El Reino Unido enfrenta un frente independentista inédito: Escocia, Gales e Irlanda del Norte coordinan su presión por referendos

El Reino Unido llegará este lunes a una fotografía política que habría resultado difícil de imaginar apenas una década atrás. En Cardiff se sentarán juntos Rhun ap Iorwerth, primer ministro de Gales y líder de Plaid Cymru; John Swinney, primer ministro de Escocia y dirigente del Scottish National Party; y Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte y referente de Sinn Féin. Los tres pertenecen a fuerzas políticas que, con modelos y tiempos diferentes, consideran que sus territorios deberían dejar de formar parte del Reino Unido. Firmarán un memorando de entendimiento y una declaración conjunta destinada a reivindicar el principio de autodeterminación, defender el derecho a convocar consultas sobre el futuro constitucional y aumentar la cooperación entre las denominadas naciones celtas. La reunión también incluirá economía, energía, relaciones con Europa y coordinación institucional, pero será inevitable que toda la atención recaiga sobre una pregunta mucho más grande: si estamos presenciando simplemente una demostración de fuerza política de los nacionalismos periféricos o el comienzo de un proceso capaz de modificar definitivamente el mapa del Estado británico.

Conviene, sin embargo, corregir desde el comienzo una posible exageración. Los tres dirigentes no van a firmar este lunes un mecanismo jurídico que permita desmantelar automáticamente el Reino Unido ni existe una especie de “tratado de secesión” conjunto. El documento servirá fundamentalmente para coordinar posiciones políticas y defender la idea de que Londres no debería poseer un veto indefinido sobre la posibilidad de que Escocia, Gales o Irlanda del Norte decidan constitucionalmente su futuro. Incluso Rhun ap Iorwerth salió este domingo a rechazar la interpretación de que su objetivo inmediato sea “destruir” el Reino Unido y explicó que pretende fortalecer la posición de Gales y ampliar sus poderes, aunque continúa defendiendo la independencia como horizonte político. La distinción es importante porque la palabra “independencia” reúne bajo un mismo paraguas tres situaciones extraordinariamente distintas: Escocia ya realizó un referéndum hace doce años y está prácticamente dividida por mitades; Irlanda del Norte posee un mecanismo legal específico para abandonar el Reino Unido gracias al Acuerdo de Viernes Santo; y Gales tiene un movimiento independentista en crecimiento, pero todavía claramente minoritario y sin una vía jurídica propia para convocar unilateralmente una consulta.

Lo verdaderamente novedoso es la simultaneidad. En Escocia, el SNP volvió a ser ampliamente la primera fuerza en las elecciones de mayo de 2026 y consiguió 58 de los 129 escaños del Parlamento; los Verdes escoceses, también partidarios de la independencia, obtuvieron otros 15, por lo que existe nuevamente una mayoría parlamentaria favorable al principio de celebrar otra consulta. En Gales ocurrió algo todavía más histórico: Plaid Cymru ganó 43 de los 96 escaños y terminó con un siglo de predominio laborista, permitiendo que Rhun ap Iorwerth se convirtiera en el primer jefe de gobierno galés perteneciente al partido nacionalista. Irlanda del Norte posee una estructura institucional distinta, pero Sinn Féin ocupa desde 2024 el cargo de primera ministra con Michelle O’Neill. Eso no significa que todo el Ejecutivo norirlandés apoye la reunificación: O’Neill comparte el poder con la viceprimera ministra Emma Little-Pengelly, del unionista DUP, y ambos cargos son jurídicamente conjuntos e iguales. Precisamente por eso la participación de O’Neill en Cardiff debe interpretarse como una iniciativa nacionalista dentro de un gobierno de poder compartido, y no como una posición consensuada de todo Stormont. Aun con esas diferencias, nunca antes los tres gobiernos autónomos habían tenido simultáneamente en su principal cargo político a dirigentes provenientes de fuerzas comprometidas con la transformación constitucional de la Unión.

Los sondeos explican tanto la oportunidad como los límites de esa ofensiva. Las últimas mediciones citadas este domingo por The Guardian muestran aproximadamente un 47% de apoyo a la independencia en Escocia, 36% a una Irlanda unificada en Irlanda del Norte y 32% a la independencia en Gales. Son cifras que no pueden compararse mecánicamente porque las preguntas, metodologías y cantidad de indecisos cambian entre encuestas, pero ofrecen una fotografía bastante clara. Escocia es el único territorio donde la independencia se encuentra actualmente dentro de una competencia prácticamente de uno contra uno con la permanencia en el Reino Unido. En Irlanda del Norte existe una minoría muy grande favorable a la reunificación, pero todavía no aparece una mayoría estable suficiente para activar el mecanismo previsto por el Acuerdo de Viernes Santo. Gales avanzó muchísimo respecto de décadas en las que el independentismo era una posición marginal, pero continúa necesitando conquistar a una porción considerable del electorado antes de pensar seriamente en un referéndum ganador.

