De liberal libertario a nacional-conservador: los 1.000 días en que Milei cambió el eje de su proyecto y dejó promesas centrales sin cumplir

Hay dos Javier Milei que permiten comprender los primeros mil días de gobierno y la distancia entre ambos resulta probablemente más importante que cualquiera de sus cambios de gabinete. El primero es el economista que recorrió estudios de televisión repitiendo como un mantra la definición de Alberto Benegas Lynch hijo según la cual el liberalismo consiste en “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”, sostenido por el principio de no agresión y por los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Desde esa lógica llegó a formular algunas de las propuestas más radicales que haya escuchado una campaña presidencial argentina desde 1983: eliminar el peso mediante una dolarización, cerrar el Banco Central, financiar a las familias en lugar de las escuelas mediante vouchers, reducir impuestos, privatizar empresas estatales, terminar con la obra pública nacional y desplazar progresivamente actividades desde el Estado hacia individuos y empresas. En aquel relato, el gran adversario era siempre el mismo: un poder político que se había expandido demasiado y utilizaba regulaciones, emisión, impuestos y gasto público para someter a ciudadanos que deberían poder decidir por sí mismos. Milei explicaba entonces que la minoría definitiva que debía proteger el liberalismo era el individuo y rechazaba los colectivismos precisamente porque subordinaban a esa persona a una clase, un Estado o cualquier abstracción superior.

El Milei de septiembre de 2026 continúa siendo radicalmente liberal en materia fiscal, monetaria y regulatoria, y sería incorrecto describirlo simplemente como alguien que abandonó todas sus ideas originales. El gasto público nacional cayó alrededor de 30% en términos reales, el Gobierno sostuvo superávits primario y financiero, eliminó cientos de normas, avanzó con privatizaciones y concesiones, sancionó una reforma laboral, mantuvo una política de apertura y continúa defendiendo explícitamente el capitalismo de libre empresa. Pero alrededor de ese núcleo económico apareció otro Estado que ya no se presenta únicamente como árbitro encargado de proteger derechos individuales. Es un Estado que decide quién merece permanecer en el territorio, endurece la política migratoria, establece como causal de expulsión para extranjeros determinados ataques contra argentinos o ultrajes a símbolos patrios, reivindica la defensa del “honor” nacional, reduce la edad de responsabilidad penal juvenil a 14 años, construye su política cultural alrededor de la lucha contra el “wokismo”, invoca las raíces grecorromanas y judeocristianas de Occidente y, finalmente, convierte Malvinas en una “causa sagrada” que exige a la sociedad suspender diferencias y formar un frente nacional. El liberal que advertía contra la utilización de entidades colectivas por encima del individuo empezó a gobernar también en nombre de conceptos colectivos como Nación, civilización, identidad, patria, orden y soberanía.

La transformación, de todos modos, necesita una aclaración fundamental: Milei nunca fue un libertario culturalmente progresista que de repente se volviera conservador después de asumir. Su rechazo al aborto, al feminismo, a las políticas de género y a lo que denomina “marxismo cultural” existía mucho antes de llegar a la Casa Rosada. En 2022 ya anunciaba la eliminación del INADI y del Ministerio de las Mujeres, cuestionaba al feminismo y sostenía que la defensa de la vida comenzaba desde la concepción; durante su primer Davos como presidente atacó la “agenda sangrienta del aborto” y presentó distintas políticas progresistas como mecanismos para expandir al Estado. La evolución es más específica: el componente conservador, que originalmente convivía con una retórica centrada en la autonomía individual y la destrucción del aparato estatal, terminó ocupando un espacio mucho mayor dentro de la identidad gubernamental y comenzó a apoyarse precisamente en instrumentos estatales para defender determinados valores colectivos. El filósofo Luis Diego Fernández propuso recientemente una definición útil para entender esa combinación al describir a Milei como un “paleolibertario criollo”: una tradición de la derecha libertaria que mantiene su radicalismo económico y antiestatal pero se combina culturalmente con familia tradicional, religión y jerarquías consideradas naturales. En términos políticos actuales, el resultado se parece cada vez más a una síntesis entre libertarismo económico y nacional-conservadurismo cultural, antes que al libertarianismo puro con el que Milei irrumpió en la discusión argentina.

