Obras, fondos y votos: Economía giró $33.786 millones alrededor de sesiones clave y crecen las dudas sobre el manejo del SisVial

El Ministerio de Economía liberó durante los primeros cinco meses de 2026 más de $33.000 millones para obras viales en una serie de jornadas que coincidieron con algunas de las votaciones más importantes para Javier Milei en el Congreso. La reconstrucción realizada a partir de los movimientos del Sistema Vial Integrado, conocido como SisVial, muestra que el ritmo de los desembolsos aumentó considerablemente alrededor de esas sesiones y que una parte importante de los recursos llegó a provincias cuyos legisladores acompañaron después las posiciones del oficialismo.

La información no permite afirmar que el Gobierno haya entregado dinero a cambio de votos. Los pagos podían corresponder a obras realizadas con anterioridad, certificados ya aprobados o compromisos que el Estado nacional tenía pendientes con las provincias y las constructoras. Pero la concentración temporal es suficientemente llamativa como para abrir una pregunta política y administrativa: por qué Economía decidió liberar determinados fondos justamente alrededor de aquellas votaciones y cuáles fueron los criterios técnicos utilizados para establecer las prioridades.

El interrogante adquiere mayor relevancia por una segunda investigación sobre el mismo fondo. Desde que Milei asumió, el SisVial recaudó aproximadamente $1,5 billones destinados específicamente a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas, pero hasta mayo de 2026 solamente se habían ejecutado $394.406 millones. Alrededor de $1,038 billones permanecían fuera del asfalto, principalmente invertidos en títulos públicos y plazos fijos.

Es decir, el problema no es solamente que determinados pagos se concentraran alrededor de sesiones parlamentarias. También resulta necesario explicar por qué un fondo fuertemente subejecutado encontró capacidad para acelerar algunos desembolsos durante jornadas políticamente sensibles mientras gran parte de sus recursos continuaba invertida financieramente.

Tres votaciones y nueve días donde se concentró más de la mitad de los pagos

La investigación tomó tres “ventanas legislativas” de tres días: la jornada anterior a una votación importante, el día de la sesión y las 24 horas posteriores. Al analizar los movimientos del SisVial aparece una concentración difícil de ignorar. Entre esos nueve días se desembolsaron $33.786 millones, equivalentes al 52,7% de los pagos para obras registrados por el fondo durante los primeros cinco meses del año.

La primera ventana ocurrió entre el 11 y el 13 de febrero, cuando el Senado aprobó la reforma laboral y la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la modificación del Régimen Penal Juvenil. Durante esos tres días salieron del SisVial $17.139 millones. La magnitud queda todavía más clara cuando se compara con el resto del mes: febrero registró $18.883 millones de pagos en total, por lo que el 90,8% de todos los desembolsos mensuales se concentró alrededor de aquellas votaciones.

La segunda ventana se extendió entre el 8 y el 10 de abril, alrededor del tratamiento en Diputados de la modificación de la Ley de Glaciares. Economía liberó allí otros $12.551 millones, equivalentes al 47,6% de los pagos realizados durante ese mes. La reforma era especialmente importante para el Gobierno y las provincias mineras porque buscaba modificar el marco regulatorio que condiciona determinados proyectos de explotación en áreas cordilleranas.

La tercera ocurrió entre el 19 y el 21 de mayo, durante las discusiones en la Cámara baja de los proyectos conocidos como Hojarasca y Zona Fría. En ese período se giraron otros $14.096 millones, equivalentes al 57,8% de los desembolsos de mayo. Considerados conjuntamente, los pagos efectuados durante las tres ventanas avanzaron a un ritmo 3,44 veces superior al promedio de las jornadas en las que el SisVial registró movimientos.

El dato no constituye por sí mismo evidencia de una negociación espuria. Una obra certificada puede atravesar durante meses diferentes instancias administrativas hasta quedar en condiciones de cobrar y la fecha final del pago no necesariamente refleja el momento en que fue realizado el trabajo. Precisamente por eso, para descartar o confirmar cualquier uso político del mecanismo es necesario reconstruir cada expediente: cuándo se ejecutó la obra, cuándo se certificó, cuándo fue aprobada técnicamente, cuánto tiempo permaneció pendiente y quién ordenó finalmente liberar el dinero.

Jujuy, Misiones y Santiago del Estero concentraron el 41,5% de todos los desembolsos

La concentración no fue únicamente temporal. También hubo una marcada concentración territorial. Entre enero y mayo, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero reunieron el 41,5% de todos los desembolsos realizados por el SisVial, aunque el comportamiento legislativo de las tres provincias no fue idéntico.

