Alejandro Cabreraenezuela está intentando hacer algo extraordinariamente difícil: convertir nuevamente al petróleo en el motor de su reconstrucción económica sin quedar atrapada definitivamente dentro de uno de los dos grandes bloques geopolíticos que compiten por sus recursos. Una semana después de que Donald Trump anunciara lo que la Casa Blanca calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, el gobierno de Delcy Rodríguez salió a garantizar que los contratos firmados durante la etapa de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con compañías chinas y rusas continuarán vigentes. La aclaración parece técnica, pero toca directamente el corazón de la estrategia estadounidense para Venezuela: una parte considerable de los campos incorporados al nuevo esquema había estado precisamente en manos de compañías vinculadas con Pekín, Moscú o empresarios cercanos al antiguo régimen.
La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, fue categórica. Venezuela mantiene empresas mixtas con participación de China y Rusia que poseen autorizaciones vigentes para realizar actividades petroleras y, según sostuvo, el Estado respetará esos compromisos. No detalló, sin embargo, cuáles serán protegidos, qué campos conservarán sus actuales operadores ni cómo se resolverá una eventual superposición entre las concesiones anteriores y los 17 yacimientos comprometidos en el nuevo esquema estadounidense. Esa ausencia de precisiones es probablemente el aspecto más importante de toda la declaración: Caracas afirma que todos podrán convivir, mientras Washington presenta públicamente su acuerdo como una herramienta destinada justamente a reducir la influencia energética china y rusa.
El tamaño del pacto ayuda a comprender el conflicto. El gobierno venezolano concedió a North American Blue Energy Partners, NABEP, derechos durante 100 años sobre 17 campos que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas, alrededor de una quinta parte de los más de 300.000 millones que posee Venezuela. Pero NABEP no será simplemente otra petrolera privada estadounidense. El Departamento de Guerra norteamericano recibirá, a través de su Office of Strategic Capital, una participación del 35% en la compañía matriz, mientras el Departamento de Estado tendrá derecho a comprar al costo el 20% de toda la producción y prioridad para adquirir el 80% restante. Washington también tendrá capacidad de veto sobre integrantes del directorio y la mayoría de sus miembros deberá ser estadounidense.
Trump presentó el acuerdo como una ampliación virtual de las reservas energéticas estadounidenses. La Casa Blanca fue incluso más explícita: sostuvo que Estados Unidos consiguió “control mayoritario” sobre esos recursos y señaló que buena parte de los campos entregados a NABEP había estado anteriormente controlada u operada por compañías rusas, chinas o empresarios vinculados con Chávez y Maduro. Es precisamente esta interpretación la que convierte las declaraciones de Henao en algo más que una aclaración contractual. Caracas está diciendo que la entrada masiva de Washington no significará automáticamente la expulsión de Pekín y Moscú, mientras Washington describe exactamente el mismo proceso como una reconquista estratégica del sector petrolero venezolano.
Durante buena parte de las últimas dos décadas ocurrió lo contrario. A medida que las relaciones entre Washington y Caracas se deterioraban, China se convirtió en uno de los principales financiadores del chavismo y Rusia ocupó parte del espacio abandonado por las petroleras occidentales. Entre 2000 y 2018, instituciones chinas comprometieron más de US$100.000 millones en préstamos y financiamiento a Venezuela, muchos respaldados mediante entregas futuras de petróleo. Aunque buena parte fue cancelada, Caracas todavía tendría entre US$10.000 millones y US$15.000 millones de deuda con China, en buena medida vinculada a esquemas de repago mediante crudo.
China, además, nunca fue simplemente un acreedor. Sus compañías ingresaron directamente en la producción venezolana y el país terminó convirtiéndose en el principal destino del petróleo que Caracas tenía dificultades para colocar debido a las sanciones estadounidenses. Durante 2025 llegaron a China alrededor de 470.000 barriles diarios de crudo venezolano, cerca de la mitad de las exportaciones del país, muchas veces mediante operaciones indirectas, descuentos y modificaciones en la documentación de origen. Desde 2016, inversores chinos habrían colocado además más de US$2.100 millones directamente en el sector petrolero.
