Putin está asfixiando la economía rusa desde adentro: estatizaciones, impuestos y guerra empujan al país hacia el estancamiento

Durante los primeros meses posteriores a la invasión de Ucrania hubo economistas occidentales que imaginaron un derrumbe rápido de la economía rusa. Empresas internacionales abandonaban el país, el Banco Central fue parcialmente aislado de sus reservas externas, numerosos bancos quedaron desconectados de redes financieras occidentales, Europa inició un proceso acelerado para reducir su dependencia energética y las sanciones dificultaron importar tecnología, maquinaria y componentes industriales. Sin embargo, aquel colapso nunca llegó. Rusia adaptó rutas comerciales, multiplicó sus vínculos con China, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros países, permitió importaciones paralelas de productos occidentales, construyó mecanismos financieros alternativos y utilizó una enorme expansión del gasto militar para sostener producción, salarios y empleo. La economía cayó apenas 1,4% en 2022, volvió a crecer 4,1% en 2023 y aceleró hasta aproximadamente 4,9% en 2024. Esa capacidad de resistencia permitió a Vladimir Putin presentar las sanciones como un fracaso estratégico de Occidente y sostener que Rusia había aprendido a vivir dentro de una especie de “fortaleza económica” relativamente aislada del sistema occidental. El problema es que cuatro años después esa fortaleza empieza a mostrar un costo diferente: Rusia continúa funcionando, pero cada vez resulta más difícil confundir supervivencia con desarrollo.

La desaceleración es brutal cuando se observa la trayectoria más reciente. Después de aquel crecimiento cercano al 5% en 2024, la expansión bajó a aproximadamente 1% durante 2025 y las proyecciones para 2026 se encuentran hoy alrededor de apenas 0,4% a 0,5%. La economía incluso se contrajo 0,2% durante el primer trimestre de este año y la inversión de capital cayó 14,3% en ese mismo período. German Gref, director ejecutivo de Sberbank —la mayor institución financiera del país y una de las empresas más importantes de Rusia— llegó a afirmar durante el foro económico de San Petersburgo que conseguir cualquier crecimiento bajo las actuales condiciones sería prácticamente “un milagro”. Andrei Kostin, responsable del banco estatal VTB y difícilmente un opositor del Kremlin, reconoció también que el país podía atravesar un año de estancamiento. No estamos todavía ante una depresión ni ante un Estado próximo a la bancarrota: Rusia mantiene bajísimo desempleo, una deuda pública reducida respecto de las grandes economías occidentales, enormes recursos naturales y capacidad para continuar financiando la guerra. Pero justamente ahí está el cambio fundamental. El problema dejó de ser si Moscú puede aguantar el próximo trimestre y pasó a ser qué clase de economía quedará después de cinco, seis o siete años de utilizar una proporción extraordinaria de los recursos disponibles para sostener el conflicto.

Un ensayo publicado por Le Grand Continent y firmado por el economista ruso Vladislav Inozemtsev lleva esa idea un paso más lejos y plantea una tesis particularmente provocadora: la principal amenaza económica para Rusia ya no serían las sanciones occidentales ni siquiera los ataques ucranianos contra su infraestructura, sino las decisiones del propio Kremlin. La afirmación requiere matices, porque las sanciones, la pérdida del mercado energético europeo y los ataques contra refinerías están afectando efectivamente a la economía rusa. Pero Inozemtsev identifica un mecanismo interno que resulta cada vez más visible: durante las crisis más graves del putinismo, Moscú permitió curiosamente mayor libertad económica y fue el sector privado el que consiguió adaptar al país; una vez superado el peligro inmediato, el Estado volvió a aumentar controles, impuestos, confiscaciones y regulaciones. El resultado sería una suerte de movimiento pendular en el cual Putin necesita al mercado para rescatar a Rusia de las crisis que enfrenta, pero después vuelve a desconfiar de ese mismo mercado y reduce progresivamente los incentivos para invertir.