Uno de los casos más significativos fue Jujuy. Los recursos estaban destinados a trabajos sobre la Ruta Nacional 34 y la empresa José J. Chediack SAICA recibió $11.987 millones durante los primeros cinco meses de 2026. El dato políticamente llamativo es que 97,5% de ese monto fue pagado dentro de las tres ventanas analizadas. La obra acumulaba retrasos desde finales de 2023 y los legisladores vinculados con el gobernador Carlos Sadir acompañaron las posiciones del Gobierno nacional durante las votaciones estudiadas.

En Tucumán, la Dirección Provincial de Vialidad recibió $2.322,8 millones durante esos períodos para trabajos sobre la Ruta Provincial 307. Según la documentación relevada, el proyecto acumulaba alrededor de tres años de demora y todavía no había alcanzado el 20% de ejecución física. Los representantes políticos vinculados con el gobernador Osvaldo Jaldo acompañaron al oficialismo en las tres sesiones analizadas.

El vínculo político entre Jaldo y la Casa Rosada no comenzó con estos desembolsos. El mandatario tucumano se convirtió desde el comienzo del gobierno libertario en uno de los gobernadores peronistas más dialoguistas y sus legisladores aportaron votos para distintas iniciativas del Ejecutivo. Esa relación también se observó en la distribución de otros recursos: Tucumán fue la provincia que más ATN recibió durante 2025, con $35.000 millones, mientras volvió a percibir fondos durante 2026. Los ATN y el SisVial son mecanismos completamente diferentes, pero ambos forman parte de una relación financiera cada vez más relevante entre Nación y las provincias.

En Misiones, la unión transitoria de empresas Enríquez-Albano recibió $4.466,5 millones durante las ventanas de febrero y mayo por trabajos sobre la Ruta Nacional 105. En total, esa empresa cobró $13.493 millones durante los primeros cinco meses del año, equivalente al 15,8% de todos los pagos realizados por el fondo en ese período. Los legisladores vinculados con el gobernador Hugo Passalacqua respaldaron al Gobierno durante las dos votaciones correspondientes.

Misiones mantiene desde hace tiempo una relación de negociación directa con la Casa Rosada y sus representantes suelen resultar decisivos en un Congreso fragmentado. También encabezó durante los primeros cinco meses de 2026 la distribución de ATN, con $15.000 millones recibidos, aunque nuevamente corresponde diferenciar ese instrumento del SisVial.

Santa Cruz recibió un único pago justo antes de Zona Fría

El movimiento registrado en Santa Cruz aparece entre los más particulares de la serie. El 19 de mayo, un día antes de la discusión legislativa vinculada con el régimen de Zona Fría, la Dirección Provincial de Vialidad santacruceña recibió $2.104 millones. Fue el único desembolso del SisVial destinado a esa provincia durante los primeros cinco meses de 2026.

Posteriormente, el diputado alineado con el gobernador Claudio Vidal votó en el mismo sentido que el oficialismo. La secuencia alimenta las sospechas por la proximidad temporal, pero tampoco alcanza para establecer que una cosa haya sido consecuencia de la otra. Para demostrar una contraprestación política tendría que aparecer evidencia adicional: comunicaciones, instrucciones, acuerdos o documentación que vincule directamente el desembolso con el comportamiento legislativo.

La relación financiera entre Santa Cruz y la Nación tiene además otros componentes. En marzo, el Poder Ejecutivo había autorizado un anticipo financiero de hasta $100.000 millones para atender problemas transitorios de caja de la provincia. Ese dinero no constituye una transferencia no reintegrable: debe ser devuelto dentro del ejercicio fiscal y está garantizado con recursos coparticipables.

En Salta, por su parte, los desembolsos realizados dentro de las ventanas correspondientes a las discusiones sobre Glaciares y Zona Fría superaron los $1.787 millones. En ambas sesiones, legisladores vinculados con el gobernador Gustavo Sáenz acompañaron las posiciones del Ejecutivo nacional.

Cuando se observan conjuntamente las vialidades provinciales de Tucumán, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero aparece otro dato notable: el 92,5% de los $18.045 millones que cobraron durante los primeros cinco meses fue liberado dentro de las tres ventanas legislativas estudiadas.

Santiago del Estero muestra por qué no puede hablarse automáticamente de “fondos por votos”

Existe, sin embargo, un caso particularmente importante porque contradice una interpretación demasiado lineal.

Santiago del Estero recibió $9.886 millones, equivalentes al 11,6% de todos los desembolsos del SisVial durante los primeros cinco meses de 2026. El dinero estaba destinado a la autovía de la Ruta Nacional 9 entre la capital provincial y Termas de Río Hondo, una obra que registraba aproximadamente 56% de avance.

Pero los legisladores santiagueños no acompañaron al Gobierno en las tres votaciones analizadas. Esa excepción es relevante porque impide sostener que todo desembolso del fondo haya respondido a una lógica automática de premio legislativo. Los pagos pueden estar relacionados con obras realmente ejecutadas, obligaciones contractuales pendientes, necesidades provinciales o decisiones administrativas independientes de la política parlamentaria.