El problema no sería necesariamente esa evolución ideológica. Los presidentes modifican prioridades cuando gobiernan, chocan con restricciones que desconocían desde la oposición y muchas veces abandonan propuestas inviables. La cuestión aparece cuando Milei presenta esa adaptación como si nunca hubiera existido y asegura reiteradamente que prácticamente todo lo prometido ya fue realizado. En marzo de 2025 dijo ante el Congreso que había cumplido el 97% de sus promesas de campaña en apenas un año. Al despedir 2025 fue todavía más categórico: “hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”. Durante 2026 volvió sobre esa idea y en agosto afirmó que “todas las cosas que prometí en campaña las cumplí a mitad de mandato”, mientras días antes de llegar a los mil días volvió a resumir su administración con otra fórmula contundente: “No somos promesas, somos un montón de resultados”. El recurso político es comprensible; cualquier gobierno intenta instalar una interpretación favorable de su gestión. Lo que resulta mucho más difícil es compatibilizar semejante afirmación absoluta con el programa que efectivamente presentó Milei para ganar la Presidencia en 2023.

El problema no es que Milei no haya hecho nada: es que dice haber cumplido incluso aquello que todavía no hizo

Una evaluación crítica seria necesita comenzar precisamente donde suele terminar la discusión partidaria: reconociendo los resultados que sí existen. En materia macroeconómica, los mil días produjeron transformaciones imposibles de negar. Después del salto inicial provocado por la devaluación de diciembre de 2023, la inflación mensual bajó desde 25,5% hasta 2,1% en julio de 2026; el gasto público nacional cayó alrededor de 30% en términos reales y el Tesoro consiguió mantener resultados primarios y financieros positivos desde 2024. La pobreza oficial descendió al 28,2% en el segundo semestre de 2025, su valor más bajo desde 2018, aunque estimaciones privadas proyectaban una recuperación hasta alrededor del 31,4% durante la primera mitad de 2026. La AUH más que duplicó su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023 y la balanza comercial acumuló un superávit muy elevado. También hubo desregulación, modificaciones laborales, crecimiento energético, expansión de Vaca Muerta y una recomposición de determinadas variables que encontraban a la Argentina cerca de una crisis explosiva al momento de la asunción. Reducir toda la experiencia libertaria a “no cumplió nada” sería tan incorrecto como aceptar que cumplió todo.

La contracara es igualmente concreta. La desocupación llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026, 2,1 puntos por encima del final del gobierno anterior, mientras la informalidad trepó al 44,2%, su mayor registro en el período comparable reciente. Los salarios registrados todavía estaban 8,2% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales —3,5% los privados y 16,5% los públicos— y la jubilación mínima, incluido el bono, había perdido 9,3% de poder adquisitivo. La actividad agregada se encontraba 5,2% por encima de noviembre de 2023, pero escondía dos economías completamente distintas: minería y agricultura registraban fuertes expansiones, mientras construcción acumulaba una caída de 13,4%, industria de 11,8% y comercio de 5,6%. Es decir, Milei consiguió estabilización, desinflación y equilibrio fiscal, pero todavía no consiguió que esos logros se conviertan de manera uniforme en empleo formal, salarios registrados recuperados y expansión de los sectores que más trabajadores absorben. Ésa es una distinción particularmente importante porque el Presidente suele presentar como terminado un proceso que los propios datos muestran todavía en transición.

