Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron un pacto de autodeterminación y exigieron a Londres que prepare el cambio constitucional

Lo que hasta ayer era el anuncio de una cumbre de enorme carga simbólica se convirtió este lunes en un documento político concreto. Los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron en Cardiff una declaración conjunta en la que reivindicaron el derecho de sus pueblos a decidir su futuro constitucional y reclamaron al Gobierno británico que comience a “prepararse, planificar y facilitar” los eventuales procesos de cambio. La firma representa una novedad material respecto de la reunión anticipada durante el fin de semana: los tres movimientos nacionalistas ya no se limitaron a expresar aspiraciones semejantes, sino que establecieron un marco de cooperación destinado a aumentar la presión sobre Westminster.

El acuerdo fue suscripto por John Swinney, primer ministro escocés y líder del Scottish National Party; Rhun ap Iorwerth, primer ministro galés y conductor de Plaid Cymru; y Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte y vicepresidenta de Sinn Féin. También participó Mary Lou McDonald, presidenta del partido republicano irlandés. En la declaración, los dirigentes afirmaron que “nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación”, sostuvieron que cada territorio debe poder definir democráticamente su destino y advirtieron que ningún gobierno instalado en Londres debería tener la capacidad de bloquear indefinidamente esa decisión.

Un acuerdo político que todavía no habilita ningún referéndum

El documento no constituye un tratado de secesión ni activa automáticamente la separación de Escocia, Gales o Irlanda del Norte. Tampoco fija una fecha común para realizar consultas populares. Su importancia reside en otro punto: por primera vez desde que comenzó el proceso de devolución de poderes en 1997, los tres gobiernos autónomos están encabezados simultáneamente por dirigentes pertenecientes a partidos que cuestionan la continuidad de sus territorios dentro del Reino Unido. Esa coincidencia permitió convertir demandas que hasta ahora avanzaban por caminos separados en una presión política coordinada sobre el poder central.

Los firmantes reclamaron que Londres deje de considerar cualquier discusión sobre independencia como una concesión excepcional y establezca mecanismos transparentes para canalizarla. También acordaron profundizar la cooperación en economía, energía, comercio, cultura y relaciones internacionales. Uno de los párrafos más importantes sostiene que el futuro de las tres naciones se encuentra dentro de la Unión Europea, una definición directamente vinculada con las consecuencias del Brexit. Según el documento, la salida del bloque dañó sus economías, redujo oportunidades y debilitó relaciones que ahora pretenden reconstruir.

La frase más fuerte de la jornada fue la advertencia de que el tiempo político de Westminster “está llegando a su fin”. Sin embargo, esa afirmación debe interpretarse como una declaración de confrontación y no como la descripción de una ruptura inminente. El Gobierno británico conserva amplias herramientas legales para impedir consultas unilaterales en Escocia y Gales, mientras que Irlanda del Norte posee un sistema completamente diferente, surgido del proceso de paz y del Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

Tres movimientos independentistas con fuerzas y caminos diferentes

Escocia continúa siendo el territorio donde la discusión independentista se encuentra más avanzada. En 2014, el 55,3% de los votantes eligió permanecer dentro del Reino Unido, frente al 44,7% que respaldó la separación. El Brexit modificó después el escenario: en 2016, el 62% de los escoceses votó por continuar en la Unión Europea, pero terminó abandonándola debido al resultado general británico. Desde entonces, el SNP sostiene que las condiciones bajo las cuales se realizó el primer referéndum cambiaron de manera sustancial y reclama una nueva consulta.

El principal obstáculo escocés es jurídico. La Corte Suprema británica resolvió en 2022 que el Parlamento de Edimburgo no posee competencia para convocar unilateralmente un referéndum de independencia, aunque se lo presente como una consulta no vinculante. Para realizar una votación legal semejante a la de 2014, Escocia necesita una transferencia temporal de facultades por parte de Westminster o una ley aprobada por el Parlamento británico. Swinney busca que el gobierno de Andy Burnham acepte una vía permanente que permita votar cuando exista un respaldo popular sostenido.

Gales se encuentra en una etapa distinta. La llegada de Plaid Cymru al gobierno constituyó un avance histórico para el nacionalismo galés, pero no significa que exista todavía una mayoría favorable a abandonar el Reino Unido. Ap Iorwerth mantiene la independencia como horizonte, aunque su estrategia inmediata consiste en ampliar la autonomía fiscal, conseguir competencias sobre justicia y policía y fortalecer las instituciones galesas. Su gobierno, además, descartó convocar un referéndum durante el actual mandato, una señal de que Cardiff pretende desarrollar un proceso gradual y evitar que la declaración conjunta sea interpretada como una ruptura automática.