El caso santiagueño no elimina las preguntas sobre Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta o Santa Cruz. Sí obliga a formularlas correctamente. Lo que puede afirmarse es que existió una fuerte concentración de pagos alrededor de votaciones decisivas y que varias de las jurisdicciones beneficiadas aportaron votos al oficialismo. Lo que todavía no puede afirmarse es que los votos hayan sido comprados mediante esos desembolsos.

La diferencia es fundamental desde el punto de vista periodístico y judicial.

El patrón tiene antecedentes en 2024 y 2025

Los movimientos tampoco comenzaron durante este año. La reconstrucción de la operatoria encontró episodios similares, aunque menos definidos, durante los dos primeros años del gobierno libertario.

El primer desembolso del SisVial registrado durante 2024 fue de $11.275 millones y ocurrió en junio, cuando el Congreso atravesaba el debate de la Ley Bases, el proyecto más importante de la primera etapa de la administración Milei.

Durante 2025 también hubo movimientos alrededor de votaciones relevantes. Dos días después de que Diputados habilitara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo giró $6.596 millones a Santa Cruz, una cifra que representó más de la mitad de lo pagado por el SisVial durante aquel mes.

El 7 de mayo, mientras el Senado discutía Ficha Limpia, se transfirieron otros $7.895 millones a la Vialidad de Jujuy. Y entre el 18 y el 23 de agosto de aquel año, durante las discusiones sobre jubilaciones y emergencia en discapacidad, se distribuyeron $20.983 millones entre distintas jurisdicciones, algunas de las cuales colaboraron posteriormente con el oficialismo mediante votos o abstenciones.

Nuevamente, una coincidencia temporal no demuestra una transacción política. Pero la repetición del patrón aumenta la necesidad de conocer cuál fue el criterio general utilizado por Economía para ordenar los pagos.

La gran contradicción: había dinero, pero más de $1 billón no llegó a las rutas

La discusión sobre los $33.786 millones se produce dentro de una controversia mucho mayor.

El SisVial fue creado para garantizar que una porción del impuesto a los combustibles tenga una afectación específica: financiar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. El Ministerio de Economía funciona actualmente como autoridad de aplicación y el Banco Nación administra fiduciariamente la cuenta desde la que se realizan los desembolsos.

Desde la llegada de Milei al Gobierno y hasta mayo de 2026, el sistema recaudó $1.503.252 millones. De ese monto, solamente $394.406 millones fueron efectivamente ejecutados en obras viales. La subejecución acumulada alcanza así el 73,8%.

La evolución fue particularmente irregular. En 2024 se utilizaron $40.668 millones de los $360.238 millones recaudados: apenas 11,3%. Durante 2025 la ejecución aumentó al 39%, con $270.592 millones utilizados sobre ingresos por $692.514 millones. Pero entre enero y mayo de 2026 volvió a descender al 18,5%: se recaudaron $450.500 millones y se ejecutaron solamente $83.144 millones.

Al 31 de mayo, el SisVial acumulaba $1.001.018 millones en inversiones financieras. De ellos, $854.234 millones estaban colocados en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. Otros $37.761 millones permanecían en cuenta corriente. En total, $1.038.779 millones recaudados por el sistema todavía no habían llegado a obras viales.

El dinero no desapareció. Continúa dentro de la estructura financiera estatal y genera rendimientos. La discusión es diferente: si un fondo creado con destino específico a las rutas puede permanecer durante períodos prolongados financiando inversiones financieras mientras las obras se encuentran paralizadas o subejecutadas.

Un cálculo citado por LA NACION estimó que, tomando como referencia costos surgidos de licitaciones recientes de Vialidad Nacional, los recursos retenidos podrían haber permitido intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial, cerca de dos tercios de las rutas nacionales. Se trata de una estimación aproximativa y no significa que todas esas obras hubieran podido ejecutarse simultáneamente, pero sirve para dimensionar el volumen acumulado.

El Gobierno admitió que parte de los recursos contribuye al equilibrio fiscal

La controversia escaló cuando el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció públicamente que una parte de los impuestos destinados a infraestructura vial llega efectivamente a Vialidad, mientras otra queda bajo disposición de Economía dentro de la estrategia utilizada para conseguir el equilibrio fiscal.

Desde la perspectiva oficial, administrar esos fondos financieramente permite preservar el capital, generar rendimientos y evitar gastos que puedan comprometer el objetivo central del Gobierno de mantener las cuentas públicas equilibradas.

El problema jurídico y político es que el SisVial tiene una finalidad específica. Según la documentación revisada, fue estructurado precisamente para evitar que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles terminaran absorbidos por las necesidades generales de financiamiento del Estado.

