Alejandro CabreraLa historia del caso YPF-Burford es, en esencia, la historia de una decisión política que terminó transformándose en un litigio global. Lo que comenzó como una medida de soberanía energética terminó convirtiéndose en una batalla judicial de más de una década, con impacto directo en la economía argentina y en su relación con los mercados internacionales.
Durante años, el país estuvo bajo la amenaza de una condena multimillonaria. Sin embargo, en marzo de 2026, un fallo de la justicia estadounidense cambió el escenario por completo. Para entender ese giro, hay que reconstruir paso a paso cómo se llegó hasta ahí.
El punto de partida fue la decisión del Estado argentino de expropiar el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. La medida fue presentada como una recuperación del control energético en un contexto de caída de producción y aumento de importaciones.
El Congreso aprobó la ley de expropiación y el Estado tomó el control de la compañía. Pero en ese proceso se omitió un punto clave: el estatuto de YPF establecía que, ante un cambio de control, debía realizarse una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas.
Esa omisión, que en el momento político pasó a segundo plano, se convirtió en el eje central del conflicto judicial posterior.
Los accionistas minoritarios que no recibieron esa oferta iniciaron reclamos. Entre ellos estaban las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculadas al grupo Eskenazi, que habían adquirido acciones de YPF en los años previos.
Tras la expropiación, esas sociedades entraron en default y luego en concurso. Sus derechos a litigar quedaron disponibles, y allí apareció un actor clave: Burford Capital.
Burford compró esos derechos y decidió avanzar con la demanda en tribunales de Estados Unidos, apostando a una eventual indemnización multimillonaria.
El primer gran frente del caso fue definir dónde se iba a juzgar. Argentina sostuvo que se trataba de una decisión soberana y que el caso debía resolverse en el país.
Pero los demandantes argumentaron que YPF cotizaba en Nueva York y que el incumplimiento del estatuto era una cuestión contractual.
La jueza Loretta Preska resolvió que el caso debía seguir en Estados Unidos. Esa decisión fue clave: el conflicto pasaba a jugarse bajo reglas internacionales.
Durante estos años se desarrolló el juicio en sí. Se analizaron documentos, decisiones políticas y el alcance del estatuto de YPF.
El debate giró en torno a una pregunta central: ¿el Estado argentino, al expropiar, estaba obligado a cumplir con las reglas del estatuto de la empresa?
Los demandantes sostuvieron que sí. Argentina defendió que la ley de expropiación prevalecía sobre cualquier obligación societaria.
El 2023 marcó el momento más crítico del caso. La jueza Preska falló contra la Argentina y estableció que el país debía pagar más de 16.000 millones de dólares.
El fallo sostuvo que el Estado había incumplido el estatuto de YPF al no lanzar una oferta pública para el resto de los accionistas.
La sentencia generó un fuerte impacto en los mercados y en la política local. Durante meses, se instaló la idea de que Argentina enfrentaba una de las mayores condenas de su historia.
Tras la condena, el Estado argentino apeló la decisión. Al mismo tiempo, los demandantes avanzaron con medidas para intentar ejecutar el fallo.
Entre las opciones que se discutieron estuvo la posibilidad de afectar activos del Estado o incluso acciones vinculadas a YPF, lo que generó alarma en el sistema financiero.
El caso se convirtió en un eje de debate político, con cuestionamientos sobre la expropiación original y sobre la estrategia jurídica adoptada.
El viernes 27 de marzo de 2026 se produjo un cambio decisivo. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y anuló la sentencia de primera instancia.
El tribunal consideró que los reclamos no podían sostenerse como se había planteado originalmente y dejó sin efecto la condena multimillonaria.
Este fallo representó un giro total en el caso: la Argentina pasó de enfrentar una obligación de pago histórica a recuperar margen en el litigio.
El escenario actual es completamente distinto al que existía tras el fallo de 2023. La condena quedó anulada y Argentina obtuvo una victoria judicial clave.
Sin embargo, el caso no necesariamente está cerrado. El fondo Burford puede intentar nuevas instancias, lo que mantiene abierto un nivel de incertidumbre.
Más allá del resultado puntual, el caso YPF dejó varias lecciones. Expuso los riesgos legales de decisiones políticas de alto impacto, mostró el poder de los fondos de litigio en el sistema global y evidenció cómo los tribunales internacionales pueden condicionar a los Estados.
La historia de YPF y Burford es, en definitiva, la historia de un conflicto que atravesó gobiernos, mercados y tribunales. Un caso que empezó como una decisión de política energética, se transformó en una condena multimillonaria y terminó, al menos por ahora, en un fallo que le dio aire a la Argentina en uno de los litigios más trascendentes de su historia reciente.
