Alejandro CabreraMartín Migueles se presentó ante la Justicia federal y reconoció haber actuado como intermediario en operaciones vinculadas con las SIRA, el sistema que durante el gobierno de Alberto Fernández regulaba el acceso a permisos de importación y, en los hechos, al dólar oficial. Su aparición en Comodoro Py se produjo después de la difusión de chats y audios que lo muestran en conversaciones sobre trámites para destrabar importaciones, porcentajes, contactos y supuestas gestiones aceleradas.
El financista llegó acompañado por su abogado Yamil Castro Bianchi y dejó un escrito de 14 páginas ante el fiscal Franco Picardi. En esa presentación buscó fijar su primera línea de defensa: admitió que participó como nexo entre personas interesadas en realizar trámites, pero negó que esa intermediación implicara el pago de coimas a funcionarios públicos. “No le pagué a ningún funcionario público”, sostuvo en uno de los tramos centrales de su descargo.
El caso reabre una de las preguntas más sensibles sobre la economía argentina de los últimos años: qué ocurrió alrededor de los permisos de importación cuando el cepo, la escasez de reservas y la brecha cambiaria convirtieron cada autorización en un activo económico de enorme valor. La SIRA no era simplemente un trámite administrativo. Para muchas empresas, significaba la diferencia entre importar insumos al dólar oficial o quedar atrapadas en la espera, la incertidumbre y el costo financiero.
En ese contexto, cualquier posibilidad de acelerar una aprobación podía transformarse en negocio. La investigación judicial apunta justamente a ese punto: si existió una red de intermediarios, empresarios y contactos con capacidad real o presunta de destrabar expedientes a cambio de pagos, comisiones o porcentajes. Migueles, por ahora, intenta separar su rol de esa hipótesis. Dice que lo suyo fue intermediación comercial habitual, no corrupción.
La estrategia de Migueles parece apoyarse sobre una distinción clave: una cosa es cobrar una comisión por conectar partes y otra muy distinta es participar de un esquema de sobornos para obtener decisiones estatales. En su escrito, el financista sostuvo que las situaciones de intermediación son frecuentes en la vida comercial, como cuando alguien conecta a un comprador con un vendedor o acerca a una persona con un profesional y cobra por esa referencia.
Esa explicación busca normalizar su rol y bajarle el volumen penal al caso. Según esa versión, Migueles no habría sido un operador con acceso directo a funcionarios, sino un intermediario dentro de una cadena más amplia, alguien que recibía consultas, derivaba contactos y podía cobrar por su participación. Su abogado también remarcó que los audios fueron “sacados de contexto” y que su defendido nunca tuvo contacto con funcionarios públicos.
Pero la causa no se agota en esa explicación. Los chats y audios incorporados al expediente mencionan porcentajes para acelerar trámites, contactos identificados por apodos y referencias a autorizaciones que podían salir en plazos muy breves. En una de las conversaciones investigadas, Migueles hablaba de la posibilidad de conseguir una SIRA “rápido” y mencionaba porcentajes del 11% o 12%. La defensa sostiene que esos porcentajes no representan pagos a funcionarios, sino comentarios de terceros o eventuales comisiones por gestiones.
La diferencia es determinante. Si se trató de comisiones privadas por asesoramiento o intermediación, el caso tendrá una lectura. Si esos porcentajes formaban parte de una cadena de pagos para influir sobre decisiones estatales, la dimensión penal y política cambia por completo. Por eso la Justicia ahora debe reconstruir quiénes eran los contactos, qué capacidad real tenían, qué trámites fueron aprobados, quién firmó las autorizaciones y si los movimientos económicos coinciden con los mensajes hallados.
El punto más delicado es que la frontera entre gestoría, lobby, intermediación y coima puede volverse difusa cuando el Estado administra permisos escasos. En una economía normal, importar debería ser una decisión comercial sujeta a reglas claras. En una economía con cepo, cupos y autorizaciones discrecionales, cada permiso se convierte en una puerta de poder. Y donde hay discrecionalidad extrema, suele aparecer una zona gris de intermediarios.
