Peajes privatizados: más de $3.500 cada 100 km en las nuevas rutas nacionales

PeajesPrivatizadosEl esquema de privatización de rutas promovido por el Gobierno está avanzando. Según las proyecciones oficiales, los peajes en las nuevas rutas concesionadas superarán los $3.500 cada 100 kilómetros. Mientras tanto, se llevan a cabo las primeras licitaciones para transferir la gestión de la red vial nacional a empresas privadas.

El objetivo de esta medida es aliviar las cuentas públicas al disminuir el gasto en mantenimiento y transferir ese costo al usuario, en línea con la política de “equilibrio sin subsidios” promovida por el ministro de Economía, Luis Caputo. A la vez, siete empresas han presentado sus ofertas para gestionar los primeros corredores, y otras rutas ya están en proceso de adjudicación.

Un nuevo modelo vial con fuerte enfoque privado

El plan del Gobierno contempla la concesión de más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales en diversas etapas, donde se cobrará peaje y se establecerán obligaciones de mantenimiento, repavimentación y servicios para los usuarios. La primera fase incluye dos corredores principales:

• Corredor Sur-Atlántico y Acceso Sur: más de 1.300 km entre Buenos Aires, Azul, Bahía Blanca y las zonas de acceso a Ezeiza-Cañuelas.
• Corredor Pampa: 547 km en la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

Estos tramos suman más de 1.800 km que pasarán a manos privadas mediante contratos a largo plazo. Se estima que los peajes para automóviles variarán entre $3.500 y $4.200 cada 100 km, mientras que las motos pagarán la mitad.

El Gobierno afirma que esta nueva estructura pretende “sustituir un modelo deficitario por uno competitivo y transparente”. Las empresas que obtengan la concesión financiarán las obras y recuperarán su inversión a través del cobro de peajes, sin necesidad del apoyo del Tesoro.

Siete constructoras en competencia

El interés del sector privado se evidenció con la presentación de siete ofertas para gestionar la red vial. Las compañías deberán demostrar su capacidad técnica y solvencia para llevar a cabo obras de pavimentación, control de calzadas, señalización y otros servicios complementarios.

Fuentes del Ministerio de Infraestructura indicaron que los contratos incluirán metas de mantenimiento semestrales, estaciones de servicio, puestos de auxilio y sistemas de control digital de tránsito. Las licitaciones ya están en marcha y podrían adjudicarse antes de fin de año.

Este esquema se basa en un principio fundamental: el usuario paga por el uso y el concesionario asume la responsabilidad total de la ruta. Sin embargo, expertos advierten que el éxito del modelo dependerá del control estatal sobre la calidad de las obras y posibles ajustes en las tarifas en el futuro.

Impacto económico y social

El aumento en los costos de los peajes ha generado inquietud entre transportistas y automovilistas. Por ejemplo, un viaje de 300 km podría costar más de $10.000 solo en peajes, sumando el aumento del precio del combustible y los mayores costos de mantenimiento vehicular.

El sector del transporte de cargas será uno de los más perjudicados. Las cámaras empresariales estiman que los costos logísticos podrían aumentar entre un 15 % y un 25 %, lo que repercutiría directamente en los precios finales de los productos que circulan por la red nacional.

En el interior del país, donde muchas rutas son el único acceso a los centros urbanos, la implementación de peajes más altos reaviva el debate sobre la equidad territorial. El Estado deberá asegurarse de que las zonas menos rentables no queden excluidas del plan de obras.

Hacia un mapa vial redefinido

Este nuevo modelo de concesiones podría transformar significativamente la estructura vial argentina. Si se cumplen los contratos, los corredores principales tendrán mantenimiento continuo, pavimento de mayor durabilidad y sistemas de control inteligentes.

Sin embargo, el costo de este cambio será elevado: los usuarios enfrentarán tarifas que, ajustadas a la inflación, serán las más altas de la región. Las tarifas de los tramos privatizados en Chile y Brasil están entre US$ 7 y US$ 10 cada 100 km; en Argentina, el costo podría superar los US$ 11.

Con los pliegos ya abiertos y la licitación en curso, el Gobierno espera cerrar las primeras adjudicaciones antes de marzo de 2026. El desafío será equilibrar la rentabilidad privada con el acceso para los ciudadanos, en un país donde el transporte por carretera sigue siendo fundamental para la conexión entre provincias.