Alejandra Larrea
El vuelo chárter de Omni Air International tocó suelo argentino a las 3:17 de la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con los diez deportados, quienes ingresaron por la terminal privada y más tarde se reencontraron con sus familiares. Todos fueron llevados de regreso bajo un operativo especial, sin incidentes de seguridad mayores, aunque algunos de los pasajeros declararon que les fue informada una prohibición temporal de regreso a EE.UU. por cinco años.
Entre los deportados confirmados se encuentran Daniel Rodrigo Céspedes, imputado por robo; Maximiliano García, sin antecedentes; Luciana Lorena Lopresti, por agresión; Sandra Márquez; Ernesto Nunez; Marcos Ontivero, vinculado a procurar prostitución; Pablo Ridolfo, por delitos contra el orden público; Mario Robles; Julián Francisco Rojas; y Rodolfo Valor, con causa por tráfico.
La Cancillería argentina estuvo presente para asistir a los ciudadanos repatriados, aunque evitó detallar los documentos legales completos o el estatus migratorio previo de cada uno. Cinco de los diez no tenían antecedentes penales — según declaraciones diplomáticas — lo que destapó cuestionamientos sobre los criterios con que fue ordenada su expulsión.
El vuelo provenía de Texas, hizo escalas programadas en Louisiana, Bogotá y Belo Horizonte antes de arribar a Buenos Aires. Fue organizado bajo la política migratoria estadounidense vigente, que censura irregularidades de residencia o ingreso, así como delitos menores o faltas migratorias, como causas justificantes de deportación.
El regreso se desarrolló con relativa calma: algunos de los deportados viajaron con solo lo esencial y agradecieron el trato. En diálogo público, uno de ellos manifestó que “solamente buscamos el sueño americano”, y expresó resignación ante la prohibición temporal de retorno a EE.UU.
El episodio reavivó el debate sobre la transparencia en los procesos migratorios y judiciales relacionados con deportaciones. Organizaciones de derechos humanos pidieron mayor claridad sobre las causas, el acceso a defensa legal y la protección de ciudadanos en el exterior. También exigieron que el Estado argentino garantice asistencia social, psicológica y legal para quienes regresan bajo estas condiciones.
