El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la prohibición del uso, la venta y la fabricación de pirotecnia sonora. La medida busca reducir el impacto negativo en personas con hipersensibilidad auditiva, niños, adultos mayores y animales, y marca un cambio de criterio en la regulación del uso de fuegos artificiales.
Actualidad19 de diciembre de 2025
Alejandra Larrea
La Ciudad de Buenos Aires avanzó con la prohibición total de la pirotecnia sonora en todo su territorio, una decisión que modifica de manera sustancial el marco normativo vigente y responde a reclamos sostenidos de organizaciones sociales, familias y sectores vinculados a la salud y al bienestar animal. La medida alcanza tanto al uso como a la comercialización y fabricación de este tipo de artefactos.
La normativa apunta a eliminar los fuegos artificiales que generan estruendos y explosiones audibles, manteniendo la posibilidad de utilizar pirotecnia lumínica, que no produce impacto sonoro. El objetivo central es reducir los efectos adversos que el ruido provoca en personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores, pacientes con determinadas patologías y animales domésticos.
La decisión se enmarca en una tendencia que ya se observa en distintas ciudades del país y del mundo, donde se prioriza la convivencia urbana y el cuidado de la salud por sobre el uso recreativo de pirotecnia tradicional.
Qué implica la prohibición y a quiénes alcanza
La prohibición rige en todo el ámbito de la Ciudad y abarca cualquier elemento pirotécnico que produzca sonido perceptible. Esto incluye fuegos artificiales de uso recreativo, bombas de estruendo y otros dispositivos similares, independientemente de la fecha o el evento en el que se utilicen.
La normativa también establece restricciones sobre la cadena comercial, impidiendo la fabricación, el almacenamiento y la venta de pirotecnia sonora dentro del territorio porteño. De este modo, se busca evitar no solo su uso, sino también su circulación previa a celebraciones como las fiestas de fin de año o eventos deportivos.
El incumplimiento de la prohibición contempla sanciones, que van desde multas económicas hasta el decomiso de la mercadería, en función de la gravedad de la infracción y de la reincidencia.
El impacto en la salud y la convivencia urbana
Uno de los principales argumentos que impulsaron la medida es el impacto del ruido extremo en la salud. Los estruendos provocados por la pirotecnia pueden generar crisis en personas con hipersensibilidad sensorial, ataques de pánico, descompensaciones cardíacas y trastornos del sueño.
En el caso de los animales, especialmente perros y gatos, los efectos del ruido incluyen estrés severo, desorientación, intentos de fuga y lesiones. La prohibición busca atender una demanda social creciente vinculada al bienestar animal y a la convivencia responsable en entornos urbanos densamente poblados.
Además, la eliminación de la pirotecnia sonora apunta a reducir riesgos de accidentes, quemaduras e incendios, especialmente en zonas residenciales.
Un cambio cultural en marcha
Desde el Gobierno porteño señalaron que la medida no busca eliminar las celebraciones, sino promover formas alternativas de festejo que no impliquen daño ni molestias para terceros. En ese sentido, se habilita el uso de pirotecnia lumínica y otras expresiones visuales que no generan contaminación sonora.
El desafío, remarcan, será acompañar la norma con campañas de concientización y control efectivo, para garantizar su cumplimiento y evitar que la prohibición quede solo en el plano formal.
La decisión también abre un debate más amplio sobre el uso del espacio público, los límites de las celebraciones individuales y el derecho de las personas a vivir sin sobresaltos ni ruidos extremos.
Una medida con impacto directo en fechas clave
La prohibición cobra especial relevancia en la antesala de las fiestas de fin de año, cuando históricamente se registra un aumento del uso de pirotecnia. Con la nueva normativa, la Ciudad busca anticiparse a ese escenario y reducir conflictos, accidentes y situaciones de riesgo.
El control quedará a cargo de las áreas de fiscalización y seguridad, que podrán intervenir ante denuncias y operativos preventivos. La implementación efectiva será clave para medir el alcance real de la medida y su aceptación social.
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