Armesto y la “República intermitente”: el poder que apaga sus principios cuando dejan de convenirle

La escena se repite elección tras elección. Una persona escucha las propuestas de un candidato, analiza sus promesas y finalmente deposita su voto convencida de que ese dirigente representará determinadas ideas. No se trata solamente de elegir un nombre para ocupar un cargo: el voto implica delegar poder y confiar en que quien resulte electo defenderá, dentro de las instituciones, el programa que presentó ante la sociedad. Sin embargo, una vez alcanzado el poder, muchos dirigentes comienzan a alejarse de aquello que prometieron. Ya no responden al ciudadano que los eligió, sino a las necesidades del Gobierno, la disciplina partidaria, los intereses de un bloque legislativo, las presiones de determinados sectores económicos o la conveniencia de su propia supervivencia política.

Armesto define ese fenómeno como una “República intermitente”, concepto que desarrolla en un libro que se encuentra escribiendo. La imagen es sencilla, pero permite explicar una parte profunda del funcionamiento político argentino: las instituciones, los principios y las convicciones se prenden y se apagan. La República parece encenderse cuando sirve para cuestionar al adversario y se apaga cuando sus reglas incomodan al espacio propio. Quienes ayer reclamaban división de poderes hoy justifican el avance del Ejecutivo; quienes denunciaban decretos, nombramientos arbitrarios o bloqueos parlamentarios empiezan a considerarlos necesarios cuando gobierna el partido con el que simpatizan.

Para explicar esa ruptura entre el mandato electoral y el ejercicio del poder, Armesto recurre a una comparación cotidiana. Un dirigente promete fabricar vasos y obtiene el respaldo de quienes necesitan esos vasos. Una vez elegido, anuncia que en realidad producirá termos. Cuando los votantes le recuerdan lo que había prometido, el dirigente construye una justificación: asegura que antes pensaba de una manera, que las circunstancias cambiaron o que ahora comprende mejor las necesidades del país. El problema no es que una persona pueda revisar una posición frente a nuevos hechos, algo perfectamente legítimo, sino que utilice esa supuesta evolución para abandonar sin consecuencias la propuesta mediante la cual obtuvo el poder.

La diferencia es fundamental. Una democracia necesita dirigentes capaces de corregir errores, pero también mecanismos de responsabilidad política. Si cualquier promesa puede ser descartada inmediatamente después de una elección, el voto comienza a perder parte de su sentido. El ciudadano deja de elegir un proyecto para limitarse a firmar un cheque en blanco. La representación se transforma entonces en una autorización general para que una minoría tome decisiones durante cuatro años, incluso cuando esas decisiones contradicen abiertamente aquello que había ofrecido durante la campaña.

La discusión sobre la emergencia en discapacidad aparece como uno de los ejemplos señalados por Armesto. Legisladores que acompañaron determinadas medidas comenzaron posteriormente a bloquear su tratamiento, evitar las reuniones de comisión o relativizar aquello que antes habían considerado urgente. La pregunta que debería formularse la sociedad es sencilla: ¿cómo votaron esos mismos diputados y senadores cuando la cuestión se debatió originalmente? La comparación entre lo que hicieron ayer y lo que hacen hoy permite observar el momento exacto en el que el republicanismo se apaga.

No se trata únicamente de una disputa parlamentaria. Cuando un legislador cambia su conducta sin explicar seriamente las razones, el problema alcanza a todo el sistema de representación. Si una emergencia era real cuando gobernaba un adversario, debería continuar siendo real cuando gobierna un aliado, salvo que existan datos concretos que demuestren lo contrario. Lo que no puede aceptarse como normal es que la gravedad de la discapacidad, la pobreza o cualquier otra crisis social dependa de la identidad política de quien ocupa la Casa Rosada.