Escocia vuelve a estar en el centro: perdió el referéndum de 2014, pero el Brexit cambió completamente la discusión

Si existe un territorio capaz de provocar una verdadera crisis existencial del Reino Unido en el corto o mediano plazo, sigue siendo Escocia. El 18 de septiembre de 2014, los escoceses rechazaron la independencia con 55,3% por el No frente a 44,7% por el Sí, en una consulta con una participación extraordinaria del 84,6%. Aquel resultado pareció cerrar la discusión durante una generación, pero dos años después ocurrió algo que los nacionalistas transformaron inmediatamente en argumento para reabrirla: el Brexit. En 2016, Escocia votó 62% por permanecer dentro de la Unión Europea, mientras el conjunto del Reino Unido decidió abandonarla. El SNP sostuvo desde entonces que las condiciones bajo las cuales Escocia había elegido permanecer en 2014 habían cambiado radicalmente, porque uno de los argumentos unionistas de aquella campaña era precisamente que continuar formando parte del Reino Unido garantizaba su permanencia dentro de la UE. Escocia terminó saliendo de Europa a pesar de haber votado masivamente lo contrario.

El obstáculo principal ya no es solamente político, sino jurídico. En noviembre de 2022, la Corte Suprema británica resolvió por unanimidad que el Parlamento escocés no tiene competencia para convocar unilateralmente un referéndum de independencia, ni siquiera uno presentado formalmente como consultivo, porque la Unión entre Escocia e Inglaterra es una materia reservada al Parlamento británico. Para repetir legalmente una consulta semejante a la de 2014, Edimburgo necesita que Westminster transfiera temporalmente la competencia mediante una orden de la sección 30 de la Scotland Act o apruebe una legislación específica. Eso coloca al independentismo dentro de una paradoja que el SNP utiliza políticamente desde entonces: puede ganar elecciones escocesas prometiendo un referéndum y disponer de una mayoría parlamentaria favorable a celebrarlo, pero el gobierno británico conserva jurídicamente la capacidad de negarse a autorizarlo.

Ahí aparecieron durante las últimas semanas declaraciones inesperadas de Andy Burnham. El nuevo primer ministro británico sugirió inicialmente que sería difícil negar indefinidamente una consulta si existiera un “claro consenso” popular a favor de celebrarla y llegó a comparar parcialmente el principio de consentimiento escocés con el utilizado en Irlanda del Norte. John Swinney interpretó esas palabras como la apertura que esperaba desde hacía años y reclamó una vía constitucional permanente que establezca bajo qué condiciones Escocia puede volver a votar. Burnham después retrocedió parcialmente y sostuvo que las circunstancias de Escocia e Irlanda del Norte no son equivalentes y que actualmente una nueva consulta distraería de problemas económicos y sociales más urgentes. Pero el daño —o la oportunidad, dependiendo de la mirada— ya estaba hecho: por primera vez en bastante tiempo un primer ministro británico había admitido públicamente la posibilidad de que una mayoría sostenida pudiera hacer políticamente imposible seguir diciendo simplemente que no.

Ese debate es mucho más importante que la cumbre de Cardiff porque toca el problema central de la Constitución británica. El Reino Unido no posee una constitución escrita y codificada semejante a la estadounidense, argentina o española. Funciona mediante leyes, precedentes, convenciones y soberanía parlamentaria. En 2014, David Cameron aceptó transferir temporalmente el poder para convocar el referéndum porque el SNP había obtenido una mayoría absoluta en las elecciones escocesas de 2011 y porque Londres consideró políticamente imposible negar la consulta. Jurídicamente no estaba obligado a hacerlo. Después, los gobiernos británicos sostuvieron que el resultado había resuelto la cuestión durante una generación. El problema aparece cuando los mismos votantes vuelven a elegir repetidamente fuerzas que reclaman otra consulta. La ley permite a Westminster continuar rechazándola; la política puede terminar haciendo cada vez más costoso ejercer ese derecho.