La dolarización representa el ejemplo más evidente. Fue probablemente la propuesta que más identificó a Milei durante la campaña de 2023. No prometió solamente estabilidad monetaria ni competencia de monedas: explicó que eliminaría el peso, que los argentinos podrían utilizar la moneda que quisieran y que la dolarización culminaría un mecanismo similar al aplicado en Ecuador o Panamá. Mil días después, el peso continúa siendo la moneda nacional, los salarios se pagan mayoritariamente en pesos, los impuestos se recaudan en pesos y el Estado emite deuda y ejecuta su presupuesto en pesos. El Gobierno habilitó mayores operaciones en dólares, levantó restricciones cambiarias y ensayó el concepto posterior de una “dolarización endógena”, pero eso no es aquello que se prometió durante la campaña. El propio seguimiento independiente de Chequeado había degradado a fines de 2025 esa promesa a “en proceso, demorada” porque las condiciones que inicialmente impulsaban una dolarización espontánea se habían debilitado. Es legítimo que un Presidente concluya que su propuesta inicial dejó de ser conveniente; lo que no es intelectualmente consistente es abandonar la dolarización como objetivo inmediato y simultáneamente afirmar que todas las promesas ya fueron cumplidas.

Exactamente lo mismo ocurre con el Banco Central. “Vamos a cerrarlo”, dijo Milei en el debate presidencial, y la medida formó parte de la plataforma de La Libertad Avanza. La administración avanzó en sanear parte de su balance, transfirió pasivos, redujo drásticamente determinadas fuentes de emisión y modificó el esquema monetario, pero el BCRA no solamente sigue abierto: continúa siendo una institución central para la administración de reservas, política cambiaria, regulación financiera y relación con organismos internacionales. Santiago Bausili continúa presidiéndolo y el Gobierno utiliza su balance para instrumentar buena parte de la política económica. Es posible que Milei sostenga que primero debía sanearlo antes de cerrarlo y todavía quedan más de trece meses de mandato hasta diciembre de 2027; por eso es razonable hablar de una promesa pendiente y no definitivamente incumplida. Lo que no puede hacerse es contabilizar como “cumplido” el cierre de una institución que continúa funcionando.

La afirmación de que “el ajuste lo iba a pagar la política” o el Estado también necesita ser revisada con mucha más precisión de la que ofrece el discurso oficial. El Gobierno efectivamente redujo ministerios, cargos, transferencias, empresas, empleo público y estructura administrativa. Ese ajuste sobre el aparato estatal existió y fue considerable. Sin embargo, el relevamiento de Chequeado sobre la ejecución presupuestaria hasta 2025 concluyó que casi tres cuartas partes del ahorro fiscal habían recaído sobre partidas cuyos beneficiarios finales estaban fuera del Estado y apenas uno de cada cuatro pesos correspondía a lo que podía considerarse gasto interno estatal. Jubilaciones, subsidios, salarios, transferencias a provincias, universidades y obra pública fueron componentes fundamentales de la consolidación fiscal. Los datos a mil días vuelven a mostrar la consecuencia distributiva: jubilación mínima 9,3% abajo en términos reales y salarios registrados todavía 8,2% inferiores al nivel previo a la asunción. El ajuste estatal fue real; la promesa de que ese ajuste no sería pagado también por ciudadanos, jubilados, asalariados o usuarios de servicios públicos no resiste la misma evaluación.

Algo semejante ocurre con los impuestos. Aquí sería injusto negar los avances: el Gobierno eliminó el impuesto PAIS, redujo retenciones, modificó Bienes Personales, amplió escalas del monotributo y eliminó o redujo más de una decena de gravámenes y alícuotas. Milei tiene motivos concretos para decir que su gestión empezó a disminuir presión tributaria en determinadas áreas. Pero la reforma prometida tampoco puede considerarse terminada: su propia administración restituyó la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, no renovó el esquema de devolución del IVA destinado a sectores de menores ingresos y aumentó sucesivamente los impuestos a los combustibles. A fines de 2025, Chequeado clasificaba la promesa de “reducir los impuestos y simplificar el sistema tributario” como adelantada pero todavía no cumplida. Milei puede argumentar que el saldo agregado es una reducción y que durante 2026 continuó bajando carga tributaria; eso es defendible. Lo que vuelve a ser mucho más difícil es transformar una reforma todavía en marcha en otro casillero cerrado dentro de una supuesta ejecución del 100%.

