
Milei celebró una mención de The Economist, pero el artículo advertía sobre el peligro de su propuesta de IA
Alejandro CabreraJavier Milei celebró durante el fin de semana que la revista británica The Economist mencionara una de las iniciativas tecnológicas de su Gobierno, pero el sentido completo del artículo era muy diferente al sugerido por la publicación presidencial.
Milei compartió en X una captura con un párrafo destacado y agregó “Fenómeno barrial”, la expresión que utiliza para presentar como reconocimiento internacional las referencias a su figura. El tramo seleccionado señalaba que el Presidente argentino había avanzado hacia el reconocimiento jurídico de la inteligencia artificial al proponer que sistemas automatizados pudieran dirigir empresas.
La columna, sin embargo, no presentaba ese proyecto como un modelo a seguir. Su eje era el debate sobre si una inteligencia artificial podría llegar a ser consciente y cuáles serían los peligros de tratarla como si lo fuera.
Después del párrafo difundido por Milei, la revista advertía que organizaciones controladas por algoritmos podrían competir con los seres humanos por energía, tierra, infraestructura y recursos. También planteaba un escenario en el que los centros de datos o las instalaciones necesarias para operar sistemas de IA terminaran recibiendo prioridad sobre viviendas, campos u otras necesidades sociales.
La diferencia entre la captura compartida y el argumento general importa porque no se trata de una mención neutral aislada. The Economist utilizó el proyecto argentino como un caso concreto dentro de una advertencia mucho más amplia.
El medio no acusó a Milei de cometer un delito ni afirmó que las máquinas ya posean conciencia, pero consideró peligroso construir un marco legal que pueda otorgarles autonomía económica y capacidad de decisión sin responsables humanos claramente identificables.
Qué propone el proyecto de sociedades automatizadas
La discusión se originó en una reforma de la legislación societaria presentada en junio por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Una de sus novedades era habilitar estructuras empresariales administradas mediante algoritmos, contratos inteligentes u Organizaciones Autónomas Descentralizadas, conocidas como DAO. En su versión más ambiciosa, esas sociedades podían operar con una intervención humana mínima y ejecutar decisiones según reglas incorporadas al software.
El Gobierno defendió la iniciativa como un intento de colocar a la Argentina a la vanguardia de una nueva etapa productiva. Milei y Sturzenegger incluso publicaron un artículo internacional en el que invitaban a desarrollar en el país empresas conducidas por inteligencia artificial.
El argumento oficial es que la normativa tradicional fue pensada para organizaciones humanas, oficinas físicas y autoridades identificables, mientras la tecnología permite crear estructuras que funcionan automáticamente y a escala global.
El problema aparece cuando una sociedad automatizada produce un daño, incumple un contrato, discrimina a una persona, pierde activos o adopta una decisión contraria a la ley.
Si no existe un director, administrador o persona jurídica responsable, resulta difícil determinar quién responde con su patrimonio, quién debe entregar información a la Justicia y quién puede ser sancionado. La autonomía tecnológica no elimina esas obligaciones: puede volverlas más opacas.
La controversia ya produjo una modificación política. El oficialismo aceptó incorporar una persona física o jurídica responsable en la integración de las organizaciones automatizadas, lo que reduce la posibilidad de una empresa completamente desvinculada de cualquier autoridad humana.
El cambio todavía debe atravesar el debate legislativo y no resuelve todas las dudas, pero muestra que las objeciones no provinieron solamente de críticos externos o de posiciones contrarias a la innovación.
Una celebración que revela el problema de comunicar por fragmentos
La publicación de Milei vuelve a mostrar el riesgo de transformar cualquier aparición internacional en una señal de aprobación. El Presidente destacó el párrafo que lo nombraba, pero omitió en su mensaje la valoración posterior del artículo.
Esa selección permitió que la publicación circulara entre sus seguidores como una confirmación del liderazgo tecnológico argentino, cuando el medio estaba utilizando el caso para explicar un peligro.
No está claro si Milei leyó la columna completa, si interpretó la crítica de otra manera o si decidió celebrar únicamente el alcance global de su propuesta, aun cuando la valoración fuera negativa. Cualquiera de las tres posibilidades plantea un problema de comunicación.
La cuenta presidencial no funciona como la de un comentarista sin responsabilidades institucionales: sus mensajes orientan la conversación pública, legitiman políticas y pueden influir sobre legisladores e inversores.
El episodio tampoco invalida por completo la discusión sobre sociedades automatizadas. La inteligencia artificial ya interviene en operaciones financieras, logística, selección de personal, precios y decisiones empresariales. La Argentina necesita reglas para esas actividades.
La cuestión es si el marco jurídico debe facilitar la innovación a cualquier costo o garantizar que siempre exista una persona responsable detrás del algoritmo.
La crítica de The Economist puede ser discutida y algunos de sus escenarios son hipotéticos. Pero reducirla a una mención celebratoria impide debatir el punto central: quién controlará a las empresas gobernadas por sistemas que aprenden, toman decisiones y administran recursos.
El verdadero reconocimiento internacional no consiste solamente en aparecer en una revista. También supone leer qué se está diciendo, responder las objeciones y demostrar que la innovación propuesta incluye controles capaces de proteger a las personas.


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