Un segundo referéndum escocés tampoco tendría un resultado previsible. El 47% aproximado de apoyo actual muestra una sociedad dividida casi exactamente por mitades, algo que viene ocurriendo con pequeñas oscilaciones desde hace años. La campaña volvería probablemente sobre problemas que ya dominaron 2014 pero que hoy serían incluso más complejos: qué moneda utilizaría una Escocia independiente, cómo distribuir activos y deuda del Reino Unido, qué ocurriría con las bases nucleares británicas en Faslane, qué frontera comercial existiría con Inglaterra, cómo se organizarían pensiones y servicios públicos y, sobre todo, qué condiciones impondría la Unión Europea para una eventual adhesión escocesa. Los independentistas sostienen que Escocia posee recursos energéticos, educación, instituciones y capital humano suficientes para funcionar como Estado europeo independiente; los unionistas responden que Inglaterra absorbe una proporción enorme de sus exportaciones y que Edimburgo recibe transferencias fiscales significativas del presupuesto británico. Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta capaz de cancelar por sí sola el debate, pero todas muestran por qué independizarse políticamente es muchísimo más sencillo de plantear que separar dos economías integradas durante más de tres siglos.

Gales constituye un caso diferente. Plaid Cymru consiguió este año el mayor éxito electoral de su historia y transformó por completo un sistema político dominado durante generaciones por el Partido Laborista, pero su victoria no puede interpretarse automáticamente como un mandato para independizarse. Muchos ciudadanos votaron por Plaid por cuestiones vinculadas con salud, servicios públicos, vivienda, idioma galés, rechazo a Labour o preocupación por el crecimiento de Reform UK, no necesariamente porque quieran abandonar el Reino Unido. El propio ap Iorwerth insiste actualmente en una estrategia gradual: ampliar poderes sobre justicia y policía, reforzar la autonomía fiscal, conseguir una relación menos centralizada con Londres y demostrar que un gobierno nacionalista puede administrar eficazmente antes de intentar convencer a una mayoría sobre la independencia. Esa prudencia responde a los números: un apoyo de aproximadamente 32% significa que el independentismo galés dejó definitivamente de ser marginal, pero todavía necesitaría ganar cerca de veinte puntos para encontrarse en condiciones similares a Escocia.

Y también existe allí un obstáculo jurídico semejante al escocés. El Wales Act reserva expresamente a Westminster cuestiones constitucionales como la unión entre Gales e Inglaterra y el Parlamento del Reino Unido, lo que significa que el Senedd no puede legislar unilateralmente para separar al país. Aunque nunca hubo una sentencia exactamente equivalente a la escocesa sobre un referéndum galés, la estructura legal es clara: una consulta jurídicamente efectiva necesitaría cooperación o legislación del Parlamento británico. El nacionalismo galés puede aumentar políticamente el costo de que Londres se niegue a escuchar, pero actualmente no posee un botón legal que permita convocar por sí mismo una consulta vinculante.

Irlanda del Norte es diferente: allí Londres ya aceptó legalmente que la Unión puede terminar

Irlanda del Norte es el territorio donde la independencia —más precisamente la reunificación con la República de Irlanda— dispone del mecanismo jurídico más claro. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a gran parte de tres décadas de violencia entre republicanos, unionistas, grupos paramilitares y fuerzas británicas, estableció el principio de consentimiento: Irlanda del Norte seguirá formando parte del Reino Unido mientras una mayoría de su población así lo quiera, pero si surge una mayoría favorable a una Irlanda unificada deberá existir la posibilidad de cambiar ese estatus mediante procedimientos democráticos. La legislación británica dispone que el secretario de Estado para Irlanda del Norte tiene la obligación de convocar un denominado border poll si considera probable que una mayoría votaría por la reunificación. Si ganara esa opción en Irlanda del Norte, la República de Irlanda también tendría que aprobar constitucionalmente la unificación mediante su propio proceso democrático.

Eso significa que, a diferencia de Escocia y Gales, Londres ya reconoció jurídicamente que no puede conservar Irlanda del Norte contra una mayoría democrática permanente de sus habitantes. El desacuerdo reside en determinar cuándo aparece esa mayoría. No existe un umbral automático del tipo “tres encuestas superiores al 50% obligan a convocar la consulta”. El secretario de Estado conserva margen para evaluar elecciones, encuestas, cambios demográficos y otras señales políticas. El gobierno de Andy Burnham sostiene actualmente que ese punto todavía no llegó y que las mediciones no muestran una mayoría favorable a la reunificación. Con un apoyo estimado alrededor del 36%, resulta difícil discutir esa conclusión en el presente. Pero la tendencia política es mucho más interesante de lo que esa cifra aislada sugiere: Sinn Féin se convirtió en la mayor fuerza de la Asamblea, Michelle O’Neill ocupa por primera vez para el nacionalismo el cargo de primera ministra y la identidad política norirlandesa es hoy bastante menos binaria que durante los años más duros del conflicto.

