Ceuta, del goteo al colapso: cómo 50.000 migrantes cruzaron desde Marruecos en menos de dos días

Ceuta atravesó entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio una crisis migratoria sin precedentes. El Ministerio del Interior español calculó que más de 50.000 personas ingresaron irregularmente desde Marruecos, una cantidad equivalente a más de la mitad de la población habitual de la ciudad autónoma.

La cifra oficial quedó por debajo de la estimación del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que habló de hasta 60.000 entradas. Para la mañana del viernes, alrededor de 25.000 migrantes habían regresado voluntariamente a Marruecos, mientras embarcaciones españolas y marroquíes trabajaban para rescatar a quienes permanecían en el agua y devolverlos a la costa africana.

La tragedia también dejó un balance humano que seguía abierto. Hasta las 14.21 de España —las 9.21 de la Argentina— se habían confirmado al menos 34 muertes, en su mayoría de personas ahogadas mientras intentaban bordear a nado el espigón fronterizo de El Tarajal. Los equipos de buceo continuaban buscando cadáveres y posibles sobrevivientes.

La irrupción no comenzó de un momento para otro. Fue el resultado de varias semanas de presión creciente, una modificación judicial que cambió el procedimiento para las entradas por mar, la difusión de mensajes entre jóvenes marroquíes y una frontera cuya vigilancia depende en gran medida de la cooperación entre Madrid y Rabat.

El antecedente: una sentencia y un aumento progresivo de los cruces

El 8 de julio, el Tribunal Supremo español confirmó que las personas interceptadas en el mar mientras intentaban llegar a nado a Ceuta o Melilla no podían ser objeto del denominado “rechazo en frontera”, conocido popularmente como devolución en caliente.

La decisión no prohibió que los migrantes fueran devueltos a Marruecos. Estableció que, al no haber atravesado una barrera física como una valla, debían ser sometidos al procedimiento ordinario de devolución, con identificación, asistencia jurídica y las garantías previstas por la legislación migratoria.

Esa diferencia jurídica tuvo una consecuencia práctica: las fuerzas españolas ya no podían entregar inmediatamente a las autoridades marroquíes a todas las personas interceptadas mientras nadaban alrededor del espigón. Debían trasladarlas a territorio español, identificarlas y tramitar cada expediente.

Pocos días después del fallo comenzó a aumentar el número de personas que intentaban alcanzar Ceuta por el agua.

El Gobierno español y mandos de la Guardia Civil sostienen que las mafias y redes criminales explotaron la noticia para presentar la ruta marítima como una oportunidad para ingresar y permanecer durante más tiempo en España. Un portavoz policial describió primero un “goteo lento” y después una explosión repentina de cruces.

El periodista especializado en Marruecos Ignacio Cembrero aseguró que la interpretación del fallo se difundió rápidamente entre jóvenes marroquíes. Según los testimonios que recibió, algunos dejaron sus trabajos y viajaron hacia la frontera con la expectativa de que ya no podrían ser devueltos inmediatamente.

Sin embargo, no existe consenso sobre que la sentencia haya sido la única causa.

Especialistas en migraciones advierten que la resolución no impide las devoluciones y que un movimiento de decenas de miles de personas difícilmente pueda explicarse solamente por una noticia judicial. La abogada Patuca Fernández sostuvo que una movilización semejante no podía desarrollarse sin que las autoridades marroquíes conocieran lo que estaba sucediendo y tuvieran capacidad para intervenir.

Marruecos negó haber facilitado deliberadamente los cruces y atribuyó la situación a las redes de tráfico. Fuentes de la Guardia Civil, no obstante, consideraron insuficiente la colaboración marroquí durante las primeras horas del desborde. El detonante definitivo continúa sin estar completamente aclarado.

El contexto social también influyó. Una parte importante de quienes cruzaron eran jóvenes y adolescentes marroquíes que buscaban oportunidades económicas en Europa. Junto con ellos llegaron familias, mujeres, niños y personas originarias de otros países africanos.

