Alejandro Cabrera
La Franja de Gaza vuelve a colocarse en el centro de la emergencia global. La Organización de las Naciones Unidas pidió que se abran de inmediato todos los cruces fronterizos para permitir el acceso de ayuda humanitaria a la población civil, luego de constatar que la situación dentro del enclave es “insostenible”. El reclamo, encabezado por el coordinador de Asuntos Humanitarios Tom Fletcher, llega en un momento de alta tensión diplomática y tras semanas de negociaciones fallidas entre Israel, Egipto y los organismos internacionales encargados del suministro de alimentos y medicinas.
El pronunciamiento se produjo tras una visita de alto nivel al paso de Rafah, en la frontera egipcia, uno de los pocos puntos de ingreso habilitados parcialmente para la asistencia humanitaria. Fletcher advirtió que “el sufrimiento dentro de Gaza alcanza niveles desesperados” y que mantener cerrados los accesos constituye una “violación del derecho internacional humanitario”. El mensaje, respaldado por el Consejo de Seguridad, insta a permitir la entrada de combustible, agua potable, alimentos, insumos médicos y equipos de rescate sin restricciones ni condicionamientos políticos.
Actualmente, Gaza solo recibe una fracción mínima de la ayuda que necesita. La ONU estima que menos del 30 % de los camiones humanitarios que deberían ingresar cada día logran hacerlo, y que los bloqueos constantes impiden la distribución equitativa en todo el territorio. El norte del enclave, particularmente devastado por los combates, permanece prácticamente aislado desde hace semanas, con poblaciones enteras que sobreviven sin acceso regular a agua ni electricidad. En hospitales saturados, los médicos advierten que los generadores se están quedando sin combustible y que las reservas de medicamentos esenciales se agotaron.
La apelación de Naciones Unidas busca romper la lógica de acceso fragmentado que domina desde hace más de un año. Actualmente, los puntos de ingreso están controlados de manera diferenciada: el paso de Rafah en Egipto, el de Kerem Shalom bajo supervisión israelí y el de Erez en el norte, que permanece cerrado desde el inicio de la última escalada bélica. Las negociaciones para reabrirlos se multiplican, pero sin resultados concretos. Israel asegura que mantiene el bloqueo por razones de seguridad, mientras que Egipto condiciona la operación de Rafah a garantías internacionales sobre el control de carga y la seguridad del personal.
El contexto político complica aún más el cuadro. La tregua acordada en octubre para el intercambio de rehenes y la devolución de cuerpos entre Israel y Hamás se sostiene con fragilidad. Los incumplimientos mutuos y las demoras en la entrega de cadáveres tensaron el diálogo y frenaron la coordinación logística que permitía los convoyes de ayuda. Según observadores en la zona, cada cierre temporal de los cruces multiplica el deterioro de las condiciones dentro del enclave: las reservas alimentarias se reducen a la mitad en cuestión de días y los precios de los productos básicos se disparan hasta un 500 %.
En este escenario, la ONU intenta mantener la neutralidad diplomática mientras multiplica la presión moral sobre las partes. En su comunicado, el organismo señala que “ningún objetivo militar puede justificar el uso del hambre como arma de guerra” y que la población civil debe ser protegida conforme a las convenciones internacionales. El secretario general, António Guterres, respaldó la petición e insistió en que los corredores humanitarios deben ser “seguros, sostenibles y previsibles”. Detrás del lenguaje diplomático se percibe una advertencia: si no se restablece el flujo de asistencia, Gaza podría ingresar en una fase de colapso sanitario irreversible.
El impacto humanitario ya es devastador. Desde el inicio del conflicto, las autoridades locales registran más de sesenta mil muertos y un número similar de desaparecidos. La infraestructura civil, incluyendo hospitales, escuelas y plantas de tratamiento de agua, ha sido destruida en gran parte. El sistema eléctrico opera con menos del 10 % de su capacidad y las comunicaciones son intermitentes. En los barrios del norte, los equipos de emergencia reportan escenas de desnutrición infantil y falta de medicamentos básicos, mientras que la OMS alerta sobre el riesgo de brotes epidémicos.