En ese contexto, Donald Trump decidió intervenir este fin de semana de una manera extraordinariamente poco habitual para un presidente estadounidense. Durante su visita a Irlanda dijo que le “encantaría” ver una Irlanda unificada, afirmó que le parecía el desenlace “natural” y sostuvo que probablemente ocurrirá tarde o temprano, e incluso sugirió que sería mejor que sucediera antes. Este domingo reiteró la posición y, cuando le preguntaron si también apoyaría la independencia de Escocia, respondió que todavía no quería hablar de ese asunto. Sus comentarios provocaron irritación entre dirigentes unionistas norirlandeses y en sectores de Londres porque Estados Unidos había evitado históricamente pronunciarse sobre el resultado final del debate constitucional, incluso cuando desempeñó un papel central en el proceso de paz de 1998.

Trump tampoco puede decidir el futuro de Irlanda del Norte. El Acuerdo de Viernes Santo coloca esa decisión exclusivamente en manos de la población de la isla y establece un proceso democrático muy preciso. Pero el peso político de las palabras norteamericanas es enorme porque Washington fue uno de los garantes diplomáticos fundamentales del acuerdo y porque el Gobierno británico atraviesa simultáneamente una relación particularmente tensa con la Casa Blanca. Las declaraciones sobre Irlanda llegaron inmediatamente después de que Trump pusiera en duda la automaticidad de un respaldo estadounidense al Reino Unido frente a una eventual crisis por Malvinas y se ofreciera públicamente a mediar entre Londres y Buenos Aires. El presidente estadounidense está molesto por la conducta británica durante la guerra con Irán y parece cada vez más dispuesto a tocar cuestiones territoriales que cualquier administración estadounidense anterior habría manejado con enorme prudencia.

Eso no convierte a Trump en aliado de todos los independentismos europeos. Su política exterior es demasiado transaccional para extraer una doctrina estable a partir de una declaración. Puede simpatizar con la unidad irlandesa por razones personales o políticas, utilizar el asunto como mecanismo de presión sobre Londres y modificar completamente su discurso si mejora la relación con Burnham. Sin embargo, sus palabras producen un efecto inmediato porque los nacionalistas pueden mostrar ahora que incluso el principal aliado histórico del Reino Unido considera legítimo discutir algunos de sus límites territoriales. Para un Estado cuya cohesión depende tanto de convenciones políticas como de normas escritas, la percepción internacional también importa.

La cumbre de Cardiff debe leerse entonces dentro de un fenómeno bastante más profundo que tres movimientos independentistas coordinando una conferencia. La estructura territorial británica viene acumulando tensiones desde la devolución de poderes iniciada a fines de los años noventa. Escocia posee su propio Parlamento con competencias amplias; Gales fue ampliando gradualmente las facultades del Senedd; Irlanda del Norte funciona mediante un delicadísimo sistema de poder compartido nacido de un acuerdo de paz. Inglaterra, donde vive aproximadamente el 84% de la población del Reino Unido, no posee un Parlamento nacional equivalente y sigue siendo gobernada directamente desde Westminster. El resultado es una unión extremadamente asimétrica donde cada territorio mantiene una relación diferente con el centro.

El Brexit aceleró esas contradicciones. Escocia e Irlanda del Norte votaron por permanecer en la Unión Europea, mientras Inglaterra y Gales votaron mayoritariamente por salir. En Irlanda del Norte la salida generó además un problema comercial y político particular porque restaurar una frontera física con la República de Irlanda habría puesto en riesgo uno de los pilares del acuerdo de paz. Las sucesivas soluciones negociadas con Bruselas terminaron dejando a Irlanda del Norte parcialmente vinculada a reglas europeas para determinadas mercancías, generando simultáneamente ventajas económicas y fuertes resistencias unionistas. Escocia utilizó la salida de Europa como principal argumento para reclamar una segunda consulta. Gales, paradójicamente, había votado por el Brexit, pero la experiencia posterior alimentó una conversación distinta sobre cuánto poder debe conservar Londres y qué capacidad necesita Cardiff para diseñar sus propias políticas.

Por eso es posible que la cumbre termine produciendo efectos incluso aunque ninguno de los tres territorios se independice en el corto plazo. Una coordinación sostenida entre los gobiernos autónomos puede obligar a Burnham a ofrecer más federalización o más devolución de poderes como precio para preservar la Unión. Ap Iorwerth ya reclama justicia y policía para Gales; Swinney quiere un mecanismo objetivo que determine cuándo Escocia puede volver a votar; Sinn Féin pretende que Londres acepte que la discusión sobre un referéndum irlandés no puede aplazarse indefinidamente. Si Downing Street responde simplemente cerrando todas las puertas, puede fortalecer el argumento nacionalista de que el Reino Unido no es una asociación voluntaria sino una estructura donde Inglaterra retiene el poder final. Si concede nuevas competencias, en cambio, puede estabilizar temporalmente la Unión pero también entregar a cada territorio más instrumentos institucionales para imaginarse funcionando por separado.

