Alejandra Larrea
El miércoles 29 de octubre, tras conocer el alcance de la ofensiva policial del día anterior, Lula declaró que estaba “horrorizado con el número de víctimas fatales”. Estas palabras, recogidas por su ministro de Justicia, llegaron en medio de la tensión entre el gobierno federal y las autoridades del estado de Río.
La operación antidrogas, desarrollada en los complejos del Alemão y de la Penha, se planteó como un golpe contra la facción criminal Comando Vermelho, pero su desenlace generó alarma internacional debido a la magnitud de la violencia registrada.
La acción comenzó la madrugada del martes 28 de octubre, con la movilización de unos 2.500 agentes en la zona norte de Río de Janeiro. Las autoridades declararon que se trataba de aislar y desmantelar la logística del Comando Vermelho en las favelas del Alemão y de la Penha.
Durante horas se registraron combates intensos, blindados avanzando por callejones, drones sobrevolando morros y barricadas encendidas interrumpiendo rutas.
Al día siguiente, organizaciones de derechos humanos y la Defensoría Pública estatal informaron que el número de muertos asciende a 132 personas, cifra que supera con creces los 64 muertos oficiales comunicados inicialmente por el gobierno estatal.
Tras conocer la magnitud de las víctimas, el presidente Lula fue informado y afirmó estar “horrorizado” por el saldo, haciendo visible el desfasaje entre lo que comunicó el estado y lo que los informes independientes comenzaron a revelar.
Mientras tanto, el gobernador del estado, Cláudio Castro, defendió la operación y la calificó como un “éxito” en la lucha contra el narcotráfico, aunque reconoció la necesidad de continuar investigando cada caso de muerte.
El desencuentro entre las autoridades federales y estatales se volvió público: el gobierno federal criticó la falta de información previa y la coordinación, mientras que el estado reclamó más apoyo de Brasilia ante lo que consideró una “guerra” urbana en las favelas.
La declaración de Lula pone en foco la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la vida, aun cuando la operación haya sido concebida como una respuesta contundente al crimen organizado. La cifra de víctimas y las imágenes de decenas de cuerpos en las calles de la Penha y del Alemão dispararon alertas sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y la falta de transparencia en el proceso.
Se espera que la fiscalía federal y organismos de derechos humanos lancen investigaciones independientes para determinar las circunstancias de cada muerte. A su vez, la relación entre el gobierno federal y el estado de Río se convierte en un factor crítico para la política de seguridad de Brasil en los próximos meses.
