Alejandro CabreraEl caso Manuel Adorni vuelve a sumar un capítulo incómodo para el Gobierno. La productora Imhouse, vinculada a Marcelo Grandío, amigo personal del jefe de Gabinete, siguió cobrando de Radio y Televisión Argentina por la emisión de un programa en el streaming de la TV Pública incluso después de que se conociera el escándalo por el viaje en avión privado a Punta del Este. La información agrega una pieza sensible a una trama que ya combina patrimonio, vínculos personales, medios públicos, contratos estatales y explicaciones oficiales que empiezan a quedar bajo presión.
El dato central es que Imhouse cobró el 9 de abril una orden de pago por $3.012.900 por el programa “Enredados”, emitido por las plataformas digitales de la TV Pública. Ese pago se produjo aproximadamente un mes después de que saliera a la luz el viaje de Adorni junto a Grandío a Punta del Este en un avión privado, episodio que abrió una investigación judicial y derivó en pedidos de información sobre quién pagó los vuelos, qué relación comercial existía entre los involucrados y si hubo beneficios cruzados entre privados cercanos al funcionario y organismos estatales.
El caso no implica por sí solo una condena ni prueba automáticamente una irregularidad penal. Pero sí instala una pregunta política fuerte: cómo se explica que una productora relacionada con un amigo íntimo del jefe de Gabinete haya mantenido contratos y cobros con la TV Pública mientras el propio funcionario quedaba bajo observación pública por su vínculo con ese empresario y por el viaje que compartieron. En un Gobierno que hizo de la denuncia contra “la casta” y los privilegios estatales una bandera central, la sola aparición de pagos, contratos y amigos cercanos alcanza para generar un problema de credibilidad.
Imhouse aparece como la productora detrás de distintos contenidos vinculados a la TV Pública, entre ellos “Enredados”, un programa de streaming conducido por Marcelo Grandío y emitido desde septiembre del año pasado por las plataformas digitales del canal estatal. El contrato establecía la realización de 20 capítulos y contemplaba pagos por episodio, además de un esquema de distribución de ingresos publicitarios.
Según la documentación conocida, la primera factura vinculada al ciclo correspondió a los programas emitidos en septiembre y fue por $3.600.000 más IVA. Luego hubo otros pagos: por la emisión de noviembre se abonó $1.920.000 más IVA; el 15 de enero se registró un pago de $2.323.200; el 19 de marzo otro de $2.758.800; y el 9 de abril se efectuó el pago de $3.012.900. La secuencia muestra que la relación comercial no se detuvo automáticamente después de la polémica por Punta del Este.
El contrato fue firmado por autoridades de Radio y Televisión Argentina y por representantes de Imhouse. Entre los nombres que aparecen está Horacio Silva, presentado como la cara visible de la productora. Ese nombre también surgió en la investigación por el viaje, porque habría sido mencionado en relación con el pago del vuelo de regreso desde Uruguay. En la causa, la Justicia busca reconstruir quiénes intervinieron, cómo se pagaron los traslados y qué comunicaciones hubo antes y después de los contratos con medios públicos.
El elemento más sensible es que Imhouse fue creada por Marcelo Grandío en 2016. Luego, en la estructura societaria figuran su hijo, Juan Grandío, y Horacio Silva. Adorni, al responder en el Congreso, buscó tomar distancia de la empresa y sostuvo que no existía un contrato celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío. La frase es formalmente importante, pero políticamente insuficiente: puede no haber un contrato personal con Grandío, pero sí aparece una relación contractual con una productora vinculada a su entorno directo.
El jefe de Gabinete intentó despegarse de la operatoria. En su informe ante el Congreso sostuvo que no había participado en expedientes administrativos vinculados a Grandío ni a la sociedad anónima. También remarcó que no existía un contrato directo entre la TV Pública y Marcelo Grandío. La estrategia es clara: separar la relación personal de la relación empresarial, y distinguir entre el nombre del periodista y la personería jurídica de la productora.
Ese argumento puede tener peso administrativo, pero no agota la discusión política. En este tipo de casos, el problema no siempre está en la firma del contrato, sino en la proximidad, el contexto y la apariencia de conflicto de intereses. Si una productora relacionada con un amigo cercano de un funcionario cobra de un medio estatal bajo la órbita política del Gobierno, la pregunta no es solo quién firmó, sino qué controles existieron, quién autorizó, cómo se justificó el contrato, si el precio fue razonable, si hubo competencia, si se verificó la prestación y si el vínculo personal pudo influir o no en el proceso.
Adorni tampoco aparece como firmante de esos contratos, pero el área de comunicación y medios públicos quedó dentro del esquema político del Gobierno nacional. Ese punto vuelve más compleja la defensa. Que el jefe de Gabinete no haya firmado una orden de pago no significa que el caso deje de tener impacto sobre su figura, especialmente cuando el empresario vinculado a la productora es presentado por él mismo como un amigo de toda la vida.
El Gobierno suele defenderse apelando a la legalidad formal. Pero la discusión pública va más allá. La legalidad pregunta si hubo delito. La política pregunta si hubo privilegio, opacidad o doble estándar. En esa diferencia se juega buena parte del desgaste que hoy enfrenta Adorni.
El escándalo comenzó por el viaje a Punta del Este. Adorni compartió un vuelo privado con Marcelo Grandío, y desde entonces la Justicia intenta reconstruir quién pagó, cómo se pagó y si hubo vínculos económicos previos o posteriores entre las partes. La investigación también puso bajo la lupa transferencias bancarias que la productora de Grandío habría realizado a Adorni entre finales de 2022 y 2023 por un monto cercano a $1.600.000.