Para Pekín, por lo tanto, lo que está en discusión no es solamente influencia política. Hay dinero, empresas, deuda y seguridad energética involucrados. Después de conocerse el pacto estadounidense, la Cancillería china reaccionó públicamente y volvió a hacerlo este lunes. La portavoz Mao Ning sostuvo que la cooperación entre Venezuela y China está protegida por el derecho internacional y por las leyes de ambos países, que no depende de terceros y que los intereses legítimos chinos deben ser protegidos. La frase “no debe ser perturbada por ningún tercero” tuvo un destinatario bastante evidente: Washington.
Rusia se encuentra en una situación semejante, aunque su exposición económica es menor que la china. Después de que Estados Unidos sancionara en 2020 a filiales de Rosneft por comercializar petróleo venezolano, Moscú transfirió sus activos locales a Roszarubezhneft, una compañía propiedad del Estado ruso. Cuando Trump comenzó en enero de este año a proclamar que Estados Unidos controlaría el futuro del petróleo venezolano tras la caída de Maduro, la respuesta rusa fue inmediata: Roszarubezhneft afirmó que sus activos pertenecen al Estado ruso, están protegidos por acuerdos internacionales y continuarían operando. Esa posición no desapareció con los nuevos contratos firmados por Delcy Rodríguez.
El problema para Caracas es que la nueva arquitectura petrolera estadounidense fue diseñada precisamente para evitar que la reconstrucción de Venezuela vuelva a quedar condicionada por esos acreedores. Funcionarios norteamericanos han dejado claro que los ingresos provenientes de la nueva producción no estarán automáticamente disponibles para satisfacer los reclamos de China y que Washington pretende garantizar que una parte sustancial del crudo termine en refinerías estadounidenses. Desde ese punto de vista, el petróleo no es únicamente una inversión: forma parte de la reorganización geopolítica de Venezuela después de la captura de Maduro el 3 de enero.
Ahí aparece el delicado equilibrio que intenta construir Delcy Rodríguez. Su gobierno necesita desesperadamente capital occidental para recuperar una industria devastada, pero tampoco puede romper abruptamente con China y Rusia sin enfrentarse a litigios, deudas multimillonarias y posibles represalias económicas y diplomáticas. Rodríguez conoce además personalmente ese entramado porque antes de asumir la Presidencia había ocupado el Ministerio de Hidrocarburos y participó directamente de las negociaciones energéticas desarrolladas durante la administración Maduro.
La industria necesita inversiones enormes. Venezuela llegó a producir alrededor de 3,5 millones de barriles diarios a fines de los años noventa, pero durante 2025 apenas consiguió aproximadamente 1,1 millones. Décadas de falta de inversión, deterioro de PDVSA, corrupción, pérdida de personal especializado y posteriormente las sanciones estadounidenses dejaron una infraestructura muy por debajo de su potencial. Henao calcula que desarrollar desde cero un campo puede requerir entre US$1.500 millones y US$7.000 millones, mientras recuperar un yacimiento maduro puede demandar entre US$500 millones y US$1.700 millones.
Por eso la apertura está ocurriendo a una velocidad extraordinaria. Chevron acaba de comprometer alrededor de US$7.000 millones para más que duplicar su producción venezolana durante los próximos cinco años y alcanzar aproximadamente 600.000 barriles diarios. La italiana Eni profundizó también su apuesta, mientras ONGC, GeoPark, GE Vernova y otras compañías internacionales negocian o cerraron acuerdos. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, sostiene que la producción venezolana podría más que duplicarse durante los próximos años.
La meta inmediata del gobierno venezolano es bastante más modesta: 1,4 millones de barriles diarios hacia fines de 2026. Pero incluso ese incremento adquiere enorme importancia en el escenario internacional actual. El precio del Brent volvió este lunes a superar los US$97 por barril mientras se profundizan los ataques entre Estados Unidos e Irán y continúa restringido el tránsito energético por el estrecho de Ormuz. Goldman Sachs calcula que una escalada adicional podría llevar el petróleo hasta US$120. En semejante contexto, recuperar cientos de miles de barriles venezolanos dejó de ser únicamente una política latinoamericana y pasó a formar parte de la seguridad energética estadounidense.