La experiencia de 2022 ilustra perfectamente esa contradicción. Cuando miles de proveedores europeos desaparecieron y numerosas compañías internacionales suspendieron operaciones, el Kremlin relajó reglas que en circunstancias normales jamás hubiera aceptado: autorizó las denominadas importaciones paralelas, permitió comprar productos originales mediante terceros países sin autorización de sus fabricantes, debilitó temporalmente la aplicación de determinadas patentes y derechos de propiedad intelectual, flexibilizó requisitos regulatorios y concedió alivios fiscales. Empresarios rusos y redes comerciales privadas respondieron con una velocidad considerable. En cuestión de meses aparecieron nuevas rutas vía Kazajistán, Turquía, Armenia, Emiratos o China; automóviles y componentes que ya no podían importarse desde Europa comenzaron a entrar por Asia; las tarjetas y sistemas financieros locales ganaron terreno y las empresas reorganizaron cadenas enteras de abastecimiento. No fue una adaptación gratuita —los productos frecuentemente se encarecieron, algunas tecnologías avanzadas siguieron siendo difíciles de conseguir y Rusia se volvió mucho más dependiente de China—, pero funcionó suficientemente bien para impedir el desabastecimiento generalizado que algunos habían anticipado. Esa flexibilidad privada fue uno de los motivos por los que las sanciones provocaron daños importantes pero no el derrumbe inmediato del sistema económico.

Ahora el movimiento va en sentido contrario. El Estado necesita cada vez más dinero, la guerra absorbe una proporción enorme del presupuesto y las autoridades están aumentando simultáneamente la presión fiscal y su capacidad para intervenir en la propiedad privada. El IVA general fue elevado del 20% al 22% en 2026, mientras el umbral que permitía a numerosas pequeñas empresas permanecer fuera del impuesto cayó desde 60 millones de rublos de facturación anual a 20 millones. El propio gobierno ruso terminó suavizando parcialmente la reforma después de las protestas empresarias: el límite se mantendrá en 20 millones durante 2026 y descenderá gradualmente hacia 15 millones en 2027 y 10 millones en 2028. La medida fue diseñada explícitamente en un contexto de necesidades fiscales crecientes y Reuters informó que el aumento del IVA podría aportar alrededor de un billón de rublos adicionales para ayudar a financiar el gasto estatal y militar. El problema es que gravar mucho más a pequeñas y medianas empresas cuando el crédito permanece extraordinariamente caro puede aumentar la recaudación en el corto plazo y destruir simultáneamente parte de la base económica que debería sostenerla durante los próximos años.

Una economía de guerra que produjo crecimiento y ahora empieza a devorarlo

Para entender cómo Rusia llegó hasta este punto hay que recordar que el espectacular crecimiento de 2023 y 2024 no fue una recuperación convencional. El Estado comenzó a gastar cantidades gigantescas en armamento, municiones, uniformes, vehículos, infraestructura militar, salarios de soldados, primas extraordinarias para quienes aceptaran alistarse y compensaciones para las familias de muertos y heridos. Las fábricas militares recibieron pedidos enormes y comenzaron a contratar trabajadores en un mercado laboral que ya sufría problemas demográficos. Los salarios subieron con rapidez, el desempleo cayó hasta niveles históricamente reducidos y regiones industriales que llevaban años estancadas recibieron un flujo inesperado de dinero público. En términos estadísticos eso es crecimiento del PBI: fabricar un tanque aumenta la producción exactamente igual que fabricar una cosechadora. Pero existe una diferencia económica fundamental. La cosechadora puede utilizarse durante años para producir más alimentos y aumentar la capacidad futura de la economía; el tanque enviado al frente puede ser destruido semanas después. Una economía de guerra puede entonces crecer espectacularmente mientras consume capital y recursos que no aumentan necesariamente la productividad del país a largo plazo.

