El hallazgo de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri expuso la brutalidad de las mafias narco. La captura de “Pequeño J” en Perú y las detenciones recientes marcan un giro en la causa, mientras crece la presión social y política para esclarecer los vínculos detrás de la masacre.
Policiales02 de octubre de 2025
Alejandro Cabrera
El triple asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela continúa estremeciendo a la sociedad argentina. El hallazgo de los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verri (20) con signos de tortura y mutilaciones encendió todas las alarmas sobre el poder del narcotráfico en el Conurbano bonaerense.
Las víctimas habían desaparecido tras aceptar la invitación a una supuesta fiesta en La Tablada. Cinco días más tarde, fueron encontradas enterradas en el fondo de una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela. Desde entonces, la investigación se centró en una hipótesis dominante: se trató de un ajuste de cuentas narco, ejecutado con una violencia extrema y con la presunta transmisión en vivo de parte del crimen como mensaje disciplinador hacia el interior de la banda.
Avances judiciales: la caída de “Pequeño J”
La principal novedad de la causa llegó el 1 de octubre, cuando las autoridades confirmaron la captura en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”. Para los investigadores, se trata del autor intelectual de la masacre y pieza clave dentro de la organización que controlaba parte del negocio de la droga en el sur del Conurbano.
La detención se produjo en un operativo coordinado con Interpol y marcó un punto de inflexión en la investigación. Junto a “Pequeño J” fueron apresados Matías Ozorio, su lugarteniente, y otros miembros de la estructura. En paralelo, en la provincia de Buenos Aires se llevaron a cabo allanamientos que derivaron en nuevas detenciones: nueve personas fueron señaladas por su rol en la logística, la limpieza de la escena y el encubrimiento.
La extradición de “Pequeño J” a la Argentina ya está en trámite y será clave para profundizar la línea de investigación sobre el móvil y los autores materiales del crimen.
Un crimen narco con mensaje mafioso
Los fiscales sostienen que el triple asesinato responde a un ajuste de cuentas: una de las víctimas habría sustraído una importante cantidad de cocaína perteneciente a la organización. La respuesta fue brutal: secuestro, tortura y ejecución, con la intención de instalar un mensaje intimidatorio hacia la red de distribución y hacia otros grupos que operan en la zona.
Los cuerpos de las jóvenes evidenciaban signos de violencia sistemática. A Lara, de 15 años, le cortaron los dedos y parte de la oreja antes de degollarla. Los peritos remarcan que se trató de una metodología propia de ejecuciones mafiosas, con el objetivo de sembrar terror.
El caso, además, puso de relieve el concepto de “narcofemicidio”: la intersección entre la violencia narco y la violencia de género, en un país que arrastra altos índices de femicidios y donde las organizaciones criminales utilizan a las mujeres como blanco de disciplinamiento.
Impacto social y movilización
La sociedad reaccionó con marchas multitudinarias bajo el reclamo de “Justicia por Lara, Brenda y Morena”. Colectivos feministas y organizaciones sociales denunciaron no solo la responsabilidad del narcotráfico, sino también la falta de prevención del Estado frente a una red que opera con total impunidad en barrios vulnerables.
Las protestas tuvieron fuerte repercusión en Florencio Varela, La Plata, y en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, con consignas que exigieron la intervención federal y el fortalecimiento de políticas de género en la seguridad.
El caso, además, disparó un debate más amplio sobre la relación entre narcotráfico, desigualdad social y violencia machista. Las organizaciones insisten en que la mirada judicial no debe limitarse al crimen organizado, sino también considerar la condición de las víctimas como mujeres jóvenes, pobres y desprotegidas.
Consecuencias políticas y disputas institucionales
La conmoción del triple crimen repercutió de inmediato en la política. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra la administración bonaerense por no garantizar control territorial y habló de “zonas liberadas” en Florencio Varela. Desde el gobierno provincial, en cambio, respondieron que la seguridad federal debía reforzar los puntos críticos y que la connivencia judicial con las bandas también debía ponerse bajo la lupa.
En el Congreso, opositores reclamaron un debate urgente sobre la escalada narco, mientras que algunos oficialistas pidieron prudencia para no “politizar” una tragedia. Sin embargo, el caso ya instaló un nuevo eje de confrontación: la disputa sobre quién es responsable de combatir el narcotráfico en el territorio más caliente del país.
Lo que falta esclarecer
La Justicia trabaja ahora sobre varias incógnitas:
Confirmar el móvil exacto del crimen y la supuesta sustracción de droga como disparador.
Avanzar en la identificación de todos los autores materiales, ya que algunos aún están prófugos.
Desentrañar la red de protección política y policial que habría permitido la operación del grupo en Varela.
Determinar si efectivamente hubo transmisión en vivo de la tortura y asesinato, como señalan algunos testimonios.
Mientras tanto, la extradición de “Pequeño J” será clave para profundizar el interrogatorio y acercarse a una verdad judicial.
La entidad civil exigió al Gobierno un plan integral contra el crimen organizado tras el triple femicidio de Florencio Varela. Alertó sobre el debilitamiento de las instituciones si no se actúa con decisión.
La ministra de Seguridad vinculó el triple crimen narco de Florencio Varela con la necesidad de que la Justicia provincial utilice la normativa contra el crimen organizado. Explicó cómo se capturó a “Pequeño J” y Matías Ozorio en Perú y a Víctor Sotacuro en Bolivia.
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