El Senado avanzó con un freno a los DNU: 90 días para validarlos y caída si una sola Cámara los rechaza

El Senado de la Nación aprobó este jueves un proyecto que marca un hito en la historia institucional reciente. Con una mayoría de 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la Cámara alta dio media sanción a una iniciativa que modifica la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y establece un esquema de control más estricto para el Poder Ejecutivo. El debate, cargado de tensión política, se produjo en la misma jornada en que los senadores habían decidido dejar sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que refuerza el mensaje de que el Congreso busca recuperar protagonismo frente a un oficialismo que viene gobernando con decretos y decisiones unilaterales.

La nueva norma establece que cada DNU deberá ser tratado por el Congreso dentro de un plazo máximo de 90 días. Si en ese lapso no obtiene la aprobación explícita de ambas cámaras, perderá vigencia automáticamente. A su vez, se introduce una cláusula central: bastará con que una sola de las cámaras lo rechace para que quede anulado, revirtiendo el esquema previo en el que hacía falta que Diputados y Senado coincidieran en el rechazo para derribar un decreto. De este modo, se elimina la práctica extendida en las últimas décadas que permitía que muchos DNU siguieran en pie simplemente porque el Congreso no los trataba o porque una de las cámaras bloqueaba el debate.

Otro de los cambios relevantes es la obligación de que los decretos sean de “materia única”. Esto significa que no podrán abarcar decenas de temas en un mismo texto, como ocurrió con el Decreto 70/2023 que el actual Gobierno utilizó como herramienta fundacional de su gestión. Con esta limitación, se busca impedir que el Ejecutivo concentre reformas masivas en una sola norma, obligándolo a separar los contenidos y a dar a cada uno un marco de discusión específico.

El debate en el recinto estuvo atravesado por críticas de la oposición al uso sistemático de los DNU por parte de la Casa Rosada. Los senadores que respaldaron la reforma señalaron que la Constitución reserva esta herramienta para situaciones excepcionales y que no puede convertirse en la vía habitual para gobernar. Argumentaron además que la nueva legislación refuerza la división de poderes y pone al Congreso en el rol que nunca debió perder: el de ser la caja de resonancia de los grandes debates políticos y sociales. El oficialismo, en cambio, defendió la necesidad de mantener la flexibilidad de los decretos en un contexto de crisis económica y política, aunque no logró revertir la mayoría que se había consolidado en la oposición.

El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde deberá obtener el mismo respaldo para convertirse en ley. Si es aprobado sin cambios, será girado al Ejecutivo para su promulgación. En caso de que el Gobierno lo vete, el Congreso tendrá la posibilidad de insistir con una mayoría especial, lo que abriría un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre el Parlamento y la Casa Rosada. Mientras tanto, hasta que no haya sanción definitiva, seguirá vigente la normativa actual, que es mucho más laxa y permite al Ejecutivo un margen mucho mayor de maniobra.

La aprobación en el Senado no solo refleja la voluntad de limitar al presidente Javier Milei, sino también el deseo de dejar atrás una larga tradición de hiperpresidencialismo en la Argentina. Por primera vez en décadas, se avanza hacia un esquema que obliga al Ejecutivo a construir consensos y que devuelve al Congreso la potestad de controlar de manera efectiva el uso de decretos que, en la práctica, tienen la misma fuerza que una ley.

La sesión en la que se votó la reforma fue leída como un golpe político directo al oficialismo. En menos de 24 horas, la Casa Rosada sufrió dos derrotas parlamentarias de gran impacto: la anulación del veto a la Ley de Discapacidad y la aprobación de un proyecto que recorta drásticamente el margen de acción de los DNU. Ambos episodios fortalecen a la oposición y muestran que el Congreso puede actuar de manera articulada para marcar límites.

La discusión sobre los DNU se inscribe en un debate más profundo sobre la calidad institucional en la Argentina. La norma aprobada por el Senado busca garantizar que la excepcionalidad no se convierta en regla, que los decretos no sustituyan a las leyes y que el Ejecutivo, sea cual sea su signo político, esté obligado a convivir con un Congreso que funcione como contrapeso real. Si Diputados confirma este rumbo, la política argentina podría ingresar en una nueva etapa, menos concentrada en la figura presidencial y más equilibrada entre los distintos poderes del Estado.