El estímulo funcionó tan bien que terminó creando otro problema: inflación. Con prácticamente toda la fuerza laboral disponible utilizada y una enorme cantidad de dinero estatal persiguiendo una capacidad productiva limitada, las empresas comenzaron a competir por trabajadores aumentando salarios y trasladando los mayores costos a precios. El Banco Central respondió con una política monetaria excepcionalmente restrictiva. Durante 2025 la tasa promedio superó el 19% y este viernes 11 de septiembre, pese a la creciente presión empresarial para que continúe reduciéndola, el organismo decidió mantenerla todavía en 14% anual. El Banco de Rusia reconoce que la economía crece apenas moderadamente y que la política monetaria está restringiendo la demanda, pero volvió a advertir que las presiones inflacionarias aumentaron durante los últimos meses: calcula que la inflación subyacente volvió a acelerarse hacia una tasa anualizada de entre 5% y 6%, mientras el crecimiento de precios observado en julio llegó a un ritmo anualizado de 11,6%. Su escenario base proyecta que la inflación termine 2026 entre 6% y 7%, antes de regresar eventualmente hacia el objetivo del 4% durante 2027. Para una gran empresa estatal capaz de recibir financiamiento preferencial, ese nivel de tasas puede ser soportable; para un empresario que necesita pedir crédito comercial al 18%, 20% o más, una inversión nueva se vuelve mucho más difícil de justificar.

El resultado es una economía dividida. Los sectores directamente vinculados con defensa y los grandes grupos estratégicos protegidos por el Estado continúan recibiendo recursos; buena parte de la economía civil enfrenta crédito caro, impuestos crecientes y menor consumo. Ese desequilibrio ayuda a entender por qué el desempleo continúa alrededor de un extraordinario 2,2% mientras el crecimiento casi desaparece. Normalmente un desempleo tan bajo sería una señal de fortaleza económica. En Rusia también refleja escasez de trabajadores: envejecimiento demográfico, emigración de parte de la población joven y calificada, reclutamiento militar y centenares de miles de hombres movilizados hacia actividades vinculadas con la guerra. Los salarios nominales todavía crecen, pero eso obliga a las empresas civiles a competir por una fuerza laboral cada vez más reducida contra sectores militares que poseen detrás la capacidad financiera del Estado. En lugar de una economía con abundante empleo porque está incorporando capacidad productiva rápidamente, Rusia corre el riesgo de convertirse en una economía sin trabajadores suficientes para producir aquello que necesita.

Las cuentas públicas muestran la misma tensión. Entre enero y julio el déficit federal alcanzó aproximadamente 6,45 billones de rublos, equivalentes al 2,8% del PBI, cuando el objetivo presupuestario para todo el año era apenas 1,6%. El déficit ya había llegado a 5,73 billones durante el primer semestre y los datos gubernamentales revisados apuntaban a un agujero mayor al inicialmente presupuestado. Putin minimizó el peligro durante el Foro Económico Oriental y tiene un argumento atendible: Rusia conserva uno de los niveles de deuda pública más bajos entre las grandes economías y por eso posee todavía margen para endeudarse internamente. Nadie debería interpretar estas cifras como señal de una insolvencia inminente comparable con una crisis de deuda latinoamericana. Pero nuevamente la tendencia importa más que el dato aislado. El Estado gasta más, los ingresos energéticos dejaron de crecer como antes, aumenta impuestos y compite por financiamiento doméstico con empresas que necesitan capital precisamente cuando los intereses siguen siendo elevados. La guerra puede continuar financiándose, pero el mecanismo para hacerlo se vuelve progresivamente más costoso para el resto de la economía.

El petróleo, durante décadas la gran póliza de seguro del Kremlin, tampoco ofrece la tranquilidad de otros momentos. Los elevados precios internacionales provocados por la guerra en Medio Oriente están dando actualmente un alivio importante a Moscú y explican una parte del fortalecimiento reciente del rublo. En julio, por ejemplo, Reuters estimó que los ingresos rusos por petróleo y gas podían crecer alrededor de 60% interanual debido al salto del crudo y a factores tributarios. Pero la tendencia estructural continúa siendo más complicada: en 2025 los ingresos federales petroleros y gasíferos cayeron 24% y quedaron en su nivel más bajo desde 2020, mientras entre enero y julio de este año todavía acumulaban un retroceso aproximado de 11% frente al mismo período del año anterior. Rusia sigue siendo uno de los mayores productores de hidrocarburos del planeta y está muy lejos de quedarse sin compradores, pero perdió gran parte de su mercado europeo premium y ahora debe colocar más volumen en Asia, frecuentemente con descuentos, costos logísticos adicionales y una dependencia creciente de compradores capaces de negociar condiciones favorables.