Durante los diez días anteriores a la gran entrada, Ceuta pasó de atender aproximadamente 180 menores extranjeros a unos 570. Los centros destinados a menores funcionaban a cerca de 16 veces su capacidad y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, preparado para 512 personas, albergaba más de 700, mientras otras 400 permanecían en el exterior.

Para el miércoles 29 de julio ya habían ingresado más de 1.500 personas en poco más de una semana. El Gobierno comenzó a trasladar pequeños grupos a la península, pero el ritmo de llegadas superaba ampliamente la capacidad de salida.

El presidente de Ceuta reclamó al Ejecutivo central una respuesta urgente, más agentes, fondos extraordinarios y una reforma que permitiera adaptar el control fronterizo a la nueva interpretación judicial.

La presión todavía parecía grave pero manejable. Esa percepción se derrumbó durante la madrugada del jueves.

El jueves 30: la frontera queda desbordada

Desde las primeras horas del 30 de julio, grandes grupos comenzaron a concentrarse en Fnideq, la localidad marroquí situada junto a Ceuta. Muchos se dirigieron hacia las playas y trataron de bordear nadando el espigón de El Tarajal. Otros utilizaron flotadores, cámaras de neumáticos y pequeñas embarcaciones improvisadas.

La cantidad de personas aumentó rápidamente. Las imágenes mostraron a centenares entrando simultáneamente al agua, atravesando sectores costeros y corriendo hacia las calles de Ceuta. También hubo grupos que forzaron accesos terrestres o aprovecharon la imposibilidad de los agentes para contener todos los puntos a la vez.

Algunos de los recién llegados gritaban “Viva España” al alcanzar territorio ceutí. Muchos estaban empapados, agotados y sin pertenencias. Habían recorrido kilómetros desde distintas localidades marroquíes y algunos llevaban horas esperando la oportunidad de ingresar.

En un primer momento, la televisión pública española informó que entre 2.000 y 3.000 personas habían cruzado. Esas estimaciones quedaron rápidamente superadas. El flujo se mantuvo durante todo el día y parte de la noche, con grupos que ingresaban por diferentes puntos de la costa.

La Guardia Civil y la Policía Nacional quedaron desbordadas. Los agentes debían simultáneamente rescatar personas del agua, impedir nuevos cruces, identificar a los recién llegados y sostener el orden en una ciudad de alrededor de 84.000 habitantes.

El Gobierno de Ceuta pidió declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional y reclamó una cadena de mando única. Madrid descartó inicialmente esa figura, pero decidió enviar refuerzos y movilizar unidades militares para apoyar a las fuerzas de seguridad.

El Ejército fue desplegado en puntos estratégicos de la frontera y quedó disponible para tareas logísticas, vigilancia y asistencia a la población. La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó posteriormente que había 3.000 efectivos preparados para colaborar con la Guardia Civil y la Policía.

El Ministerio del Interior envió cerca de 350 agentes adicionales. Entre ellos había unidades antidisturbios, equipos especializados en extranjería, guardias civiles para la vigilancia costera, buceadores, pilotos de drones y personal marítimo.

También se desplegó el buque Duque de Ahumada, la embarcación más grande de la Guardia Civil, junto con helicópteros, lanchas y unidades destinadas a buscar personas desaparecidas en el mar.

Mientras aumentaban las entradas, comenzaron a aparecer cuerpos en el agua y en las playas. Nueve muertes habían sido confirmadas durante el jueves, pero el balance creció durante las horas siguientes.

El mayor riesgo estaba en El Tarajal. Quienes intentaban rodear el espigón debían enfrentarse a corrientes, oleaje, cansancio y una enorme concentración de personas. Algunos no sabían nadar y dependían de elementos inflables precarios.

La tragedia recordó lo sucedido en febrero de 2014, cuando al menos 14 migrantes murieron durante otro intento de entrada a nado por la misma zona.

La presión se extendió también a Melilla, la otra ciudad española en el norte africano. En el paso de Beni Enzar se produjeron intentos de entrada, enfrentamientos y daños a vehículos. España cerró temporalmente la frontera, aunque durante el viernes se confirmó que unas 130 personas habían logrado acceder, muchas de ellas menores.

