Kicillof reactivó las reelecciones indefinidas de intendentes: qué busca y por qué desató otra pelea en el peronismo

Axel Kicillof puso nuevamente en marcha la operación política para eliminar el límite a las reelecciones de los intendentes bonaerenses.

El gobernador reunió en la Casa de Gobierno de La Plata a diputados y senadores vinculados con el Movimiento Derecho al Futuro, su espacio interno, para ordenar la agenda legislativa. Entre las prioridades apareció el proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, que busca derogar las restricciones establecidas durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La discusión debe entenderse con claridad: no se está proponiendo únicamente una autorización excepcional para que los intendentes tengan un tercer mandato.

La iniciativa impulsada por el kicillofismo restablecería las reelecciones consecutivas sin límite. Un intendente podría presentarse en 2027, 2031, 2035 y continuar haciéndolo mientras gane las elecciones y conserve el respaldo de su partido.

Por el momento, la reforma no fue aprobada, no tiene fecha confirmada de votación y ni siquiera cuenta con los votos necesarios dentro del propio peronismo. El expediente oficial continúa en estudio en la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense.

Qué establece actualmente la ley bonaerense

La Ley 14.836, aprobada en 2016, determina que los intendentes duran cuatro años y solamente pueden ser reelegidos una vez de manera consecutiva.

Después de cumplir dos mandatos seguidos, deben dejar pasar un período completo antes de volver a postularse para el mismo cargo. El límite también alcanza a concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales.

El sistema parece sencillo, pero fue modificado en 2021 mediante la Ley 15.315.

Aquella reforma estableció que, para los intendentes, el período iniciado en 2019 debía considerarse como el primero a los efectos del nuevo límite. De esta manera, quienes fueron elegidos en 2019 y reelegidos en 2023 están transitando actualmente su segundo mandato consecutivo computable y no podrían volver a presentarse en 2027.

La modificación de 2021 funcionó, en los hechos, como una extensión.

Muchos intendentes que ya acumulaban varios períodos anteriores pudieron competir nuevamente en 2023 porque la cuenta legal comenzó en 2019. Sin esa reforma, una parte de ellos habría quedado fuera de la elección anterior.

Ahora, cuatro años después, el sistema vuelve a generar el mismo conflicto: los dirigentes que aprovecharon aquella flexibilización enfrentan finalmente el límite que había quedado postergado.

Cuántos intendentes quedarían impedidos de competir

Los relevamientos periodísticos oscilan entre 80 y 82 intendentes, dependiendo de cómo se computan las licencias, los reemplazos interinos y las interrupciones de algunos mandatos.

El cálculo más detallado publicado recientemente ubica en 80 a los jefes comunales que no podrían presentarse nuevamente en 2027. Representan aproximadamente el 59% de los 135 municipios bonaerenses.

De esos 80 intendentes:

• 51 pertenecen a Fuerza Patria;
• 16 corresponden al radicalismo;
• siete al PRO;
• cinco gobiernan mediante fuerzas vecinales;
• y uno quedó alineado con La Libertad Avanza después de haber pertenecido al PRO.

Por lo tanto, la reforma beneficia principalmente al peronismo, pero no exclusivamente.

También existen intendentes radicales, macristas y vecinalistas interesados en modificar la legislación. Algunos dirigentes opositores rechazan públicamente la reelección indefinida, mientras que ciertos jefes comunales de esos mismos espacios observan la discusión con mayor simpatía porque también quedarían fuera de competencia.

El conurbano es el centro del problema. De los 40 municipios que integran el Gran Buenos Aires, 28 tienen intendentes que, según la legislación vigente, no podrían disputar otro mandato consecutivo.

Entre los distritos afectados aparecen algunos de los municipios con mayor cantidad de electores y mayor capacidad de movilización política, como La Matanza, Avellaneda, Merlo, Florencio Varela, General San Martín, Ensenada, Escobar y Esteban Echeverría.

