El Banco Central no rescata a los morosos, pero el Gobierno sí abre otra puerta sensible: la de los evasores

El Banco Central intentó ordenar una discusión que venía creciendo en el sistema financiero y en la política: no habrá rescate para los morosos. La aclaración apunta a cortar de raíz la idea de que la autoridad monetaria pudiera intervenir para salvar a quienes dejaron de pagar sus deudas con bancos, tarjetas o préstamos personales. En medio de una mora que viene subiendo y de una economía donde muchas familias sienten el ajuste en el consumo cotidiano, la señal oficial fue directa: el problema de los deudores lo deberán administrar las entidades financieras y sus clientes, no el Estado ni el Banco Central.

La definición tiene un costado técnico, pero también un costado político. El Gobierno necesita evitar cualquier lectura de “salvataje” porque su relato económico se construye sobre la idea de responsabilidad individual, disciplina fiscal y fin de los subsidios cruzados. En esa lógica, rescatar morosos sería incompatible con el discurso de Javier Milei contra la emisión, el déficit y las transferencias estatales que terminan socializando pérdidas privadas. El Banco Central busca mostrar que no habrá una nueva versión de auxilio financiero financiado por todos los contribuyentes.

Pero la aclaración aparece en un momento delicado. La mora del crédito al sector privado viene aumentando y el propio Banco Central informó que el ratio de irregularidad se ubicó en 6,7% en febrero, por encima del mes anterior y con una suba muy fuerte en la comparación interanual. El deterioro se siente especialmente en los hogares, donde los problemas para pagar tarjetas, préstamos y compromisos de consumo reflejan una tensión que no siempre aparece con la misma claridad en los indicadores macroeconómicos que celebra el Gobierno.

La mora crece y el Central se corre del problema

El mensaje del Banco Central busca separar responsabilidades. Las entidades financieras prestaron, evaluaron riesgo, cobraron tasas y asumieron una política comercial. Si ahora una parte de esa cartera se deteriora, deberán absorber el impacto con previsiones, renegociaciones, castigos contables o gestión de cobranza. El Estado no aparecerá como comprador de deuda mala ni como garante de quienes no pudieron o no quisieron pagar.

Esa postura puede tener lógica desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Si el Banco Central diera una señal de rescate, incentivaría conductas de riesgo: bancos más agresivos para prestar, clientes menos cuidadosos para endeudarse y una expectativa de que, al final, alguien se hará cargo. Por eso Santiago Bausili ya había apuntado a los bancos por la mora, planteando que una parte del problema también responde a malas decisiones de evaluación crediticia de las propias entidades.

Sin embargo, el problema político no se agota ahí. Para una familia que se atrasó con la tarjeta porque el salario perdió contra tarifas, alquileres, transporte o alimentos, la explicación técnica puede sonar distante. El Gobierno dice que no rescata morosos y probablemente tenga razón desde la lógica bancaria. Pero la pregunta social es otra: qué pasa cuando el ordenamiento macro convive con hogares más endeudados, consumo debilitado y bancos que empiezan a endurecer condiciones para prestar.

Ahí aparece el contraste más incómodo. El Gobierno se muestra duro con el moroso financiero, pero al mismo tiempo impulsó y reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal, presentada como un cambio de paradigma en la relación entre el fisco y los contribuyentes. La norma elevó los umbrales para considerar delito penal la evasión impositiva y, por aplicación de la ley penal más benigna, terminó impactando sobre causas ya abiertas.

Dureza para el deudor, alivio para el evasor

El oficialismo insiste en que la Ley de Inocencia Fiscal no es un blanqueo ni una amnistía, sino una forma de evitar que cualquier inconsistencia patrimonial o tributaria sea tratada automáticamente como delito. La explicación oficial sostiene que el Estado debe probar la existencia de evasión y no partir de una presunción generalizada de culpabilidad. En términos conceptuales, el Gobierno lo presenta como una defensa del contribuyente frente a un fisco abusivo.