La misma intermitencia se observa en la defensa de la libertad de expresión. Dirigentes, periodistas y ciudadanos que años atrás reaccionaban con indignación ante cualquier intento de censura hoy guardan silencio frente a situaciones similares. Otros que antes justificaban controles, persecuciones o ataques contra la prensa se convierten repentinamente en defensores absolutos de la libertad cuando cambian las autoridades. El principio no se aplica de manera universal: se utiliza como un arma contra el adversario. No se defiende el derecho de todos a expresarse, sino el derecho de los propios y la posibilidad de callar a los demás.

Esta doble vara termina destruyendo el valor de las palabras. Si la libertad solamente importa cuando beneficia a una facción, deja de ser libertad para transformarse en un privilegio. Si la independencia judicial se reclama únicamente cuando un juez investiga al adversario, pero se cuestiona cuando alcanza al espacio propio, deja de ser independencia. Y si la corrupción es denunciada exclusivamente cuando involucra a quienes gobernaron antes, la lucha por la transparencia se convierte en una herramienta de propaganda.

Armesto denomina a ese mecanismo “corrupción selectiva”. La política argentina mantiene una enorme capacidad para revisar los hechos del pasado, especialmente cuando sus responsables ya perdieron poder, pero encuentra muchas más dificultades para investigar aquello que sucede en el presente. La corrupción anterior ocupa tapas, discursos y programas enteros, mientras las sospechas actuales quedan reducidas a espacios marginales. Se habla permanentemente de lo que hicieron los otros, pero se evita analizar con la misma intensidad los nombramientos, contratos, negociaciones y movimientos institucionales del Gobierno de turno.

La cuestión judicial resulta especialmente delicada. El Consejo de la Magistratura y los procedimientos para seleccionar, controlar o remover jueces deberían funcionar como garantías institucionales, no como instrumentos partidarios. Sin embargo, la política intenta colocar magistrados en lugares estratégicos, acelerar determinadas designaciones, frenar otras y proteger a funcionarios o aliados investigados. Incluso existen jueces sometidos a procesos disciplinarios que continúan tomando decisiones relevantes mientras el sistema demora indefinidamente una resolución. El resultado es una Justicia que puede mostrarse implacable con algunos y extraordinariamente lenta con otros.

Para Armesto, la corrupción no debe medirse solamente por la cantidad de dinero robado. Cada peso desviado representa un recurso que no llega a una escuela, un hospital, una política para personas con discapacidad o una familia que necesita asistencia. El daño no termina en una cuenta bancaria secreta ni en el enriquecimiento de un funcionario. La corrupción deteriora los servicios públicos, profundiza las desigualdades y después sirve como argumento para afirmar que el Estado no funciona. Primero se extraen sus recursos y luego se utiliza su fracaso como justificación para abandonarlo.

Pero el planteo de la “República intermitente” no se limita a las élites. Armesto advierte que la corrupción también se encuentra socialmente naturalizada en las prácticas cotidianas. Muchas personas condenan públicamente a los políticos corruptos, pero utilizan un contacto cuando necesitan evitar una multa, conseguir una excepción o adelantarse en un trámite. La transgresión parece inaceptable cuando beneficia a otro y comprensible cuando resuelve un problema propio. De esta manera, la sociedad reproduce en pequeña escala la misma doble vara que cuestiona en quienes ejercen el poder.

Esta aceptación cultural produce además una inversión moral: el honesto comienza a ser observado como un ingenuo o incluso como una amenaza. En un grupo donde la mayoría participa de prácticas irregulares, quienes se niegan a hacerlo generan desconfianza porque no pueden ser controlados mediante la complicidad. Ya no se admira a quien respeta las reglas, sino que se lo considera un obstáculo. El corrupto deja de avergonzarse y empieza a presentar al honesto como un “boludo” que no comprendió cómo funciona el sistema.

