La Justicia ordenó un operativo por el caso Agencia Nacional de Discapacidad en las oficinas del financista cercano al “Chiqui” Tapia

En un giro inesperado dentro de la investigación por el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la justicia autorizó un operativo en las oficinas del financista vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia. El allanamiento se realizó en la sede de Sur Finanzas, ubicada en el centro de Adrogué, y forma parte de las medidas que buscan esclarecer un entramado de pagos, vínculos empresariales y transferencias electrónicas sospechosas. La acción marca un nuevo hito en el caso que ya comprometía a funcionarios, empresas y adjuntos del organismo público.

El operativo: quién, dónde y por qué

La medida fue dictada por el Juzgado Federal N.º 11, a cargo del magistrado Sebastián Casanello, y ejecutada por efectivos de la Policía Federal. El objetivo fue la sede central de Sur Finanzas, en la calle Seguí al 700 de Adrogué, donde se requirió acceso a documentación financiera, transferencias vinculadas a criptomonedas y documentación contable de cara a la causa ANDIS.

Según el expediente, parte de los fondos que se investigan —transferidos desde empresarios proveedores del organismo público— habrían sido convertidos en criptomonedas mediante la plataforma “Neblockchain”, ahora relanzada como Sur Finanzas PSP. Esta vía se sospecha que habría servido para “blanquear” o movilizar recursos que, hasta ahora, no habían sido explicados satisfactoriamente.

En paralelo, el dictamen del fiscal Franco Picardi menciona chats de WhatsApp que ilustran la mecánica: uno de los imputados pregunta cuánto dinero “había reunido” otro, presunto encargado de la recaudación. Este detalle refuerza la hipótesis de que los pagos al organismo público no habrían sido únicamente convencionales, sino parte de una coordinación sistemática de fondos hacia un circuito paralelo.

El contexto y los actores involucrados

La investigación radicada en el Juzgado Federal N.º 11 se inició tras la difusión de audios en los que el exdirector de ANDIS afirmaba que se cobraban porcentajes de los contratos de insumos como coimas. El caso escaló rápidamente, involucrando a empresarios farmacéuticos, funcionarios del organismo y estructuras privadas de gestión. Este nuevo operativo expande la causa hacia una red financiera que podría haber funcionado como soporte del esquema.

El financista ligado a Sur Finanzas está cercano a Tapia, figura central tanto en el mundo del fútbol como del empresariado argentino. Su empresa de servicios financieros está en la mira porque habría sido usada como punto de desembarco para fondos cuya trazabilidad al organismo público era difusa o inexistente. Se investiga, entre otros movimientos, el uso de criptomonedas y la relación contractual entre proveedores y el organismo estatal.

Fuentes del expediente indican que los investigadores se concentran en rubricar al menos tres flujos de dinero que vinculan a proveedores de ANDIS, la financiera investigada y cuentas en el exterior o modalidades offshore. Una de las pruebas que acompañan el pedido de indagatoria es la transferencia detectada en la aplicación Neblockchain, cuya trazabilidad ya se encuentra bajo análisis por peritos financieros.

 
Implicancias institucionales y políticas

El operativo tiene una fuerte carga simbólica: llega en un momento delicado para el gobierno nacional, que justamente promueve una agenda de transparencia y combate a la corrupción. Al vincularse el caso con ANDIS —un organismo que gestiona prestaciones para personas con discapacidad—, la tensión institucional se eleva. Las implicancias son múltiples: genera presión sobre el organismo, exige explicaciones públicas y pone a prueba la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia.

Desde el plano político, la cercanía del financista con Tapia suma una dimensión de poder que trasciende lo meramente administrativo. Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con relevancia en el empresariado, no figura como imputado en este operativo, pero su vínculo con la financiera generó interrogantes sobre la red de contactos y la posible implicación indirecta. En los despachos oficiales y en la justicia, ya se analiza si esta red financiera actuó como un eslabón “terciario” para canalizar fondos hacia el sistema.

El mensaje que envía este allanamiento es claro: el Estado puede llegar también a redes privadas sofisticadas que colaboran con la ejecución de contratos públicos, más allá del proveedor principal. Para las empresas que trabajan con organismos estatales, supone una advertencia sobre la trazabilidad de sus operaciones, el uso de plataformas digitales no reguladas y la obligatoriedad de transparencia.

Próximos pasos de la investigación

Con la documentación incautada en Sur Finanzas, los investigadores deberán analizar flujos de criptomonedas, pistas sobre blanqueo, sociedades en paraísos fiscales y conexiones entre proveedores y autoridades de ANDIS. Se espera que en las próximas semanas se soliciten nuevas indagatorias y se amplíen las medidas de secuestro.

El fiscal Picardi ya solicitó que los imputados vinculados a la recaudación respondan ante la justicia, y el avance de este operativo podría abrir un nuevo costado: la intervención de fondos que, hasta ahora, no habían sido objeto de medidas de bloqueos o inhibiciones. Además, la causa podría derivar en procesamiento por asociación ilícita, lavado de dinero o defraudación al Estado, según el rol de los investigados y la magnitud de los fondos comprometidos.

Para el organismo público y para las empresas involucradas, el riesgo de reputación es muy alto. De confirmarse la participación de Sur Finanzas como canal de fondos ilícitos, las consecuencias superan lo exclusivamente penal: podrían perder contratos, certificaciones y licencias, además de enfrentar sanciones administrativas.

El operativo ordenado en la sede de Sur Finanzas reconfigura el mapa de la investigación del caso ANDIS. No se trata ya solo de un escándalo vinculado a proveedores y funcionarios públicos, sino de una operación financiera sofisticada que involucra criptomonedas, sociedades privadas y vínculos empresariales de alto perfil. La justicia avanza con la firmeza de mostrar que no hay espacios “seguros” para maniobras opacas. La pregunta que surge ahora es si esta fase del proceso será el umbral de revelaciones mucho mayores: redes de lavado de dinero, complicidades empresariales y un sistema que hasta ahora operaba bajo reserva.