Alejandro Cabrera
Mariños inició su travesía desde Pataz, una zona minera del norte del país caracterizada por la pobreza y la violencia. En su camino atravesó seis regiones, más de cuarenta pueblos y recolectó historias que reflejan la realidad del Perú profundo. Durante cada parada, organizó asambleas vecinales para recoger quejas sobre hospitales sin médicos, carreteras en mal estado, escuelas sin financiamiento y la constante amenaza de la minería ilegal que invade amplias áreas del territorio.
Su marcha se convirtió en un fenómeno viral; miles de personas siguieron su recorrido por las redes sociales, lo que transformó la protesta en un acto de resistencia pacífica y una demanda política. Al llegar a Lima, fue recibido por organizaciones civiles y colectivos que exigían mayor inversión pública fuera de la capital.
La caminata de Mariños puso de manifiesto una fractura estructural: el centralismo de Lima frente a un interior olvidado. En términos prácticos, el Estado peruano invierte cinco veces más por habitante en la capital que en las regiones rurales. Esta asimetría ha alimentado el descontento durante generaciones y explica gran parte de la inestabilidad que se ha agravado bajo los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
José Jerí, un ingeniero con breve trayectoria en el Congreso, asumió la presidencia prometiendo restaurar la paz social y organizar la transición hacia las elecciones de 2026. La reunión con Mariños fue su primer paso político significativo. Ambos coincidieron en la urgencia de "recuperar la confianza entre Lima y las provincias".
Jerí se comprometió a aumentar la presencia del Estado en las áreas rurales, implementando medidas inmediatas en seguridad y obras de infraestructura. "Vamos a enfrentar la delincuencia, pero también las causas del abandono", declaró al final del encuentro. El gobierno también anunció la creación de una mesa de desarrollo para Pataz, enfocada en salud, educación y reactivación de la minería bajo control estatal.
El pacto social propuesto incluye un modelo de co-gobernanza, permitiendo que los municipios participen en la planificación de obras públicas y en la asignación de presupuestos. Sin embargo, los colaboradores del presidente reconocen que implementar este acuerdo será un desafío en un contexto de crisis fiscal y desconfianza extendida.
Perú enfrenta una de las mayores fragmentaciones políticas de su historia reciente. La población ha comenzado a ver al Congreso y a los partidos como instituciones agotadas tras años de destituciones. Aunque la economía sigue creciendo moderadamente, enfrenta una desaceleración de la inversión y la inflación afecta los salarios reales.
En este ambiente, actos como el de Mariños adquieren un alto valor simbólico. Su marcha fue no solo una denuncia, sino también un llamado al diálogo. "No vengo a pedir limosnas, vengo a pedir justicia territorial", expresó al llegar a Lima. Se ha convertido en un símbolo de una nueva generación de líderes locales que buscan transformar la protesta en propuestas concretas.
Los sectores empresariales observan con cautela el nuevo pacto, pero destacan la oportunidad de iniciar un verdadero proceso de descentralización. Analistas señalan que si el gobierno logra institucionalizar la agenda territorial, podría dejar un legado significativo en un país acostumbrado a la inestabilidad.
La reunión entre Jerí y Mariños no resuelve por sí sola los problemas estructurales del país, pero envía un mensaje claro: el poder central está dispuesto a escuchar, aunque sea tarde. El verdadero reto será convertir esta intención en políticas concretas que impacten en las regiones que hoy enfrentan emergencias.
En Pataz, la violencia relacionada con la minería ha dejado más de cuarenta muertos en el último año. La precariedad del sistema de salud y la falta de carreteras convierten cada viaje en una odisea. Por lo tanto, la travesía de Mariños simboliza algo más grande que una simple protesta: representa el esfuerzo de una nación por reencontrarse, desde la periferia hacia el centro.
Si se materializa el nuevo pacto social, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la que el Estado no espere a que los ciudadanos emprendan largas marchas para ser escuchados.