Las privatizaciones muestran quizás mejor que ningún otro tema la diferencia entre dirección y cumplimiento. El Gobierno consiguió la autorización legislativa para avanzar sobre ocho empresas, vendió IMPSA, concesionó infraestructura y puso en marcha numerosos procesos. Pero en agosto de 2026 el propio Estado todavía estaba llamando a licitación para la privatización de Belgrano Cargas y meses antes continuaba publicando pliegos para Intercargo; AySA, Nucleoeléctrica, SOFSE, YCRT y otras compañías permanecen dentro de procesos de transformación, venta o concesión. La dirección es indudablemente privatizadora y constituye uno de los aspectos donde Milei más coherencia mantuvo con su campaña. Precisamente por eso no hace falta exagerar: privatizar parcialmente, iniciar expedientes y completar algunas concesiones no equivale todavía a haber privatizado todas las empresas deficitarias que se prometió sacar del Estado.

El sistema educativo de vouchers tampoco apareció en la forma anunciada. Milei explicaba durante la campaña que quería dejar de financiar primordialmente la oferta y entregar recursos directamente a las familias para que cada una pudiera elegir a qué institución enviar a sus hijos, generando competencia entre escuelas. El programa denominado “Vouchers Educativos” que implementó posteriormente el Gobierno comparte el nombre, pero no constituye esa transformación estructural: fue una ayuda dirigida a determinados hogares cuyos hijos asisten a escuelas privadas subvencionadas. La educación pública continúa financiándose esencialmente mediante presupuestos provinciales y nacionales y no existe un esquema universal de financiamiento a la demanda donde cada estudiante lleve consigo un voucher equivalente. Chequeado lo clasificó justamente como “en proceso, demorada”. Esto no demuestra necesariamente que el modelo original fuera mejor; demuestra algo más sencillo: no fue implementado.

La promesa de “poner en orden el sistema previsional sin vulnerar derechos” tuvo también un cumplimiento parcial y controvertido. Milei reemplazó la fórmula de movilidad por un ajuste mensual vinculado a inflación y terminó con la moratoria previsional, cambios relevantes que modificaron el funcionamiento del sistema. Pero ninguna de esas reformas resolvió todavía su problema estructural de financiamiento y cobertura, y la situación de quienes cobran la mínima muestra el costo del esquema adoptado: a septiembre de 2026, incluyendo el bono congelado de $70.000, el haber mínimo se ubicaba 9,3% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales. Los haberes superiores a la mínima sí mejoraron en términos reales, precisamente porque no dependen del bono congelado. El resultado es un sistema más previsible en su fórmula pero todavía profundamente desigual y fiscalmente problemático. Presentarlo como una reforma terminada es, una vez más, confundir una medida importante con la conclusión del objetivo prometido.

Las tarifas constituyen otra contradicción semántica. El programa de La Libertad Avanza prometía “esquemas tarifarios realistas” que, después de recalibrar contratos y costos, no afectaran directamente el bolsillo de los argentinos. El Gobierno efectivamente normalizó contratos, redujo subsidios y avanzó hacia precios más cercanos al costo real de energía y servicios, algo que durante años reclamaron economistas de muy distintas orientaciones. Pero el aumento sí impactó directamente sobre los usuarios. Puede argumentarse que ese costo era inevitable, que las tarifas anteriores eran ficticias o que mantener subsidios generalizados era fiscalmente insostenible. Lo que no puede sostenerse simultáneamente es que se cumplió literalmente una promesa cuyo texto incluía que el proceso no afectaría el bolsillo cuando precisamente una parte central de la estrategia consistió en trasladar costos hacia los consumidores. Por eso la evaluación independiente terminó considerándola una promesa demorada y no cumplida.

