Los países donde mejor se vive tienen algo en común: democracia, capitalismo y un Estado que funciona

Hay una primera corrección importante que hacer al informe publicado por Bankinter. La nota es de mayo de 2025 y no constituye un ranking propio del banco, sino una reproducción del Social Progress Index elaborado por Social Progress Imperative. Además, hoy ya existe una edición más nueva, correspondiente a 2026. La buena noticia para la comparación es que la conclusión central prácticamente no cambió: los países que encabezaban la lista siguen haciéndolo. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Suiza ocupan nuevamente las primeras posiciones, acompañados inmediatamente por Islandia y buena parte de Europa occidental. La edición actual analiza 171 países mediante 57 indicadores sociales y ambientales, no 60 como señala Bankinter, y evita deliberadamente utilizar el PBI como componente del resultado.

Eso último es fundamental para entender qué estamos midiendo. El índice no pregunta simplemente qué país es más rico. Observa si una sociedad consigue transformar sus recursos en agua potable, vivienda, seguridad, salud, educación, acceso a información, protección ambiental, derechos personales, inclusión y oportunidades. La propia organización pone un ejemplo particularmente incómodo para Estados Unidos: Dinamarca y Estados Unidos poseen niveles de PBI por habitante comparables, pero la diferencia de progreso social ronda los diez puntos. Washington cayó 14 posiciones desde 2011 y hoy se encuentra alrededor del puesto 32, mientras Dinamarca permanece prácticamente en la cima. Tener dinero ayuda muchísimo, pero la forma en que una sociedad organiza sus instituciones y convierte esa riqueza en condiciones concretas de vida también importa.

Hay, de todos modos, una segunda advertencia metodológica antes de convertir el ranking en una batalla ideológica. El Social Progress Index incluye dentro de sus componentes derechos individuales, libertades, inclusión e igualdad de oportunidades. Por eso utilizar exclusivamente este indicador para afirmar que “la democracia produce automáticamente mayor calidad de vida” implicaría cierta circularidad: una sociedad con menos libertades pierde puntos precisamente porque esas libertades forman parte de aquello que se está midiendo. Pero cuando se contrasta el resultado con otras mediciones independientes, el patrón permanece. En el World Happiness Report 2026, basado en la evaluación que las propias personas hacen de sus vidas, Finlandia aparece primera, Islandia segunda, Dinamarca tercera, Suecia quinta, Noruega sexta, Países Bajos séptima y Suiza décima. Costa Rica, una democracia latinoamericana de ingreso bastante menor, ocupa incluso el cuarto lugar mundial.

La fotografía que aparece al cruzar todos esos datos es bastante clara pero también bastante más sofisticada que la oposición habitual entre “Estado” y “mercado”. Los países donde mejor se vive no eliminaron al Estado ni eliminaron al mercado. En general hicieron exactamente lo contrario: desarrollaron economías capitalistas altamente competitivas junto con Estados capaces de cobrar impuestos, ofrecer servicios públicos, regular, redistribuir parcialmente ingresos y garantizar reglas relativamente previsibles.

El dato que suele perderse: no importa solamente cuánto Estado hay, sino si funciona

Los cuatro países nórdicos que ocupan la parte superior son casos claros de Estados de bienestar extensos. Finlandia destinó en 2024 alrededor del 31,4% de su PBI al gasto social público; Dinamarca, 26,4%; Suecia, 26,1%; y Noruega, 24,1%. Alemania, otra de las economías que aparece sistemáticamente entre las primeras posiciones, estuvo en 27,9%. El promedio de la OCDE fue 21,2%. No estamos hablando, por lo tanto, de sociedades que alcanzaron los mejores resultados sociales a partir de retirar al sector público de salud, educación, jubilaciones o protección social.

Pero tampoco se puede dar vuelta el argumento y concluir que más gasto público equivale mecánicamente a vivir mejor. Suiza está entre los cinco primeros del Social Progress Index y su gasto social público ronda apenas el 16% del PBI. Irlanda, también muy bien posicionada, está en torno del 14,4%, y Países Bajos cerca del 18,9%. Son cifras bastante inferiores a las de Francia o Finlandia. Lo que tienen en común no es el mismo tamaño presupuestario, sino otra característica: una extraordinaria capacidad institucional para transformar recursos en resultados.

Ahí aparece probablemente el dato más importante de toda la comparación. El indicador de eficacia gubernamental del Banco Mundial coloca a Singapur primero del mundo, Japón segundo y Luxemburgo tercero. Después aparecen Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Finlandia, Australia y Suecia. Países Bajos queda inmediatamente detrás. Es casi el mismo grupo que encabeza las mediciones de calidad de vida. El denominador común no es simplemente cobrar muchos impuestos ni cobrar pocos: es disponer de un Estado que funciona, que administra con capacidad técnica, que presta servicios y que puede hacer cumplir las reglas que establece.