La política, sin embargo, no corrompe inevitablemente a todas las personas. Existen dirigentes y funcionarios honestos, pero deben desenvolverse dentro de estructuras donde la lealtad partidaria suele ser más valorada que la coherencia, y donde negarse a participar de determinados acuerdos puede significar aislamiento, pérdida de oportunidades o expulsión. El verdadero problema aparece cuando el sistema convierte la irregularidad en una condición informal para pertenecer y premia a quienes aceptan sus códigos internos.

A ese deterioro institucional se suma, en la mirada de Armesto, una pérdida de empatía. Su reflexión surge de una discusión relacionada con estudiantes que no podían pagar un viaje a Bariloche. Frente a familias sin recursos suficientes, algunas personas proponían ofrecer una ayuda parcial y exigir que abonaran el resto, aunque se les explicara que esos jóvenes no tenían dinero ni siquiera para cubrir necesidades más elementales. El debate dejó de concentrarse en la realidad de los chicos y comenzó a girar alrededor de diferencias personales entre los adultos.

Ese episodio le permite ampliar la tesis más allá de la política formal. La República también se apaga cuando una sociedad deja de ponerse en el lugar del otro. Para una familia acomodada, conocer la nieve, subir a un avión o viajar al mar puede ser una experiencia repetida. Para un adolescente pobre, quizás represente una oportunidad única que nunca volverá a presentarse. Negarle esa posibilidad por resentimiento, indiferencia o una disputa ajena a su situación revela una forma de miseria que no depende de la cantidad de dinero disponible, sino de la incapacidad para reconocer el sufrimiento y los sueños del otro.

Armesto recuerda en ese sentido a una mujer gravemente enferma que, cerca del final de su vida, confesó que nunca había conocido el mar, aunque se encontraba a unos cientos de kilómetros. El recuerdo convierte un viaje, una playa, la nieve o el despegue de un avión en algo diferente a un lujo superficial. Son experiencias que construyen memoria, amplían el mundo conocido y permiten que una persona sienta que también puede participar de aquello que para otros resulta cotidiano.

La solidaridad no exige necesariamente contar con una fortuna. Puede consistir en utilizar un contacto legítimo, una relación personal o una posibilidad concreta para ayudar a alguien que no puede acceder por sus propios medios. El problema comienza cuando cada sector protege exclusivamente “su quintita” y evalúa las necesidades ajenas según simpatías, enemistades o conveniencias personales. Una comunidad donde nadie está dispuesto a ofrecer aquello que tiene a su alcance termina dejando a todos más desprotegidos.

La “República intermitente” es, por lo tanto, una crítica al conjunto de la cultura política argentina. No describe solamente a un Gobierno, un partido o una corriente ideológica. Expone un comportamiento que atraviesa oficialismos y oposiciones: reclamar controles cuando gobierna el adversario y debilitarlos cuando gobiernan los propios; denunciar la corrupción pasada mientras se relativiza la presente; exigir libertad para los aliados y censura para los demás; reclamar solidaridad para la propia necesidad y mostrarse indiferente ante la necesidad ajena.

El desafío consiste en mantener las luces encendidas incluso cuando iluminan aquello que preferiríamos no ver. Defender la libertad de expresión del adversario, investigar la corrupción del propio espacio, exigir que los legisladores expliquen por qué abandonan sus promesas y reconocer los derechos de quienes no comparten nuestras ideas. Una República verdadera no puede activarse únicamente durante las campañas electorales ni funcionar según la conveniencia de cada gobierno.

Cuando las instituciones, los valores y la empatía dependen de quién tiene el poder, la democracia conserva sus formas, pero pierde progresivamente su contenido. Se vota, existen partidos y funcionan organismos públicos, aunque la representación se debilita y las reglas se vuelven negociables. La tesis de Armesto apunta precisamente a esa zona: la Argentina no carece completamente de República, pero tampoco consigue sostenerla de manera permanente. La enciende para denunciar al otro y la apaga cuando la luz comienza a mostrar las propias contradicciones.