Alejandra Larrea
Quince años después de cometer un crimen que conmocionó a Santiago del Estero, un femicida volvió a aparecer en la vida de la familia de su víctima. Desde la cárcel, donde cumple una condena a cadena perpetua, realizó una llamada telefónica a la madre de la niña de 12 años a la que asesinó, para pedirle perdón.
El gesto, que él presentó como un acto de arrepentimiento, reabrió una herida que nunca cicatrizó. La mujer, que desde el crimen se convirtió en una referente de la lucha contra la violencia de género, expresó que la comunicación fue inesperada y dolorosa, y que no cree en el arrepentimiento de quien le arrebató a su hija.
El crimen ocurrió en 2010, cuando la menor fue atacada, abusada y asesinada en un barrio periférico de la capital santiagueña. El agresor, un conocido del entorno familiar, fue identificado y detenido a las pocas horas. El juicio que lo condenó reveló la violencia extrema del ataque y lo sentenció a prisión perpetua, pena que sigue cumpliendo en una unidad penitenciaria de la provincia.
En la conversación telefónica, el hombre habría dicho frases como “estoy pagando mi error” y “quiero pedirte perdón”, palabras que, lejos de aliviar, removieron el dolor y el enojo de la madre. Ella afirmó que el sufrimiento de una pérdida así no se repara con disculpas tardías, y que su lucha es porque ningún otro niño o niña pase por lo mismo.
El contacto entre condenados y familias de víctimas no es habitual, pero puede producirse cuando hay acceso a teléfonos dentro de las cárceles. Este episodio volvió a poner en discusión la necesidad de regular y restringir las comunicaciones, así como reforzar el acompañamiento psicológico a familiares que reciben este tipo de acercamientos no solicitados.
La madre de la niña ha sostenido durante años una cruzada por la memoria de su hija, impulsando campañas, marchas y actividades de concientización. También ha pedido de forma reiterada mejoras en el sistema judicial y mayor control sobre los condenados, argumentando que “los presos tienen más derechos que las víctimas”.
El llamado telefónico, según trascendió, fue breve y no derivó en ningún diálogo posterior. La mujer aseguró que no volvería a atenderlo y que su prioridad sigue siendo mantener viva la historia de su hija, para que el crimen no quede en el olvido y sirva como motor para prevenir otros.
El hecho de que un condenado por un delito tan grave pueda establecer contacto con la familia afectada reaviva la discusión sobre el equilibrio entre los derechos humanos de los reclusos y la protección emocional de las víctimas, en un sistema penal que aún busca respuestas efectivas para estos casos.
La llamada desde prisión no fue para la madre de la víctima un gesto de paz, sino una nueva agresión emocional. Lejos de cerrar un ciclo, expuso las falencias de un sistema que no siempre considera el impacto psicológico de sus omisiones. La voz del asesino volvió a irrumpir en su vida, pero también reforzó su convicción de seguir exigiendo justicia y protección para quienes, como ella, llevan el peso eterno de una pérdida irreparable.