El jueves por la tarde, España y Marruecos anunciaron que reforzarían la coordinación y acelerarían las devoluciones. Rabat insistió en que no había promovido los cruces y que sus fuerzas estaban actuando contra las redes responsables.

En Fnideq, las fuerzas marroquíes utilizaron camiones hidrantes para alejar a las personas que seguían dirigiéndose hacia el agua. Sin embargo, durante buena parte del día la respuesta no consiguió detener el movimiento.

La noche del jueves: una ciudad al límite

Cuando cayó la noche, miles de personas permanecían repartidas entre las playas, calles, montes y espacios públicos de Ceuta.

Los centros de acogida no tenían capacidad para recibirlas. Las autoridades improvisaron lugares de asistencia y distribuyeron agua, alimentos y atención sanitaria con la participación de la Cruz Roja y otras organizaciones.

La llegada equivalía a incorporar en pocas horas una población superior a la mitad de los residentes habituales. El sistema sanitario, los servicios sociales y las fuerzas de seguridad no estaban preparados para una dimensión semejante.

La tensión se trasladó a algunos barrios. Hubo vecinos que reclamaron mayor protección y personas migrantes que denunciaron haber sido expulsadas de determinados lugares mediante amenazas, piedras y agresiones.

El Gobierno español prometió que quienes hubieran ingresado irregularmente serían devueltos, pero comenzaron a surgir dudas legales y operativas.

Los adultos que habían llegado por vía marítima debían atravesar procedimientos individualizados. Los menores no acompañados quedaban bajo tutela de la ciudad autónoma y no podían ser repatriados automáticamente. También debían identificarse posibles solicitantes de asilo y personas vulnerables.

Por esas razones, especialistas cuestionaron que fuera posible ejecutar decenas de miles de devoluciones en pocos días, aun con la cooperación marroquí.

La crisis también produjo una disputa política europea.

Italia amenazó con adoptar medidas extraordinarias y estudiar la suspensión de la libre circulación con España. Finlandia apoyó la posibilidad de excluir temporalmente al país del espacio Schengen, mientras Suecia reclamó recuperar rápidamente el control fronterizo.

España rechazó esas acusaciones y convocó al embajador italiano. El Gobierno recordó que Ceuta y Melilla poseen un régimen especial dentro de Schengen: aunque forman parte del espacio europeo, existen controles documentales para viajar desde las ciudades autónomas hacia la península y el resto de Europa.

La oposición española responsabilizó a Pedro Sánchez. El Partido Popular reclamó modificar la Ley de Extranjería para permitir rechazos inmediatos también en el mar y exigió una comparecencia urgente del presidente en el Congreso.

Vox calificó lo ocurrido como una “invasión”. El Gobierno respondió que esa terminología agravaba la tensión y que el origen de la crisis debía buscarse en las redes criminales y en la presión sobre la frontera.

El viernes 31: comienza el regreso hacia Marruecos

Durante la mañana del viernes, la dirección del movimiento empezó a invertirse.

Miles de personas comenzaron a caminar desde Ceuta hacia Marruecos. Algunas regresaron al comprobar que no podrían trasladarse inmediatamente a la península. Otras lo hicieron por la falta de alojamiento, alimentos y posibilidades de permanecer en la ciudad.

Patrulleras y embarcaciones neumáticas marroquíes ingresaron en aguas próximas a Ceuta para rescatar a nadadores y devolverlos. Las fuerzas marroquíes también utilizaron chorros de agua para despejar zonas costeras y evitar nuevas concentraciones.

El Ministerio del Interior calculó que alrededor de 25.000 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos antes de la tarde. Si bien el dato implicaba una disminución de la presión inmediata, todavía quedaban decenas de miles dentro de Ceuta o pendientes de identificación.

Pedro Sánchez viajó a la ciudad acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fue recibido por manifestantes, algunos de los cuales protagonizaron enfrentamientos con la Policía.

El presidente visitó El Tarajal, se reunió con las fuerzas de seguridad y mantuvo un encuentro con el Gobierno ceutí, responsables del centro de inmigrantes y representantes de la Cruz Roja.