La diferencia entre “Estado grande” y “Estado fuerte” resulta especialmente útil para evitar simplificaciones. Un Estado puede consumir una proporción enorme del PBI y ser incapaz de garantizar seguridad, educación básica o infraestructura. También puede gastar relativamente poco y tener una burocracia extremadamente profesional. El primer caso es un Estado grande pero débil; el segundo, uno más pequeño fiscalmente pero muy capaz. Los rankings internacionales sugieren que la capacidad estatal parece tener una relación mucho más consistente con el bienestar que el volumen de gasto aislado.

Singapur es quizá el ejemplo más interesante porque rompe simultáneamente dos explicaciones fáciles. No es una democracia liberal comparable con Dinamarca o Noruega y tampoco es un ejemplo de “Estado ausente”. Freedom House lo clasifica actualmente como “Partly Free” con 48 puntos sobre 100, debido al dominio histórico del Partido de Acción Popular y a restricciones sobre oposición, expresión, asociación y protesta. Sin embargo, posee el Gobierno considerado más eficaz del mundo por el Banco Mundial y aproximadamente el 80% de su población residente vive en vivienda pública, construida y administrada dentro del enorme sistema estatal HDB; nueve de cada diez de esos hogares son propietarios de sus departamentos.

Singapur demuestra entonces que la democracia no es una condición absolutamente indispensable para conseguir excelentes resultados materiales, al menos durante largos períodos. Un régimen político restrictivo puede construir escuelas extraordinarias, seguridad, infraestructura, transporte, vivienda, estabilidad macroeconómica y una administración pública de enorme capacidad. Pero justamente por eso resulta un pésimo ejemplo para defender la idea del Estado mínimo: la experiencia singapurense está atravesada por planificación urbana, propiedad estatal de la tierra, vivienda pública, empresas vinculadas al sector público y una intervención gubernamental muy intensa en numerosos aspectos de la economía y de la vida social.

La comparación con las monarquías petroleras es todavía más reveladora. Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait son Estados ricos, presentes y administrativamente capaces, pero no democracias. Freedom House clasifica a los tres como “Not Free”: Emiratos obtiene 18 sobre 100, Qatar 25 y Kuwait 30. Sus gobiernos han conseguido niveles muy altos de seguridad, infraestructura, servicios y renta, pero tienen limitaciones mucho mayores en participación política, libertades civiles y derechos de grandes poblaciones de trabajadores extranjeros.

¿Dónde terminan entonces en el índice social? Bastante bien respecto del promedio mundial, pero muy lejos de Escandinavia. En la edición 2026, Emiratos aparece 44°, Qatar 48° y Kuwait 49°, con alrededor de 74 puntos. Noruega supera los 91. Es un contraste extraordinariamente útil: disponer de petróleo, ciudades modernas, servicios sofisticados y un Gobierno efectivo puede elevar muchísimo la calidad material de vida, pero no necesariamente alcanza para entrar en la élite del progreso social cuando existen grandes diferencias en derechos, ciudadanía, inclusión y oportunidades.

Y hay un dato aún más contundente: entre los países que ocupan la parte más alta del ranking prácticamente todos son democracias libres. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza e Islandia reciben además algunos de los mejores puntajes mundiales de Freedom House. Finlandia obtiene 100 sobre 100; Suecia 99; Dinamarca 97; Suiza 96 e Islandia 95. Singapur es la gran excepción dentro del grupo de avanzada, y precisamente no aparece catalogado como una dictadura cerrada sino como un sistema parcialmente libre con elecciones y pluralismo limitado.

La conclusión inversa también merece cautela. Existen democracias pobres con servicios públicos deficientes y existen regímenes autoritarios con excelentes autopistas, hospitales y seguridad. La democracia por sí sola no fabrica bienestar. Necesita economía productiva, capital humano, estabilidad, inversión y capacidad estatal. Pero cuando se pregunta qué combinación aparece con mayor frecuencia entre las sociedades que consiguieron sostener durante décadas los mayores estándares de vida, la respuesta es bastante consistente: mercados competitivos, alta capacidad institucional, Estado de derecho, elecciones libres y alguna forma de protección social amplia.

América Latina muestra por qué democracia y presencia pública tampoco alcanzan por sí solas

La región permite observar la otra cara del problema. Chile, Uruguay y Costa Rica son actualmente los tres países latinoamericanos mejor ubicados en el Social Progress Index 2026: Chile marca 79,5 puntos, Uruguay 79,33 y Costa Rica 78,85. Argentina queda detrás con 75,93. Brasil llega a 72,74 y Colombia a 69,93. Son diferencias importantes porque los cuatro primeros comparten instituciones democráticas relativamente consolidadas y, en distinta medida, tradiciones de provisión pública de educación, salud y protección social.

Chile, Uruguay y Costa Rica también aparecen clasificados como sociedades libres en las mediciones de derechos políticos. Freedom House otorga a Chile 95 puntos y a Costa Rica 91; Uruguay se mantiene entre las democracias más consolidadas de la región. Argentina también continúa clasificada como “Free” con 85 puntos sobre 100, con elecciones competitivas, debate público intenso y una sociedad civil activa. El problema argentino, por lo tanto, no puede explicarse diciendo sencillamente que “no hay democracia”.

