Alejandro CabreraLas declaraciones de Nadia Beller desde la clínica donde permanece internada después de haber sido baleada en Bolivia abrieron una nueva derivación en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La activista afirmó que Fernando Cerimedo le contó que él y su esposa, Natalia Basil, habían filtrado los audios atribuidos al exdirector del organismo Diego Spagnuolo, las grabaciones que en agosto de 2025 hicieron estallar uno de los mayores escándalos del Gobierno de Javier Milei.
Beller fue todavía más lejos. Aseguró que Cerimedo le dijo que Karina Milei estaba involucrada en hechos de corrupción, que el entorno del Presidente estaba “demasiado podrido” y que la filtración de los audios tuvo como objetivo evitar que el supuesto esquema de sobornos quedara impune. La mujer sostuvo además que conserva grabaciones de sus conversaciones con el consultor, un elemento que podría adquirir importancia si es entregado a la Justicia argentina y supera las pericias de autenticidad.
Por ahora, sus afirmaciones deben ser tomadas como lo que son: el relato de una persona que reproduce aquello que su expareja supuestamente le contó. Beller no dijo haber presenciado pagos de coimas dentro de la ANDIS ni conocer directamente el origen de las grabaciones de Spagnuolo. Tampoco aportó todavía públicamente los archivos que asegura conservar. Sin embargo, su declaración llega cuando el expediente argentino ya cuenta con 19 procesados, nuevas indagatorias y evidencia documental y electrónica independiente de los audios.
Según Beller, durante la relación sentimental que mantuvo con Cerimedo discutieron en varias oportunidades sobre la actuación de Natalia Basil, esposa del consultor y exfuncionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad. La activista sostuvo que cuestionó a Basil por su paso por el organismo y que Cerimedo la defendió con un argumento que ahora puede transformarse en una pista judicial.
“Él me contó que ellos sí filtraron los audios”, aseguró Beller. De acuerdo con su versión, Cerimedo le explicó que Basil no era parte del entramado de corrupción porque había participado en la difusión de las grabaciones para exponer lo que ocurría dentro del organismo. Beller afirmó que la respuesta del consultor fue que los audios se habían filtrado para frenar “la corrupción de Milei y su hermana”.
Natalia Basil trabajó en la ANDIS durante 2024 como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas. Ocupó ese cargo durante aproximadamente nueve meses y renunció antes de que los audios de Spagnuolo se conocieran públicamente, en agosto de 2025. Después pasó a desempeñarse como asesora en AySA y mantuvo vínculos empresariales con Cerimedo.
La versión de Beller no permite determinar cómo Cerimedo y Basil habrían obtenido las grabaciones ni quién era el interlocutor de Spagnuolo. La mujer reconoció que desconoce esos detalles. Lo que afirma conocer es lo que Cerimedo le habría contado durante conversaciones privadas, algunas de las cuales, según sostuvo, quedaron registradas.
Beller también declaró que Cerimedo le habló de un alejamiento de Javier Milei provocado por las irregularidades que observaba dentro del Gobierno. Según su relato, el consultor definía al entorno presidencial como un espacio deteriorado por negocios y disputas internas. En ese contexto ubicó la acusación más delicada: “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”.
Esa frase no significa que Beller haya aportado pruebas directas contra Karina Milei. Se trata de una referencia indirecta atribuida a Cerimedo, quien, a su vez, habría conocido parte de la información a través de Spagnuolo. Para avanzar judicialmente sobre la secretaria general de la Presidencia sería necesario encontrar evidencia adicional, como comunicaciones, transferencias, documentación administrativa o vínculos concretos con las contrataciones investigadas.
La causa comenzó en agosto de 2025, después de la difusión de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad y una de las personas de mayor confianza del Presidente. Spagnuolo había sido abogado de Javier Milei y registraba decenas de ingresos a la Quinta de Olivos antes de que el escándalo provocara su salida del Gobierno.