Los ataques ucranianos contra la infraestructura energética agregaron durante los últimos meses una dificultad adicional. La Agencia Internacional de Energía redujo esta semana nuevamente su previsión de producción rusa después de una sucesión de impactos contra refinerías y otras instalaciones. Según sus estimaciones, la producción de crudo cayó en agosto hasta unos 8,36 millones de barriles diarios, 200.000 menos que en julio, 695.000 menos que un año antes y aproximadamente 940.000 por debajo de enero. Un borrador gubernamental obtenido por Reuters proyecta que la producción de petróleo de 2026 podría terminar en su nivel más bajo en 17 años. Los ataques provocaron además faltantes internos de determinados combustibles, restricciones a exportaciones y mayores costos de transporte, hasta el punto de que Donald Trump pidió este mismo domingo a Volodímir Zelenski que reduzca los ataques contra infraestructura rusa de diésel por el impacto que están teniendo sobre el mercado energético internacional. Las sanciones, por lo tanto, no son irrelevantes y Ucrania sí está consiguiendo producir daños económicos tangibles. La tesis de que únicamente Putin está dañando su economía sería una exageración; la discusión interesante es si las políticas del Kremlin están multiplicando daños externos que Rusia había demostrado que podía absorber.

El problema más profundo: cuando ser propietario deja de significar que el activo realmente es tuyo

Ahí aparece el elemento más inquietante del diagnóstico de Inozemtsev: el deterioro de los derechos de propiedad. Desde el comienzo de la guerra, el Estado ruso inició la mayor redistribución de activos privados desde las privatizaciones posteriores a la caída de la Unión Soviética. Investigaciones independientes estimaron que las autoridades habían confiscado alrededor de US$50.000 millones en activos entre 2022 y 2025, utilizando mecanismos jurídicos extremadamente diversos: empresas occidentales fueron colocadas bajo administración estatal después de abandonar el país; compañías rusas perdieron bienes por antiguas irregularidades de privatización, acusaciones de corrupción o violaciones de normas sobre sectores estratégicos; otros empresarios enfrentaron procesos que terminaron transfiriendo activos al Estado. Un estudio académico publicado este año identificó más de 170 demandas de nacionalización y bienes por casi cinco billones de rublos afectados hasta fines de 2025, mientras Le Grand Continent calcula que la cifra siguió aumentando posteriormente. El movimiento ya alcanzó empresas tan importantes como el aeropuerto de Domodedovo, el grupo agroindustrial Rusagro y grandes productores de oro.

La cuestión no consiste en determinar que cada confiscación haya sido arbitraria. Algunos propietarios enfrentan acusaciones concretas de corrupción, delitos económicos o incumplimientos legales y Moscú argumenta que las nacionalizaciones protegen activos estratégicos frente a empresarios que actuaron contra los intereses del país. El problema económico aparece cuando el conjunto de empresarios deja de poder anticipar dónde termina la aplicación ordinaria de una ley y dónde comienza una decisión política. Si una compañía puede ser rentable, obedecer formalmente al Kremlin y aun así perder activos por una interpretación retroactiva de una privatización realizada décadas atrás, el valor de esa propiedad disminuye incluso antes de ser confiscada. Un empresario racional puede decidir no reinvertir las ganancias, sacar capital cuando sea posible o mantenerlo líquido porque construir una nueva fábrica también significa crear algo que eventualmente puede ser apropiado por otro. Esa incertidumbre ayuda a comprender por qué la caída de la inversión preocupa incluso a responsables de bancos estatales y dirigentes empresariales completamente integrados al sistema político ruso.