Tampoco puede decirse que Argentina carezca de Estado. Tiene educación pública desde el nivel inicial hasta la universidad, sistema público de salud, jubilaciones, transferencias sociales, empresas estatales, obra pública y una extensa estructura regulatoria. El problema es mucho más incómodo: tener estructuras estatales no garantiza que funcionen bien. El propio informe de Freedom House identifica la inestabilidad económica y la debilidad institucional entre los principales problemas del país. Décadas de inflación, crisis fiscales, cambios regulatorios, resultados educativos pobres, deterioro de infraestructura y baja capacidad de planificación explican mejor la distancia con Uruguay o Chile que la mera existencia o inexistencia formal del sector público.

Eso permite introducir una distinción que muchas veces desaparece de la discusión argentina. Un Estado presente no necesariamente es un Estado eficaz. Puede haber ministerios, impuestos, regulaciones, subsidios y empleados públicos y, al mismo tiempo, escuelas en las que los estudiantes no aprenden, hospitales desbordados, rutas deterioradas o una Justicia que tarda años. Los países que lideran los rankings no se caracterizan sólo porque el Estado esté allí: se caracterizan porque cuando está, suele cumplir razonablemente bien la función para la que existe.

Del otro lado, tampoco existe evidencia de que retirar al Estado de esas funciones conduzca automáticamente hacia el modelo nórdico. Noruega no llegó a su posición privatizando completamente salud y educación; Dinamarca tampoco; Finlandia tampoco. Suiza utiliza más provisión privada y mecanismos de mercado en algunas áreas, especialmente salud, pero dentro de un sistema universal intensamente regulado. Singapur es todavía más paradójico: posee impuestos relativamente bajos y una economía profundamente favorable a los negocios, al mismo tiempo que el Gobierno tiene una intervención enorme sobre vivienda, tierra, ahorro obligatorio y planificación.

En realidad, el debate “Estado versus mercado” describe bastante mal a los países donde mejor se vive. Esas sociedades tienen mucho mercado. Las empresas privadas producen, exportan, innovan y compiten. Defienden la propiedad, los contratos y la apertura comercial. Pero también poseen instituciones públicas capaces de corregir ciertos resultados del mercado, garantizar bienes colectivos y sostener a quienes quedan fuera. La clave parece estar menos en elegir uno de los dos polos que en conseguir que ambos funcionen.

La comparación con los países que están al final del ranking refuerza esa idea. Sudán del Sur, República Centroafricana y Chad ocupan las últimas posiciones del índice 2026, con puntajes de apenas entre 27 y 30. Allí no encontramos un exitoso “Estado pequeño”, sino algo mucho más parecido a Estados quebrados o extremadamente débiles, atravesados por conflictos, incapacidad institucional, pobreza y dificultades para garantizar incluso seguridad básica, salud, agua o educación. También se trata de regímenes con derechos políticos muy restringidos.

Eso vuelve posible una respuesta bastante concreta a la pregunta inicial. ¿Dónde se vive mejor? En promedio, en democracias desarrolladas con Estados capaces. Algunos tienen un enorme gasto social, como Finlandia; otros uno considerablemente menor, como Suiza. Algunos recurren mucho más a proveedores privados, otros a servicios públicos. La estructura exacta cambia. Lo que casi no aparece entre los primeros lugares es la combinación de instituciones débiles, servicios deficientes, inseguridad jurídica y concentración autoritaria del poder.

Y existe un último elemento que el informe original de Bankinter no podía incorporar porque es anterior. El Social Progress Index 2026 advierte que 50 países retrocedieron durante el último año, 85 permanecieron sin cambios significativos y sólo 36 mejoraron. La organización atribuye buena parte del deterioro global desde 2021 a la caída de derechos, seguridad, salud y calidad ambiental, y señala el crecimiento de liderazgos autoritarios y populistas como uno de los riesgos para los próximos años. Desde 2011, el componente global de derechos perdió casi seis puntos.

Por eso el ranking no sirve para demostrar que existe una única receta económica. Sí sirve para desmontar algunas simplificaciones. No muestra que cuanto más grande sea el Estado mejor se viva; Suiza lo desmiente. No muestra que sin democracia sea imposible alcanzar buenos niveles materiales; Singapur lo desmiente. Tampoco muestra que ser rico alcance; Estados Unidos y las monarquías petroleras lo desmienten.

Lo que sí aparece una y otra vez es otra combinación: instituciones fuertes, capacidad estatal, mercados que funcionan, altos niveles de educación y salud, seguridad jurídica, protección social y libertades políticas. Cuantas más de esas piezas logra juntar un país y durante más tiempo consigue conservarlas, más arriba aparece.

Argentina posee algunas: democracia, recursos naturales, capital humano histórico y una extensa red pública. Pero falla todavía en otras decisivas, sobre todo estabilidad económica, eficacia institucional y calidad de los servicios. Por eso la discusión local quizá esté mal planteada cuando se pregunta únicamente si necesitamos “más Estado” o “menos Estado”. Los países que encabezan todos estos rankings plantean una pregunta bastante más exigente: qué Estado necesitamos, qué debe hacer y, sobre todo, cómo conseguir que lo haga bien.