Procesaron a dos exfuncionarias de la ANMAT por el fentanilo contaminado y trabaron embargos millonarios

El juez federal Ernesto Kreplak procesó este martes a Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la ANMAT, y a Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos. Ambas fueron consideradas partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales en la investigación por las ampollas de fentanilo contaminado distribuidas en hospitales argentinos.

La resolución relaciona el producto con al menos noventa muertes, dos lesiones calificadas como muy graves, 41 graves y una de carácter leve. Esas cifras forman parte de la reconstrucción judicial y pueden modificarse a medida que se incorporen historias clínicas, estudios bacteriológicos y peritajes. El procesamiento implica que el magistrado encontró elementos suficientes para que las acusadas continúen sometidas al proceso, pero no equivale a una condena.

Kreplak dispuso embargos de 500.000 millones de pesos sobre los bienes de cada exfuncionaria, inhibición general, prohibición de salida del país y otras restricciones patrimoniales. No ordenó prisión preventiva, por lo que ambas seguirán en libertad mientras avance el expediente. Las defensas podrán apelar la resolución ante la Cámara Federal de La Plata.

El control estatal bajo investigación

La causa intenta determinar por qué los organismos de fiscalización no detectaron a tiempo las fallas de producción y cómo continuaron circulando los lotes sospechosos. Los investigadores revisan inspecciones, comunicaciones internas, advertencias técnicas y decisiones adoptadas antes y después de que aparecieran los primeros pacientes infectados. También analizan la actuación de los laboratorios y droguerías involucrados.

El fentanilo medicinal es un analgésico utilizado en cirugías y cuidados intensivos. La tragedia argentina no estuvo relacionada con consumo recreativo o sobredosis callejeras, sino con medicamentos inyectables que habrían estado contaminados con bacterias. Esa diferencia es central porque las víctimas recibieron el producto dentro de instituciones de salud y confiaron en controles sanitarios estatales.

Los procesamientos abren una etapa de discusión sobre la responsabilidad de quienes debían fiscalizar la fabricación. La Justicia tendrá que demostrar no sólo que existieron omisiones, sino también qué relación tuvieron con cada muerte o lesión. Para las familias, la medida representa un avance después de meses de reclamos, pero el proceso todavía debe resolver quiénes conocían las irregularidades, cuándo las conocieron y qué acciones estaban en condiciones de tomar.