En las grabaciones se describía un presunto sistema de retornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo. La voz atribuida a Spagnuolo hablaba de porcentajes que debían entregar los proveedores, de un supuesto aumento de las coimas del 5% al 8% y de un 3% que tendría como destino la Casa Rosada. También aparecían mencionados Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y empresarios de la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno desplazó a Spagnuolo, intervino el organismo y rechazó las acusaciones. Javier Milei sostuvo que las afirmaciones del exfuncionario eran falsas, mientras que integrantes del oficialismo denunciaron una operación política destinada a perjudicar a la administración libertaria. Karina Milei y los Menem negaron cualquier participación en el presunto circuito de sobornos.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal Nº11, con la investigación delegada en el fiscal Franco Picardi. La Justicia realizó allanamientos en la ANDIS, domicilios particulares y empresas proveedoras, secuestró teléfonos, computadoras, documentos y dinero en efectivo, y comenzó a analizar las compulsas de precios utilizadas para comprar medicamentos y prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
El punto central es que la investigación dejó de depender exclusivamente de la validez de los audios. Los fiscales reconstruyeron conversaciones entre funcionarios y operadores privados, movimientos de dinero, procedimientos de compra direccionados y mecanismos de distribución de las ganancias. Esa evidencia permitió sostener que las irregularidades no habrían sido episodios aislados, sino parte de un funcionamiento sistemático dentro del organismo.
Fernando Cerimedo no aparece por primera vez en la causa a partir de las declaraciones de Beller. En septiembre de 2025 se presentó como testigo ante el fiscal Picardi y relató distintas conversaciones que había mantenido con Spagnuolo durante 2024, meses antes de que los audios salieran a la luz.
Según declaró bajo juramento, Spagnuolo le había contado que una de las droguerías proveedoras de la ANDIS recibió el aviso de que el porcentaje exigido aumentaría del 5% al 8%, porque una parte del dinero debía llegar a la Casa Rosada. Cerimedo afirmó que su amigo mencionó a “Lule” Menem como operador de ese circuito y que también le había contado la situación al presidente Milei.
El testimonio del consultor fue importante porque incorporó la hipótesis de las coimas por una vía distinta de las grabaciones. Incluso si los audios fueran cuestionados o no pudieran utilizarse como prueba, quedaba dentro del expediente la declaración de una persona que aseguraba haber escuchado la misma historia directamente de Spagnuolo antes del escándalo público.
Las afirmaciones de Beller colocan ahora a Cerimedo en una posición más compleja. Ya no aparece solamente como el receptor de información sobre las irregularidades, sino como una persona que, según su expareja, habría participado en la decisión de divulgar las grabaciones. Eso no lo convierte automáticamente en integrante del esquema de corrupción, pero podría obligarlo a ampliar su declaración y explicar cuándo tuvo acceso a los audios, cómo los obtuvo y quién resolvió entregarlos a los medios.
Si las grabaciones que Beller asegura poseer contradicen aspectos sustanciales del testimonio que Cerimedo brindó bajo juramento, la Justicia podría evaluar su conducta como testigo. Para que exista una consecuencia penal no bastaría con encontrar diferencias menores: tendría que acreditarse que ocultó o falseó deliberadamente información relevante para el expediente.
En febrero de 2026, el juez Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita que habría utilizado la estructura estatal para direccionar contrataciones y generar ganancias ilegales. El exfuncionario también fue procesado por negociaciones incompatibles, defraudación agravada contra la administración pública y cohecho pasivo, con un embargo superior a los 202.000 millones de pesos.
La resolución alcanzó a otras 18 personas, entre ellas cinco exfuncionarios, empresarios y operadores privados. Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, fue señalado como otro de los responsables de la estructura. También fueron procesados Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, a quienes la Justicia ubicó como intermediarios entre funcionarios, droguerías y proveedores.
El expediente avanzó posteriormente sobre otros segmentos de compras, como audífonos, implantes, prótesis, sillas de ruedas, insumos de traumatología y tratamientos de alto costo. En abril, el juzgado ordenó la indagatoria de 29 personas y dispuso ampliar las declaraciones de varios de los procesados. Además, decretó la inhibición general de bienes de personas y empresas ante el riesgo de que se desprendieran de activos vinculados con las maniobras investigadas.
Los fiscales sostienen que la organización habría manipulado procedimientos de contratación entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El análisis del sistema informático utilizado por la ANDIS para administrar las prestaciones permitió detectar adjudicaciones direccionadas y conversaciones en las que aparecían montos “a cobrar” identificados como “ofrendas”.
Karina Milei, pese a las referencias surgidas en los audios y testimonios, no está imputada en la causa. La investigación logró avanzar con fuerza sobre la estructura administrativa, los proveedores y los operadores privados, pero hasta el momento no se informó la existencia de una prueba financiera o documental que demuestre que la hermana del Presidente recibió dinero proveniente del supuesto esquema.
