Alejandro CabreraLa Corte Suprema volvió a mover una pieza central en la causa Vialidad y dejó firme el monto del decomiso que deberán afrontar Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios condenados. El número quedó establecido en $684.990.350.139,86, una cifra que surge de la actualización del perjuicio económico que la Justicia calculó por los sobreprecios y maniobras irregulares en la obra pública vial de Santa Cruz.
La decisión no modifica la condena penal, que ya estaba firme, pero sí impacta en una dimensión decisiva del expediente: el intento de recuperar dinero para el Estado. En otras palabras, la discusión ya no pasa solo por la prisión domiciliaria de la expresidenta o por su inhabilitación política. Ahora la pregunta es patrimonial: qué bienes pueden ejecutarse, en qué orden, con qué límites y hasta dónde puede llegar la Justicia para hacer efectivo el decomiso.
El máximo tribunal rechazó los planteos de las defensas contra la actualización del monto. La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que declararon inadmisibles los recursos. Con ese movimiento, quedó firme la cifra de casi $685.000 millones fijada como perjuicio económico al Estado.
La defensa de Cristina Kirchner cuestionaba la forma de actualización de los casi $85.000 millones fijados originalmente por el Tribunal Oral Federal N°2 en diciembre de 2022. Ese monto debía actualizarse cuando la condena quedara firme, y los peritos contadores de la Corte lo llevaron a $684.990.350.139,86 tomando como base el IPC del INDEC.
El fallo también rechazó planteos vinculados a Lázaro Báez, cuya defensa cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal N°2 para avanzar con la ejecución del decomiso. La Corte desestimó esos argumentos y dejó en pie el criterio de que el tribunal que dictó la condena puede avanzar con la ejecución patrimonial.
La Corte no reabrió la discusión sobre la condena: cerró una discusión clave sobre cuánto dinero debe recuperarse para el Estado.
El decomiso no es una multa común. Es una herramienta penal que busca quitarles a los condenados el beneficio económico obtenido por un delito o recuperar el perjuicio causado. En esta causa, la Justicia entendió que hubo una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz.
La condena determinó que Cristina Kirchner fue responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El Tribunal Oral Federal N°2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la absolvió de la acusación de asociación ilícita. Esa sentencia fue luego confirmada por Casación y quedó firme en la Corte.
El monto original del decomiso fue calculado en $84.835 millones. Según la sentencia, esa cifra contemplaba sobreprecios, cartelización de procesos licitatorios, daños por abandono de obras, modificaciones contractuales y redeterminaciones de precios. Con la actualización, el número trepó a casi $685.000 millones.
La causa Vialidad investigó la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Para la Justicia, esas obras beneficiaron de manera sistemática al Grupo Austral, de Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo.
El expediente sostuvo que hubo licitaciones direccionadas, sobreprecios, incumplimientos y obras inconclusas. En ese marco, los jueces consideraron probado un esquema de administración fraudulenta contra el Estado. Cristina Kirchner siempre rechazó la acusación y denunció persecución política y judicial.
Ese punto sigue siendo central en la lectura pública del caso. Para el antikirchnerismo, la decisión de la Corte confirma que Vialidad fue el expediente más importante sobre corrupción estructural en la obra pública. Para el kirchnerismo, en cambio, se trata de una causa armada, con una Corte alineada contra la expresidenta y con fines de proscripción política. Página/12, por ejemplo, presentó la decisión como una ratificación del decomiso que “acentúa la persecución judicial”.
Con el monto firme, el foco pasa ahora a los bienes. La ejecución no necesariamente significa que Cristina Kirchner o los demás condenados depositen de inmediato casi $685.000 millones. Si no pagan, la Justicia puede avanzar sobre propiedades, activos embargados y otros bienes vinculados a los condenados.
Infobae informó que la orden de decomiso alcanza a 111 bienes y que el Tribunal Oral Federal N°2 ya inició procesos de tasación sobre algunas propiedades ubicadas en el sur del país. También señaló que los bienes de mayor magnitud bajo la lupa pertenecen principalmente a Cristina Kirchner, porque buena parte de los activos de Báez ya fueron rematados o afectados por otros expedientes, como la causa conocida como Ruta del Dinero K.