En salud, la distancia es todavía más clara. Milei había prometido mejorar la infraestructura hospitalaria, pero durante 2025 los fondos nacionales destinados a construcción y mejoras edilicias de hospitales fueron aproximadamente 90% inferiores a los de 2023 y el mapa oficial de inversiones no registraba nuevas obras hospitalarias financiadas por Nación al momento del relevamiento de Chequeado. La decisión es coherente con la filosofía general del Gobierno de retirar a la Nación de parte de la obra pública y trasladar responsabilidades a provincias o privados; puede incluso defenderse políticamente desde una concepción federal y austera. Lo que no puede hacerse es cambiar de filosofía una vez en el poder y luego contabilizar como cumplida la promesa original de mejorar esa infraestructura desde el Gobierno nacional.

En universidad pública existe una discusión más matizada. Milei había asegurado durante la campaña que no arancelaría la universidad pública “en el corto plazo”. La gratuidad para argentinos efectivamente continúa y cualquier afirmación de que los estudiantes argentinos comenzaron a pagar aranceles sería falsa. Sin embargo, el DNU 366/2025 modificó la legislación para permitir que universidades estatales cobren a extranjeros que no tengan residencia permanente. Chequeado considera que esto avanzó en sentido contrario al compromiso original; simpatizantes del Gobierno argumentan que la promesa estaba dirigida a ciudadanos argentinos y que cobrar a no residentes no la contradice. Esa objeción merece ser registrada. Pero incluso aceptándola, el punto principal permanece: el sistema universitario no fue transformado hacia el mecanismo de vouchers anunciado como parte de la reforma educativa libertaria y el Gobierno terminó utilizando una política nacional diferenciada por nacionalidad y residencia, algo que anticipa precisamente la evolución posterior hacia un discurso donde ciudadanía, frontera y pertenencia nacional tienen un peso que el Milei más radicalmente individualista decía querer minimizar.

La promesa de proteger “al niño desde la concepción” tampoco fue concretada en la forma anunciada. Milei llegó al Gobierno con una posición inequívocamente contraria a la interrupción voluntaria del embarazo e incluso habló en campaña de impulsar una consulta popular. Mil días después, la ley de aborto continúa vigente. Su administración redujo políticas, suministros y estructuras vinculadas con salud sexual y reproductiva y endureció enormemente su discurso cultural, pero no consiguió —ni terminó impulsando— la derogación que constituía la consecuencia política natural de aquella promesa. Paradójicamente, éste es uno de los mejores ejemplos de la distancia entre el cambio cultural del Milei presidente y su capacidad efectiva para transformar determinadas normas: se volvió mucho más conservador y combativo en el discurso internacional, pero el cambio jurídico central que sus aliados provida esperaban todavía no ocurrió.

También está la política exterior, donde la adaptación fue probablemente sensata pero la contradicción con la campaña resulta indiscutible. En agosto de 2023 Milei decía que no haría “pactos con comunistas”, anticipaba que no promovería relaciones con China y Brasil bajo sus entonces gobiernos y proponía incluso desarmar el Mercosur, al que consideraba una unión aduanera defectuosa. Ya presidente, necesitó el swap chino, recompuso rápidamente la relación con Beijing, se reunió con Xi Jinping y terminó describiendo a China como un socio comercial “fabuloso”. El mismo mandatario que prometía ideologizar radicalmente la política exterior terminó descubriendo una verdad bastante tradicional de la diplomacia: un Estado no puede elegir a sus principales compradores únicamente según afinidad doctrinaria. El pragmatismo fue probablemente beneficioso para Argentina. Pero fue pragmatismo, no cumplimiento de la promesa original. Y constituye además una prueba de que Milei es perfectamente capaz de modificar una posición cuando la realidad económica se impone, aunque después sea mucho menos proclive a reconocer públicamente que cambió.