Irlanda del Norte dispone, en cambio, del camino constitucional más definido. El Acuerdo de Viernes Santo establece que el territorio seguirá dentro del Reino Unido mientras ésa sea la voluntad mayoritaria, pero obliga al secretario de Estado británico a convocar una consulta fronteriza si considera probable una victoria de la reunificación con la República de Irlanda. El conflicto no gira tanto alrededor de la existencia de ese derecho como de las condiciones necesarias para activar la votación, porque la legislación no determina un umbral automático basado en encuestas o resultados electorales.

La firma abrió una disputa dentro del propio gobierno norirlandés

La participación de Michelle O’Neill también provocó una reacción inmediata del unionismo. Emma Little-Pengelly, viceprimera ministra de Irlanda del Norte y dirigente del Democratic Unionist Party, cuestionó que O’Neill se presentara como representante de todo el Ejecutivo norirlandés. Los dos cargos forman una conducción conjunta y jurídicamente equivalente dentro del sistema de poder compartido de Stormont, por lo que la declaración no puede considerarse una posición consensuada del gobierno completo, sino una iniciativa política de Sinn Féin y de su primera ministra.

Esa diferencia revela la sensibilidad particular del caso norirlandés. Mientras el SNP gobierna Escocia y Plaid Cymru conduce Gales con programas nacionalistas, Irlanda del Norte continúa organizada alrededor de un equilibrio entre fuerzas republicanas, que pretenden la reunificación de la isla, y partidos unionistas, que defienden la permanencia dentro del Reino Unido. Cualquier movimiento de O’Neill sobre la cuestión constitucional puede ser interpretado por sus adversarios como una utilización partidaria de una institución diseñada para funcionar mediante el consentimiento de ambas comunidades.

La cumbre ocurrió además después de que Donald Trump respaldara públicamente la reunificación irlandesa durante su visita a Irlanda. El presidente estadounidense calificó la unión entre el norte y la República como un desenlace “natural” y manifestó que le gustaría verla concretada más temprano que tarde. Sus declaraciones irritaron a dirigentes unionistas y a sectores de Londres, aunque Trump carece de autoridad para intervenir en el mecanismo previsto por el Acuerdo de Viernes Santo. Su pronunciamiento, de todos modos, entregó a Sinn Féin un apoyo internacional inesperado y aumentó la presión sobre el gobierno británico.

El dilema de Londres: bloquear las consultas o reformar la Unión

Downing Street respondió que su prioridad continúa siendo el costo de vida, la economía y el funcionamiento de los servicios públicos, y reiteró su compromiso con la unidad del país y con el Acuerdo de Viernes Santo. Burnham no parece dispuesto a habilitar consultas inmediatas, pero anteriormente admitió que sería difícil rechazar indefinidamente un referéndum escocés si apareciera un consenso social claro. Esa ambigüedad es precisamente la puerta que el frente nacionalista pretende ampliar.

Los últimos sondeos citados por la prensa británica muestran aproximadamente un 47% de apoyo a la independencia escocesa, un 36% favorable a la reunificación irlandesa en Irlanda del Norte y un 32% a la independencia de Gales. Las cifras no son directamente comparables porque provienen de encuestas diferentes, pero demuestran que ninguno de los tres proyectos dispone hoy de una mayoría indiscutible. Escocia se encuentra cerca de una división por mitades; Irlanda del Norte tiene el camino legal, pero no los votos suficientes; y Gales cuenta con un gobierno nacionalista, aunque la independencia continúa siendo minoritaria.

Por eso, la declaración de Cardiff no desintegra al Reino Unido ni vuelve inevitables tres referendos. Lo que sí hace es elevar el costo político de la negativa británica a discutirlos. Si Londres bloquea cualquier mecanismo futuro, los nacionalistas podrán afirmar que el Reino Unido sólo funciona como una unión voluntaria mientras ninguna de sus naciones intente abandonarla. Si concede nuevas competencias o acepta reglas claras para celebrar consultas, podría estabilizar temporalmente la estructura británica, pero también facilitar los caminos institucionales que algún día podrían modificarla.

El verdadero alcance del acuerdo se encuentra en esa transformación. Escocia, Gales e Irlanda del Norte no comparten el mismo nivel de apoyo independentista, no poseen idénticos mecanismos legales y tampoco buscan exactamente el mismo resultado. Sin embargo, desde este lunes sus principales fuerzas nacionalistas pueden presentarse como un frente coordinado que reclama una respuesta común: bajo qué condiciones una nación que integra el Reino Unido tiene derecho a decidir democráticamente que ya no quiere seguir perteneciendo a él.