Por qué Kicillof considera tan importante la reforma

La explicación pública del gobernador es democrática.

Kicillof sostiene que no debería prohibirse la candidatura de una persona si los ciudadanos quieren volver a elegirla. Su argumento es que los intendentes son los dirigentes más cercanos a los vecinos y que, cuando administran mal, los propios votantes pueden reemplazarlos.

El Gobierno provincial califica la limitación como “proscriptiva”.

Según esta interpretación, la ley no solamente condiciona al dirigente, sino también al elector, porque impide votar a una persona que podría conservar respaldo en su municipio.

Pero detrás del argumento institucional existe una necesidad política evidente.

Kicillof se prepara para disputar la conducción nacional del peronismo y aparece como uno de los posibles candidatos presidenciales de 2027. Para construir una campaña nacional necesita conservar una estructura propia en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra cerca del 38% del padrón electoral argentino.

Los intendentes son una parte fundamental de esa estructura. Controlan equipos territoriales, concejales, militancia, recursos municipales, vínculos con organizaciones sociales y redes políticas desarrolladas durante años.

Para el kicillofismo, perder simultáneamente a más de cincuenta intendentes peronistas obligaría a abrir sucesiones internas en decenas de municipios justo cuando el gobernador necesita consolidar su liderazgo nacional. Fuentes de su espacio consideran que los jefes comunales del conurbano funcionan como verdaderas “locomotoras electorales” capaces de arrastrar votos hacia una candidatura provincial o presidencial.

La reforma es, entonces, una cuestión institucional, pero también una pieza central del proyecto presidencial de Kicillof.

¿La reforma permitiría otra reelección de Kicillof?

No.

El gobernador está atravesando su segundo mandato consecutivo y no puede presentarse nuevamente para el mismo cargo en 2027.

La limitación de Kicillof no surge de la ley que regula a los intendentes, sino del artículo 123 de la Constitución bonaerense. La norma permite que gobernador y vicegobernador sean reelegidos una vez y exige que dejen pasar un período antes de competir nuevamente por cualquiera de los dos cargos.

Para habilitar una nueva candidatura consecutiva de Kicillof sería necesaria una reforma constitucional, algo que no forma parte del proyecto actualmente debatido.

El gobernador remarcó precisamente esa diferencia al defender a los intendentes: sostuvo que él no busca una reelección propia porque constitucionalmente no puede tenerla.

Sin embargo, puede obtener un beneficio político indirecto.

Aunque Kicillof no pueda continuar en la Gobernación, sí podría utilizar la estructura territorial de los intendentes para competir por la Presidencia, influir sobre la candidatura a gobernador y disputar el control del peronismo.

La pelea con el massismo

El principal obstáculo dentro de Fuerza Patria es el Frente Renovador de Sergio Massa.

El massismo fue uno de los impulsores de la ley que limitó los mandatos en 2016, cuando llegó a un acuerdo con la gobernadora María Eugenia Vidal. La medida fue presentada como una forma de terminar con los denominados “barones del conurbano” y promover la alternancia en los municipios.

Renunciar ahora a ese límite implicaría abandonar una de las reformas institucionales que el Frente Renovador considera parte de su identidad.

La senadora Malena Galmarini, presidenta de la Comisión de Reforma Política, convocó una reunión para que las distintas fuerzas expongan sus posiciones. El massismo reclama que el proyecto sea analizado por esa comisión y no solamente por Legislación General, controlada por el kicillofismo.

La discusión sobre qué comisión debe tratar el expediente puede parecer administrativa, pero en realidad define quién controla los tiempos y el contenido de la negociación.

La senadora Ayelén Durán, cercana a Kicillof, presentó el proyecto en mayo de 2025. El expediente E-136/2025-2026 continúa formalmente en Legislación General y propone derogar las leyes que establecieron y modificaron los límites.