Uno de los puntos pendientes más sensibles es si pueden decomisarse bienes que figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Según LA NACION, aún restan recursos vinculados a esos bienes, ya que las defensas sostienen que se trata de patrimonio heredado de Néstor Kirchner.
El debate que viene no será solo cuánto se debe pagar, sino qué bienes pueden ser alcanzados por la ejecución.
El fallo llega en un momento de fuerte tensión política. Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria y sigue siendo una figura central para el peronismo, aun con la condena firme y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La decisión sobre el decomiso vuelve a ponerla en el centro de la agenda judicial y política.
Para el Gobierno y para sectores opositores al kirchnerismo, la resolución de la Corte es una señal de avance contra la corrupción. El argumento es simple: no alcanza con condenar penalmente; también hay que recuperar el dinero que, según la Justicia, fue defraudado al Estado.
Para el kirchnerismo, en cambio, el fallo alimenta la narrativa de persecución. La discusión ya no se limita a la sentencia penal, sino que se extiende al patrimonio familiar y a la posibilidad de remates o ejecuciones sobre bienes. Eso puede reactivar movilizaciones, comunicados y denuncias políticas contra la Corte.
La cifra impacta porque combina el monto original de 2022 con la inflación acumulada. El decomiso inicial fue de $84.835 millones, pero la sentencia ordenó que se actualizara al momento de la firmeza de la condena. Los peritos contadores utilizaron el IPC del INDEC y llevaron el cálculo a casi $685.000 millones.
La lógica judicial es que el Estado no debe recuperar una suma licuada por el paso del tiempo. Si el perjuicio se calculó en pesos de 2022, la actualización busca mantener el valor económico de ese daño. Las defensas, en cambio, cuestionaron la metodología y denunciaron que el decomiso se estaba transformando en una especie de resarcimiento civil dentro del proceso penal.
Ese debate técnico tiene consecuencias concretas. Una actualización por IPC multiplica el monto y vuelve mucho más agresiva la ejecución patrimonial. También obliga a precisar si todos los condenados responden por la totalidad del decomiso o si la Justicia terminará estableciendo responsabilidades diferenciadas.
El decomiso alcanza a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa. Según Infobae, además de la expresidenta y Báez, fueron condenados Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich, con penas diferentes por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La responsabilidad patrimonial es solidaria, lo que significa que el Estado puede intentar recuperar el monto sobre los bienes disponibles de los condenados. En la práctica, la discusión se concentra en quiénes tienen bienes suficientes y cuáles están efectivamente disponibles para ser ejecutados.
Ese punto puede abrir una nueva etapa de litigios. Las defensas buscarán frenar, limitar o demorar remates. La fiscalía y el tribunal intentarán avanzar para que la condena no quede solo en una declaración simbólica.
Aunque la Corte dejó firme el monto, no todos los aspectos del decomiso están terminados. Todavía quedan recursos pendientes relacionados con bienes específicos y con la posibilidad de avanzar sobre propiedades transferidas o registradas a nombre de terceros.
Ese será el próximo capítulo. La Justicia deberá definir qué bienes se tasan, cuáles se rematan, qué objeciones acepta y cómo se distribuye la responsabilidad entre los condenados. El proceso puede ser largo, porque cada medida patrimonial suele abrir nuevos planteos defensivos.
La causa Vialidad, entonces, entra en una etapa menos vistosa pero muy relevante: la del dinero. Después de años de debate penal, audiencias, apelaciones y fallos, el expediente se desplaza hacia la ejecución concreta.
La decisión de la Corte confirma que la causa Vialidad seguirá ocupando el centro de la política argentina. Para una parte del país, es la prueba judicial más importante contra el kirchnerismo. Para otra, es la demostración de un sistema judicial que actúa con sesgo político contra Cristina Kirchner.
Esa grieta no se cerrará con el fallo. Al contrario, puede intensificarse. El decomiso toca un terreno especialmente sensible: el patrimonio. No se trata solo de una condena que se cumple en prisión domiciliaria, sino de bienes, herencias, propiedades y dinero.
La Corte dejó firme el número: casi $685.000 millones. Ahora empieza la disputa por la ejecución. Y en esa etapa se verá si el fallo logra traducirse en recuperación efectiva de activos para el Estado o si queda atrapado en una nueva batalla judicial, política y familiar alrededor de Cristina Kirchner.
