Alejandra Larrea
Un operativo médico solidario terminó en un episodio de violencia institucional en Chaco. Un comisario, bajo los efectos del alcohol, atacó a un grupo de profesionales de la salud que brindaba atención gratuita en el monte chaqueño, generando indignación y alarma en la comunidad.
La fundación afectada denunció que el oficial golpeó a un voluntario, detuvo a una médica y trató de incautar vehículos, en una muestra de abuso de poder que puso en riesgo a quienes trabajan por el bienestar de niños y familias en situación vulnerable.
El incidente ocurrió cuando los médicos voluntarios concluían una campaña de atención en zonas rurales y se preparaban para regresar a sus provincias de origen. A la salida de un alojamiento local, fueron interceptados por el jefe policial de Taco Pozo, quien visiblemente alcoholizado increpó a los presentes y descargó violencia sobre uno de los integrantes del equipo.
El clima de tensión se agravó cuando el comisario obligó a una de las médicas a ingresar en la comisaría, donde quedó detenida sin motivo aparente. Según relataron los voluntarios, la autoridad intentó además confiscar vehículos de la organización, lo que paralizó la logística del regreso.
La violencia desatada no fue un hecho aislado, sino la expresión de una dinámica donde el uniforme se utilizó como herramienta de intimidación contra civiles desarmados y dedicados a la asistencia sanitaria. El malestar entre los médicos fue inmediato, tanto por el peligro físico como por el impacto moral de haber sido agredidos en el marco de una misión humanitaria.
La denuncia realizada por la fundación desencadenó medidas urgentes por parte de las autoridades provinciales, que dispusieron la separación preventiva del comisario de su cargo mientras avanza la investigación. Paralelamente, organismos de derechos humanos comenzaron a intervenir para garantizar la seguridad de los voluntarios.
El hecho reaviva un debate profundo sobre la violencia institucional en el interior del país y la necesidad de resguardar a quienes trabajan en zonas marginadas. En un contexto social donde la presencia del Estado es limitada, la labor de las fundaciones y profesionales voluntarios se vuelve esencial, y la agresión sufrida revela las tensiones que persisten en algunas fuerzas de seguridad.
Lo sucedido en Taco Pozo abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno en la Policía chaqueña, el peso de la impunidad y las condiciones en que los equipos solidarios deben operar en regiones alejadas de los centros urbanos.
El ataque contra los médicos en Chaco muestra la fragilidad institucional frente al abuso de poder y expone la urgencia de proteger a quienes trabajan por los sectores más vulnerables.