El Frente Renovador busca trasladar el centro del debate hacia una comisión que preside Galmarini, donde pretende analizar también la Boleta Única de Papel, el calendario electoral y otras reformas políticas.

La posición de La Cámpora y el kirchnerismo

El sector que responde a Cristina y Máximo Kirchner tampoco tiene una postura completamente lineal.

En 2025, el entonces senador Luis Vivona presentó un proyecto que habilitaba las reelecciones indefinidas para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, pero dejaba afuera a los intendentes.

Esa iniciativa fue aprobada por el Senado después de un empate de 22 votos y la intervención decisiva de la vicegobernadora Verónica Magario. Después pasó a la Cámara de Diputados, donde quedó paralizada.

El antecedente generó malestar entre los intendentes alineados con Kicillof.

Desde su perspectiva, resultaba difícil justificar que senadores y diputados pudieran reelegirse indefinidamente mientras los jefes comunales continuaban sometidos al límite de dos períodos.

El cristinismo no descarta negociar una reforma que incluya a los intendentes, pero pretende discutirla dentro de un acuerdo político mucho más amplio.

En esa negociación aparecen el calendario electoral de 2027, la posibilidad de volver a separar las elecciones provinciales de las nacionales, el futuro de las PASO y la cobertura de cargos vacantes en la Suprema Corte bonaerense y otros organismos judiciales.

Esto convierte a la reelección en una moneda de cambio dentro de la interna peronista.

Kicillof necesita que el kirchnerismo y el massismo aporten votos. Esos sectores saben que el gobernador necesita la reforma para sostener su estructura territorial y pueden utilizarla para conseguir lugares, candidaturas o acuerdos institucionales.

La oposición rechaza el proyecto, pero también tiene intendentes afectados

La Libertad Avanza anticipó que no acompañará la reelección indefinida y acusó al peronismo de intentar conservar sus estructuras municipales.

El PRO bonaerense también cuestionó la iniciativa y la presentó como un retroceso para la alternancia democrática. Sus dirigentes sostienen que Kicillof intenta proteger a los intendentes que respaldan su construcción presidencial.

La posición opositora tiene, no obstante, una contradicción interna.

Entre los dirigentes impedidos de competir en 2027 existen intendentes radicales, macristas y vecinalistas. Algunos pueden presionar discretamente a sus legisladores para obtener una modificación, aunque las conducciones partidarias anuncien públicamente su rechazo.

Por eso, la votación no necesariamente se dividirá de manera perfecta entre oficialismo y oposición.

La resistencia más importante puede encontrarse dentro del propio peronismo, mientras algunos apoyos podrían surgir individualmente desde fuerzas opositoras con intendentes afectados.

Los argumentos a favor y en contra

Quienes respaldan la reelección indefinida sostienen que el límite no garantiza automáticamente una mejor democracia.

Un intendente popular puede ser reemplazado por un familiar, un funcionario de confianza o un candidato testimonial que mantenga intacta la misma estructura. Desde esta perspectiva, sería más transparente que el dirigente se presente directamente y que los ciudadanos decidan mediante el voto.

También argumentan que no existen límites semejantes para diputados y senadores nacionales y que muchos países o provincias permiten múltiples reelecciones municipales.

Los opositores responden que un intendente no compite en igualdad de condiciones con sus adversarios.

Después de varios años en el cargo controla la comunicación municipal, posee una exposición permanente, inaugura obras, distribuye servicios y dirige una administración con miles de empleados. Aunque esos recursos no puedan utilizarse legalmente para una campaña, la ventaja política del oficialismo local es considerable.

La alternancia, según esta mirada, no debe depender exclusivamente de la voluntad del gobernante. Los límites existen precisamente porque el poder acumulado puede dificultar que aparezca una competencia real.

En la provincia existen actualmente 44 intendentes que acumulan más de diez años consecutivos en sus municipios. Algunos asumieron por primera vez en 2003 y continúan, con diferentes reelecciones, más de dos décadas después.