La investigación sobre Migueles no puede leerse aislada del sistema que la hizo posible. Las SIRA fueron creadas como un mecanismo para ordenar importaciones en un contexto de escasez de dólares. En teoría, buscaban administrar prioridades, proteger reservas y evitar maniobras abusivas. En la práctica, terminaron convirtiéndose para muchas empresas en un embudo burocrático capaz de paralizar producción, encarecer insumos y abrir espacio a gestores con supuesta llegada al poder.
La Argentina llegó a ese esquema por una combinación de problemas estructurales: falta de dólares, inflación alta, brecha cambiaria, controles de capitales, presión sobre reservas y una economía que necesitaba importar insumos para producir, pero no tenía divisas suficientes para habilitar todas las operaciones al tipo de cambio oficial. Esa tensión generó un sistema donde el permiso valía tanto como la mercadería.
El problema de fondo es que cuando el Estado decide quién accede a un dólar barato y quién queda afuera, se crea una diferencia económica gigantesca. Una empresa que obtenía autorización podía importar al valor oficial. Otra, sin permiso, debía esperar, financiarse, buscar alternativas, pagar sobrecostos o directamente frenar producción. Esa brecha entre acceder y no acceder al sistema fue el terreno perfecto para que aparecieran intermediarios.
Por eso la causa judicial tiene una dimensión que excede a Migueles. La pregunta no es solamente si un financista cobró o no cobró por una gestión. La pregunta es si el esquema de autorizaciones durante el período de mayores restricciones cambiarias permitió que grupos con contactos, información y capacidad de lobby convirtieran la necesidad de importar en una caja informal.
La Justicia ahora busca identificar qué funcionarios intervinieron en las autorizaciones investigadas, qué empresas solicitaron permisos, qué trámites se aceleraron, qué pagos se realizaron y qué relación existía entre los intermediarios y quienes tenían poder de decisión. Ese recorrido será clave para saber si el expediente termina en una discusión sobre chats incómodos o si escala hacia una causa más amplia sobre corrupción en el comercio exterior.
Migueles no aparece solo en el expediente. La investigación menciona vínculos con otros empresarios y financistas, entre ellos Elías Piccirillo y Francisco Hauque, además de contactos identificados por apodos como “Pato”, “La Señora” o referencias vinculadas al Banco Central y a áreas de Comercio. La defensa de Migueles reconoce que conoce a algunos de esos actores, pero intenta despegarlo de una red con capacidad de decisión estatal.
El fiscal Franco Picardi busca reconstruir esa trama. Una de las líneas apunta a determinar si los intermediarios tenían acceso real a funcionarios o si vendían influencia sin capacidad concreta. Esa diferencia también es importante: no es lo mismo una red corrupta que paga para obtener resoluciones que un grupo de gestores que promete contactos, cobra comisiones y exagera su poder. Pero en ambos casos aparece un problema institucional: empresarios dispuestos a pagar para acelerar trámites y un sistema suficientemente opaco como para que esa promesa fuera creíble.
El expediente también se vincula con investigaciones sobre operaciones cambiarias, venta de dólar oficial y movimientos de casas de cambio. ARG Exchange, una firma vinculada a Migueles y socios, aparece mencionada en la investigación, aunque él niega irregularidades y sostiene que no hubo maniobras ilegales. El foco de la Justicia estará en los movimientos económicos, las comunicaciones, los trámites aprobados y la trazabilidad del dinero.
La defensa de Migueles eligió una estrategia de presencia temprana. En lugar de esperar una citación más pesada, se presentó en Comodoro Py, dejó un descargo y prometió aportar documentación. Ese movimiento busca mostrar colaboración y evitar que la causa se construya únicamente sobre chats, audios y filtraciones mediáticas. Pero también confirma que el caso ya dejó de ser una conversación de pasillos para convertirse en un expediente con impacto político.
La causa golpea sobre un período muy sensible: el tramo final del gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio. La SIRA fue una herramienta central de esa etapa, marcada por la escasez de reservas, la presión importadora, el intento de contener la salida de dólares y la necesidad política de llegar a las elecciones sin una crisis cambiaria aún mayor.