China tiene incluso más razones para observar con preocupación ese movimiento. La guerra alrededor de Irán redujo fuertemente sus importaciones provenientes de Medio Oriente y dejó a Pekín buscando proveedores alternativos. Durante agosto sus compras marítimas de crudo se mantuvieron alrededor de un 40% por debajo del nivel existente antes del conflicto iraní. Perder simultáneamente acceso preferencial a Venezuela significaría aumentar todavía más su dependencia del petróleo ruso en un momento extremadamente sensible para su seguridad energética.
La respuesta todavía no está clara. Henao asegura que sí y afirma que los contratos anteriores conservarán validez jurídica. Pero algunos de los campos incluidos en el paquete otorgado a NABEP habían tenido participación de CNPC, Sinopec, China Concord Resources y empresas rusas, de modo que la coexistencia podría exigir renegociaciones, compensaciones o directamente una redefinición de áreas. Hasta el momento Caracas no publicó un mapa contractual suficientemente detallado que permita verificar exactamente qué derechos conservará cada compañía.
Además existe una discusión sobre la propia legalidad del acuerdo estadounidense. Expertos venezolanos y extranjeros cuestionaron la concesión por 100 años, la ausencia de una licitación competitiva y el mecanismo mediante el cual el gobierno norteamericano adquirirá derechos económicos y políticos dentro de NABEP. La Constitución venezolana reserva al Estado un papel especial sobre los hidrocarburos y durante décadas el modelo chavista exigió que PDVSA mantuviera participación mayoritaria en las empresas mixtas. Las reformas aprobadas este año flexibilizaron enormemente ese esquema, pero todavía hay desacuerdo sobre hasta dónde pueden extenderse las nuevas concesiones. Incluso la administración de Rodríguez ha hablado públicamente de licencias por períodos inferiores a los 100 años anunciados desde Washington.
Esa inseguridad jurídica explica también por qué algunas gigantes estadounidenses siguen observando Venezuela con cautela. ExxonMobil y ConocoPhillips perdieron activos durante las nacionalizaciones de Hugo Chávez y todavía mantienen reclamos multimillonarios. Para que vuelvan con inversiones capaces de transformar realmente la industria necesitan garantías sobre propiedad, arbitraje internacional y estabilidad contractual. Washington puede utilizar su peso político para ofrecer parte de esa seguridad, pero el nuevo esquema corre el riesgo de producir exactamente el problema contrario si empresas chinas o rusas logran demostrar que sus contratos anteriores fueron desplazados sin compensación.
Venezuela queda así situada en el centro de una competencia mucho más amplia. Durante los años de Chávez y Maduro utilizó a China y Rusia para reducir su dependencia de Estados Unidos. Después de la caída de Maduro está recorriendo el camino inverso y necesita capital, tecnología, refinerías y mercados estadounidenses para reconstruir rápidamente la principal fuente de ingresos del país. Pero Caracas parece haber decidido que regresar a Occidente no necesariamente significa abandonar Oriente.
Esa es la dimensión real de las declaraciones de Paula Henao. Venezuela no está anunciando simplemente que respetará algunos contratos petroleros. Está tratando de establecer hasta dónde llegará la influencia estadounidense sobre la economía del país después del derrumbe del viejo orden chavista. Trump pretende que el petróleo venezolano vuelva a mirar hacia el norte y ha diseñado un acuerdo que le concede a Washington derechos económicos extraordinarios sobre aproximadamente 65.000 millones de barriles. China recuerda que prestó decenas de miles de millones de dólares, todavía tiene activos y necesita ese petróleo. Rusia sostiene que sus propiedades pertenecen al Estado ruso y no pueden ser confiscadas.
Delcy Rodríguez necesita a los tres, pero cada uno tiene intereses que chocan directamente con los demás. Y allí aparece la gran incógnita de la nueva Venezuela: si la apertura petrolera terminará construyendo un modelo pragmático en el que convivan capitales estadounidenses, chinos, rusos y europeos, o si el gigantesco acuerdo de Trump fue en realidad el primer paso para sacar a Pekín y Moscú del recurso estratégico más importante del país. La respuesta no dependerá solamente de Caracas. También se está definiendo en Washington, Pekín y Moscú.