El debate real no es si los ciudadanos deben elegir. Nadie propone suspender las elecciones.

La discusión es si una democracia saludable necesita impedir que la misma persona concentre el gobierno municipal durante décadas o si corresponde dejar completamente esa decisión en manos de los votantes.

Qué falta para que la reforma se convierta en ley

El proyecto debe obtener dictamen de comisión, ser aprobado por el Senado y después superar la Cámara de Diputados.

Fuerza Patria tiene 24 de las 46 bancas del Senado, pero ese número no garantiza la aprobación porque el bloque reúne al kicillofismo, el cristinismo y el massismo, sectores que mantienen posiciones diferentes. En Diputados, el peronismo tampoco posee por sí solo la mayoría necesaria.

El expediente de Durán continúa en estudio y no existe una sesión formalmente convocada para votarlo.

El movimiento más inmediato será la reunión de la Comisión de Reforma Política impulsada por Galmarini. Allí no necesariamente se emitirá un dictamen, pero quedará expuesta la posición de cada espacio y comenzará la disputa sobre qué comisión tendrá el control del expediente.

Kicillof necesita resolver el tema durante 2026.

Dejar la reforma para 2027 implicaría cambiar las reglas durante el mismo año electoral, aumentaría los cuestionamientos institucionales y reduciría el tiempo disponible para definir las candidaturas municipales.

Por eso, el gobernador activó ahora la negociación.

La reelección indefinida puede presentarse como una defensa del derecho de los ciudadanos a elegir, pero también es una herramienta para conservar estructuras políticas construidas durante décadas.

Kicillof no puede reelegirse como gobernador. Sin embargo, necesita que sus intendentes sí puedan hacerlo para sostener su poder territorial y proyectarlo hacia la disputa nacional de 2027.

La discusión legislativa determinará si los bonaerenses recuperan la posibilidad de reelegir indefinidamente a sus jefes comunales o si se mantiene el límite que obliga a renovar, al menos cada ocho años consecutivos, la conducción formal de cada municipio.

Axel Kicillof puso nuevamente en marcha la operación política para eliminar el límite a las reelecciones de los intendentes bonaerenses.

El gobernador reunió en la Casa de Gobierno de La Plata a diputados y senadores vinculados con el Movimiento Derecho al Futuro, su espacio interno, para ordenar la agenda legislativa. Entre las prioridades apareció el proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, que busca derogar las restricciones establecidas durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La discusión debe entenderse con claridad: no se está proponiendo únicamente una autorización excepcional para que los intendentes tengan un tercer mandato.

La iniciativa impulsada por el kicillofismo restablecería las reelecciones consecutivas sin límite. Un intendente podría presentarse en 2027, 2031, 2035 y continuar haciéndolo mientras gane las elecciones y conserve el respaldo de su partido.

Por el momento, la reforma no fue aprobada, no tiene fecha confirmada de votación y ni siquiera cuenta con los votos necesarios dentro del propio peronismo. El expediente oficial continúa en estudio en la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense.

Qué establece actualmente la ley bonaerense

La Ley 14.836, aprobada en 2016, determina que los intendentes duran cuatro años y solamente pueden ser reelegidos una vez de manera consecutiva.

Después de cumplir dos mandatos seguidos, deben dejar pasar un período completo antes de volver a postularse para el mismo cargo. El límite también alcanza a concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales.

El sistema parece sencillo, pero fue modificado en 2021 mediante la Ley 15.315.

Aquella reforma estableció que, para los intendentes, el período iniciado en 2019 debía considerarse como el primero a los efectos del nuevo límite. De esta manera, quienes fueron elegidos en 2019 y reelegidos en 2023 están transitando actualmente su segundo mandato consecutivo computable y no podrían volver a presentarse en 2027.

La modificación de 2021 funcionó, en los hechos, como una extensión.