Ese dato es relevante porque conecta dos mundos que el Gobierno intenta separar: la relación personal y la relación económica. Si Grandío es solamente un amigo, el caso puede quedar en el plano de un vínculo privado. Pero si además existieron transferencias, contratos con organismos estatales y pagos posteriores a la polémica, la trama adquiere otra densidad. Ya no se trata únicamente de un viaje compartido, sino de una red de relaciones que requiere explicación documental.
La productora Imhouse no solo aparece vinculada a “Enredados”. También se mencionan otros contenidos bajo análisis, como “Giros en línea Recta”, ciclo de entrevistas en el que Adorni participó como entrevistado cuando ya era vocero presidencial; “La Sala”, otro formato de streaming; y “La caja de Pandora”, emitido por Radio Nacional. La Justicia analiza al menos seis contratos vinculados a la productora y a medios públicos.
Ese universo de programas abre una pregunta más amplia sobre la contratación de contenidos en medios estatales durante la gestión libertaria. El Gobierno llegó al poder con un discurso muy duro contra el gasto público, los privilegios y la utilización política de los medios del Estado. Pero este caso muestra que, incluso en una etapa de ajuste y reestructuración, siguieron existiendo contrataciones, programas, productoras privadas y pagos desde estructuras públicas.
El caso golpea porque aparece en el peor momento para Adorni. El jefe de Gabinete ya venía cuestionado por su patrimonio, por refacciones, por explicaciones incompletas y por el pedido de Patricia Bullrich para que presente de inmediato su declaración jurada. Javier Milei lo blindó con una frase contundente: “Ni en pedo se va”. Pero cada nuevo dato vuelve más costosa esa defensa.
Cuando un presidente decide proteger a un funcionario de manera absoluta, ata su autoridad política al desenlace del caso. Si Adorni logra explicar todo con documentación clara, Milei podrá mostrar que resistió una ofensiva mediática. Pero si aparecen nuevas contradicciones, contratos, pagos o vínculos difíciles de justificar, el costo ya no recaerá solamente sobre el jefe de Gabinete: también afectará al Presidente que lo sostuvo sin matices.
La situación también incomoda hacia adentro. Bullrich ya había planteado que Adorni debía mostrar los papeles cuanto antes porque, si no, el Gobierno se empantanaba. Este nuevo capítulo parece confirmar esa advertencia. La agenda oficial vuelve a quedar atrapada en el mismo punto: transparencia, vínculos, patrimonio y explicaciones.
La contradicción central es que el Gobierno pide austeridad a la sociedad, celebra recortes y presenta la motosierra como símbolo moral, pero al mismo tiempo debe explicar por qué una productora vinculada al amigo de un funcionario central cobraba de la TV Pública. En términos políticos, la discusión no se reduce al monto. El problema es el símbolo. Un pago de algunos millones puede parecer menor dentro del presupuesto estatal, pero en un Gobierno construido sobre la promesa de terminar con los privilegios, el impacto simbólico es mucho mayor.
El caso Grandío-Imhouse-Adorni pone en tensión tres planos distintos. El primero es legal: la Justicia deberá determinar si hubo delito, incompatibilidad, irregularidad administrativa o enriquecimiento ilícito. El segundo es ético: el Gobierno debe explicar si hubo conflicto de intereses o si se tomaron medidas para evitarlo. El tercero es político: el oficialismo debe responder si su relato de transparencia resiste cuando los vínculos bajo sospecha involucran a sus propios funcionarios.
Es posible que algunos contratos hayan sido formalmente legales. De hecho, desde la propia estructura de medios públicos se habría señalado que, desde el punto de vista formal, no necesariamente había ilegalidad. Pero esa explicación no alcanza para cerrar el debate. La ciudadanía no solo mira si un expediente cumple requisitos administrativos; también mira si el poder se comporta con la vara que promete aplicar a los demás.
En el caso Adorni, esa vara es especialmente alta porque el propio Gobierno construyó una narrativa de superioridad moral frente a la política tradicional. La Libertad Avanza no llegó al poder prometiendo administrar el Estado con los mismos criterios de siempre, sino desarmar supuestos privilegios, cortar gastos opacos y terminar con los negocios alrededor de la estructura pública. Por eso cada contrato dudoso, cada pago a una productora cercana y cada explicación ambigua tiene un efecto corrosivo.
La declaración jurada de Adorni será una pieza importante, pero ya no alcanza por sí sola. El caso se amplió. Ahora no solo se espera que explique su patrimonio, sino también que el Gobierno aclare el circuito completo: qué contratos tuvo Imhouse, quién los autorizó, cuánto cobró, por qué siguió cobrando después del escándalo, qué rol tuvo Grandío, qué rol tuvo Horacio Silva, qué sabía Adorni y qué controles aplicó Radio y Televisión Argentina.
El Gobierno todavía puede intentar cerrar el tema con documentos y explicaciones precisas. Pero el margen se achica. Cada nuevo dato alimenta la misma sospecha: que detrás del discurso de austeridad y transparencia también existen vínculos, amistades, contratos y pagos que necesitan ser revisados.
Adorni sigue blindado por Milei. Grandío sigue en el centro de la investigación. Imhouse aparece cada vez más como una pieza clave. Y la TV Pública, que debería ser parte de una discusión sobre medios estatales, quedó convertida en el escenario de una pregunta más incómoda: si la nueva política vino realmente a cortar los viejos mecanismos o si terminó encontrando su propia manera de convivir con ellos.
