Alejandro CabreraEl juicio por Sueños Compartidos entró en la etapa de alegatos finales con un planteo que vuelve a colocar el paso del tiempo en el centro del expediente. La defensa de Sergio Schoklender pidió al Tribunal Oral Federal N.º 5 que no lo condene y sostuvo que los 15 años transcurridos desde el inicio de la investigación violaron el derecho a obtener una definición dentro de un plazo razonable. El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo enfrenta un pedido de pena de hasta seis años de prisión.
La causa analiza el destino de fondos públicos girados para construir viviendas sociales entre 2008 y 2011. Según la acusación, el Ministerio de Planificación, entonces conducido por Julio De Vido, transfirió más de $748 millones a la Fundación mediante convenios sin licitación con provincias y municipios. La hipótesis fiscal sostiene que más de $200 millones, alrededor del 23% de los recursos, habrían sido desviados.
Los defensores oficiales Hernán Figueroa y Alan Swanston desarrollaron dos líneas complementarias. Por un lado, insistieron en la duración extraordinaria del proceso y en la afectación de garantías. Por otro, pidieron la absolución porque, según su postura, no existió una maniobra para sustraer fondos y las obras contempladas por el programa fueron terminadas.
También rechazaron que los cambios administrativos aplicados durante la ejecución hayan tenido como objetivo eludir controles. La fiscalía había definido esas modificaciones como una maniobra deliberada para debilitar la supervisión. Los abogados respondieron que se trató de decisiones políticas no judicializables y citaron una auditoría de la Auditoría General de la Nación que valoraba aspectos de los programas habitacionales.
El reclamo por prescripción o por violación del plazo razonable no es exclusivo de Schoklender. En una audiencia anterior, la defensa del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala pidió la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido. El tribunal debe diferenciar el cómputo técnico de la prescripción de una evaluación más amplia sobre si las demoras acumuladas resultan compatibles con las garantías constitucionales.
El fiscal Diego Velazco y la Unidad de Información Financiera, que actúa como querellante, solicitaron las penas máximas previstas para los distintos acusados: seis o cuatro años de prisión, de acuerdo con la responsabilidad atribuida. En el grupo de imputados figuran Schoklender, su hermano Pablo, De Vido, José López y Fatala, entre otros exfuncionarios y responsables de la Fundación.
Para la acusación, la demora no borra el objeto del juicio ni impide analizar el destino de recursos destinados a una población especialmente vulnerable. La defensa, en cambio, sostiene que el Estado no puede trasladar a los acusados las consecuencias de una investigación que tardó una década y media en llegar a su cierre. Esa tensión entre la obligación de investigar posibles hechos de corrupción y la garantía de una justicia sin dilaciones será una de las claves de la sentencia.
Sueños Compartidos fue presentado como una herramienta para construir viviendas, urbanizar barrios y generar trabajo cooperativo. El escándalo dañó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, involucró a funcionarios nacionales y municipales y expuso debilidades en los mecanismos de contratación y seguimiento de obra pública. Pero el expediente también se convirtió en un ejemplo de los costos que producen las investigaciones extensas, con pruebas dispersas, múltiples jurisdicciones y numerosos imputados.
El tribunal deberá resolver primero los planteos defensivos y luego, si los rechaza, determinar responsabilidades individuales. No alcanza con evaluar el resultado general del programa: para condenar tiene que probarse qué conducta realizó cada acusado, con qué conocimiento y de qué modo contribuyó a la presunta maniobra. La etapa final promete, por eso, una sentencia relevante tanto por el destino de los fondos como por la discusión sobre los límites temporales del proceso penal.