Muchos intendentes que ya acumulaban varios períodos anteriores pudieron competir nuevamente en 2023 porque la cuenta legal comenzó en 2019. Sin esa reforma, una parte de ellos habría quedado fuera de la elección anterior.

Ahora, cuatro años después, el sistema vuelve a generar el mismo conflicto: los dirigentes que aprovecharon aquella flexibilización enfrentan finalmente el límite que había quedado postergado.

Cuántos intendentes quedarían impedidos de competir

Los relevamientos periodísticos oscilan entre 80 y 82 intendentes, dependiendo de cómo se computan las licencias, los reemplazos interinos y las interrupciones de algunos mandatos.

El cálculo más detallado publicado recientemente ubica en 80 a los jefes comunales que no podrían presentarse nuevamente en 2027. Representan aproximadamente el 59% de los 135 municipios bonaerenses.

De esos 80 intendentes:

• 51 pertenecen a Fuerza Patria;
• 16 corresponden al radicalismo;
• siete al PRO;
• cinco gobiernan mediante fuerzas vecinales;
• y uno quedó alineado con La Libertad Avanza después de haber pertenecido al PRO.

Por lo tanto, la reforma beneficia principalmente al peronismo, pero no exclusivamente.

También existen intendentes radicales, macristas y vecinalistas interesados en modificar la legislación. Algunos dirigentes opositores rechazan públicamente la reelección indefinida, mientras que ciertos jefes comunales de esos mismos espacios observan la discusión con mayor simpatía porque también quedarían fuera de competencia.

El conurbano es el centro del problema. De los 40 municipios que integran el Gran Buenos Aires, 28 tienen intendentes que, según la legislación vigente, no podrían disputar otro mandato consecutivo.

Entre los distritos afectados aparecen algunos de los municipios con mayor cantidad de electores y mayor capacidad de movilización política, como La Matanza, Avellaneda, Merlo, Florencio Varela, General San Martín, Ensenada, Escobar y Esteban Echeverría.

Por qué Kicillof considera tan importante la reforma

La explicación pública del gobernador es democrática.

Kicillof sostiene que no debería prohibirse la candidatura de una persona si los ciudadanos quieren volver a elegirla. Su argumento es que los intendentes son los dirigentes más cercanos a los vecinos y que, cuando administran mal, los propios votantes pueden reemplazarlos.

El Gobierno provincial califica la limitación como “proscriptiva”.

Según esta interpretación, la ley no solamente condiciona al dirigente, sino también al elector, porque impide votar a una persona que podría conservar respaldo en su municipio.

Pero detrás del argumento institucional existe una necesidad política evidente.

Kicillof se prepara para disputar la conducción nacional del peronismo y aparece como uno de los posibles candidatos presidenciales de 2027. Para construir una campaña nacional necesita conservar una estructura propia en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra cerca del 38% del padrón electoral argentino.

Los intendentes son una parte fundamental de esa estructura. Controlan equipos territoriales, concejales, militancia, recursos municipales, vínculos con organizaciones sociales y redes políticas desarrolladas durante años.

Para el kicillofismo, perder simultáneamente a más de cincuenta intendentes peronistas obligaría a abrir sucesiones internas en decenas de municipios justo cuando el gobernador necesita consolidar su liderazgo nacional. Fuentes de su espacio consideran que los jefes comunales del conurbano funcionan como verdaderas “locomotoras electorales” capaces de arrastrar votos hacia una candidatura provincial o presidencial.

La reforma es, entonces, una cuestión institucional, pero también una pieza central del proyecto presidencial de Kicillof.

¿La reforma permitiría otra reelección de Kicillof?

No.

El gobernador está atravesando su segundo mandato consecutivo y no puede presentarse nuevamente para el mismo cargo en 2027.

La limitación de Kicillof no surge de la ley que regula a los intendentes, sino del artículo 123 de la Constitución bonaerense. La norma permite que gobernador y vicegobernador sean reelegidos una vez y exige que dejen pasar un período antes de competir nuevamente por cualquiera de los dos cargos.

