Tras semanas de audiencia, el jurado popular de la provincia del Chaco está listo para deliberar sobre la responsabilidad de siete imputados —entre ellos César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña— en el femicidio de Cecilia Strzyzowski. El fallo pondrá fin a un proceso que conmovió a la sociedad argentina.
Policiales14 de noviembre de 2025
Alejandro Cabrera
El viernes 14 de noviembre de 2025 marca un día clave para la justicia de la provincia del Chaco: el jurado popular iniciará una deliberación que debe resultar en un veredicto unánime para quienes están sentados en el banquillo. Desde el 2 de junio de 2023, fecha de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, hasta hoy el caso generó conmoción pública, debates mediáticos y cuestionamientos sobre vínculos políticos y sociales. La jornada de conclusiones ahora culmina con la expectativa de que la lectura del fallo ponga un punto de inflexión.
A lo largo del proceso, los acusados, sus defensas y la fiscalía expusieron sus posturas: desde la petición de culpabilidad para todos los imputados hasta la insistencia en la inocencia individual. Ahora, con los alegatos finalizados y el silencio extendido en la sala, la atención se dirige al jurado, que deberá decidir entre absolución o condena.
En la recta final del juicio, la jueza Dolly Fernández instruyó al jurado antes de su retiro para deliberar. Durante la instancia, los siete acusados tuvieron la oportunidad de dar sus últimas palabras ante los miembros del jurado. Emerenciano Sena y Marcela Acuña reafirmaron públicamente su inocencia; César Sena optó por guardar silencio.
La acusación del fiscal Juan Martín Bogado sostuvo que el cuerpo de Cecilia fue incinerado, que existió un plan deliberado y que el delito corresponde a homicidio agravado por el vínculo y femicidio para César, y coautoría o encubrimiento para los demás. Mientras tanto, las defensas plantearon que no había demostrado de forma irrefutable tal plan criminal, reclamaron la presunción de inocencia y negaron la participación de cada imputado en ese esquema.
En este contexto, el jurado —compuesto por doce personas del Chaco— pasó al cuarto intermedio para deliberar. La ley provincial exige un veredicto unánime para cada acusado, lo que amplifica la tensión: si una de las doce opiniones difiere, el fallo no podrá dictarse. Se sabe que la deliberación no podrá durar menos de dos horas, aunque no hay límite máximo. Una vez que el veredicto sea redactado, será leído en audiencia pública.
A lo largo del proceso, se repasaron pruebas impactantes: restos óseos incinerados, manchas de sangre, testimonios que vinculan a miembros de la familia Sena, registros de llamadas, movimientos de celulares y vínculos con organizaciones sociales. También se puso foco en los vínculos de los acusados con centros de poder político local, lo que generó un trasfondo de cuestionamiento a la independencia judicial y policial en la provincia.
Las defensas, en cambio, cuestionaron la cadena de custodia de las pruebas, el modo de recolección e interpretaron las pruebas científicas como insuficientes. César Sena, por ejemplo, permaneció gran parte del juicio apelando al silencio como estrategia defensiva.
La fiscalía y la querella pidieron condenas severas para todos los imputados; los defensores solicitaron absoluciones o, en su defecto, reducciones de responsabilidad. En ese escenario, el veredicto aparece como el momento decisivo de todo el proceso.
El hecho, que comenzó como desaparición y deriva en una causa penal por femicidio sin cuerpo visible, generó manifestaciones sociales, cobertura nacional e internacional y un fuerte impacto en la opinión pública chaqueña. Hoy, el país observa cómo el jurado popular asume un rol central en definir la responsabilidad penal de los acusados.
Lo que se juega
Para la familia de Cecilia, así como para los movimientos que militan contra el femicidio y la violencia de género, el veredicto representa una prueba de la calidad institucional y de la capacidad del sistema para impartir justicia en un caso de enorme resonancia. Una condena contundente reforzaría la confianza en que estos delitos no quedarán impunes. Una absolución o fallo dividido generaría un sacudón político y social.
En lo político, la implicación de figuras con poder local vinculadas al acusado –y que recibieron fondos públicos– intensifica la presión sobre el sistema judicial chaqueño. La sentencia que se formule tendrá impacto en la credibilidad institucional, en la relación entre justicia y gobernabilidad, y en la percepción de la ciudadanía sobre la prevalencia del Estado de derecho.
Para los acusados, el veredicto define su futuro penal inmediato: si son hallados culpables, se abrirá la fase de determinación de penas que puede significar largas condenas; si se los absuelve, habrán sorteado una causa que durante meses los tuvo bajo la lupa mediática y social.
Además, el resultado marcará un precedente en la provincia del Chaco y en el país respecto de procesos por femicidio, encubrimiento y desaparición forzada. La lectura pública del veredicto tiene efectos simbólicos que trascienden al caso mismo.
El momento decisivo
La audiencia está en curso. La jueza dio las últimas instrucciones, se llamó al jurado a deliberar y la expectativa se concentra en el instante de la lectura del fallo. La jornada de hoy puede culminar con el cierre de un capítulo judicial clave o con la apertura de nuevos frentes legales y sociales. En pocas horas, la justicia chaqueña emitirá su veredicto y la sociedad argentina tendrá una respuesta de fondo sobre uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos.
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