Alejandro Cabrera
La Cámara Federal de Casación Penal tomó la decisión de intervenir en la organización del juicio de los Cuadernos de las Coimas para que avance de manera sostenida. El tribunal —integrado por Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky— le ordenó al Tribunal Oral Federal 7 ajustar su cronograma, ampliar la cantidad de audiencias y reemplazar la modalidad virtual por la presencial.
La medida llega tras semanas de advertencias sobre el ritmo lento del debate, que apenas llevaba una audiencia semanal y en formato remoto. Con esta decisión, el proceso se encamina hacia un modelo de tres sesiones presenciales por semana, que comenzará a aplicarse en la sala AMIA de Comodoro Py una vez concluidas las obras de refacción.
El juicio de los Cuadernos es el más grande de la historia judicial argentina. Involucra a 87 acusados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios de la obra pública señalados por integrar una supuesta red de recaudación ilícita entre 2003 y 2015.
El proceso comenzó formalmente el 6 de noviembre, con la lectura de la acusación fiscal en modalidad virtual. Sin embargo, el volumen del expediente —más de 220 000 palabras solo en la acusación— y la complejidad de las pruebas hicieron evidente que el cronograma actual resultaba inviable.
Casación decidió actuar de oficio, señalando que la lentitud podía afectar el principio de celeridad procesal y el derecho a la inmediatez que garantiza la Constitución.
El nuevo esquema de trabajo exigido al Tribunal Oral 7 se basa en tres ejes concretos:
-Aumento de audiencias: pasar de una a tres sesiones por semana.
-Presencialidad plena: eliminar la modalidad virtual, priorizando el contacto directo entre jueces, testigos y defensas.
-Sin receso de verano: el tribunal deberá continuar trabajando durante enero para no interrumpir la secuencia de testimonios.
-Además, Casación pidió que se utilice la sala AMIA de Comodoro Py —el recinto más grande del edificio— para garantizar espacio, accesibilidad y transmisión pública.
La decisión implica una reestructuración total del calendario judicial. El tribunal deberá coordinar la presencia de más de 600 testigos, 87 defensas y una acusación con miles de documentos incorporados al expediente.
En paralelo, el cambio de modalidad requerirá mayor personal de custodia, asistencia técnica y organización de traslados. Las audiencias se desarrollarán con acceso restringido al público y transmisión en directo a través del canal institucional del Poder Judicial.
El objetivo es que la etapa de lectura de acusaciones finalice antes de fin de año y que el testimonio de los primeros testigos clave se escuche a partir de marzo.
El juicio de los Cuadernos se transformó en un símbolo de la relación entre justicia y poder político. El expediente, surgido a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, investiga el supuesto sistema de recolección de dinero de empresarios de la obra pública destinado a exfuncionarios del kirchnerismo.
La causa acumula más de 30 cuadernos, 150 operativos, 31 arrepentidos y una decena de empresas involucradas. Tras años de instrucción, la etapa oral es el momento en que se define la validez de esas pruebas y la responsabilidad penal de los acusados.
La decisión de Casación de acelerar el proceso busca evitar que el expediente quede congelado y garantizar que haya una sentencia en un plazo razonable.
Dentro del sistema judicial, la medida fue interpretada como una señal clara: los juicios de alto impacto no pueden demorarse indefinidamente. Algunos jueces del fuero federal consideran que la decisión busca “dar una respuesta institucional” a la crítica social sobre la lentitud de los procesos por corrupción.
El Tribunal Oral 7 deberá ahora elevar un nuevo cronograma de trabajo antes del 20 de noviembre, con la confirmación de las fechas de audiencia y la logística de la sala. Si el esquema se cumple, el debate oral podría retomar en formato presencial a comienzos de diciembre.
Entre los acusados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, José Lopez y empresarios como Carlos Wagner y Angelo Calcaterra, entre otros.
Con tres audiencias presenciales semanales y sin receso judicial, se espera que el tribunal reduzca el tiempo total del juicio de cinco años a menos de tres. Sin embargo, la complejidad del caso y el número de defensas podría extender las audiencias hasta 2028.
De concretarse el nuevo esquema, la causa volvería a colocarse en el centro del escenario político y mediático. La presencia física de los imputados, de los testigos y de la exmandataria en el recinto marcará el ritmo de la cobertura pública del juicio más emblemático de las últimas décadas.