La lógica puede convertirse rápidamente en un círculo vicioso. El Gobierno necesita dinero para sostener la guerra y aumenta impuestos. Las empresas reducen inversión porque la rentabilidad disminuye y la incertidumbre crece. El crecimiento se frena, por lo que la recaudación crece menos de lo esperado. El Estado necesita entonces obtener todavía más dinero y vuelve a aumentar impuestos o apropiarse de activos. Parte de la actividad económica migra hacia operaciones informales o efectivo para intentar reducir su exposición fiscal. Los controles aumentan para combatir esa informalidad y elevan nuevamente el costo de hacer negocios. No hace falta reconstruir literalmente el Gosplan soviético para generar un problema semejante. Rusia continúa siendo una economía capitalista, tiene empresas privadas enormes, mercados financieros, propiedad privada, consumidores que eligen productos y empresarios que buscan beneficios. Describirla actualmente como una Unión Soviética restaurada sería incorrecto. Lo que sí está cambiando es la relación entre mercado y poder político: el Estado conserva formalmente el capitalismo, pero cada vez exige mayor subordinación de los propietarios a las prioridades políticas del Kremlin.

La reforma tributaria aplicada a los pequeños negocios ejemplifica esa tensión. Las pequeñas y medianas empresas no dominan la producción rusa, pero son fundamentales para el empleo y para la vida cotidiana de ciudades alejadas del complejo militar-industrial. El descenso del umbral del IVA obliga a decenas de miles de emprendimientos a incorporar nuevos costos administrativos y fiscales justo cuando consumidores y compañías enfrentan crédito caro y crecimiento débil. El Financial Times describió este año cierres de comercios, restaurantes y pequeños negocios anticipándose a las nuevas obligaciones, junto con un resurgimiento de operaciones en efectivo destinado a reducir la exposición fiscal. No significa que Rusia esté regresando inmediatamente a la gigantesca economía informal de los años noventa, pero revela un síntoma conocido: cuando pagar impuestos y cumplir regulaciones empieza a ser percibido como incompatible con obtener rentabilidad, aumenta el incentivo para desaparecer parcialmente de la economía registrada.

El creciente intervencionismo también tiene una dimensión industrial. Moscú intenta favorecer fabricantes nacionales mediante restricciones a productos extranjeros, exige sistemas estatales de trazabilidad cada vez más extensos y aumenta las condiciones regulatorias sobre determinados sectores. Algunas de esas políticas pueden tener objetivos legítimos —control de calidad, sustitución de importaciones o seguridad económica— y otros países utilizan instrumentos semejantes. La cuestión es la acumulación. Una política industrial puede ayudar a desarrollar un proveedor local cuando existe competencia, acceso al capital y un horizonte regulatorio previsible. Puede producir el efecto contrario cuando protege empresas menos productivas, obliga a consumidores a pagar más y cambia permanentemente las normas. La Unión Soviética no fracasó porque el Estado poseyera empresas; existen compañías estatales eficientes en todo el mundo. Fracasó, entre otras razones, porque los incentivos políticos terminaron reemplazando de manera sistemática las señales económicas y porque cumplir una meta burocrática podía importar más que producir algo que los consumidores realmente necesitaban.

Putin parece enfrentarse ahora a una contradicción que acompañó toda su presidencia. La primera etapa de su gobierno coincidió con reformas relativamente favorables al mercado, una estructura tributaria simplificada, abundante inversión y el extraordinario aumento del precio internacional de las materias primas. Esa combinación permitió que Rusia creciera con rapidez durante la década de 2000 y construyera reservas que más tarde financiaron su política exterior. Sin embargo, a medida que el Kremlin concentró poder político fue aumentando también la participación estatal en sectores estratégicos, reduciendo el espacio independiente de grandes empresarios y subordinando progresivamente al sector privado. La guerra llevó esa tendencia mucho más lejos porque prácticamente cualquier actividad económica puede presentarse ahora como vinculada con la seguridad nacional.

Eso no quiere decir que Rusia esté a meses de un colapso semejante al de 1991. De hecho, uno de los errores recurrentes del análisis occidental desde 2022 fue confundir deterioro con derrumbe. Moscú conserva ventajas enormes: recursos energéticos, minerales, una importante base industrial, científicos e ingenieros altamente capacitados, agricultura competitiva, un Banco Central técnicamente competente y relaciones comerciales con países que representan una parte enorme de la población mundial. China continúa siendo un salvavidas fundamental y el comercio bilateral, aun después de caer 6,5% en 2025, alcanzó aproximadamente US$228.000 millones. India continúa comprando grandes cantidades de petróleo ruso y Modi y Putin acaban de reafirmar en Nueva Delhi el objetivo de llevar el comercio bilateral hacia US$100.000 millones para 2030. La idea de una Rusia completamente aislada del mundo simplemente no corresponde con la realidad.