Menos Estado para redistribuir, más Estado para ordenar: el verdadero cambio ideológico de Milei

Es precisamente ahí donde aparece la transformación más profunda de los mil días. Milei continúa tratando al Estado económico como una amenaza: quiere menos gasto, menos regulación, menos empresas públicas, menos obra nacional y menos impuestos. Pero simultáneamente comenzó a construir un Estado más fuerte en sus capacidades coercitivas, identitarias y simbólicas. La diferencia puede resumirse de una manera sencilla: quiere menos Estado cuando ese Estado redistribuye recursos o interviene en mercados, pero no necesariamente menos Estado cuando controla fronteras, sanciona delitos, vigila el orden público, define condiciones de residencia, protege símbolos nacionales o libra una “batalla cultural”. Esa combinación no es necesariamente incoherente dentro del conservadurismo contemporáneo y existe en movimientos de derecha de Estados Unidos y Europa. Lo que sí es difícil es seguir describiéndola exclusivamente como una aplicación lineal del principio libertario de no interferencia.

La reforma migratoria constituye probablemente la demostración más clara. En Davos 2025, Milei todavía reconocía explícitamente que “la libre circulación de bienes y personas” forma parte de los fundamentos del liberalismo y recordaba que Argentina y Estados Unidos fueron construidos por inmigrantes. Pero inmediatamente introducía una distinción entre la inmigración que considera productiva y aquello que describía como inmigración masiva producto de la culpa occidental. Meses después, su Gobierno endureció condiciones de residencia, exigió seguro médico a determinados extranjeros, habilitó cobros en universidades para no residentes permanentes, restringió algunos accesos y estableció procedimientos de expulsión más estrictos. En julio de 2026 dio un paso todavía más simbólico: mediante un DNU incorporó como causal de rechazo o expulsión que un extranjero hubiera dirigido determinados mensajes de odio contra argentinos o realizado “ultraje” contra símbolos patrios. El decreto preserva expresamente el disenso político, académico y ciudadano legítimo, una salvaguarda importante, pero su fundamento habla de “proteger el honor” de los símbolos nacionales. Es difícil encontrar una expresión más alejada del lenguaje original donde la unidad moral fundamental era exclusivamente el individuo.

La política criminal siguió una dirección semejante. La sanción del régimen penal juvenil redujo a 14 años la edad de responsabilidad y fue celebrada por la propia Presidencia con la fórmula “delito de adulto, pena de adulto”, mientras el comunicado oficial sostuvo que el orden, la libertad, la vida y la propiedad sólo pueden existir cuando hay consecuencias reales para quien quebranta la paz social. Es una filosofía de “ley y orden” perfectamente reconocible dentro del conservadurismo moderno y puede ser defendida legítimamente por quien considere obsoleto el régimen anterior. Pero nuevamente muestra que el mileísmo gubernamental no puede entenderse únicamente como retirada del Estado. En determinadas áreas no quiere retirar la capacidad estatal: quiere fortalecerla. La diferencia no es cuánta autoridad existe, sino sobre qué conductas se utiliza y en defensa de qué valores.

Después está la batalla cultural, que dejó de ser un acompañamiento retórico de la reforma económica para transformarse en una parte central de la política presidencial. En Davos 2024, Milei había advertido que Occidente estaba en peligro por el socialismo; en 2025 amplió el enemigo hacia feminismo, diversidad, inclusión, inmigración, aborto, ambientalismo e “ideología de género”, todos presentados como cabezas de una misma criatura denominada wokismo. En 2026 terminó articulando su visión como un proyecto civilizatorio: América debía volver a iluminar Occidente recuperando filosofía griega, derecho romano y valores judeocristianos. El mercado continúa allí, pero ya no ocupa solo el centro argumental. La defensa de la libertad se convirtió en una defensa de una civilización específica frente a sus enemigos culturales. Ese pasaje desde una filosofía universalista de derechos individuales hacia una narrativa sobre la decadencia y restauración de Occidente es uno de los rasgos definitorios de las derechas nacional-conservadoras actuales.

