Vialidad. Describió el fallo como “vergonzoso”, denunció intervenciones impropias en el proceso y anticipó un pedido de prisión domiciliaria para la exmandataria de 72 años.
Un grupo de simpatizantes de La Cámpora atacó violentamente la entrada de los estudios de Artear, sede de TN y El Trece, horas después de que la Corte Suprema confirmara la condena de Cristina Kirchner. Rompieron vidrios, autos, trofeos y causaron diversos desbordes, mientras desde Adepa se exigía proteger a los medios.
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