Alejandro Cabrera
El escándalo por el fentanilo contaminado que ya dejó un tendal de víctimas en Argentina se transformó en una bomba política y judicial con derivaciones inesperadas. Lo que comenzó como una tragedia sanitaria se convirtió rápidamente en un caso testigo sobre la fragilidad institucional, la permeabilidad del Estado frente a intereses espurios y la manera en que el delito organizado puede infiltrarse en los sistemas de control sin que nadie intervenga. O peor aún: con la anuencia de quienes debían garantizar la seguridad pública.
En el centro de la escena se encuentra el laboratorio HLB Pharma Group, señalado por haber distribuido fentanilo contaminado que provocó al menos 97 muertes, además de cientos de casos de intoxicación aguda en diferentes provincias del país. Las primeras investigaciones se concentraron en el producto adulterado y en la cadena de distribución, pero rápidamente derivaron hacia el corazón del problema: la connivencia entre inspectores, funcionarios y empresarios.
La periodista Camila Dolavjian consiguió el testimonio de una ex empleada que rompió el silencio este lunes al denunciar que era habitual en HLB recibir "avisos" desde dentro de la ANMAT cuando se iba a realizar una inspección. "Nos decían: 'va a caer la inspección mañana'. Y justo ese día desaparecía todo lo irregular", explicó. Según su relato, había sustancias almacenadas sin control, partidas vencidas y medicamentos sin documentación. Pero lo más grave era la certeza de que nada iba a pasar: "La empresa sabía que estaba protegida".
La denuncia de Dolavjian pone en jaque a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que se limitó a emitir un comunicado institucional sin dar nombres ni abrir sumarios internos. En paralelo, la Justicia investiga si hubo pagos o favores para obtener esas advertencias anticipadas. Todo apunta a un esquema montado para evitar controles reales.
NARCOTRAFICO EN LA MIRA
Las ramificaciones del caso no terminan allí. En los últimos días surgieron indicios de una conexión entre el laboratorio y organizaciones vinculadas al narcotráfico. No se trata de una acusación directa sobre producción de droga ilícita, sino de un entramado que habría permitido el desvío de opioides y anestésicos hacia circuitos ilegales. La DEA fue notificada tras detectarse patrones similares a operaciones en México y Colombia.
Las alarmas saltaron también en el Congreso, donde se abrió una comisión especial para analizar la actuación del Estado. El problema excede al fentanilo: pone en evidencia una estructura colapsada. La cadena de autorizaciones, controles y seguimientos sobre laboratorios y distribuidores funciona con una opacidad que habilita desvíos, errores y encubrimientos. En el caso de HLB, además, se constató que siguió operando incluso cuando había alertas internas sobre fallas graves.
El Gobierno enfrenta una crisis de confianza. Los familiares de las víctimas exigen respuestas y comenzaron a organizarse en redes y marchas. El Ministerio de Salud intentó despegarse, pero la relación con la ANMAT es directa. Y el Poder Ejecutivo no puede desconocer que hubo alertas previas. Algunos funcionarios comenzaron a deslizar que la responsabilidad recaía en gestiones anteriores, pero lo cierto es que los controles colapsaron en tiempo presente.
Una de las derivaciones más inquietantes es la aparición de intermediarios que actuaban como "puentes" entre laboratorios y organismos estatales. Estos gestores, muchas veces camuflados como consultores o asesores, cobraban por facilitar trámites, evitar sanciones o directamente bloquear inspecciones.
El fiscal a cargo del caso avanza con una estrategia que apunta alto: ya solicitó los registros de comunicación entre altos funcionarios de la ANMAT y las autoridades de HLB Pharma. También pidió el listado de partidas distribuidas en los últimos doce meses, así como la trazabilidad de los insumos utilizados en cada lote. La sospecha es que el problema no fue un accidente aislado, sino un patrón sistemático.
A medida que avanza la investigación, aparecen también documentos que muestran cómo HLB fue beneficiado en distintas licitaciones públicas, incluso cuando arrastraba sanciones o advertencias previas. En un expediente del año pasado se detectó que el laboratorio ganó una licitación millonaria para proveer analgésicos a hospitales públicos, pese a haber sido observado por irregularidades logísticas. La auditoría fue archivada sin justificación.
La muerte silenciosa del fentanilo adulterado dejó un reguero de dolor, pero también una postal demoledora del Estado. Funcionarios que miran para otro lado, organismos que avisan con anticipación para evitar sanciones, licitaciones que premian a empresas señaladas y una trama paralela donde el negocio de los medicamentos se mezcla con estructuras mafiosas.
DECLRACIONES CLAVES
En las últimas horas otros tres empleados –dos activos y uno recientemente despedido– comenzaron a colaborar con la Justicia. Todos coinciden en un punto clave: las advertencias internas eran sistemáticamente desoídas o silenciadas. Uno de ellos incluso declaró que se había iniciado un sumario disciplinario contra un supervisor por intentar denunciar irregularidades.
El caso fentanilo ya superó el umbral de escándalo sanitario. Es un caso testigo de corrupción, complicidades y muerte. La pregunta que se impone es si alguien irá preso o si, como tantas veces, la indignación quedará sepultada bajo el peso de las burocracias.
Por ahora, lo único claro es que la sustancia mortal que se cobró casi un centenar de vidas no fue solo un accidente químico. Fue el producto final de una cadena de desidia, impunidad y negocios sucios que sigue operando en el corazón del sistema.