Y finalmente aparecieron Malvinas. Pocas contradicciones condensan mejor la evolución política del Presidente. Durante años Milei manifestó admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra que condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982, y llegó a imaginar una recuperación de soberanía basada en prosperidad argentina y en que los isleños eventualmente “votaran con los pies” por integrarse al país. A comienzos de septiembre de 2026, en cambio, realizó una cadena nacional rodeado por todo su gabinete, declaró que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, describió su recuperación como objetivo permanente e irrenunciable, endureció sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera y reclamó a la dirigencia dejar diferencias de lado para mostrar “un frente unido como Nación”. LA NACION describió el episodio como un “cambio radical, de carácter nacionalista” y una encuesta de Management & Fit mostró que 61,1% de los consultados interpretó el giro como producto de conveniencia política. Esa opinión pública no demuestra por sí misma oportunismo presidencial, pero deja clara la magnitud del cambio percibido.

No todo esto constituye necesariamente una traición a su doctrina. Un libertario puede considerar que el Estado mínimo debe ser extremadamente fuerte en seguridad, propiedad, defensa y fronteras. También puede defender una concepción conservadora del derecho a la vida y continuar considerándose libertario. La tradición paleolibertaria estadounidense que influye sobre parte del universo ideológico de Milei combina precisamente mercados radicalmente libres con valores sociales conservadores, autoridad familiar y una fuerte reacción contra el progresismo cultural. Por eso quizás sea incorrecto decir que Milei dejó de ser libertario. Algo más preciso es sostener que el Milei libertario económico terminó fusionándose abiertamente con un Milei nacional-conservador que durante la campaña estaba presente, pero ocupaba un lugar secundario frente a la dolarización, el Banco Central, la motosierra y la rebelión contra “la casta”.

La ironía es que mientras esa transformación ideológica se profundizaba, algunas de las promesas más claramente libertarias fueron precisamente las que quedaron relegadas. No hubo dolarización, no cerró el Banco Central, no apareció el sistema universal de vouchers, no se completaron las privatizaciones, la reforma previsional sigue inconclusa y la simplificación tributaria continúa en proceso. Al mismo tiempo, sí llegaron normas migratorias más duras, restricciones diferenciadas para extranjeros, una ley penal juvenil más severa, una cruzada cultural internacional, una diplomacia crecientemente alineada con la derecha occidental y una ofensiva nacional por Malvinas. El Estado que Milei decía querer reducir no desapareció: cambió de funciones. Perdió peso como constructor, financiador, empresario y redistribuidor; ganó protagonismo como guardián del orden, la frontera y la identidad.

Esa transformación ayuda también a explicar la relación con “la casta”, probablemente la promesa simbólica más poderosa de 2023 aunque resulte difícil medirla como una política pública convencional. Milei llegó como un outsider que describía a prácticamente toda la clase política tradicional como responsable de la decadencia y sugería que podría gobernar enfrentándola. Mil días después construyó acuerdos con gobernadores peronistas y radicales, incorporó dirigentes provenientes del PRO, necesitó operadores parlamentarios tradicionales, negoció fondos con provincias y descubrió que con 38 diputados y siete senadores originales no podía sancionar reformas sin construir coaliciones. No hay nada escandaloso en esa adaptación: es exactamente lo que exige un sistema presidencial con Congreso. El problema reside otra vez en el relato. Gobernar negociando con sectores de la política tradicional puede ser responsable; afirmar al mismo tiempo que se terminó con una “casta” de la que se necesita apoyo permanente vuelve el concepto mucho más difícil de definir. Infobae resumía ese aprendizaje al llegar los mil días: el dirigente que venía a acabar con la casta terminó necesitando a muchos de sus representantes para no quedar aislado.

