El juez federal Daniel Rafecas le prohibió salir del país a Luciano Pantano y a su madre, Ana Lucía Conte, titulares formales de una lujosa quinta en Villa Rosa, Pilar, que la Coalición Cívica atribuye a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. En paralelo, otra causa por presunto lavado con la financiera Sur Finanzas derivó en allanamientos a la AFA y al menos 17 clubes del fútbol argentino.
Actualidad09 de diciembre de 2025
Alejandra Larrea
Una quinta bajo la lupa y un cerrojo judicial
La Justicia federal avanzó sobre uno de los símbolos más visibles del escándalo que envuelve a la cúpula del fútbol argentino: una quinta de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, con helipuerto, haras y un galpón repleto de autos de alta gama. El juez Daniel Rafecas dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes de quienes figuran como dueños en los papeles: Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, además de la firma Real Central SRL.
La propiedad fue denunciada por la Coalición Cívica como presunto emblema de una maniobra de lavado de dinero y supuesto testaferro de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y de su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino. La sospecha central es que el inmueble no se condice con los ingresos declarados de los titulares formales y que podría ser parte de un entramado patrimonial armado para esconder bienes vinculados al poder del fútbol.
Quiénes son Pantano y Conte y por qué quedaron atrapados en la causa
De acuerdo a los informes fiscales y previsionales incorporados al expediente, Ana Lucía Conte fue monotributista hasta 2012, durante la pandemia cobró el IFE y luego obtuvo la jubilación, con cobertura de PAMI. En 2022 pasó a figurar como trabajadora autónoma con ingresos muy bajos y, casi en simultáneo, se convirtió en accionista mayoritaria de la empresa que adquirió el lote de la quinta en Pilar.
Luciano Pantano, por su parte, estuvo inscripto como monotributista con un tope de facturación anual de 40 millones de pesos y registra deudas bancarias recientes. A la vez, tiene vínculos directos con el mundo del fútbol: fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown.
Para los denunciantes y para el juzgado, la combinación de patrimonios modestos, deudas y una mansión de más de 100.000 metros cuadrados con helipuerto y decenas de vehículos de alta gama resulta, como mínimo, inverosímil sin la intervención de fondos de origen no declarado. Por eso Rafecas ordenó no solo la prohibición de salida del país, sino también la inhibición total de bienes y el congelamiento de cuentas de Pantano, Conte y Real Central SRL.
La denuncia política que encendió la mecha
La causa se originó en una presentación de la Coalición Cívica, encabezada por Elisa Carrió, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, que planteó que la fastuosa quinta sería en realidad propiedad de Tapia y Toviggino o, al menos, estaría a nombre de testaferros ligados a ellos.
En base a esa denuncia, Rafecas ordenó una batería de medidas: pedidos de información fiscal a la DGI y a ARCA, informes patrimoniales, inspecciones sobre el inmueble y consignas permanentes de la Policía Federal en los accesos al predio, con registro fotográfico de vehículos y personas que ingresen o salgan.
Mientras se define si el expediente quedará definitivamente en el fuero federal o en el penal económico, el mensaje es claro: la Justicia no quiere que quienes aparecen como titulares de la quinta puedan irse del país ni mover su patrimonio mientras se reconstruye el flujo de dinero que permitió esa adquisición.
Escándalo Sur Finanzas: allanamientos en la AFA y 17 clubes
En paralelo a la causa de la quinta de Pilar, otro expediente puso al fútbol argentino bajo una lupa todavía más amplia. En el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal vinculada a la financiera Sur Finanzas, el juez federal Luis Armella ordenó más de 30 allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y al menos 17 clubes de primera, ascenso y categorías menores.
Sur Finanzas, cuyo dueño es el financista Ariel Vallejo, construyó un entramado de contratos de sponsoreo y servicios financieros con clubes de todo el país. Entre los allanamientos se incluyeron Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Argentinos Juniors, Platense, Morón, Los Andes, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Excursionistas, Acassuso, Almirante Brown, Temperley, Dock Sud, Victoriano Arenas y el club Recreativo Estrella del Sur, además de oficinas vinculadas y joyerías.
Los investigadores buscan documentación sobre contratos, transferencias de dinero, posibles triangulaciones y movimientos que, según la denuncia de organismos fiscales, podrían sumar operaciones sospechosas por cientos de miles de millones de pesos. El foco está en determinar si se usó la estructura del fútbol para canalizar fondos de origen opaco a través de patrocinios, factoring, pagos virtuales y supuestos monotributistas “pantalla”.
Tapia, Toviggino y el poder del fútbol en el centro de las sospechas
Aunque las causas son distintas —una por la quinta de Pilar, otra por Sur Finanzas— ambas convergen en un punto: el corazón del poder del fútbol argentino. En el expediente de la quinta se investiga si la mansión de Villa Rosa pertenece, en realidad, a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino a través de presuntos testaferros. En la causa Sur Finanzas, se intenta reconstruir la trama de vínculos entre la financiera de Ariel Vallejo y la AFA, así como los clubes que firmaron contratos con ella.
El nombre de Tapia aparece así rodeado por un doble frente judicial: por un lado, la sospecha patrimonial de la quinta; por otro, la investigación sobre una financiera que creció a la sombra del fútbol con contratos millonarios y operaciones bajo la lupa. Toviggino, tesorero de la AFA y figura clave en la administración diaria, también queda alcanzado por el ruido público que generan ambas causas.
Fútbol, política y justicia: un triángulo inestable
El avance de estas investigaciones no se da en el vacío. Llega en medio de tensiones entre la AFA y el gobierno de Javier Milei por el proyecto de permitir sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, algo que la casa madre resiste con dureza.
En ese contexto, allanamientos a la sede de Viamonte, al predio de Ezeiza y a clubes importantes, sumados a la investigación sobre una mansión que se adjudica informalmente a las máximas autoridades de la AFA, alimentan sospechas cruzadas: desde quienes ven un saneamiento necesario del negocio del fútbol hasta quienes interpretan las causas como parte de una batalla política más amplia.
Mientras tanto, los juzgados avanzan sobre papeles, balances, escrituras y registros fiscales. La imagen pública del fútbol argentino, ya golpeada por escándalos previos, vuelve a quedar asociada a denuncias de lavado, testaferros, autos de lujo y quintas de película.
Lo que viene: pericias, tasaciones y eventuales imputaciones
En el caso de la quinta de Pilar, el próximo paso será la tasación formal del inmueble y de la flota de vehículos a nombre de Real Central SRL —al menos 59 autos y motos, muchos de alta gama y de colección— para contrastar su valor con los ingresos declarados de sus titulares formales.
En la causa Sur Finanzas, la lupa estará sobre los peritajes contables de los contratos con clubes, los movimientos bancarios, los supuestos monotributistas utilizados como “puente” y la trazabilidad de los fondos que circularon por la plataforma financiera investigada. De esos informes dependerá que la Justicia avance con imputaciones más concretas por lavado de activos, evasión y asociación ilícita.
Lo único seguro, por ahora, es que el cerco judicial se cerró un poco más: los dueños formales de la quinta ya no pueden salir del país ni mover su patrimonio con libertad, la AFA y los clubes atraviesan una de las mayores operaciones de allanamiento de su historia reciente y el fútbol argentino vuelve a estar en el centro de un escándalo donde la pelota casi no se ve.
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