Pero resiliencia no es lo mismo que dinamismo. Rusia consiguió sustituir Europa por Asia en buena parte de sus exportaciones energéticas, pero quedó mucho más dependiente de China para automóviles, maquinaria, electrónica y otros productos. Consiguió mantener el empleo, pero una parte creciente del talento humano se dirige a sectores militares o abandona el país. Consiguió sostener el PBI mediante gasto público, pero ahora necesita tasas prohibitivamente altas para controlar la inflación generada por esa misma expansión. Logró continuar la guerra sin una crisis fiscal, pero el déficit aumenta y obliga a buscar nuevos impuestos. Y consiguió demostrar que las empresas rusas podían adaptarse con velocidad cuando recibían libertad para hacerlo, al mismo tiempo que el Estado reduce progresivamente la seguridad jurídica que esas empresas necesitan para seguir invirtiendo.

Esa es la paradoja que vuelve especialmente interesante el planteo de Le Grand Continent. Las sanciones occidentales no destruyeron la economía rusa. La guerra tampoco produjo todavía una crisis que obligue al Kremlin a detenerse. Incluso los ataques ucranianos contra las refinerías, pese a ser cada vez más efectivos, difícilmente puedan por sí mismos provocar una implosión económica de una potencia continental con 140 millones de habitantes y enormes recursos naturales. El peligro de largo plazo puede ser mucho menos espectacular: años de crecimiento mediocre, inversión reducida, menor innovación, dependencia tecnológica de China, un sector privado subordinado y una proporción creciente de los recursos dirigida a mantener un aparato militar en lugar de modernizar el país.

Ese tipo de decadencia es más difícil de fotografiar que un default o una corrida bancaria porque no ocurre en una semana. Puede convivir durante años con restaurantes llenos en Moscú, salarios nominales crecientes, bajo desempleo y centros comerciales abastecidos. La Unión Soviética también continuó siendo durante décadas una potencia militar extraordinaria mientras la distancia tecnológica y productiva con sus competidores se ampliaba por debajo de la superficie. La advertencia para Putin no consiste en que Rusia vaya a repetir exactamente aquel recorrido, sino en que un Estado puede mantener un gigantesco aparato estratégico mientras deteriora lentamente las condiciones que generan riqueza.

Por ahora, el Kremlin todavía posee recursos suficientes para evitar una crisis inmediata y los altos precios internacionales de la energía provocados por la guerra en Medio Oriente le proporcionan un alivio inesperado. El Banco Central también ha demostrado durante estos años una capacidad técnica muy superior a la imagen de improvisación que a veces se proyecta desde Occidente. Si la guerra terminara, bajaran las tasas y regresara una parte de la inversión, Rusia podría recuperar crecimiento con bastante rapidez. Pero justamente por eso el problema político adquiere tanta importancia: la economía no está chocando únicamente contra límites externos, sino contra las prioridades elegidas desde Moscú.

Putin construyó durante más de dos décadas un sistema cuyo principal objetivo es preservar el poder del Estado y la autonomía estratégica de Rusia. Durante mucho tiempo pudo hacerlo mientras la riqueza privada, las exportaciones de energía y una economía relativamente abierta financiaban esa ambición. La guerra está modificando la ecuación: cuanto más necesita el Kremlin al sector privado para generar recursos, más intenta controlarlo y extraer dinero de él.

Y ahí aparece el riesgo central.

Occidente no consiguió quebrar la economía rusa. Ucrania tampoco. Pero si Rusia convierte definitivamente la inversión privada en una actividad sometida a la lealtad política, financia indefinidamente una guerra con impuestos crecientes y vuelve incierto el derecho a conservar aquello que se construye, Putin puede terminar haciendo desde el Kremlin lo que cuatro años de sanciones no pudieron conseguir desde afuera: transformar una economía resistente en una economía capaz de sobrevivir, pero cada vez menos capaz de desarrollarse.