Incluso su relación con el resultado económico muestra esa misma tensión entre realidad y narrativa. Milei tiene un logro indiscutible en haber quebrado la dinámica inflacionaria explosiva con la que recibió el Gobierno y en haber conseguido equilibrio fiscal donde administraciones anteriores fracasaron. Ese resultado explica buena parte de su supervivencia política y merece ocupar el centro de cualquier balance serio. Pero bajar la inflación no equivale a haber terminado con ella, crecer en términos agregados no implica que todos los sectores estén creciendo y reducir la pobreza desde el pico producido durante el ajuste inicial no significa que el problema haya desaparecido. Cuando un Presidente afirma que todo está cumplido, borra precisamente la diferencia entre haber cambiado una tendencia y haber alcanzado el destino prometido.

Por eso el balance de los mil días no debería caer ni en la caricatura opositora de que Milei no consiguió nada ni en la autocelebración oficial de que consiguió todo. El país de septiembre de 2026 no es el de diciembre de 2023: tiene menos inflación, más equilibrio fiscal, un Estado nacional más chico y una regulación económica profundamente modificada. También tiene más informalidad, salarios registrados todavía deprimidos, una jubilación mínima con menor poder de compra, industria y construcción por debajo del punto de partida y varias de las banderas emblemáticas de la campaña esperando su turno. El seguimiento independiente de las veinte promesas centrales realizado al finalizar el segundo año encontraba sólo dos completamente cumplidas, ocho adelantadas, siete demoradas y tres incumplidas. Desde entonces avanzaron algunas reformas —entre ellas la laboral y la penal—, pero ninguna transformación posterior convirtió retrospectivamente en realidad la dolarización, el cierre del Banco Central o el sistema universal de vouchers.

La contradicción central de Milei, entonces, no es haber cambiado. Gobernar obliga a cambiar. China demuestra que renunciar a un dogma puede ser pragmatismo; negociar con gobernadores demuestra que aceptar la política puede ser madurez; abandonar una dolarización inmediata si las condiciones no están dadas puede ser prudencia. La contradicción está en cambiar y después negar que se cambió. Está en convertir objetivos pendientes en promesas cumplidas, medidas parciales en transformaciones terminadas y adaptaciones pragmáticas en confirmaciones retroactivas de aquello que supuestamente siempre se quiso hacer.

Y allí aparece el Milei de los próximos meses. Ya no es principalmente el candidato que pregunta cuánto Estado puede destruir. Es un presidente que empieza a decidir qué Estado quiere conservar y para qué quiere utilizarlo. En economía, uno más pequeño, austero y abierto. En seguridad, uno más duro. En inmigración, uno más selectivo. En cultura, uno dispuesto a librar una batalla explícita. En política exterior, uno alineado con una idea de Occidente basada en valores judeocristianos y con gobiernos ideológicamente afines, aunque pragmático cuando necesita comerciar con China. Y en Malvinas, sorprendentemente, uno que recuperó un lenguaje de soberanía, interés nacional y unidad patriótica que durante años habría parecido mucho más natural en sus adversarios que en él.

Quizás por eso la mejor forma de definir estos mil días no sea decir que Milei abandonó completamente el libertarismo. Lo que ocurrió es que el libertarismo dejó de alcanzarle para explicar el proyecto político que está construyendo. La motosierra económica sigue ahí, pero ahora convive con la bandera, la frontera, el orden, la tradición, la seguridad y la Nación. El individuo continúa siendo central cuando se habla de impuestos y propiedad; deja de estar tan solo cuando se habla de cultura, inmigración, patria o soberanía.

El Presidente puede llamar a esa combinación “las ideas de la libertad”. También puede sostener, como viene haciendo, que no modificó una coma esencial de aquello que escribió antes de asumir.

Pero después de mil días resulta cada vez más difícil aceptar literalmente ambas cosas.

Milei llegó prometiendo liberar al individuo del Estado. Está terminando su tercer año intentando construir algo diferente: un Estado económicamente más pequeño, pero políticamente más fuerte para imponer orden y defender una determinada idea de Nación. Y en ese tránsito quedaron por el camino varias de las promesas que hicieron posible su llegada al poder.