El gran dilema británico es justamente ése. Durante décadas, la descentralización fue diseñada para contener el nacionalismo mediante autonomía. En algunos casos funcionó: permitió que demandas territoriales fueran procesadas democráticamente y redujo incentivos de ruptura. Pero también creó parlamentos, gobiernos, burocracias y sistemas políticos nacionales que hicieron mucho más imaginable la independencia. Antes de 1999, la idea de un Estado escocés necesitaba explicar cómo construir prácticamente todas sus instituciones desde cero; hoy Edimburgo ya posee Parlamento, Gobierno, sistema jurídico propio, administración, educación y política sanitaria autónomas. Gales recorrió un camino semejante, aunque con menores competencias. Irlanda del Norte tiene instituciones de autogobierno nacidas directamente de un pacto internacional. La devolución preservó el Reino Unido y, simultáneamente, construyó parte de la infraestructura que permitiría eventualmente desarmarlo.

Aun así, afirmar que el Reino Unido está a punto de desaparecer sería hoy una exageración. Ninguno de los tres procesos posee simultáneamente una mayoría popular clara, autorización jurídica y consenso sobre las condiciones económicas de una separación. Escocia está muy cerca del 50%, pero necesita el consentimiento de Westminster para una nueva consulta legal. Irlanda del Norte dispone de la ruta constitucional, pero no aparece todavía una mayoría por la reunificación. Gales tiene un gobierno nacionalista histórico, pero el respaldo a la independencia sigue alrededor de un tercio del electorado. Incluso si los tres movimientos avanzaran simultáneamente, sus objetivos tampoco son idénticos: Escocia busca convertirse en Estado soberano y eventualmente reincorporarse a la Unión Europea; Gales imagina una independencia propia; Irlanda del Norte dejaría de existir como jurisdicción británica para integrarse a otro Estado ya existente.

Lo que sí desapareció es la idea de que la integridad territorial británica puede darse por garantizada indefinidamente. La victoria de Plaid Cymru en mayo, la persistencia del SNP después de casi dos décadas de gobierno, el ascenso histórico de Sinn Féin en Belfast y ahora la aparición de una coordinación política entre los tres nacionalismos muestran que la cuestión territorial dejó de ser un conjunto de debates locales separados. Por primera vez puede empezar a funcionar como una discusión simultánea sobre la naturaleza misma del Reino Unido.

Para Burnham, el desafío será encontrar una respuesta que no produzca exactamente aquello que intenta evitar. Si se niega a cualquier mecanismo futuro de consulta en Escocia, alimentará la acusación de que la Unión sólo es voluntaria mientras nadie intente abandonarla. Si acepta un mecanismo semejante al norirlandés, convertirá la posibilidad de un nuevo referéndum en una característica permanente del sistema británico. Si concede mayores poderes a Gales, puede fortalecer al gobierno nacionalista que quiere utilizar esos poderes como escalones hacia la independencia. Y en Irlanda del Norte posee el margen más reducido de todos: el Acuerdo de Viernes Santo obliga jurídicamente al Gobierno británico a aceptar la reunificación si algún día aparece y se expresa democráticamente una mayoría favorable.

La reunión de Cardiff no desintegrará este lunes al Reino Unido. Probablemente tampoco produzca una consulta inmediata en ninguno de los tres territorios. Su importancia es otra: por primera vez, los movimientos que cuestionan la Unión desde Escocia, Gales e Irlanda del Norte intentarán presentarse conjuntamente no como amenazas a Londres, sino como gobiernos democráticamente elegidos reclamando que exista una vía clara para abandonar el Estado si sus sociedades alguna vez así lo deciden.

Ese cambio puede resultar mucho más importante a largo plazo que cualquier declaración independentista.

Porque el verdadero problema del Reino Unido ya no consiste en determinar si Escocia, Gales o Irlanda del Norte pueden independizarse mañana. Consiste en definir una pregunta que Westminster consiguió postergar durante años y que ahora tres gobiernos van a plantearle al mismo tiempo: si el Reino Unido es realmente una unión voluntaria de naciones, ¿bajo qué condiciones puede una de ellas decidir que ya no quiere seguir perteneciendo?