Después de la reunión, Sánchez calificó la entrada masiva como un “ataque” y una “violación de la integridad territorial de España”. Sin embargo, evitó responsabilizar directamente al Gobierno de Mohamed VI y definió a Marruecos como un aliado necesario para resolver la crisis.

El presidente atribuyó el movimiento a las mafias que trafican con personas y anunció la agilización de los expedientes de devolución. También informó que la Guardia Civil colocará boyas en el espigón del Tarajal para crear una barrera física o visual que permita aplicar el rechazo en frontera sin contradecir la sentencia del Tribunal Supremo.

La medida busca resolver el vacío práctico generado por el fallo: si existe una delimitación física reconocible en el mar, el Gobierno pretende considerar que las personas fueron interceptadas en el perímetro fronterizo y no después de ingresar en aguas españolas.

La interpretación podría generar nuevas discusiones judiciales, especialmente si las boyas dificultan los rescates o son utilizadas para devolver personas sin evaluar individualmente su situación.

La Unión Europea respaldó a España, pero exigió resultados rápidos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las imágenes como “inaceptables”, pidió desmantelar las redes de tráfico y anunció apoyo operativo mediante Frontex. Alemania reclamó que Marruecos readmita inmediatamente a quienes ingresaron de manera irregular.

El antecedente de 2021 y la relación con Marruecos

La crisis recordó de inmediato a mayo de 2021, cuando aproximadamente 8.000 personas ingresaron en Ceuta durante dos días después de que Marruecos redujera sus controles fronterizos.

En aquella oportunidad, la actuación de Rabat fue interpretada como una represalia porque España había permitido que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, recibiera tratamiento médico en territorio español.

La tensión disminuyó después de que Pedro Sánchez modificara la posición histórica española sobre el Sahara Occidental y respaldara la propuesta de autonomía marroquí como base para resolver el conflicto.

Desde entonces, Madrid y Rabat habían presentado su relación como una asociación estable, basada especialmente en el control migratorio, la seguridad y los intercambios económicos.

La nueva crisis volvió a mostrar hasta qué punto España depende de la actuación marroquí. La frontera puede ser reforzada del lado español, pero resulta extremadamente difícil contener movimientos masivos si las fuerzas de Marruecos no impiden previamente que miles de personas alcancen las playas y los accesos.

No existe, hasta ahora, una prueba pública de que Rabat haya ordenado liberar la frontera como en 2021. El Gobierno marroquí niega cualquier responsabilidad y durante el viernes colaboró en los retornos.

Sin embargo, la escala del movimiento y la tardanza inicial en frenarlo mantienen abiertas las sospechas sobre la verdadera actuación de las autoridades marroquíes.

Una crisis humanitaria, fronteriza y política todavía abierta

La reducción de las entradas y el regreso de unas 25.000 personas permitieron aliviar parcialmente la situación durante el viernes.

Pero Ceuta continúa enfrentando un enorme problema humanitario. Debe identificar a miles de personas, determinar quiénes son menores, tramitar eventuales solicitudes de asilo, encontrar alojamiento y resolver procedimientos de devolución bajo control judicial.

El balance de víctimas puede seguir aumentando porque continúan las búsquedas en el mar. Hasta la última actualización consultada se habían confirmado al menos 34 muertes, mientras buceadores y embarcaciones inspeccionaban las aguas próximas a El Tarajal.

Tampoco está resuelta la causa política del episodio.

El Gobierno señala a las mafias y al aprovechamiento de la sentencia del Supremo. La oposición responsabiliza a la política migratoria y a la regularización de extranjeros. Otros especialistas hablan de una operación de presión marroquí, del descontento social entre los jóvenes y de la ausencia de un plan español para enfrentar una crisis que ya tenía un antecedente claro.

Lo confirmado es que el sistema se encontraba desbordado antes del jueves, que las autoridades conocían el aumento de los cruces y que la respuesta inicial no alcanzó para impedir la mayor entrada irregular registrada en la historia reciente de Ceuta.

En menos de dos días, una frontera que parecía controlada quedó abierta ante decenas de miles de personas, el Ejército debió ser desplegado y una crisis local se convirtió en una disputa entre España, Marruecos y varios gobiernos europeos.