Alejandra LarreaEl fallo judicial en Estados Unidos por el caso YPF no solo tuvo impacto económico. También desató una reacción política inmediata en la Argentina. Javier Milei celebró la decisión que favorece al país y aprovechó para redoblar sus críticas contra el kirchnerismo.
El Presidente no eligió un tono moderado. En su mensaje, apuntó directamente contra quienes impulsaron la expropiación de la petrolera, a quienes responsabilizó por el conflicto judicial que durante años representó una amenaza para el Estado.
La referencia a Axel Kicillof fue central. Milei lo señaló como uno de los principales responsables de la decisión tomada en su momento y lo vinculó con lo que definió como un problema heredado.
La resolución de la Justicia estadounidense cambió el escenario del caso YPF. Lo que parecía una condena consolidada quedó sin efecto, al menos en esta instancia, generando un alivio potencial en términos económicos.
Pero el impacto no se limitó a lo financiero. El Gobierno leyó el fallo como una validación indirecta de su posición y lo convirtió en un argumento político.
Milei utilizó esa base para reforzar su discurso contra el kirchnerismo, señalando que la expropiación fue mal ejecutada y que sus consecuencias se extendieron durante años.
El Presidente puso el foco en la figura de Axel Kicillof, quien tuvo un rol central en la expropiación de YPF durante su paso por el Ministerio de Economía.
Las críticas apuntaron a la forma en que se llevó adelante el proceso y a las implicancias legales que derivaron en el litigio internacional.
El cruce no es nuevo, pero el fallo le dio un nuevo impulso.
El caso YPF vuelve a instalarse en el centro del debate político. No solo por su impacto económico, sino por su carga simbólica.
La expropiación fue una de las decisiones más relevantes de la política energética argentina en las últimas décadas. Y también una de las más discutidas.
El fallo en Estados Unidos reabre esa discusión, ahora con un nuevo contexto.
La reacción de Milei deja en claro que el caso YPF ya no es solo un expediente judicial. Es una herramienta política.
El Gobierno lo utiliza para reforzar su narrativa sobre el pasado y para marcar diferencias con la gestión anterior.
Del otro lado, el kirchnerismo sostiene su propia interpretación sobre la expropiación y sus consecuencias.
La disputa sigue abierta. Y el fallo, lejos de cerrarla, la profundiza.