Durante 2025, además, la composición de las inversiones cambió notablemente. A comienzos del año predominaban los plazos fijos del Banco Nación, pero posteriormente aumentó la presencia de letras del Tesoro. Para diciembre de 2025, los $664.494 millones que componían la cartera financiera estaban colocados completamente en títulos públicos.

La consecuencia es que un fondo creado para financiar rutas terminó convirtiéndose también en un comprador relevante de deuda emitida por el propio Tesoro.

Economía tiene la llave para decidir cuándo se paga

Otro elemento central para comprender la dimensión política del caso es quién toma las decisiones.

Desde marzo de 2024, el Ministerio de Economía concentra la autoridad sobre los fondos fiduciarios integrados con recursos nacionales. Luis Caputo delegó buena parte de esas funciones en la Secretaría Legal y Administrativa, mientras la Secretaría de Hacienda tiene intervención previa y vinculante sobre las decisiones.

El Banco Nación cumple el rol de fiduciario, pero sus autoridades explicaron que no deciden autónomamente cuándo pagar una obra ni qué instrumento financiero comprar. Ejecutan las órdenes provenientes del Ministerio de Economía.

Esto significa que una obra puede encontrarse físicamente realizada, certificada por la autoridad correspondiente y administrativamente aprobada, pero el desembolso permanecer pendiente hasta que Economía autorice la transferencia.

Esa capacidad para acelerar o retrasar pagos es precisamente lo que vuelve políticamente sensible la concentración encontrada alrededor de las votaciones parlamentarias.

La Justicia ya recibió una denuncia por el manejo del fondo

La polémica dejó de ser exclusivamente política. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó el 10 de agosto una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue el manejo de los recursos del SisVial.

La legisladora pidió evaluar si funcionarios nacionales pudieron haber cometido malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación se centra en los aproximadamente $1,038 billones que no fueron aplicados directamente a infraestructura vial.

Una denuncia no implica que esos delitos hayan sido cometidos ni que los funcionarios señalados sean responsables penalmente. La Justicia deberá determinar primero si existen elementos suficientes para impulsar una investigación y, posteriormente, si las decisiones adoptadas sobre el fideicomiso estuvieron permitidas por la normativa.

La nueva información sobre la concentración de pagos alrededor de sesiones del Congreso podría incorporarse a esa discusión porque introduce otro aspecto: no solamente dónde permaneció el dinero no ejecutado, sino también cómo se seleccionaron los momentos y destinos de los recursos que sí fueron liberados.

Fondos para las provincias en un Congreso donde cada voto vale cada vez más

El caso también debe leerse dentro del escenario parlamentario de Milei.

La Libertad Avanza no posee por sí sola mayorías suficientes para imponer su agenda. Desde que asumió, el Gobierno necesitó construir acuerdos permanentes con gobernadores y bloques provinciales para aprobar reformas, sostener vetos, evitar interpelaciones, impedir iniciativas opositoras y conseguir quórum.

Jujuy, Tucumán, Misiones, Salta y distintas provincias patagónicas participaron en diferentes momentos de esas negociaciones. Eso no significa que respondan políticamente al Gobierno: de hecho, varios de sus mandatarios se enfrentaron con la Casa Rosada en otras votaciones. Pero sus legisladores se transformaron en actores decisivos dentro de un Congreso extremadamente fragmentado.

La negociación por recursos nacionales forma parte tradicionalmente de la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. Obra pública, deudas previsionales, ATN, avales para créditos internacionales, transferencias pendientes y administración de rutas aparecen sistemáticamente en las conversaciones.

Lo novedoso del caso SisVial es la posibilidad de reconstruir con precisión cuándo salió el dinero de la cuenta y compararlo con el calendario de votaciones.

Y allí aparece el patrón: durante nueve jornadas alrededor de tres sesiones se concentró más de la mitad de lo pagado en cinco meses.

Puede tratarse de obligaciones genuinas liberadas en momentos políticamente oportunos. Puede responder a acuerdos previos entre Nación y provincias. Puede existir una explicación estrictamente administrativa. O puede haber habido una utilización política de los tiempos de pago.

Con la documentación conocida hasta ahora, ninguna de esas hipótesis está definitivamente probada.

Lo que sí está probado es que el Ministerio de Economía tenía capacidad para definir el calendario de desembolsos, que una parte significativa del dinero se liberó alrededor de votaciones decisivas, que varias provincias beneficiadas acompañaron al oficialismo y que, mientras tanto, más de un billón de pesos permanecía invertido financieramente en lugar de ejecutarse en las rutas.

La diferencia entre una coincidencia y un intercambio político deberá surgir de documentos, comunicaciones y auditorías.

Después de conocerse estos movimientos, explicar el criterio utilizado para distribuir los fondos dejó de ser solamente una cuestión contable. Se convirtió en una cuestión de transparencia política.