Buenos Aires

Una versión lanzada por Alejandro Bercovich aseguró que Javier Milei insultó, acusó de “traidor” y bloqueó a Agustín Laje después de escuchar al director de la Fundación Faro advertir que “la gente no come batalla cultural” y que el Gobierno necesita mejorar “el metro cuadrado” de los argentinos. La historia dejó de descansar únicamente en C5N cuando Infobae afirmó haberla confirmado por su cuenta con personas al tanto del episodio. Sin embargo, no aparecieron capturas de los supuestos mensajes, ni Milei ni Laje hicieron una confirmación pública y una fuente cercana al conflicto aseguró posteriormente que “ya está todo bien”. Por eso, hablar de una ruptura definitiva va más allá de lo que hoy permiten sostener las pruebas disponibles.

 

Javier Milei utilizó una cadena nacional para presentar un endurecimiento de las medidas contra empresas que participen de la explotación de recursos en Malvinas y para colocar la soberanía en el centro de la agenda. Pero hay una pregunta que atraviesa todo el anuncio: ¿para qué hace falta una nueva ley destinada a “garantizar” la soberanía argentina cuando la Constitución ya establece que es “legítima e imprescriptible” y que su recuperación constituye un “objetivo permanente e irrenunciable”? La respuesta es importante: una ley no puede crear ni reafirmar jurídicamente algo que ya tiene rango constitucional, aunque sí puede agregar instrumentos para sancionar a quienes exploten recursos sin autorización argentina. El problema para el Gobierno es que incluso en ese terreno ya existen desde 2011 y 2013 leyes que contemplan multas, inhabilitaciones, penas de prisión y hasta operaciones financieras, logísticas y comerciales. La verdadera discusión, entonces, no es si Malvinas es argentina, sino qué tiene realmente de nuevo el paquete que Milei presentó con una puesta en escena extraordinaria.

 

La cadena nacional dejó una imagen de refundación de la política argentina sobre Malvinas, pero la lectura de los decretos publicados este viernes y de las leyes vigentes muestra un cuadro mucho menos novedoso. La soberanía “legítima e imprescriptible” está en la Constitución desde 1994; las sanciones contra petroleras que operen sin autorización existen desde 2011 y contemplan penas de hasta 15 años de prisión desde 2013; Rockhopper fue inhabilitada hace trece años y Navitas en 2022; las cartas a empresas para desalentar inversiones se enviaban al menos desde 2020 y la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a construirse en 2022. ¿Qué agregó Milei? Un procedimiento sancionatorio más rápido, controles específicos para impedir beneficios del RIGI a compañías vinculadas con actividades ilegales, nuevos recursos para Defensa y un proyecto que podría ampliar las penas a proveedores y a otras actividades sobre recursos naturales. Hay novedades reales, pero bastante menos revolucionarias que la puesta en escena presidencial.