Meta enfrenta su mayor juicio por el daño de las redes a menores: la demanda reclama cambios que podrían transformar Instagram y Facebook

Meta comenzará a enfrentar esta semana en California el juicio más importante de su historia por los efectos que Instagram y Facebook podrían tener sobre niños y adolescentes. La selección del jurado ya se realizó y los alegatos iniciales están previstos para el 18 de agosto en un tribunal federal de Oakland.

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan esta primera etapa, mientras las demandas de otros 25 estados aguardan el resultado. El caso funcionará como una prueba central para determinar hasta dónde pueden llegar los gobiernos al responsabilizar a una plataforma tecnológica por el diseño de sus productos y no solamente por los contenidos publicados por sus usuarios.

El tribunal contará con un jurado asesor integrado por ocho personas, pero la decisión definitiva quedará en manos de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. El proceso podría extenderse durante unas seis semanas y reunir testimonios de ejecutivos, expertos en salud mental, especialistas en diseño digital y funcionarios estatales.

Qué acusan los estados

La demanda sostiene que Meta incorporó deliberadamente funciones destinadas a prolongar el tiempo de permanencia de los menores. Entre los elementos cuestionados aparecen el desplazamiento infinito, las recomendaciones algorítmicas, las notificaciones constantes, las recompensas sociales y los sistemas que muestran contenido nuevo cada vez que el usuario actualiza la pantalla.

Los fiscales no afirman que toda utilización de una red social provoque un daño. Su argumento es que determinadas funciones habrían sido optimizadas para aumentar la interacción aun cuando la empresa contaba con información interna sobre riesgos relacionados con ansiedad, sueño, autoestima, imagen corporal o uso compulsivo.

Otro eje es la edad de los usuarios. La legislación federal estadounidense exige consentimiento de los padres para recopilar información personal de menores de 13 años. Los estados sostienen que Meta conocía la presencia de niños por debajo de esa edad y que no habría adoptado medidas suficientes para impedir la recolección de sus datos.

También se acusa a la compañía de haber presentado públicamente sus plataformas como entornos más seguros de lo que realmente eran. La discusión judicial deberá determinar si esas comunicaciones constituyeron simples afirmaciones empresariales o si ocultaron información relevante que los padres necesitaban para decidir.

La defensa de Meta

Meta rechaza las acusaciones y sostiene que durante años trabajó con familias, investigadores, organizaciones civiles y autoridades para mejorar la protección de los menores. La empresa afirma que el problema de la salud mental adolescente es complejo y que no puede atribuirse de manera lineal a una única tecnología.

Entre sus medidas recientes aparecen las “cuentas para adolescentes”, que son privadas de manera predeterminada y limitan mensajes, contenidos sensibles y contactos de desconocidos. La compañía también implementó sistemas de estimación de edad mediante inteligencia artificial y controles que permiten a los adultos supervisar ciertos aspectos del uso.

La defensa buscará demostrar que estas herramientas constituyen una respuesta razonable y que los estados intentan responsabilizar a Meta por conductas de los usuarios o por contenidos creados por terceros. También discutirá la relación causal entre cada función de la plataforma y los daños alegados.

Esa diferencia será decisiva. Si el tribunal considera que el caso trata principalmente sobre publicaciones de terceros, Meta podría invocar protecciones legales que históricamente beneficiaron a las plataformas. Si entiende que el objeto del juicio es el diseño del producto, la empresa tendría mayores dificultades para eludir su responsabilidad.

Una cifra enorme, pero teórica

Los estados calcularon que la suma máxima de las penalidades previstas por distintas infracciones podría alcanzar US$1,4 billones, equivalentes a US$1.4 trillion en la nomenclatura estadounidense. Esa cifra surge de aplicar multas legales a una cantidad potencialmente enorme de usuarios y conductas.

No significa que Meta vaya a recibir una condena de ese tamaño. Especialistas jurídicos consideran extremadamente improbable que un tribunal imponga el máximo teórico, especialmente si una sanción resulta desproporcionada respecto de las infracciones demostradas. La cifra sirve para mostrar la escala del expediente, pero no debe confundirse con una estimación financiera realista.

El mayor riesgo podría no estar en la indemnización. Los estados buscan órdenes que obliguen a modificar productos, fortalecer la verificación de edad, eliminar datos recopilados de menores y limitar ciertas funciones consideradas adictivas. Una decisión de ese tipo afectaría el funcionamiento futuro de las plataformas y podría replicarse en otros países.

Un juicio reciente en Los Ángeles ya terminó con una indemnización de US$6 millones en un caso individual contra Meta y YouTube. Aunque esa causa fue más pequeña, mostró que un jurado puede aceptar el argumento de que las compañías conocían riesgos asociados con sus diseños.

El resultado de Oakland será seguido por gobiernos, familias y empresas tecnológicas de todo el mundo. Si los estados consiguen demostrar que la arquitectura de una plataforma puede generar responsabilidad legal, el debate dejará de concentrarse solamente en qué contenidos deben moderarse. El nuevo centro de la regulación será cómo se construye la experiencia digital y qué incentivos utilizan las aplicaciones para retener a sus usuarios más jóvenes.