Ley bonaerense declara prohibido el uso libre de celulares en escuelas primarias

El debate venía de semanas atrás, con crecientes preocupaciones de docentes, familias y especialistas por el impacto del uso indiscriminado de celulares entre los niños. Se decía que no solo distraen, sino que fragmentan la atención y complican los procesos de aprendizaje fundamentales en los primeros grados. Esta nueva norma apunta a restablecer un ambiente educativo más concentrado y propicio para que los alumnos interioricen la lectoescritura, mejoren su comprensión lectora y fortalezcan su interactuación con compañeros sin la interferencia constante de dispositivos digitales.

El proyecto fue impulsado por los senadores Emmanuel González Santalla y Lorena Mandagarán y obtuvo aprobación primero en el Senado y luego en Diputados de la provincia. Según lo sancionado, la restricción regirá durante el tiempo que los estudiantes estén en clases, salvo en los casos en que los docentes indiquen que el uso del dispositivo es necesario para alguna actividad pedagógica. El Ejecutivo tiene un plazo de seis meses (180 días) para reglamentar la ley, y se estima que la aplicación obligatoria podrá empezar en 2026.

Los promotores de la ley argumentan que los resultados del Operativo Aprender 2024 mostraron dificultades significativas: un porcentaje relevante de alumnos de tercer grado no alcanza los niveles mínimos en lectura, y existe una preocupación por los efectos de la tecnología en el nivel de atención, desarrollo emocional y social de los niños. No se trata de rechazar la tecnología, dicen, sino de regular su uso para que deje de ser una distracción permanente.

El impacto de esta medida podría ser amplio. Más allá de lo que ocurre en las aulas, se espera que se genere conciencia comunitaria sobre la importancia de ordenar el uso de pantallas entre los menores, promover espacios de juego real, lectura y participación activa. También se prevé que las escuelas deban ajustar sus protocolos, poner en práctica mecanismos de control del uso, aumentar comunicación con los padres y ajustar la infraestructura educativa para acompañar el cambio.

El fin último de la ley es doble: mejorar la calidad educativa al reducir distracciones, y cuidar la salud integral de los alumnos, evitando los perjuicios que pueden surgir de la exposición temprana y sin límites a dispositivos digitales. Será clave la implementación práctica, el acompañamiento docente, y la aceptación de la comunidad escolar para que la norma cumpla lo que promete.