Para habilitar una nueva candidatura consecutiva de Kicillof sería necesaria una reforma constitucional, algo que no forma parte del proyecto actualmente debatido.

El gobernador remarcó precisamente esa diferencia al defender a los intendentes: sostuvo que él no busca una reelección propia porque constitucionalmente no puede tenerla.

Sin embargo, puede obtener un beneficio político indirecto.

Aunque Kicillof no pueda continuar en la Gobernación, sí podría utilizar la estructura territorial de los intendentes para competir por la Presidencia, influir sobre la candidatura a gobernador y disputar el control del peronismo.

La pelea con el massismo

El principal obstáculo dentro de Fuerza Patria es el Frente Renovador de Sergio Massa.

El massismo fue uno de los impulsores de la ley que limitó los mandatos en 2016, cuando llegó a un acuerdo con la gobernadora María Eugenia Vidal. La medida fue presentada como una forma de terminar con los denominados “barones del conurbano” y promover la alternancia en los municipios.

Renunciar ahora a ese límite implicaría abandonar una de las reformas institucionales que el Frente Renovador considera parte de su identidad.

La senadora Malena Galmarini, presidenta de la Comisión de Reforma Política, convocó una reunión para que las distintas fuerzas expongan sus posiciones. El massismo reclama que el proyecto sea analizado por esa comisión y no solamente por Legislación General, controlada por el kicillofismo.

La discusión sobre qué comisión debe tratar el expediente puede parecer administrativa, pero en realidad define quién controla los tiempos y el contenido de la negociación.

La senadora Ayelén Durán, cercana a Kicillof, presentó el proyecto en mayo de 2025. El expediente E-136/2025-2026 continúa formalmente en Legislación General y propone derogar las leyes que establecieron y modificaron los límites.

El Frente Renovador busca trasladar el centro del debate hacia una comisión que preside Galmarini, donde pretende analizar también la Boleta Única de Papel, el calendario electoral y otras reformas políticas.

La posición de La Cámpora y el kirchnerismo

El sector que responde a Cristina y Máximo Kirchner tampoco tiene una postura completamente lineal.

En 2025, el entonces senador Luis Vivona presentó un proyecto que habilitaba las reelecciones indefinidas para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, pero dejaba afuera a los intendentes.

Esa iniciativa fue aprobada por el Senado después de un empate de 22 votos y la intervención decisiva de la vicegobernadora Verónica Magario. Después pasó a la Cámara de Diputados, donde quedó paralizada.

El antecedente generó malestar entre los intendentes alineados con Kicillof.

Desde su perspectiva, resultaba difícil justificar que senadores y diputados pudieran reelegirse indefinidamente mientras los jefes comunales continuaban sometidos al límite de dos períodos.

El cristinismo no descarta negociar una reforma que incluya a los intendentes, pero pretende discutirla dentro de un acuerdo político mucho más amplio.

En esa negociación aparecen el calendario electoral de 2027, la posibilidad de volver a separar las elecciones provinciales de las nacionales, el futuro de las PASO y la cobertura de cargos vacantes en la Suprema Corte bonaerense y otros organismos judiciales.

Esto convierte a la reelección en una moneda de cambio dentro de la interna peronista.

Kicillof necesita que el kirchnerismo y el massismo aporten votos. Esos sectores saben que el gobernador necesita la reforma para sostener su estructura territorial y pueden utilizarla para conseguir lugares, candidaturas o acuerdos institucionales.

La oposición rechaza el proyecto, pero también tiene intendentes afectados

La Libertad Avanza anticipó que no acompañará la reelección indefinida y acusó al peronismo de intentar conservar sus estructuras municipales.

El PRO bonaerense también cuestionó la iniciativa y la presentó como un retroceso para la alternancia democrática. Sus dirigentes sostienen que Kicillof intenta proteger a los intendentes que respaldan su construcción presidencial.

