Triple Crímen

Washington pasó de castigar instalaciones militares a golpear directamente una de las principales fuentes de financiamiento de Teherán. La respuesta llegó con ataques contra buques comerciales, una base norteamericana en Jordania y amenazas sobre terminales de Kuwait y Baréin, mientras el crudo volvió a superar los US$100 y crece el riesgo de que el conflicto termine alterando el abastecimiento energético mundial.

El empresario colombiano, señalado durante años por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro, admitió en una corte federal de Miami haber participado en una conspiración para lavar dinero vinculada con contratos del programa CLAP. Aceptó entregar US$195 millones, colaborar con el Departamento de Justicia y podría recibir una reducción de pena si su cooperación resulta sustancial. El dato más importante no es solamente la confesión: Saab conoce durante años circuitos de pagos, empresas, contratos petroleros, funcionarios y mecanismos utilizados por el chavismo para operar bajo sanciones, mientras Maduro espera un juicio federal en Nueva York para 2027.

La captura del puerto yemení de Moca, de la estratégica isla de Mayun y posteriormente de las islas Hanish colocó a los hutíes en una posición mucho más fuerte sobre una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Al mismo tiempo, un ataque con drones obligó a Arabia Saudita a cerrar su oleoducto Este-Oeste, construido precisamente para evitar el estrecho de Ormuz, y las cargas de crudo en Yanbu quedaron suspendidas. El Brent cerró este martes en US$108,75 y algunas cargas físicas europeas superaron los US$120. Para Egipto, que recién comenzaba a recuperar tráfico e ingresos en Suez, la nueva crisis amenaza con devolver al canal al peor escenario de los últimos años.

La Justicia aclaró que la prórroga concedida al exjefe de Gabinete se computa en días hábiles y que el plazo para responder las 20 preguntas del fiscal Gerardo Pollicita vence finalmente el 22 de septiembre. No se trata, por ahora, de una segunda prórroga. La investigación apunta a una diferencia de más de $43 millones entre ingresos y gastos y a erogaciones por US$402.578 cuyo origen debe ser documentado.