El problema es el efecto concreto. La elevación de los montos punibles dejó fuera del sistema penal a numerosos casos que antes podían avanzar como delitos tributarios. En la práctica, eso implicó cierres, revisiones o sobreseimientos en expedientes por evasión, incluidos casos sensibles vinculados a figuras del mundo empresarial y también a nombres asociados al kirchnerismo. Ese impacto generó una contradicción política evidente para un gobierno que llegó al poder denunciando privilegios, casta y corrupción.

La diferencia de trato es lo que vuelve potente el tema. El moroso bancario no será rescatado; el banco deberá hacerse cargo y el cliente deberá renegociar o enfrentar las consecuencias. Pero el evasor que quedó alcanzado por los nuevos umbrales penales puede ver desactivada una causa o reducida su exposición judicial. No es el mismo plano jurídico, pero sí impacta en el mismo terreno político: quién paga el costo del orden y quién recibe alivio del nuevo esquema.

El Gobierno puede argumentar que una cosa es deuda privada con bancos y otra es política penal tributaria. También puede sostener que la actualización de montos era necesaria porque los valores anteriores habían quedado completamente desfasados por la inflación. Ese argumento tiene peso técnico. Argentina tuvo años de inflación altísima y muchos umbrales legales quedaron distorsionados. Pero la forma en que se aplicó la ley y sus efectos retroactivos abrieron una discusión inevitable sobre beneficiarios, oportunidad política y mensaje social.

El cepo a las empresas seguirá esperando

El otro punto sensible de la señal del Banco Central es el cepo cambiario para empresas. La autoridad monetaria dejó claro que no habrá un levantamiento total inmediato de las restricciones pendientes. La estrategia oficial sigue siendo gradual, con cambios puntuales y quirúrgicos, antes que una apertura completa que pueda poner presión sobre las reservas o alterar el esquema cambiario.

Esta decisión muestra que, pese al discurso de libertad económica, el Gobierno todavía administra cuidadosamente el acceso al mercado cambiario corporativo. Para las empresas, el cepo no es solo una cuestión ideológica: afecta pagos de importaciones, giro de dividendos, deudas comerciales, planificación financiera, inversión y relación con proveedores del exterior. Levantarlo completamente podría mejorar expectativas en algunos sectores, pero también abrir una demanda de dólares que el Banco Central no parece dispuesto a enfrentar sin mayor acumulación de reservas.

La contradicción vuelve a aparecer: el Gobierno promete desregulación, pero mantiene controles donde siente que una apertura total puede desordenar la macro. El relato libertario convive con una administración muy calculada de las restricciones. En la práctica, Milei y Caputo avanzan con liberalización cuando creen que el costo es manejable, pero preservan herramientas de control cuando el riesgo cambiario amenaza el corazón del programa.

El Banco Central, entonces, manda dos señales al mismo tiempo. Hacia los bancos y los deudores: no esperen rescate. Hacia las empresas: no esperen todavía una liberación total del cepo. Hacia los mercados: la prioridad sigue siendo cuidar la estabilidad antes que acelerar definiciones que puedan generar ruido. Y hacia la política: el Gobierno intentará sostener el discurso de orden aunque eso lo obligue a convivir con medidas que no siempre encajan de manera prolija con su propia narrativa.

El punto débil está en la percepción pública de justicia. Cuando a una familia endeudada se le dice que debe arreglarse con el banco, pero a evasores se les reduce la exposición penal por una reforma legal, la discusión deja de ser solamente económica. Pasa a ser moral y política. No porque el Banco Central deba rescatar morosos, sino porque el oficialismo queda expuesto a una comparación que puede ser incómoda: dureza hacia abajo, flexibilidad hacia quienes tuvieron estructura para litigar, planificar o esconder dinero fuera del radar fiscal.

La economía de Milei está entrando en una fase donde ya no alcanza con mostrar equilibrio fiscal o baja de inflación. El Gobierno necesita demostrar que el orden que promete no se reparte de manera desigual. La decisión del Banco Central puede ser correcta desde la lógica financiera, pero el contraste con la Ley de Inocencia Fiscal abre una pregunta que el oficialismo no podrá evitar: si el nuevo régimen castiga al que se atrasa con la tarjeta, pero termina aliviando al que evadió impuestos, el problema no está solo en la técnica económica, sino en el mensaje de poder que queda instalado.