La posición opositora tiene, no obstante, una contradicción interna.

Entre los dirigentes impedidos de competir en 2027 existen intendentes radicales, macristas y vecinalistas. Algunos pueden presionar discretamente a sus legisladores para obtener una modificación, aunque las conducciones partidarias anuncien públicamente su rechazo.

Por eso, la votación no necesariamente se dividirá de manera perfecta entre oficialismo y oposición.

La resistencia más importante puede encontrarse dentro del propio peronismo, mientras algunos apoyos podrían surgir individualmente desde fuerzas opositoras con intendentes afectados.

Los argumentos a favor y en contra

Quienes respaldan la reelección indefinida sostienen que el límite no garantiza automáticamente una mejor democracia.

Un intendente popular puede ser reemplazado por un familiar, un funcionario de confianza o un candidato testimonial que mantenga intacta la misma estructura. Desde esta perspectiva, sería más transparente que el dirigente se presente directamente y que los ciudadanos decidan mediante el voto.

También argumentan que no existen límites semejantes para diputados y senadores nacionales y que muchos países o provincias permiten múltiples reelecciones municipales.

Los opositores responden que un intendente no compite en igualdad de condiciones con sus adversarios.

Después de varios años en el cargo controla la comunicación municipal, posee una exposición permanente, inaugura obras, distribuye servicios y dirige una administración con miles de empleados. Aunque esos recursos no puedan utilizarse legalmente para una campaña, la ventaja política del oficialismo local es considerable.

La alternancia, según esta mirada, no debe depender exclusivamente de la voluntad del gobernante. Los límites existen precisamente porque el poder acumulado puede dificultar que aparezca una competencia real.

En la provincia existen actualmente 44 intendentes que acumulan más de diez años consecutivos en sus municipios. Algunos asumieron por primera vez en 2003 y continúan, con diferentes reelecciones, más de dos décadas después.

El debate real no es si los ciudadanos deben elegir. Nadie propone suspender las elecciones.

La discusión es si una democracia saludable necesita impedir que la misma persona concentre el gobierno municipal durante décadas o si corresponde dejar completamente esa decisión en manos de los votantes.

Qué falta para que la reforma se convierta en ley

El proyecto debe obtener dictamen de comisión, ser aprobado por el Senado y después superar la Cámara de Diputados.

Fuerza Patria tiene 24 de las 46 bancas del Senado, pero ese número no garantiza la aprobación porque el bloque reúne al kicillofismo, el cristinismo y el massismo, sectores que mantienen posiciones diferentes. En Diputados, el peronismo tampoco posee por sí solo la mayoría necesaria.

El expediente de Durán continúa en estudio y no existe una sesión formalmente convocada para votarlo.

El movimiento más inmediato será la reunión de la Comisión de Reforma Política impulsada por Galmarini. Allí no necesariamente se emitirá un dictamen, pero quedará expuesta la posición de cada espacio y comenzará la disputa sobre qué comisión tendrá el control del expediente.

Kicillof necesita resolver el tema durante 2026.

Dejar la reforma para 2027 implicaría cambiar las reglas durante el mismo año electoral, aumentaría los cuestionamientos institucionales y reduciría el tiempo disponible para definir las candidaturas municipales.

Por eso, el gobernador activó ahora la negociación.

La reelección indefinida puede presentarse como una defensa del derecho de los ciudadanos a elegir, pero también es una herramienta para conservar estructuras políticas construidas durante décadas.

Kicillof no puede reelegirse como gobernador. Sin embargo, necesita que sus intendentes sí puedan hacerlo para sostener su poder territorial y proyectarlo hacia la disputa nacional de 2027.

La discusión legislativa determinará si los bonaerenses recuperan la posibilidad de reelegir indefinidamente a sus jefes comunales o si se mantiene el límite que obliga a renovar, al menos cada ocho años consecutivos, la conducción formal de cada municipio.