La primera consecuencia posible es que Beller sea convocada como testigo. La diputada Marcela Pagano ya presentó un escrito para que la Justicia argentina la cite con carácter urgente y le pregunte por los audios, las conversaciones con Cerimedo y el supuesto esquema de sobornos. También solicitó que entregue las grabaciones que dice conservar y que se adopten medidas inmediatas para preservar la evidencia digital.
El planteo de Pagano es, por ahora, un pedido y no equivale a una decisión judicial. El fiscal Picardi deberá determinar si el testimonio puede aportar información nueva y si corresponde solicitar cooperación internacional a Bolivia. La declaración podría realizarse de manera remota o a través de los mecanismos formales de asistencia entre ambos países, especialmente mientras Beller continúa internada y bajo protección.
El archivo original sería mucho más importante que un fragmento difundido por televisión o redes sociales. Los peritos deberían verificar la fecha de creación, la integridad del contenido, las voces, los posibles cortes y los metadatos. También tendría que preservarse la cadena de custodia para evitar que las defensas cuestionen el material por una eventual manipulación.
Aun si se confirmara que Cerimedo dijo lo que Beller le atribuye, el contenido seguiría teniendo límites. Una grabación en la que el consultor afirma que Karina Milei participaba de la corrupción probaría, en principio, que Cerimedo hizo esa afirmación, pero no demostraría por sí sola que la funcionaria recibió coimas. Su valor aumentaría si contiene información precisa que pueda contrastarse con movimientos de dinero, documentos o comunicaciones desconocidas hasta ahora.
También podría abrirse una línea separada para investigar la procedencia de los audios de Spagnuolo. Si Cerimedo y Basil participaron en su filtración, la Justicia deberá determinar si se trató simplemente de la difusión de material recibido o si intervinieron en una obtención ilegal. El origen de las grabaciones es relevante, pero no invalida automáticamente la investigación por corrupción si las maniobras pudieron comprobarse mediante fuentes independientes.
La detención de Cerimedo y los allanamientos realizados en sus domicilios bolivianos agregan otra dimensión. Las autoridades encontraron dinero en efectivo, teléfonos y otros elementos que serán analizados en la investigación por el ataque contra Beller y en una causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito.
Esos objetos pertenecen a un expediente boliviano y no pueden ser incorporados automáticamente a la causa argentina. Para que Picardi acceda a teléfonos, computadoras o documentos potencialmente relacionados con la ANDIS deberá realizar un pedido formal de cooperación judicial. Luego tendría que demostrarse que la información tiene relación con los hechos investigados en la Argentina.
Si los dispositivos contienen conversaciones sobre Spagnuolo, Basil, funcionarios nacionales o la filtración de los audios, podrían transformarse en una fuente independiente de evidencia. Si no aparece ninguna conexión verificable, los hallazgos bolivianos deberán permanecer separados y no podrán utilizarse para completar con sospechas los vacíos del expediente argentino.
El Gobierno intentó reducir el vínculo con Cerimedo después de su detención. Voceros oficialistas reconocieron que tuvo una participación relevante en la campaña presidencial de 2023, pero afirmaron que estaba distanciado de Milei y que nunca ocupó un cargo dentro de la administración nacional.
La explicación tiene un límite político: Cerimedo formó parte del dispositivo de comunicación y fiscalización libertario, mantuvo vínculos con dirigentes del oficialismo y declaró como testigo en una causa que toca directamente al entorno presidencial. Su esposa, además, ocupó un cargo jerárquico dentro de la ANDIS durante los primeros meses del Gobierno.
Las declaraciones de Beller no modifican por sí solas la situación judicial de Karina Milei, pero vuelven a colocar su nombre en el centro del escándalo. Si las grabaciones prometidas no aparecen o solo contienen comentarios generales, el impacto probablemente quedará concentrado en el plano político. Si aportan datos verificables, nombres, fechas o mecanismos concretos, la causa podría abrir una nueva etapa y avanzar sobre responsabilidades que hasta ahora no pudieron ser demostradas.
La diferencia entre ambos escenarios dependerá de la evidencia. Beller instaló una acusación de enorme gravedad y ofreció un posible elemento de corroboración. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si detrás de sus palabras existe una prueba capaz de conectar el origen de los audios, el testimonio de Cerimedo y la estructura de corrupción que el expediente ya logró reconstruir dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