El paso de Rafah, que en otros momentos funcionó como válvula de alivio, hoy opera bajo un esquema intermitente y controlado por acuerdos que cambian semana a semana. La ONU exige que se mantenga abierto de manera permanente, con presencia de observadores internacionales que garanticen la seguridad del tránsito y eviten incidentes. Los organismos humanitarios reclaman además que se autorice la entrada de combustible, elemento indispensable para mantener en funcionamiento los hospitales y las plantas de desalinización de agua. Sin energía, explican, “la ayuda que entra no alcanza a salvar vidas”.
En el plano diplomático, Estados Unidos y la Unión Europea respaldaron la petición de la ONU, aunque con matices. Washington insiste en que Israel debe garantizar la seguridad de sus fronteras antes de ampliar los accesos, mientras que Bruselas impulsa un mecanismo de verificación conjunta que permita acelerar los envíos. Egipto, por su parte, se mantiene como mediador clave y ofrece su territorio para el almacenamiento y distribución de ayuda internacional, aunque advierte que no asumirá responsabilidades de seguridad dentro de Gaza. Cada una de estas posiciones refleja la dificultad de encontrar un equilibrio entre el control militar y la urgencia humanitaria.
La respuesta israelí fue ambigua. Portavoces del gobierno en Jerusalén reconocieron que “se está evaluando la posibilidad de reabrir parcialmente Rafah” durante el fin de semana, pero no mencionaron fechas ni condiciones. En paralelo, el Ministerio de Defensa ratificó que mantendrá cerrados los pasos del norte “hasta que existan garantías de seguridad”. Esa posición, interpretada como un desafío a la presión internacional, fue recibida con críticas en la Asamblea General, donde varios países reclamaron una acción más decidida del Consejo de Seguridad para garantizar la asistencia humanitaria.
El trasfondo del reclamo es la falta de confianza entre las partes. Israel acusa a Hamás de utilizar los corredores humanitarios para infiltrar materiales militares, mientras que las agencias de la ONU aseguran que cada cargamento es inspeccionado rigurosamente. Las organizaciones humanitarias, en tanto, sostienen que los controles excesivos y los cierres arbitrarios convierten la logística en una tarea casi imposible. El resultado es un circuito humanitario paralizado por la burocracia y la desconfianza mutua.
La visita del coordinador Tom Fletcher a la zona fue interpretada como una señal de que Naciones Unidas busca recuperar iniciativa. En declaraciones desde Rafah, afirmó que “la comunidad internacional no puede permanecer impasible ante el sufrimiento de millones de personas”. En el terreno, los equipos de la Cruz Roja, la Media Luna y el Programa Mundial de Alimentos intentan sostener la operación con recursos limitados. Cada jornada implica una carrera contrarreloj: mover camiones, cruzar controles, descargar ayuda y repartirla antes de que se reanuden los combates.
A medida que se prolonga el bloqueo, la vida cotidiana en Gaza se reduce a la supervivencia. Familias enteras viven entre los escombros, sin agua potable ni energía. Las escuelas operan como refugios improvisados, y los hospitales, convertidos en campamentos, atienden con lo mínimo indispensable. En ese contexto, la apelación de la ONU resuena más como un grito de auxilio que como una gestión burocrática. “No pedimos privilegios —dijo Fletcher—, pedimos humanidad”.
El reclamo sintetiza la desesperación de una crisis que parece no tener fin. Aunque las negociaciones siguen y los diplomáticos multiplican comunicados, la realidad sobre el terreno apenas cambia. Los cruces continúan cerrados, la ayuda llega a cuentagotas y la población civil sigue atrapada en un cerco que, con cada día que pasa, se asemeja más a un colapso humanitario irreversible.
