Alejandro CabreraEl movimiento no es técnico, es político. La decisión del gobierno uruguayo de abrir una mesa de negociación con las AFAP marca el inicio de una etapa clave en la discusión sobre el sistema previsional, uno de los temas más sensibles y estructurales de cualquier economía. No se trata de un ajuste puntual ni de una medida aislada, sino de un proceso que puede redefinir cómo se financian las jubilaciones en el país.
En el centro de esa discusión aparece Gabriel Oddone, actual ministro de Economía y Finanzas y una de las figuras más relevantes del equipo económico del presidente Yamandú Orsi. Economista de perfil técnico pero con peso político, Oddone es quien lidera este proceso que combina negociación, diagnóstico estructural y construcción de consensos en un tema que impacta directamente en millones de trabajadores.
La reunión con las AFAP no fue un gesto menor. Representa el reconocimiento de que cualquier cambio en el sistema previsional requiere diálogo con los actores involucrados. Por eso se definió una mesa de trabajo con un plazo inicial de 60 días, en la que se buscará avanzar sobre posibles modificaciones sin romper el equilibrio actual del sistema.
Para entender el alcance de la discusión hay que mirar cómo funciona hoy el sistema previsional uruguayo. Se trata de un esquema mixto, que combina un sistema público de reparto —financiado por los aportes actuales— con un sistema de capitalización individual administrado por las AFAP.
Las AFAP gestionan el ahorro previsional de los trabajadores, invierten esos fondos y generan una rentabilidad que, en teoría, se traduce en mejores jubilaciones a futuro. Ese modelo, que fue impulsado en los años noventa, permitió diversificar el sistema, pero también abrió debates sobre costos, eficiencia y distribución de beneficios.
El gobierno no plantea eliminar este esquema, pero sí revisarlo. En esa revisión aparecen varios puntos críticos: el nivel de comisiones que cobran las administradoras, la rentabilidad efectiva de los fondos, la transparencia del sistema y el rol que debe tener el Estado en la gestión del ahorro previsional.
La discusión no es menor. Cualquier modificación impacta directamente en los aportes de los trabajadores, en el equilibrio fiscal y en la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Por eso, el proceso requiere una combinación de técnica y política que no siempre es fácil de lograr.
El trasfondo de esta negociación es más profundo que el funcionamiento de las AFAP. Lo que está en juego es la sostenibilidad del sistema previsional en un contexto donde los cambios demográficos empiezan a pesar cada vez más. Menos trabajadores activos, más jubilados y una expectativa de vida en aumento generan una presión estructural sobre cualquier esquema de seguridad social.
En ese escenario, Uruguay no es la excepción. La necesidad de ajustar el sistema no responde a una coyuntura, sino a una tendencia de largo plazo. La diferencia está en cómo se hace ese ajuste y quién asume el costo.
La estrategia del gobierno apunta a evitar un conflicto abierto. En lugar de avanzar con una reforma unilateral, opta por una negociación con las AFAP para construir un esquema que permita introducir cambios sin generar una ruptura. Sin embargo, ese camino no elimina las tensiones.
Las administradoras buscan sostener su rol dentro del sistema, mientras que el gobierno intenta redefinir reglas sin desestabilizar el mercado. Entre esos dos objetivos aparece un espacio de negociación que no está exento de conflicto.
El resultado de este proceso puede marcar un punto de inflexión. No solo para el sistema previsional, sino para la economía en su conjunto. Porque cuando un país revisa cómo financia las jubilaciones, lo que está haciendo en realidad es redefinir su contrato social.
Y en ese tipo de discusiones, el equilibrio no es solo técnico.
Es político.
